Guía de Autocuidado y Sanación Colectiva
Autor: RedDefensoras
4 años de la desaparición forzada de Snaider Centeno, Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo López
Hace 4 años, el 18 de julio de 2020, al menos 30 hombres armados y con indumentaria de la Dirección Policial de Investigación (DPI) ingresaron de forma violenta a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz en Atlántida y secuestraron y desaparecieron a nuestros compañeros y miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Milton Martínez, Suami Mejía, Gerardo López y Snaider Centeno, quien en ese entonces era el presidente del patronato de la comunidad.
Hoy se cumplen 4 años de este repudiable ataque y no hay una investigación diligente y efectiva que determine el paradero de los desaparecidos, ni la identificación de los responsables.
Los cuatro compañeros eran defensores de sus territorios garífunas y ancestrales; el Estado de Honduras es responsable de garantizar el respeto a los derechos humanos del pueblo garífuna, de las víctimas de la desaparición forzada y la protección de sus familiares. Sin embargo, el pueblo garífuna se sigue enfrentado a una política de exterminio, violencia, represión y criminalización, especialmente contra quienes defienden la tierra y el territorio y se oponen a los proyectos turísticos-extractivos.
Continúan los desalojos y despojos de los territorios garífunas, ejecutados principalmente por la Policía Nacional a favor de empresas extractivas; a pesar de que, el pueblo garífuna logró la instalación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Honduras no ha mostrado voluntad política para detener, de forma inmediata, las agresiones y violaciones de derechos humanos al pueblo garífuna.
Frente a esta situación, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, continuamos exigiendo al Estado de Honduras que agilice la investigación y que nuestros compañeros regresen a sus territorios con vida, que se castigue a los responsables intelectuales y materiales de este ataque. De igual forma, demandamos al Estado la protección física e integral para las familias y víctimas de la desaparición forzada y garantizar la seguridad de las comunidades garífunas y sus defensoras.
¡De su casa se los llevaron, en su casa los queremos!
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Alto al Racismo y Genocidio contra el pueblo Garífuna!
#AlertaUrgente | Campaña de desprestigio, criminalización y amenazas contra defensoras y defensores del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
El 3 de julio de 2024 el Comité desarrolló una Asamblea Popular por la defensa de la Casa Común en la que se entregó a las comunidades el Decreto 18-2024 que protege el Parque Nacional Carlos Escaleras. De igual forma, exigieron ante instituciones del Estado, que los departamentos de Colón y Olancho se declaren libres de minería y proyectos extractivos que provocan daños irreparables en las comunidades y nuestras reservas naturales.
Ante estas acciones de incidencia y movilización, quienes tienen intereses privados (funcionarios públicos, empresarios de ECOTEK, entre otros) han respondido con amenazas cada vez más violentas y campañas de desprestigio por diversos medios, por lo que nos preocupa que el incendio de la alcaldía municipal, ocurrido a altas horas de la noche del 4 de julio, sea utilizado como una excusa para la criminalización y persecusión judicial de la que ya han venido siendo víctimas las defensoras y defensores que pertenecen al Comité y las comunidades afectadas.
Ayer 4 de julio, defensoras y defensores del Comité se movilizaron a la DPI de Tocoa para interponer una denuncia por abuso de autoridad señalando a la Corporación Municipal por firmar y ratificar el acta del ilegal del cabildo abierto realizado hace unas semanas, que ya la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspención de sus efectos.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos que conocemos este patrón criminal con que se persigue a las defensoras de derechos humanos, principalmente por empresas que en nombre del desarrollo saquean los bienes comunes de la naturaleza en contubernio con la institucionalidad del Estado.
Manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones emitidas por autoridades de la Dirección Policial de Investigación que indican la ejecución de ordenes de captura sin una orden judicial; esto pone en alto riesgo a los y las defensoras que se enfrentan a una alta criminalidad mediática.
Estamos alerta ante esta situación que pone en mayor riesgo la seguridad y la vida de quienes defienden la madre tierra. Hacemos un llamado al Estado de Honduras que es responsable por no responder a esta situación para garantizar la protección de defensoras y defensores de derechos humanos; y su inacción ante los ataques a derechos fundamentales para la vida humana y los ecosistemas nacionales que conlleva a la impunidad y al favorecimiento a perversos empresariales y políticos partidarios.
#AlertaUrgente | Nuevo ataque, amenazas e intimidación contra el pueblo garífuna.
Hoy 30 de junio de 2024 , por segunda vez en esta semana, el pueblo garífuna es amenazado y atacado a traves de la fuerzas policiales. Siete patrullas se han presentado para asediar e intimidar a las comunidades garifunas que se encuentran recuperando territorio en Trujillo,Colón al criminal Randy Jorgensen acusado de lavado de activos.
Una vez más la institución policial lejos de servir y proteger a la ciudadania resguardan intereses de delincuentes que han sido denunciados publicamente por lavado de activos, en un país donde el narcotráfico, el crimen organizado y las fuerzas políticas se articulan para garantizar sus intereses privados por encima de los derechos de los pueblos indigenas nos alertamos.
Denunciamos esta situación de violencia que se profundiza impunemente contra el pueblo garifuna y en especial en contra de la OFRANEH que ha resistido históricamente con sus propuestas de vida frente a las politicas racistas de terror y exterminio.
Hacemos un llamado enérgico al Estado de Honduras para asumir su responsabilidad de resguardar la vida, y la seguridad de las comunidades garifunas e insistimos en la urgencia del cumplimiento de las sentencias de la CIDH a favor del pueblo garifuna y de generar las condiciones para su cumplimiento resguardando la vida y protegiendo los territorios ancestrales que se disputan a las corporaciones internacionales turísticas y al crimen organizado.
La RNDDH continuamos vigilantes, alertas y en acción permanente para denunciar y acuerpar al pueblo garifuna y a la OFRANEH que enfrenta esta escalada de violencia. Exigimos su protección y actuancia coherente al Estado de Honduras.
#AlertaUrgente | Masiva presencia policial en la bahía de Trujillo, Colón pretende desalojar y encarcelar a defensoras y defensores garífunas de la OFRANEH que realizan recuperación de su territorio ancestral.
Hoy, 26 de junio de 2024, policías irrumpen en el territorio ancestral garífuna para amenazar, intimidar y ejecutar un desalojo en contra defensoras y defensores de la OFRANEH que recupera el territorio invadido por empresarios canadienses identificados como Randy, Jorgensen, Malik Zoharan y Darren Wade acusados de lavado de dinero y fraude relacionados con las ventas de alrededor de 140 lotes de terrenos Trujillo, Guadalupe y Santa Fé en Colón.
Denunciamos el asedio y ataques sistemáticos de la policía y el ejército en contra del pueblo garífuna para resguardar intereses de los empresarios por encima de los derechos del pueblo garífuna a su territorio, esta situación ocurre sistemáticamente pues el pasado 24 de junio de 2024, también miembros de la Policía Nacional se hicieron presentes en la comunidad garífuna de Trujillo para amenazar a defensoras y defensores del territorio ancestral garífuna.
Estos territorios por derecho de ancestralidad pertenecen al pueblo garífuna y han sido saqueadas a través de invasiones violentas durante décadas por el capital extranjero.
Como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) denunciamos la agudización de la violencia contra las comunidades garífunas, frente a los ejercicios de despojo, precarización de la vida y exterminio. Denunciamos a los aparatos represivos que persiguen, criminalizan y violentan a los y las defensoras del país, y responsabilizamos al Estado de Honduras por la violación de los derechos del pueblo garífuna.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para dar acompañamiento a las defensoras y defensores, y dar seguimiento a la situación de las comunidades garífunas.
Desalojo en la aldea Jacalito, Choluteca: la destrucción de ocho casas deja a 43 personas en la calle
Más de 40 personas están sin hogar luego de que miembros de la Policía Nacional ejecutaran un desalojo y destrucción de ocho viviendas el 15 de mayo de 2024 en la aldea Jacalito, en el municipio de Namasigue, Choluteca.
María* cuenta que se despertó temprano para alistar a su hija y llevarla a la escuela. Cuando salió, a las 6 a.m., un comando de al menos 30 policías estaba afuera de su casa. Pero no sabía por qué o para qué.
Doña Ana* cuenta lo mismo: «cuando eran las 8 a.m., los periodistas andaban ahí, pero por la calle, no nos decían nada. Hasta que yo me arrimé y me dijeron que venían a un desalojo, pero no sabíamos de dónde. Nosotros no sabíamos que era a nuestras casas que venían a darles vuelta…» comentó, aún angustiada al recordar lo que pasó.
El desalojo comenzó a las 9 a.m., bajo la orden emitida por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Choluteca en contra de tres personas de la comunidad, acusadas por el supuesto delito de usurpación. Sin embargo, el desalojo y destrucción fue en ocho casas de la aldea, dejando en la calle a 27 adultos, 15 niñas y niños incluyendo una niña con discapacidad y una mujer embarazada.
De acuerdo a la denuncia y relato de las ocho familias afectadas, ninguna de las casas destruidas se encontraba en un “predio usurpado” puesto que el terreno que ocupaban forma parte del área verde, a la orilla de la carretera Panamericana en Namasigüe.
Tenían 38 años de vivir ahí y estaban en proceso de tramitar sus escrituras con el Instituto Nacional Agrario (INA), sin embargo, no recibieron respuesta antes de que ocurriera la expulsión.
Los y las habitantes denunciaron que desde meses atrás han recibido hostigamiento y amenazas por parte de uno de los empleados del propietario del predio supuestamente usurpado, y aún después del desalojo, esta persona continua con estas acciones.
Asimismo, denunciaron que, cuando ellas y ellos llegan al terreno donde estaban sus casas, esta persona llama a su patrón y una camioneta blanca se estaciona a vigilarles. Esto con el objetivo de infundir miedo y que no vuelvan a acercarse ni a reconstruir sus casas. Durante nuestra visita a la comunidad, este mismo carro blanco permaneció estacionado por más de media hora en la carretera principal.
Constantemente, bajo orden del dueño del predio, una retroexcavadora llega al terreno desalojado, destruye y aplasta los escombros, los hace un lado y los desecha; por ahí sobresalen algunos colchones, televisores, bloques de adobe y tejas quebradas de las casas que con esfuerzo habían construido las familias.
«Me contaban mis suegros la vida de mi esposo, que ellos llegaron a vivir ahí porque era a orilla de calle y había unas casas de choza, cartones y ahí iniciaron ellos y después se fueron levantando poco a poco (…) Mi suegra era vendedora ambulante, vendía pescado seco y camarón en pailas. Mi suegro, en bicicleta, vendía camarón. Así lucharon para construir su casa. Era de adobe, con piso de cerámica y tejas, no nos dejaron ni sacar una teja», relata María. Así como la familia de ella, todas y todos en la aldea habían construido sus casas con esfuerzo y subsistían con empleos informales.
Actualmente, las ocho familias desalojadas se encuentran albergadas en el Centro Comunal de Namasigüe desde hace un mes, a la espera de una solución por parte de la Acaldía Municipal. De acuerdo al relato de la comunidad, la Alcaldía ya compró el terreno donde serían reubicadas las familias; sin embargo, no hay fondos para la construcción de las casas. Por lo que, no saben hasta cuando tendrán que vivir ahí.
La situación en el Centro Comunal es bastante precaria. Las niñas y los niños se enferman constantemente de resfriados y alergias y están expuestos a contagiarse de dengue y otras enfermedades por los charcos permanentes que se forman por las lluvias. Igualmente, a la par se encuentra un Centro de Salud que les expone a contaminación por los desechos sanitarios.
Las y los habitantes afectados denunciaron que el sábado 8 de junio se realizó un Cabildo Abierto en el que expresaron su problemática y exigieron una respuesta de la Corporación Municipal, sin embargo, el alcalde les respondió que «si se sienten incómodos busquen una casa y se van a vivir». Despreciando la situación de vulnerabilidad y peligro en el que se encuentra la comunidad.
Nosotras, la Red Nacional de Defensoras, junto a la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, la Red de Mujeres de Namasigüe y la OACNUDH, nos presentamos en las oficinas de la Corporación Municipal con la finalidad de manifestar nuestra preocupación sobre la situación, sin embargo, el alcalde no se encontraba en el lugar.
De acuerdo a nuestros datos de registro y documentación, en 2023 se documentaron 27 desalojos y en lo que va del 2024 hemos contabilizado al menos 10 desalojos en el país, marcados por la violencia institucional, la estigmatización y la judicialización de las personas defensoras que defienden la tierra y el territorio.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos apersonamos en la aldea de Jacalito, Namasigüe para escuchar y acompañar en sus denuncias, nos sumamos a la indignación por lo ocurrido en el lugar y a la exigencia de tierra y hogar para las ocho familias desalojadas. De igual forma, a través de nuestra estrategia de Acompañamiento, colaboramos solidariamente con víveres y medicamentos, particularmente para mujeres y niñez.
*Los nombres fueron omitidos por razones de seguridad.
#AlertaUrgente | Alcalde de Tocoa excluye la participación de organizaciones y comunidades defensoras del medio ambiente y aprueba ilegalmente la instalación de planta termoeléctrica a favor del megaproyecto minero de ECOTEK.
Hoy, 13 de junio de 2024, se realizó un cabildo convocado por el alcalde Adán Funez, quien en alianza con la empresa Inversiones Ecotek, y sin quorum ni discusión alguna aprobó de manera ilegal e ilegítima el proyecto de generación de energía eléctrica de Inversiones ECOTEK.
La aprobación de este megaproyecto, invisibiliza la decisión de los y las defensoras de las comunidades, quienes han rechazado por seis veces consecutivas este proyecto, por su peligroso impacto en el medio ambiente y la salud de las familias.
Este cabildo acordado con patronatos leales al alcalde se desarrolló bajo el ejercicio del abuso de poder y la intimidación a través de la presencia masiva de policías y militares en la comunidad, desde la noche anterior.
Igualmente denunciamos que la Corte Suprema de Justicia no respondió, como es su deber, al Recurso de Amparo interpuesto por el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, para la inmediata suspensión del cabildo abierto por su ilegalidad.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, denunciamos estas acciones de abuso de poder, y las violaciones al derecho a la participación en la toma de decisiones de las defensoras, defensores y comunidades del municipio de Tocoa, Colón.
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales para acompañar a las comunidades afectadas por la imposición de este proyecto, y sumarse a la denuncia pública.
#AlertaUrgente | Alcalde de Tocoa, Colón convoca a Cabildo Abierto ilegal para aprobar termoeléctrica del megaproyecto minero EMCO
La Corporación Municipal de Tocoa, a través del alcalde Adán Funez, convocó a sesión de Cabildo Abierto este jueves 13 de junio de 2024 en la comunidad de La Ceibita para la «socialización y aprobación del proyecto Planta Eléctrica de Inversiones Ecotek, parte del Grupo EMCO Holdings.
Con esta nueva convocatoria, ilegítima e ilegal, pretenden aprobar un proyecto de generación de energía eléctrica a base de coque de petróleo, un material altamente tóxico que pondría en riesgo la salud y la vida de las comunidades de Tocoa, Colón.
Cabe destacar que la Secretaria de Recursos Naturales y Ambientes (SERNA) instó a la Corporación Municipal a realizar este cabildo, ignorando el riesgo socioambiental que la termoeléctrica puede provocar en las comunidades.
Asimismo, la Corporación Municipal de Tocoa, Colón ignora e invisibiliza, la voluntad de los y las habitantes que ya han rechazado por seis veces consecutivas el megaproyecto de Grupo Emco Holdings y las concesiones mineras y extractivas que han provocado daños ambientales irreparables e impacto en la vida de las y los defensores que se oponen a estos proyectos.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos la acción e insistencia de la Corporación Municipal de Tocoa para favorecer a la empresa Pinares/ Ecotek, limitando el espacio cívico y el derecho a participar libremente en la toma de decisiones de las comunidades afectadas por el proyecto termoeléctrico.
Exigimos a la Corte Suprema de Justicia dar pronta resolución a la medida cautelar concerniente a la suspensión del cabildo abierto, interpuesta en el Recurso de Amparo presentado por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa el 11 de junio de 2024.
Exigimos al Estado de Honduras implementar de forma urgente las medidas y acciones necesarias para garantizar la integridad y seguridad de los y las defensoras en el inminente riesgo que implica este ilegítimo cabildo abierto.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social nacional e internacional para que estén alertas a la situación y se sumen a la denuncia pública y el acuerpamiento de la lucha contra los proyectos extractivistas.
#AlertaDefensoras | Suspenden audiencia de proposición de pruebas para el caso de la defensora Nolvia Obando.
Hoy, 12 de junio de 2024, en el Juzgado de Letras de La Ceiba, estaba programada la audiencia de proposición de pruebas para el caso de nuestra compañera Nolvia Obando. Sin embargo, esta fue suspendida ante la falta del debido proceso legal por parte de las autoridades del Ministerio Público.
La audiencia fue aperturada por el Tribunal sin dar por excusada la ausencia de la fiscal del Ministerio Público. Fue hasta que entraron los jueces que el alguacil de la sala entregó una supuesta nota con la incapacidad médica a nombre de la fiscal del caso. Sin embargo, la defensa legal de nuestra compañera Nolvia no fue notificada con anticipación.
Esto constituye una violación al debido proceso legal, puesto que se solicitaron los medios de prueba aún conociendo que la físcalía no se haría presente; situación que pone en desventaja y riesgo la defensa de nuestra compañera Nolvia Obando.
Además, es una falta al principio de unidad de actuaciones del Ministerio Público, puesto que ante la ausencia de fiscal debe haber un fiscal suplente.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos estas acciones que deslegitiman y alargan el proceso legal abierto injustamente en contra de nuestra compañera Nolvia Obando.
Sabemos que la suspensión de audiencias es un patrón común en los procesos de criminalización para alargar los procedimientos y aumentar la angustia y la situación de vulnerabilidad de las defensoras que se ven sometidas a injustas judicializaciones.
Ante este retraso injustificado en el proceso judicial contra Nolvia Obando, exigimos a la Corte Suprema de Justicia celeridad en la resolución del Recurso de Amparo, otorgando la medida cautelar donde se ordena la suspensión del acto reclamado por las múltiples violaciones de derechos humanos que hubo durante todo el proceso judicial.
Llamamos a organizaciones nacionales e internacionales a estar alertas de este proceso judicial. Nolvia Obando debe ser puesta en libertad total porque es inocente y siempre ha sido inocente.
#AlertaDefensoras | Sala de lo Constitucional continua sin resolver Recurso de Amparo interpuesto hace un año a favor de la defensora Nolvia Obando
En marzo de 2023, la defensa legal de nuestra compañera, Nolvia Obando, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia un Recurso de Amparo por el juicio viciado al que fue sometida por la Corte de Primera de Apelaciones Segunda de la Ceiba, Atlántida. Este proceso sigue sin ser resuelto a pesar de que la formalización debió haberse hecho 72 horas después, según la Ley de Amparo.
Nolvia Albertina Obando, defensora y lideresa del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, fue detenida, criminalizada y privada de libertad en marzo de 2023 por la injusta acusación del delito de usurpación de tierras, por lo cual fue llevada al Centro Penal del Porvenir en Atlántida, donde permaneció privada de su libertad por cinco meses.
Su detención surge luego de que, el 15 de marzo de 2023, más de 150 agentes policiales desalojaran de forma violenta a 60 familias, en su mayoría mujeres, organizadas en el Movimiento de Mujeres Campesinas “Las Galileas” en la aldea La Bomba, Jutiapa, Atlántida.
Actualmente, Nolvia continúa su proceso de injusta judicialización en libertad, luego de cumplir con medidas como el pago de una fianza de 50 mil lempiras, un monto arbitrario para tratarse de un caso de usurpación. Además, todo este proceso, ha estado viciado y con graves violaciones a los derechos de nuestra compañera. Por ejemplo, no hubo investigación previa, no fue detenida en el lugar supuestamente usurpado, sino que fue detenida de forma violenta en la casa de una compañera. Asimismo, fue víctima de insultos, estigmatización, humillaciones y amenazas por parte de agentes policiales y por la jueza que llevó su caso.
Por ello, la defensa legal de nuestra compañera Nolvia Obando interpuso ante la Corte Suprema de Justicia el Recurso de Amparo que reclama que la Corte de Apelaciones Segunda de La Ceiba, violó los derechos al debido proceso. Sin la resolución de este Recurso de Amparo, Nolvia se enfrentaría ante un injusto juicio oral y público en su contra.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos al Estado actuar con celeridad para terminar la injusta persecución judicial contra nuestra compañera y defensora Nolvia Albertina Obando Turcios. Continuar con este proceso judicial es perpetuar la violencia estatal contra quienes defienden derechos.
Condenamos las agresiones, persecución sistemática y la criminalización mediante el uso indebido del sistema penal para hostigar y criminalizar a las defensoras de la tierra, el territorio y la alimentación.
¡Nolvia Obando es inocente, siempre ha sido inocente!
¡Derecho a la tierra y la alimentación, no es usurpación!