Nuestras compañeras de Ecuménicas por el Derecho a Decidir junto a la Plataforma 25 de Noviembre, organizaciones de derechos humanos y feministas, realizaron el 9 de febrero de 2026 una conferencia de prensa para plantear su posicionamiento frente a la iniciativa de ley que pretende la imposición religiosa y lectura obligatoria de la biblia en los centros educativos públicos y privados del país.
Esta iniciativa de ley surgió el pasado 4 de febrero de 2026 y fue propuesta por el presidente nacionalista del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien tiene una fuerte postura antiderechos, regida por fundamentalismos religiosos y señalado por abuso sexual a una menor de edad.
Actualmente, la propuesta de ley se encuentra en un proceso de diálogo y socialización del “plan nacional de lectura de la biblia” para la cual se creó una comisión en el Congreso Nacional y dentro de sus objetivos está contemplada la reforma de los artículos 77 y 151 de la Constitución de la República vinculados al sistema educativo y la laicidad del Estado.
Ante esto, diferentes organizaciones de derechos humanos y defensoras que participaron en la conferencia de prensa, expresaron su preocupación y rechazo frente a esta propuesta que amenaza al Estado laico y vulnera el derecho de las infancias a la libertad de religión y espiritualidades ancestrales. Imponer la lectura de la biblia de una sola religión, excluye e ignora la diversidad de creencias y cosmovisiones de las infancias y los pueblos indígenas de todos los territorios de Honduras.
Asimismo, la conferencia contó con la participación de nuestro compañero, Joaquín Mejía, quien explicó que no le compete al Congreso Nacional decidir cuál religión debe prevalecer ni tampoco hacer reformas a la Constitución que violenten los derechos y garantías de las personas, como la libertad de religión y el Estado laico.
Por otra parte, nuestra compañera, Ana Ruth García, directora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, hizo un llamado a seguir luchando por que no se impongan doctrinas que irrespeten la dignidad de las infancias; concluyó diciendo “sí a la libertad de espiritualidad, a la libertad religiosa, pero desde nuestros espacios privados, para eso existen las iglesias y nuestras casas, en lo público es nada más una herramienta de colonización y opresión contra la niñez”.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos sumamos a la indignación por iniciativas de leyes que violentan nuestros derechos constitucionales y que limitan nuestras libertades, cosmovisiones y decisiones. Rechazamos toda forma de imposición religiosa que pretenda pasar por los cuerpos de las mujeres, infancias y disidencias sexuales. Hacemos un llamado a defender el Estado laico, y dejar por fuera los credos religiosos y posturas conservadoras. El Estado y la Iglesia deben estar separados.
El 1 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 2 de la tarde, la defensora Jessica Sánchez viajaba junto a su esposo e hijo menor en la carretera de El Progreso, Yoro, cuando agentes policiales la pararon en un retén policial.
Les pidieron sus identificaciones, la defensora también mostró su carnet y les mencionó que era beneficiaria del Mecanismo de Protección. Una de las mujeres policías de apellido Escobar, le dijo que “eso no importaba”. La defensora le recalcó que “era deber del Estado protegerla” a lo que la policía respondió con sarcasmo: “si usted quiere llame al director de la policía” y agregó que si no tenía delitos no debía tener miedo.
La defensora, Jessica Sánchez, estuvo retenida entre 15 a 20 minutos mientras tenían su DNI para buscar en el sistema si tenía delitos, según una de las policías.
Es importante mencionar que el enlace del policía asignado por el Mecanismo Nacional de Protección no le contestó a la defensora; el número aparecía desactivado.
La defensora denunció que desde hace dos semanas en la carretera que conduce a Santa Lucia, Francisco Morazán se ha encontrado en dos situaciones similares.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos solidarizamos con la defensora Jessica Sánchez y denunciamos el abuso de autoridad que la Policía Nacional ejecuta a través de los retenes policiales para hostigar a defensoras y defensores.
10 al 16 de agosto de 2025 | La Ceiba – Trujillo – Vallecito – Tegucigalpa
Frente a las graves amenazas que enfrentan quienes defienden la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos, la Red-DESC se moviliza en solidaridad con la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el pueblo garífuna de Honduras.
Del 10 al 16 de agosto, una delegación internacional conformada por movimientos sociales y personas defensoras de derechos humanos de América Latina, el Caribe y Europa visitará Honduras para acompañar a OFRANEH, organización que enfrenta una alarmante escalada de criminalización y violencia por su labor en defensa del territorio, la cultura y la autonomía garífuna. Esta acción busca fortalecer la solidaridad entre movimientos, visibilizar la lucha del pueblo garífuna frente a la criminalización, y llevar sus demandas ante autoridades nacionales e internacionales.
Un contexto de violencia estructural e impunidad
En la Bahía de Trujillo, las comunidades garífunas enfrentan una situación crítica marcada por el avance de megaproyectos turísticos e inmobiliarios, desalojos violentos, desapariciones forzadas de líderes comunitarios y una sistemática negación de su derecho a la tierra ancestral. La región ha sido epicentro de múltiples conflictos que evidencian una alianza entre intereses económicos, crimen organizado e impunidad estatal.
Ante este panorama, OFRANEH ha liderado procesos de denuncia internacional, acciones legales y organización comunitaria para defender el territorio, la vida y el derecho a vivir sin miedo. Desde hace más de dos décadas, impulsa estrategias de recuperación territorial, comunicación popular, protección comunitaria y articulación regional, resistiendo una fuerte represión estatal y criminal.
El 18 de julio de 2020, en Triunfo de la Cruz, fueron desaparecidos Alberth Snider Centeno Tomas, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez y Junior Rafael Juárez Mejía, tras ser sacados de sus casas por hombres armados que vestían chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Horacio Lorca / Criterio.hn
La desaparición forzada de cuatro jóvenes garífunas en Triunfo de la Cruz en 2020 —entre ellos líderes comunitarios— continúa impune y simboliza la violencia estructural que enfrentan los pueblos afrodescendientes en Honduras.
A pesar de cuatro sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —Punta Piedra (2015), Triunfo de la Cruz (2015), San Juan (2023) y el caso en trámite de Cayos Cochinos (2024)— el Estado hondureño sigue sin cumplir las órdenes de restitución de tierras, reparación integral y garantías de no repetición.
Recientemente, líderes de OFRANEH han sido víctimas de amenazas de muerte. En 2024, la comunidad denunció al empresario canadiense Randy Roy Jorgensen por el saqueo y tráfico ilegal de más de 3.500 piezas arqueológicas garífunas, extraídas de cementerios ancestrales en Campo del Mar.
La delegación
La delegación estará conformada por organizaciones provenientes de diversos territorios, comprometidas con la justicia social, los derechos humanos y la autonomía de los pueblos. Desde Honduras participarán la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), anfitriona de la visita y referente en la defensa del territorio garífuna; el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), con una histórica trayectoria en la resistencia indígena lenca; y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, que articula a mujeres defensoras desde distintos territorios y sectores. Desde América Latina y el Caribe, se sumarán el Consejo de Pueblos Wuxhtaj, de Guatemala, que trabaja por la autodeterminación y los derechos de los pueblos mayas; La Colectiva Feminista en Construcción, de Puerto Rico, una organización antirracista, feminista y anticolonial que impulsa la justicia transformadora; y Cimarrón, de Colombia, un movimiento afrocolombiano que lucha contra el racismo estructural y por la reparación histórica de los pueblos afrodescendientes.
A nivel internacional, la delegación contará con la participación de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), que promueve la protección integral de defensoras en la región mesoamericana; Front Line Defenders, con sede en Irlanda y dedicada a la protección de personas defensoras en riesgo a nivel global; la organización Entrepueblos, que enlaza luchas entre América Latina y España; el Calan Institute for Transterritorial Justice (CATRA), con presencia en Estados Unidos y Honduras; y el Secretariado Internacional de la Red-DESC, que impulsó y coordinó esta acción de articulación y solidaridad internacional.
Acciones públicas
Durante siete días, la delegación visitará comunidades de la Bahía de Trujillo, sostendrá intercambios en Vallecito —territorio emblemático de resistencia— y culminará con acciones de incidencia en Tegucigalpa.
El viernes 15 de agosto a las 10:00 a.m realizaremos un plantón frente al Ministerio Público, acompañado de una rueda de prensa con la delegación internacional de defensoras y defensores.
Invitamos a todas las organizaciones en Honduras a sumarse a esta acción por el pueblo garífuna. Para más información sobre cómo sumarme a estas acciones, escríbenos al correo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras: comunicacion@redefensorashn.red También hacemos un llamado a todas las organizaciones internacionales interesadas a que se sumen a esta acción colectiva. Esta acción reafirma el compromiso de la Red-DESC con la centralidad de los movimientos sociales, la solidaridad interregional y la defensa de quienes defienden la vida. Las organizaciones interesadas pueden escribirnos a communicaciones@escr-net.orgEs momento de escuchar, acompañar y amplificar las voces del pueblo garífuna en su legítima lucha por el territorio, la memoria y la autodeterminación.
A pesar que en lo cotidiano y popular, y gracias a los discursos que se instalan desde el poder se nombra las trabajadoras domésticas con adjetivos descalificadores y estigmatizantes, las compañeras perseverantes y valientes de la Red de Trabajadoras Domésticas Remuneradas no han dejado de colocar su discurso central: son trabajadoras. En la narrativa actual que habla con abundancia del cuidado suele dejarse al margen lo que para ellas es central, lo que hacen se llama trabajo, no necesitan ayuda ni afecto de nadie sino sus derechos, porque están hablando de una actividad que produce riqueza al país y que ha estado marcada por la invisibilización, la explotación y la violencia.
La querida izquierda no supo, ni sabe, ni desde su origen, hablando de don Carlos Marx nombrar este trabajo como tal pues para él y sus alumnos ocurre lejos de la esfera de la producción y reproducción del capital; y sin embargo qué sería de los ya mancillados obreros masacrados por la maquinaria capitalista sin el trabajo consistente de mujeres que reproducen su fuerza de trabajo y sostienen el proletariado con la creatividad, la fuerza física, el desgaste y negación de sus propios proyectos personales de estas mujeres que sostienen la vida cada día en las casas de todas y todos; y más aún que sería de las mujeres emancipadas que tienen vida laboral en lo público sin esa mujer que hace sus labores domésticas, donde se supone ella por mandato patriarcal debiera hacerlas. Pues cuando las trabajadoras domésticas se levantan a decir Exigimos jornadas laborales, salario y condiciones de trabajo dignas, hacen una revolución para todas las mujeres atrapadas en este discurso opresivo, y no sólo para ellas, pero sobre todo para ellas.
De esto y de mucho más va el video documental SOMOS TRABAJADORAS que pone en el lugar que corresponde la reflexión de sus protagonistas: Gabriela Bustillo, Crucita Bustillo, Yahaira Rodriguez, Yanet Maradiaga, Erlin López, Maribel Santos y otras compañeras que aportaron a esta propuesta visual a partir de su trabajo organizativo. A cargo del Centro de Estudios de la Mujer Honduras, que de mano de la terca feminista Miriam Suazo no ha dejado de organizar procesos que construyen un espacio de reivindicación de clase y de género tan contundente como lo es la Red de Trabajadoras. Con el apoyo financiero de Bruck Le Ponte y con una cuidadosa y asertiva producción a cargo de Ingrid Aarone en su nicho creativo de AGUA MALA producciones, y con los contenidos y conducción de Melissa Cardoza del colectivo MALAYERBA, este documental es una muestra apretada de diez años de calle, pensamiento, pérdidas, y hallazgos en la vida y organización de un grupo de trabajadoras domésticas que desde hace una década sacaron de la opacidad de la vida doméstica privada la dura realidad y la poderosa lucha de las trabajadoras como sujetas políticas de sus vidas que se organizan para cambiarla.
La Red Nacional de Defensoras felicitamos a las compañeras de la RTD, miembras de nuestra organización, porque en cada acción que proponen tiene por delante el esfuerzo colectivo y la palabra que viene de la vida y las búsquedas de justicia, y este producto es una muestra más de su tenacidad y pensamiento crítico.
Hoy, 18 de junio de 2025, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras acompañamos al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y comisiones de las comunidades de Guapinol y Sector San Pedro, en la interposición de un Recurso de Amparo contra omisiones y actos de la administración pública central y municipal de Tocoa, Colón.
Las defensoras y defensores presentaron este Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa por la violación de derechos fundamentales como el debido proceso legal, la participación ciudadana, el derecho humano al agua, un medio ambiente sano, la dignidad y salud humana que han sido violentados a través de acciones y graves acontecimientos que la Alcaldía Municipal de Tocoa y funcionarios del Estado han perpetrado para favorecer al megaproyecto minero Pinares-Ecotek.
Entre esos graves acontecimientos, el Instituto hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) ha violentado el derecho a la participación de las comunidades al avalar el contrato de la concesión minera del proyecto “La Ceibita” operado por la empresa Ecotek y a la que las comunidades se opusieron en cabildo abierto del 29 de noviembre de 2019.
Además, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) ha permitido que se avance el megaproyecto minero incluso cuando no tiene licenciamiento ambiental y causando graves daños en el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, protegido por el Decreto 18-2024 que prohíbe las concesiones mineras en el área protegida.
Asimismo, el 27 de enero de 2025, la Alcaldía de Tocoa a través del alcalde Adán Funez, otorgó permisos de operación a Inversiones Los Pinares/Ecotek, a pesar de la rotunda oposición que las comunidades han demostrado contra estos megaproyectos y las múltiples denuncias que se han presentado por los daños lesivos que han provocado en las comunidades, así como las pérdidas irreparables de vidas de defensoras y defensores, como el caso de Juan López, vilmente asesinado por la estructura criminal que pretende imponer estos proyectos depredadores de la vida.
Desde la Red Nacional de Defensoras acuerpamos al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y las comunidades de Guapinol y Sector San Pedro, en su lucha por la defensa de los bienes naturales y por la vida libre de minería. Nos sumamos a la exigencia de que se respete el derecho a la participación ciudadana y comunitaria en la que los pueblos decidimos oponernos a un sistema capitalista y de despojo que depreda nuestros ríos y montañas.
El día 4 de junio en un noticiero televisivo de canal 36 con amplia cobertura nacional se expresaron acusaciones maliciosa y peligrosas en contra de nuestras compañeras del Centro de Estudios de la Mujer Honduras. En las mismas se acusa a la organización y sus directivas de recibir fondos millonarios del gobierno actual y favores a cambio de silencio y complicidad con supuestos actos criminales de dicho gobierno.
El CEM-H no solamente es una organización fundadora de nuestra Red Nacional de Defensoras, sino que también ha sido una institución referente en el feminismo hondureño y ha dado luchas importantes a favor de las mujeres.
En el discurso lleno de descalificaciones y supuestos malintencionados se hace alusión al movimiento feminista y entendemos que nombrar al CEM-H es una señal que se levanta contra el movimiento.
Denunciamos a los periodistas y su medio por convertir el espacio público en un ámbito de agresión social y moral contra feministas.
Nos solidarizamos con el equipo del CEM-H y sumamos nuestras voces en la defensa de su accionar independiente en relación a sus alianzas y relaciones políticas que son públicas.
Alertamos el avance de voces enemigas a los feminismos hondureños y sus propuestas de emancipación para las mujeres.
Hoy, 26 de mayo de 2025, desde las 11 de la mañana los guardias de seguridad privada apostados en la entrada del Centro Cívico Gubernamental no han permitido el ingreso de defensoras y defensores de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
Los y las defensoras se han presentado hoy a este edificio gubernamental para protestar de forma pacífica exigiendo el informe y avances de la regularización predial de la península de Zacate Grande.
Más de 30 defensoras y defensores de las comunidades de Zacate Grande se les ha negado la entrada porque según los guardias de seguridad privada las defensoras y defensores «venían al plantón». Impidiendo su derecho a la libre protesta y violando artículos constitucionales de libertad de expresión y de uso del espacio público consignados en la Constitución de la República.
La Red Nacional de Defensoras denunciamos este abuso de autoridad en contra de las defensoras y defensores de Zacate Grande y exigimos que les den paso para ejercer su derecho a la libre protesta pacífica.
Exigimos al gobierno que honren los compromisos contraídos con las comunidades desde marzo del 2024, que se encuentran en constante amenaza de despojo.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a estar alerta de la situación de los y las compañeras de Zacate Grande.
Hoy 17 de mayo de 2025 La reocupación del pueblo garifuna Centro de Saberes Ancestrales “Hachari Wayúnagu” enfrenta un nuevo ataque. Sujetos en una lancha se acercaron al lugar e hicieron disparos al aire.
Esto sucede dos dias después del intento de desalojo, donde hombres con indumentaria de la OABI miembros de la empresa de seguridad privada Fenix se presentaran con un sujeto de origen canadiense para intentar expulsar de manera forzosa a las personas que viven en esa tierra ancestral llevando armas de alto calibre. La comunidad ha recuperado además de su territorio una valiosa colección de piezas ancestrales de diversos pueblos indígenas y negros en posesión ilegal por parte de Randy Jorgensen.
Hacemos un llamado urgente a denunciar y levantar la voz ante el gobierno de Honduras debido a la creciente violencia en contra de esta reocupación de la OFRANEH. Responsabilizamos al Estado de Honduras, por no dar protección y seguridad a las comunidades que custodian y protegen los saberes ancestrales. Las mujeres, niñez y hombres que viven en esa reocupación están viviendo ataques armados y el peligro letal es inminente. La responsabilidad de los efectos de estos ataques es del gobierno actual.
A las organizaciones hermanas de la OFRANEH, organizaciones de derechos humanos nos convocamos a estar vigilantes frente a esta alarmante situación, movilizarnos en respaldo y solidaridad activa con quienes cuidan los bienes comunes del pueblo hondureño.
Las organizaciones Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), junto a Planeta Colibrí, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Defenred, Casa Basoa, Mujeres al Borde y el Coletivo Feminista de Autocuidado e Cuidado entre Defensoras de Direitos Humanos, están presentando la publicación “Colmenas que abrigan. Espacios de cuidado y sanación para defensoraes de derechos humanos”.
Este documento hace un recorrido a través del trabajo, la metodología y los aportes en materia de autocuidado, cuidado colectivo y sanación de 7 espacios de respiro y sanación para mujeres y personas con identidades sexo-género disidentes que defienden derechos humanos, ubicados en distintos territorios de América Latina y el Estado español.
“Colmenas que abrigan” es el resultado del proceso colectivo de reflexión, intercambio de saberes y aprendizajes que se inició en el marco del encuentro celebrado en mayo de 2023 en Oaxaca, el cual reunió a integrantes de las organizaciones responsables de cada una de estas casas, y de los diálogos, entrevistas y acuerdos que se desarrollaron posteriormente.
En esta publicación, además de reflexiones sobre la importancia y la dimensión política del autocuidado, el cuidado colectivo y la sanación en un mundo en crisis en el que las defensoras de derechos humanos enfrentan cotidianamente contextos de precariedad y violencia, se describe el trabajo, la experiencia, los enfoques diversos y la propuesta metodológica de cada uno de los espacios. Estos espacios son: Casa la Serena, en Oaxaca (México); Casa Basoa, en Euskal Herria (Estado español); Casa de Respiro Defenred, en la Sierra Norte de Madrid (Estado español); Casa La Siguata, en Honduras; Oasis de Cuidado y Sanación, un espacio itinerante para defensoras; Planeta Colibrí, en Colombia; la Casa de Respiro de Brasil.
La apuesta diversa de estos espacios contribuye a colocar el cuidado en el centro de la acción política, a sostener y fortalecer los movimientos sociales, a transformar la cultura sacrificial en los activismos. Tal y como se señala: “las casas de respiro son espacios que nos conectan con el latir de la vida más antigua, esa pulsión de vida natural que brota sin esfuerzo, pero con fuerza. Son respiros colectivos que abrazan los corazones, que develan y lavan las heridas que las defensoraes acumulamos por la violencia patriarcal y sociopolítica”.
Las organizaciones responsables de la publicación esperan que la colectivización de estas experiencias y aprendizajes pueda contribuir a la generación de nuevos espacios para el descanso y el cuidado de las defensoras de derechos humanos en diversos territorios del planeta; a este fin, la publicación está disponible en español e inglés.
Hoy, 13 de mayo de 2025, alertamos sobre una amenaza de desalojo contra la empresa campesina Las Cuencas, que aglutina aproximadamente a 25 familias organizadas en un proceso de recuperación de tierras sostenido durante casi cuatro años. En esta misma situación se encuentra la base campesina 12 de Enero, conformada por 17 familias, ya que comparte territorio con Las Cuencas. Ambas organizaciones podrían ser gravemente afectadas por esta acción que violenta su derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria por la que han trabajado a lo largo de estos años.
Según la información proporcionada por las defensores y defensoras miembras de la CNTC-El Progreso este nuevo intento de desalojo está siendo impulsado por terratenientes vinculados a Industrias Corona, empresa en la que participa el empresario Abufele Salomón.
Los desalojos, y amenazas de ejecutarlos, reflejan un patrón sistemático de hostigamiento, violencia e incluso desplazamiento forzado contra comunidades campesinas que luchan legítimamente por el acceso a la tierra.
Denunciamos públicamente esta nueva amenaza de desalojo y exigimos al Estado de Honduras que garantice la seguridad, la integridad y los derechos humanos de todas las familias organizadas en Las Cuencas y 12 de Enero. El Estado es responsable de poner un alto a los desalojos y dar pronta respuesta a las demandas de las y los campesinos.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a estar alertas ante esta situación contra las empresas campesinas.
¡No más desalojos! ¡La tierra es de quien la trabaja!
