Civiles con armas de alto calibre y encapuchados ingresan con empleados de la empresa Palma de Atlántida para intimidar a la comunidad, exigiendo sacar el fruto de la palma africana.
Ayer, 11 de octubre de 2024, a medianoche hombres armados permanecieron hostigando en la comunidad manteniéndoles en zozobra. Incluso frente a la Policía Nacional, la cual no actúa frente a estas amenazas.
Estas acciones se suman a las agresiones sistemáticas a las que la comunidad Nueva Armenia se ha enfrentado desde el 6 de octubre de 2024 donde dos miembros de la comunidad fueron heridos de gravedad en un ataque armado por la Policía Nacional. Desde entonces, los hostigamientos, amenazas y persecución contra la comunidad no han cesado.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos un alto a la violencia contra la comunidad garífuna de Nueva Armenia.
Demandamos al Estado de Honduras que actúe con urgencia y garantice la seguridad de las y los defensores garífunas de Nueva Armenia.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feministas y de derechos humanos a denunciar estas acciones y exigir un alto a la política de exterminio contra el pueblo garífuna. Asimismo mantenerse alerta ante la situación de peligro que enfrenta la comunidad Nueva Armenia.
Hoy, domingo 6 de octubre, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) se movilizaron en al menos 10 vehículos para desalojar la comunidad Nueva Armenia, territorio ancestral garífuna.
Los agentes de la DPI una vez más se ponen al servicio de los intereses privados, esta vez para favorecer a la empresa Palmas de Atlántida que viene usurpando y explotando ese territorio, despojando al pueblo garífuna que es el legítimo custodio de ese territorio.
Asimismo, estos agentes policiales han tomado fotografías y videos de las personas de la comunidad como una forma de intimidación y amenaza.
Alertamos a las organizaciones del movimiento social y de derechos humanos sobre las sistemáticas violaciones de los derechos ancestrales del pueblo garífuna organizado en la OFRANEH.
Exigimos un alto a los desalojos y a la confabulación de las instituciones del Estado con las empresas privadas.
El Estado es responsable de garantizar la protección y los derechos ancestrales del pueblo garífuna.
El día de hoy, 19 de septiembre de 2024, a la 1:00 p.m. la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, ordenó reabrir el proceso legal en contra de Juan López, Reynaldo Domínguez, Leonel George, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo y alrededor de 10 defensoras y defensores de Guapinol y San Pedro, criminalizados desde 2019 por los delitos de incendio agravado, privación injusta de libertad, robo y asociación ilícita. Incluyendo al defensor Juan López, asesinado el pasado 14 de septiembre de 2024.
Por unanimidad de votos, las magistradas Viany Cruz Recarte, Dilian Irasema Guillen Sanchez, Roxana Ninoska Calix Zuniga, suspendieron el sobreseimiento definitivo, a favor de los defensores, mediante un Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público. Esto implica que el sistema de justicia seguirá protegiendo los intereses privados de la empresa Pinares Ecotek y Grupo Emco, en lugar de detener la criminalización de los defensores y las defensoras de los bienes naturales en Tocoa, Colón.
Repudiamos que instituciones del Estado formen parte de alianzas criminales para perseguir y judicializar a las y los defensores de Guapinol en contubernio con empresas mineras y extractivas que tanto daño y dolor han provocado en las comunidades de Colón.
Denunciamos la clara intencionalidad de mantener en una sistemática zozobra y hostigamiento en contra de los y las defensoras que defienden el agua de Guapinol y San Pedro y los bienes naturales de la Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras.
El Estado es responsable de la muerte de Juan López, el Estado debe garantizar la seguridad de las y los defensores de Guapinol.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social para acuerpar a nuestros compañeros y compañeras, debemos actuar de manera organizada y articulada frente a este embate de impunidad.
Hoy, 17 de septiembre de 2024, a las 02:15 p.m., miembros de la Policía Nacional y Dirección Policial de Investigación (DPI) llegaron a la comunidad de Agalteca para darle detención al padre, de 86 años, de la defensora, Fátima Martínez, coordinadora del Consejo de Tribu Tolupán de Agalteca. De igual forma, los agentes pretenden detener a la defensora de la tierra y el territorio.
Los agentes policiales no presentaron orden de captura y cuando se les solicitó justificaron que con » el nuevo PCM, no era necesario presentarla, que les daba facultad para entrar donde ellos quisieran». Además tomaron fotografías y vídeos de las defensoras que están en el lugar apoyando a Fátima Martínez.
La defensora, está siendo criminalizada y judicializada por una acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de explotación ilegal de los recursos naturales. Hoy sería la audiencia de declaración de imputados en los Juzgados de Letras de Olanchito, Yoro, sin embargo la PGR no se presentó y la audiencia fue reprogramada.
Estas acciones son un claro ataque sistemático de persecución y hostigamiento contra la defensora Fátima Martínez, por su labor en defensa de la autonomía y el territorio del pueblo Tolupán.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos un alto a la criminalización y persecución contra las defensoras de la tierra y el territorio. Demandamos al Estado de Honduras garantizar a los pueblos indígenas el derecho a la autodeterminación, autonomía y respeto de los territorios ancestrales.
Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, del movimiento feminista y social a estar alerta de la situación en la comunidad de Agalteca y sumarse a la denuncia y acuerpamiento de la defensora, Fátima Martínez.
Hoy, 14 de septiembre de 2024, a las 8:40 p.m. asesinaron vilmente a nuestro compañero, Juan López, miembro fundador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón.
Juan, fue asesinado por su labor en defensa del Río Guapinol y los bienes naturales que son saqueados y destruidos por los proyectos extractivos y mineros de la empresa Pinares Ecotek. La muerte de Juan se da luego de exigir la renuncia del alcalde, Adán Funez por sus nexos con el narcotráfico.
Hace años que conocemos su lucha y hemos acompañado sus caminos. No tenemos palabras suficientes para alcanzar a nuestras hermanas y compañeras de su organización, a su esposa e hijas, a toda la gente con quien tejia justicia de a pie.
Exigimos la salida de la Empresa Pinares que ha traído tanta muerte a la gente luchadora del Aguán.
Rechazamos los discursos vacíos oficialistas del Estado que hoy vuelven a ensangrentar la tierra hondureña, con la de Juan López, a quienes no escucharon, no protegieron, ni han respondido a las justas y pacíficas demandas de las comunidades en lucha.
Hoy, 2 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 11:00 a.m. abogados de extranjeros que se han apoderado de tierras ancestrales en la Bahía de Trujillo, han llegado con dos patrullas de la Policía Nacional y seguridad privada para intimidar a la comunidad garífuna.
De acuerdo a la denuncia de las y los miembros de la comunidad, los abogados llegaron en nombre de una empresa turística para reclamar la posesión de la tierra con una documentación del año 2007. Estas acciones de hostigamiento también sucedieron aproximadamente dos meses atrás cuando nueve patrullas policiales se presentaron en el campamento garífuna para hostigar a la comunidad.
Asimismo, denunciaron que estas personas pretenden cercar la propiedad y permanecer en el lugar con vigilancia privada, lo cual pone en riesgo a las y los defensores que mantienen la recuperación del territorio ancestral.
La Bahía de Trujillo ha pertenecido históricamente a la comunidad garífuna, en 1987 el Estado hondureño entregó estos territorios a las comunidades de Río Negro y Cristales, por lo que son territorios ancestrales.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la Organización Faternal Negra Hondureña (OFRANEH), hemos denunciado en reiteradas ocasiones como el Estado, a través de la Policía Nacional, se presta para proteger los intereses de empresas extranjeras y extractivas que pretenden despojar a la comunidad garífuna de sus territorios ancestrales.
El Estado de Honduras es responsable de resguardar la vida y la seguridad de las comunidades garífunas frente a las políticas de despojo, violencia y exterminio contra las y los que se oponen a proyectos turísticos y extractivos en sus territorios. Exigimos que se detenga el asedio y persecución en contra de las comunidades garífunas.
Hoy 28 de agosto, en el Juzgado de Letras de La Ceiba, se desarrolla el juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando, criminalizada injustamente por el delito de usurpación.
La Policía Nacional y guardia del juzgado ha negado la entrada de las defensoras del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, quienes se movilizaron hasta los juzgados en apoyo a su compañera, Nolvia.
Las defensoras denunciaron que la policía las corrió de las instalaciones argumentando que era prohibido estar en la entrada, que no podían estar tantas personas afuera y que si estaban en las gradas obstaculizan el paso y que podían irse al parqueo o a la orilla de la calle. Exponiendo la integridad física de las defensoras.
Estas acciones se repitieron el pasado 12 de agosto en el plantón organizado para acuerpar a Nolvia, donde la Policia Nacional obstaculizó el paso, tomó fotografías y pidió información de las defensoras y sus comunidades.
Estos actos demuestran las múltiples violaciones por parte del sistema de justicia en el caso de la defensora y campesina, Nolvia Obando.
Las Defensoras de Derechos Humanos estamos en nuestro legítimo derecho de levantar nuestra voz colectiva contra aquellos que violentan e intentan arrebatar nuestro derecho a la tierra y la vida.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos que abran los portones de este recinto público para poder hacer veeduría en el juicio injusto contra Nolvia Obando.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales feministas y del movimiento social para estar alertas de la situación de la defensora, Nolvia Obando.
El 12 de agosto de 2024, se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, el juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando, acusada injustamente por el delito de usurpación.
Un total de 60 defensoras y defensores de diferentes organizaciones miembras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) nos movilizamos hasta el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba para exigir la libertad total de nuestra compañera Nolvia Obando, quien desde 2023 está siendo judicializada y criminalizada por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Ahí estuvieron presentes membresía de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), defensoras de Zacate Grande, la Red de Mujeres del Progreso (Remupro), la Central Nacional de Trabajadoras del Campo (CNTC), la Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (Apomuh), entre otras, para manifestar que Nolvia es inocente y apoyarla con su presencia.
A las 9 de la mañana empezó el juicio oral y público y antes de comenzar a evacuar las pruebas y presentar el planteamiento acusatorio, la secretaria de la sala informó al Tribunal que el 9 de agosto, el Ministerio Público, como ente acusador, presentó una petición para que no se transmitiera el juicio en vivo a través de las redes sociales del Poder Judicial ya que sus testigos manifestaron que temían por su seguridad, incluso para ser trasladados hacia la ciudad pidieron protección policial.
La abogada y defensa legal de Nolvia, Kenia Oliva, objetó la petición de suspender la transmisión en vivo puesto que dicha decisión obstaculizaría el debido proceso: “Entenderíamos el planteamiento del Ministerio Público si se tratara de un caso de criminalidad organizada, sin embargo, este es un caso de mujeres campesinas a las que el Ministerio Público ha acusado de un delito de usurpación” ─ argumentó, la abogada defensora.
El Tribunal decidió valorar la solicitud y procedió a entrevistar a los testigos, quienes expresaron “temor de ser visualizados en otros lados del país por su labor”. El Tribunal accedió a proteger la imagen de los testigos, sus nombres y declaraciones se mantuvieron públicas.
Desde la detención de Nolvia Obando, el 16 de marzo de 2023, la RNDDH hemos denunciado el terrible contexto de violencia al que Nolvia ha sido sometida durante este proceso de criminalización. Por ejemplo, la Policía Nacional no la detuvo en el lugar supuestamente “usurpado”, fue buscada y detenida de forma violenta en la casa de una de sus compañeras del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas. Posteriormente, la Policía la estigmatizó como “cabecilla” de una banda criminal, además de recibir amenazas, insultos y humillaciones, principalmente ejercidas por los entes policiales y judiciales.
Por ello, resulta irónico que el Ministerio Público solicite protección para sus testigos en un proceso que claramente ha violentado los derechos y garantías procesales de Nolvia y por lo cual hay un Recurso de Amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia hace más de un año, que todavía no ha sido resuelto.
Por otra parte, durante el desarrollo del juicio, la Policía Nacional se apersonó en las afueras del juzgado de La Ceiba para hostigar el plantón organizado con defensoras de distintos territorios para exigir la libertad de Nolvia. Compañeras y compañeros de la OFRANEH se instalaron con sus tambores y sahumerios en la entrada del edificio, mientras los agentes policiales preguntaban ─con falsa curiosidad─ qué era el humo, haciendo burla de la espiritualidad garífuna. Más tarde ubicaron sus conos policiales para restringir la libre circulación, tomaron fotografías de las defensoras y documentos, mientras solicitaron insistentemente información sobre sus organizaciones y comunidades.
Mientras esto ocurría, en la sala tercera del Tribunal de Sentencia, el Ministerio Público presentaba su planteamiento acusatorio en el que se refería a la defensora Nolvia Obando como “usurpadora” y al Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas como “grupo usurpador” que supuestamente tomó posesión de 3.79 manzanas de tierra, avanzando hasta el 80 % de 86.15 manzanas en la Hacienda CORSA.
Cabe mencionar que, el Consejo Nacional Agrario resolvió, en 2003, expropiar para fines de la Reforma Agraria tres lotes de un terreno rural propiedad de la Empresa Empacadora Cortés, S.A. de C.V. (CORSA), mediante la resolución definitiva No. 041-2002 proferida por el Instituto Nacional Agrario (INA). [1] Asimismo, figura un decreto de expropiación del año 2012, registrado en el Instituto de la Propiedad en el asiento 44, del Tomo 1326, del Libro de Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas. De acuerdo a ello, el Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, conformado en su mayoría por mujeres y sus hijos e hijas, deciden entrar al terreno creyendo que se trataba de la tierra expropiada a CORSA y siguiendo un procedimiento del INA para la adjudicación de tierras.
Es por ello que, la defensa legal de Nolvia, propuso durante el juicio la prueba testifical de Franklin Almendares, coordinador general de la CNTC, y Jazmín Betzabé, coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), quienes tienen amplio conocimiento sobre los procesos de los grupos campesinos, cómo se conforman y el trámite de adjudicación de tierras con el INA.
Ante esto, la acusadora del Ministerio Público, objetó que no se admitiera las pruebas testificales por “impertinentes y desproporcionales” y argumentó: “Nosotros no estamos juzgando una causa campesina ─su señoría─ nosotros no estamos en contra de los campesinos. El Ministerio Público no tiene acusaciones presentadas en contra de campesinos. Nosotros desconocemos también de procesos de expropiación. Nosotros no tenemos nada que ver con los asuntos que le competen al Instituto Nacional Agrario”.
El hecho es que Nolvia Obando y Las Galileas son mujeres campesinas a las que el Ministerio Público ha criminalizado, mediante el delito de usurpación, por su defender su derecho a la tierra y alimentación; los testimonios propuestos sustentarían la identidad de Nolvia como defensora de la tierra y la alimentación y de un grupo campesino cuyo objetivo era seguir el proceso de adjudicación que corresponde. El Tribunal decidió no admitir el testimonio de Franklin Almendares por considerarse “impertinente y sin relación a la causa”.
A pesar de la declaración del Ministerio Público de no estar en contra de los campesinos y campesinas, no podemos olvidar el papel de esta instancia en la acusación por usurpación y daños, contra los ocho defensores y otras 18 personas en el campamento de Guapinol en defensa del agua y medio ambiente, en perjuicio de la empresa minera y extractiva Pinares, que opera en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. [2]
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado al Estado para “derogar las modificaciones al Código Penal en Honduras realizadas en el 2019 y 2021, en especial respecto al delito de usurpación debido a que carecen de precisión, y pueden dar lugar a la discrecionalidad de las personas operadoras de justicia para hacer un uso arbitrario de este tipo penal, favoreciendo la criminalización de personas defensoras”, de acuerdo a su Informe Situación de Derechos Humanos en Honduras, 2024.
El Ministerio Público ha sido cuestionado, en múltiples ocasiones, por trabajar para intereses privados o a favor de los que tienen poder económico o peso político en el país. Aunque, en la Ley del Ministerio Público, expresa que uno de sus objetivos es “representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad”, ha judicializado y criminalizado a defensoras y defensores y protegido a sus agresores. [3]
En el proceso de judicialización contra la defensora Nolvia Obando, hemos podido observar como es la acusadora del Ministerio Público la que propone los testigos y pruebas testificales, plantea los argumentos acusatorios y objeta frente al Tribunal, mientras la abogada privada del terrateniente se “adhiere a lo manifestado por el Ministerio Público”. Es decir, desde la institucionalidad se juzga y criminaliza a una mujer campesina por ser líder, por estar organizada y por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Luego de ser juzgada por algo injusto, Nolvia salió de la sala y un grupo de defensoras y defensores le esperaban afuera con una gran convicción en su inocencia. Algunas sin conocerla, pero con una gran fuerza para acuerparla llegaron a exigir su libertad. Preguntaban ¿ella es Nolvia? Y cuando le veían la abrazaban y daban palabras de aliento. La colectividad del pueblo garífuna y defensoras que luchan por vivir una vida libre de violencias estaba ahí para gritarle a las instituciones policiales y judiciales que Nolvia no está sola y que su lucha es digna.
¡Nolvia Obando es Inocente, siempre ha sido Inocente!
¡Derecho a la tierra y alimentación, no es usurpación!
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 23 de agosto de 2024
[2] Organización de las Naciones Unidas. Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Resolución 2020/85. Recuperado de: A/HRC/WGAD/####/## (ohchr.org)
El 6 de agosto de 2024, mediante programa radial en HRN, Ritzy Norman Jones de nacionalidad y residencia estadounidense, difamó la lucha de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y a las lideresas garífunas Miriam Miranda y Melissa Martínez, por supuestamente “incitar a la invasión de tierras” en Punta Gorda, Islas de la Bahía.
Ritzy Jones se declara dueña de un predio de 28 acres de tierra con un documento legal otorgado por un notario en 1968. En este terreno se sitúa el campamento garífuna “Wageira Le”, territorio ancestral recuperado en honor al primer asentamiento garífuna en Roatán, y por el cual ya hubo un proceso judicial que fue sobreseído a favor de la comunidad de Punta Gorda.
De acuerdo a las declaraciones de Jones, “ningún pedazo de tierra en Islas de la Bahía está registrado como propiedad ancestral”. Sin embargo, desde 1996, el Congreso Nacional, mediante Decreto No. 68 – 96 reconoció Punta Gorda, como el punto de arribo del pueblo garífuna a Honduras, el 12 de abril de 1797; en consecuencia, se declaró como “Patrimonio Nacional”. La comunidad garífuna de Punta Gorda ha ocupado históricamente este territorio, por lo que están en proceso de reocupación de tierras ancestrales.
Ritzy Jones y su apoderado legal, Samuel Ortega, acusaron a la OFRANEH de propiciar supuestas invasiones para vender lotes de terrenos a terceros, y denunciaron un falso proceso de urbanización. Además, Jones, quien durante toda la entrevista mantuvo un tono amenazante declaró “el único enemigo que nosotros tenemos es Melissa Martínez, Miriam Miranda y OFRANEH” refiriéndose a las defensoras como “delincuentes”. Es necesario decir que el periodista de la radio, si bien decía que era una denuncia privada no desaprovechó su intervención para reforzar que estos actos son invasión, y que esta circunstancia sucede en otros departamentos del país como Colón.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos estos actos que criminalizan a través de la figura penal de usurpación a las defensoras de los territorios ancestrales garífunas. Repudiamos el constante asedio y ataques sistemáticos que enfrenta la OFRANEH y hacemos responsables a la señora Jones y su familia por cualquier agresión en contra de Melissa Martinez, Miriam Miranda y cualquier miembro de la OFRANEH.
Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad e integridad de los y las defensoras ante la política de exterminio contra el pueblo garífuna. Alertamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a estar pendientes de la situación y denunciar estos actos contra el pueblo garífuna.
El Estado de Honduras debe actuar con celeridad en el cumplimiento de las Sentencias Internacionales ganadas por el pueblo garífuna en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconocen y otorgan títulos de los territorios ancestrales.
¡YA BASTA de persecución, hostigamiento y despojo contra las comunidades garífunas y la OFRANEH!
¡Cumplimiento de las sentencias de la CorteIDH ya! #SusVidasSonNuestrasVidas
El 7 de agosto de 2024, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto al Bufete Justicia para los Pueblos, la Red de Abogadas Defensoras de DDHH y el Equipo Jurídico de DDHH, presentamos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Amicus Curiae que incluye estándares internacionales sobre acceso a la tierra para las mujeres campesinas y protección de defensoras de derechos humanos.
El amicus curiae se presenta en el marco del proceso judicial seguido contra la defensora Nolvia Obando, campesina acusada por el delito de usurpación en Honduras.
El 28 de julio de 2023, se presentó un amparo contra la resolución de fecha 22 de junio de 2023 respecto a la reposición a la sentencia en el recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de marzo de 2023 por el auto de formal procesamiento de Nolvia Albertina Obando Turcios. Dicho recurso de amparo fue formalizado el 29 de mayo de 2024 y hasta la fecha no ha sido resuelto.
Este documento busca proporcionar a la corte un análisis exhaustivo del marco jurídico nacional e internacional, resaltando la necesidad de un enfoque que garantice el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres rurales y campesinas. Instamos al tribunal a considerar el impacto más amplio de este caso sobre los derechos de las mujeres y las comunidades rurales en Honduras, promoviendo una resolución que avance en la justicia social y la equidad de género.
El juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando se programó para este 12 de agosto de 2024, reiteramos a los entes judiciales que Nolvia no debe ir a juicio porque es inocente y siempre ha sido inocente.
#LibertadTotalparaNolvia
¡Derecho a la tierra y alimentación no es usurpación!
