El 12 de abril de 2025 se cumplen 228 años de la llegada del pueblo garífuna a Honduras y desde nuestra estrategia de Registro y documentación presentamos el artículo: OFRANEH 228 años.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) es una de las más históricas del país, con más de 40 años de trayectoria en la lucha de la defensa de los derechos territoriales y culturales del pueblo garífuna.
En este día de memoria y alegría del pueblo garífuna y su organización, la OFRANEH, reconocemos la digna lucha del pueblo garífuna que ha sostenido antes incluso de que Honduras fuera reconocida como Estado-Nación.
Presentamos datos importantes sobre su lucha en defensa de sus derechos y evidenciamos que el pueblo garífuna continúa enfrentándose al racismo estructural, el despojo territorial y una política de exterminio.
Hoy, 12 de abril de 2025, sigue la consigna: Nada porque celebrar, mucho porque luchar.
El 20 de marzo de 2025, en audiencia inicial, el Juez Hermes Benigno Pineda, emitió auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas en contra de tres personas defensoras, entre ellas una defensora; dos por el delito de incendio y una por el delito de daños.
Asimismo, se logró establecer la mínima participación de uno de los defensores y el resto de imputados permanecerán con sobreseimiento provisional. Es decir, que al menos 4 personas de la comunidad seguirán en un proceso judicial que violenta su derecho a defender su territorio.
Una vez más, el sistema judicial y el Ministerio Público utilizan figuras penales para criminalizar y judicializar a defensoras y defensores de la tierra y el territorio para favorecer a terceros mediante el despojo y desplazamiento de los pueblos indígenas y negros del país.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras repudiamos la decisión del juzgado de no cerrar el proceso y persecución contra las y los defensores del Pueblo Negro de Habla Inglesa.
Exigimos al Estado de Honduras investigar, reconocer y garantizar el derecho al territorio ancestral ubicado en la comunidad Diamond Rock, Islas de la Bahía, que históricamente ha permanecido bajo el resguardo de la familia McLaughlin y pretende ser usurpado por terceros ajenos a la comunidad.
Exigimos un alto a la criminalización, racismo y la política de exterminio en contra del pueblo indígena negro.
Para el jueves 20 de marzo de 2025, esta programada la audiencia para emitir el fallo en el caso de 13 personas defensoras del Pueblo Negro de Habla Inglesa criminalizadas por defender su derecho a la tierra-territorio ancestral.
Un contigente de la Policía Militar con armas de grueso calibre se ha hecho presente en el lugar donde defensoras y defensores garífunas y del pueblo negro de habla inglesa mantienen un plantón pacífico para exigir justicia para los y las defensoras injustamente criminalizadas.
Denunciamos que, hasta esta hora 12:13 p.m., la audiencia no ha sido iniciada por el Juez Hermes Benigno Pineda del Juzgado de Letras de Roatán. Además, las y los defensores han denunciado que un agente policial de apellido Martínez ha desenfundado y cargado su arma para amenazar a uno de los defensores presente.
La Red Nacional de Defensoras exigimos que se garantice la seguridad e integridad física de las y los defensores que bajo su legítimo derecho a la libre manifestación exigen libertad y justicia para los 13 defensores criminalizados.
Hacemos un llamado a organizaciones del movimiento social, feminista, de derechos humanos a denunciar el hostigamiento militar en contra del pueblo garífuna y negro de habla inglesa.
El 19 de marzo de 2025, en culminación de audiencia inicial, la Fiscalía del Ministerio Público, a través de la fiscal Lesly Patricia Rodríguez, amplió la acusación a dos delitos de incendio en contra de 13 personas defensoras del Pueblo Negro de Habla Inglesa. Estos dos delitos implican una pena de 20 a 30 años.
La fiscal ha planteado que «las personas por ser negras no tienen más derechos que los demás» en un proceso judicial que criminaliza a defensoras y defensores por defender su legítimo derecho al territorio ancestral que ha sido violentado por personas ajenas a la comunidad.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos las acciones de persecución, criminalización y despojo que el Ministerio Público y el Juzgado de Letras de Roatán, han emprendido en contra de las defensoras y defensores del Pueblo Negro de Habla Inglesa para favorecer los intereses de terceros.
Acuerpamos la demanda de las defensoras y defensores para que se respete la propiedad colectiva de la comunidad Diamond Rock que les ha pertenecido desde 1965. Exigimos un alto a la política de despojo, exterminio y racismo en contra de los pueblos indígenas negros y el respeto y garantía al territorio ancestral.
El 18 de marzo de 2025, se desarrolla audiencia inicial en el Juzgado de Letras de Roatán, Islas de la Bahía, en contra de 13 personas defensoras que han sido criminalizadas por el Ministerio Público por defender su tierra-territorio ancestral. Entre ellas, las defensoras: Jakirra Lucas Mc Laughlin y Julie Ann Mc Laughlin.
El Juez de Letras de Roatán, Hermes Pineda, admitió seis medios de prueba ilegales obtenidos por la Fiscalía del Ministerio Público, violentando las garantías procesales de las y los defensores del Pueblo Negro de Habla Inglesa.
El Ministerio Público inició este proceso judicial en contra de las y los defensores por defender su derecho a la tierra y libre determinación en una propiedad colectiva en la comunidad de Diamond Rock, Islas de la Bahía y que pretende ser usurpado por la familia Cooper-McNab. Este territorio ha pertenecido a la comunidad desde 1965.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos la criminalización, persecución y despojo, a través del Ministerio Público, en contra de la población Negra Isleña de la Comunidad de Diamond Rock.
Exigimos al Estado garantizar la seguridad de las y los defensores garífunas y el cumplimiento del derecho a la tierra-territorio de los pueblos indígenas y negros.
Hoy, 12 de marzo de 2025, a las 6:00 a.m. se presentaron 5 patrullas de la Policía Nacional y militares encapuchados en la empresa campesina 17 de junio de la CNTC-El Progreso, ubicada en aldea Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa.
Según la orden desalojo, la empresa campesina tiene 15 días para desalojar el predio reclamado por supuestos herederos y la compañía Agrícola Los Olivos S.A.; sin embargo, las y los defensores que tuvieron acceso a esta orden denuncian que presenta varias inconsistencias: el juez no está debidamente identificado, el membrete no coincide con otras ordenes de desalojo emitidas por el Poder Judicial y tampoco cuenta con un sello oficial, por lo que intuyen que podría tratarse de una orden extrajudicial. Además, en el lugar, el juez ejecutor no quiso identificarse y portaba una mascarilla que cubría su rostro.
En esta tierra recuperada, trabajan más de 30 compañeros y compañeras campesinas, quienes a través de la cosecha mantienen a sus familias. De acuerdo a su denuncia, esta tierra se mantuvo ociosa después del huracán Mitch y hay más de 50 escrituras que el Instituto Nacional Agrario (INA) debe investigar, sin embargo no hay celeridad en el proceso.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras repudiamos y denunciamos estas acciones que ponen en situación de riesgo a los y las defensoras campesinas que luchan por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Condenamos estos hechos de utilizar la Policía Nacional y los entes judiciales para favorecer a terratenientes y empresas extractivas sin agotar las investigaciones pertinentes para salvaguardar la vida e integridad de los y las campesinas en su legítimo derecho a la tierra.
Exigimos al Estado un alto a los desalojos violentos y una pronta resolución de las exigencias de los y las campesinas.
Hoy, 5 de marzo de 2025, a eso de las 3:00 p.m. la Policía Nacional ha retenido de forma arbitraria a la coordinadora y defensora garífuna de la OFRANEH, Miriam Miranda, en retén policial de Olanchito, municipio de Yoro.
De acuerdo a la denuncia de la defensora, la Policía Nacional la retuvo porque debe portar un carnet de identificación. Esto a pesar de que la defensora, Miriam Miranda, cuenta con medidas cautelares otorgadas desde el 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Policía Nacional mantuvo retenida a Miriam Miranda y a sus compañerxs de organización por más de 50 minutos en la carretera de Olanchito. Indagaron sobre una carga de comida que trasladaban, intimidando y sospechando como si se tratara de una «carga ilícita». Además, en el lugar se presentaron dos agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), amenazaron con decomisarles el vehículo y trasladar a la defensora a la Fiscalía.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos el abuso de poder y la arbitrariedad de la Policía Nacional en las retenciones sistemáticas de nuestra compañera, Miriam Miranda, quien enfrenta alto riesgo por su trabajo en defensa de los derechos del pueblo garífuna y eventos como estos ponen en mayor peligro su vida al detener su movilización en zonas de alto riesgo, exponerla a bajar del vehículo que por seguridad le ha sido asignado, para cumplir con requerimientos rutinarios de la Policía Nacional.
Exigimos al Estado garantizar la seguridad integral de nuestra compañera, Miriam Miranda, lxs defensorxs que la acompañan y de los y las defensoras garífunas que desde sus territorios luchan por la defensa de su vida y sus derechos ancestrales.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales, internacionales, feministas y del movimiento social a estar alertas de la situación de Miriam Miranda y exigir un alto a la violencia, racismo y despojo en contra del pueblo garífuna.
Hoy, 4 de marzo de 2025, a partir de las 9:00 a.m. guardias de seguridad privada armados y con resguardo de la Policía Nacional llegaron con la intención de cercar el Cerro Triunfo de la Cruz, territorio garífuna en Tela y que cuenta con una sentencia otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo a la denuncia de los y las defensoras garífunas, organizados en la OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), estos guardias fueron enviados por la familia Maloff, quienes violentando los derechos territoriales indígenas del pueblo garífuna pretenden adueñarse del cerro de Triunfo de la Cruz.
En el lugar, se encuentran defensoras y defensores de las comunidades de Triunfo de la Cruz y la Ensenada y han explicado a los guardias de seguridad privada que el predio cuenta con una sentencia otorgada por la CIDH que reconoce su propiedad territorial ancestral.
Sin embargo, los guardias, a resguardo de la Policía Nacional han amenazado con disparar y llamar a la Procuraduría General de la República (PGR) para desalojar el predio.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos estas acciones que violentan los derechos de las comunidades garífunas en territorio ancestral.
Exigimos al Estado garantizar la seguridad de los y las compañeras defensoras que permanecen en el lugar resguardando su territorio.
Alertamos a las organizaciones de derechos humanos, del movimiento social y feminista a estar pendientes de la situación de las y los defensores garífunas de Triunfo de la Cruz.
En conferencia de prensa, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, exigió al Ministerio Público y al fiscal general, Johel Zelaya, la investigación y procesamiento de la estructura criminal detrás del asesinato del compañero y ambientalista, Juan López y la instalación irregular del megaproyecto minero-energético Pinares Ecotek.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, junto a organizaciones y personas convocadas por la causa, acuerpamos a nuestras compañeras y compañeros del Comité exigiendo justicia para Juan y una investigación pronta y diligente de los delitos, actos de corrupción y abusos de poder que permitieron y facilitaron la instalación de este megaproyecto extractivista que ha provocado graves daños ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía y fundado violencia y agresiones en contra de las comunidades que defienden los bienes naturales.
Para hoy, estaba programada una audiencia contra ex empleados de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Tocoa, concerniente a la explotación ilegal y daños ambientales causados por Pinares-Ecotek en perjuicio del Parque Nacional Montaña de Botaderos, los Ríos Guapinol y San Pedro y otros cuerpos de agua vinculados a la zona protegida. Sin embargo, esta audiencia fue reprogramada para el 20 de marzo de 2025, por causas que no son del movimiento.
Esta audiencia responde a un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público a 10 días del asesinato de Juan López, en el que hay trece imputados relacionados a la UMA de Tocoa, el Instituto de Conservación Forestal de Gualaco, municipio de Olancho y cuatro imputados de Pinares Ecotek que continúan prófugos de la justicia, entre ellos Lenir Pérez, propietario de Inversiones Los Pinares.
Además, para el 27 de febrero estaba programada la audiencia contra Norma Agripina García, actual secretaria de la municipalidad de Tocoa, acusada de falsificar acta de cabildo abierto de 2016 para incluir información falsa sobre la aprobación de proyectos mineros a favor de Inversiones Los Pinares, pero fue pospuesta. Asimismo, el 4 de marzo se desarrollaría la audiencia preliminar contra tres de los presuntos asesinos materiales de nuestro compañero, Juan López. Su asesinato ocurre en un contexto de oposición contra la minería y denuncias hacia una institucionalidad estatal/municipal que actúa en favor de intereses privados y capitalistas.
De acuerdo al Comité, estos casos de corrupción y delitos están estrechamente relacionados y muestran como los funcionarios municipales de Tocoa han sido clave para garantizar el avance del megaproyecto de Pinares/Ecotek a pesar del rechazo de las comunidades afectadas. Además, las personas judicializadas no responden a intereses individuales sino a una estructura criminal en la que se ha señalado al actual alcalde de Tocoa, Adán Funez.
Recientemente, Adán Funez, quien lleva más de 20 años en la municipalidad de Tocoa, negó en un foro televisivo que él hubiera aprobado concesiones o permisos ambientales a Inversiones Los Pinares, que existiera contaminación y daño ambiental en los Ríos Guapinol y San Pedro y que no tenía responsabilidad en el asesinato del defensor, Juan López. Esto a pesar de que el medio internacional Infobae, lo vinculó directamente al sicario que le arrebató la vida a Juan, según pruebas testimoniales; Fúnez, además se atrevió a señalar a los compañeros de lucha de Juan como posibles asesinos del mismo, al quien, como precisó le hicieron una emboscada.
Para la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Comité Municipal de defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa, las organizaciones y personas que acompañamos y acuerpamos la lucha en contra de los megaproyectos extractivistas y capitalistas, es indignante que el Ministerio Público y el Estado no demuestre una intención para desmantelar, investigar y enjuiciar a la estructura criminal y todos los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Juan López, los crímenes contra los y las defensoras de Guapinol y San Pedro y los delitos vinculados al proyecto destructor de Pinares/Ecotek, y sólo hagan declaraciones o acciones de muy poca importancia ante tal hecho.
El Estado debe desarrollar una investigación integral y no de forma aislada de los crímenes contra defensoras y defensores de Tocoa. Además, debe garantizar el cumplimiento del decreto 18-2024 que declara las áreas naturales protegidas del país libres de minería a cielo abierto y recupera y protege la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, un logro de la lucha de los y las defensoras que defienden la vida, y debe cerrar la empresa por ilegal.
