#AlertaDefensoras Campaña de desprestigio e incitación al odio contra el Centro de Estudios de la Mujer – Honduras

El día 4 de junio en un noticiero televisivo de canal 36 con amplia cobertura nacional se expresaron acusaciones maliciosa y peligrosas en contra de nuestras compañeras del Centro de Estudios de la Mujer Honduras.
En las mismas se acusa a la organización y sus directivas de recibir fondos millonarios del gobierno actual y favores a cambio de silencio y complicidad con supuestos actos criminales de dicho gobierno.

El CEM-H no solamente es una organización fundadora de nuestra Red Nacional de Defensoras, sino que también ha sido una institución referente en el feminismo hondureño y ha dado luchas importantes a favor de las mujeres.

En el discurso lleno de descalificaciones y supuestos malintencionados se hace alusión al movimiento feminista y entendemos que nombrar al CEM-H es una señal que se levanta contra el movimiento.

Denunciamos a los periodistas y su medio por convertir el espacio público en un ámbito de agresión social y moral contra feministas.

Nos solidarizamos con el equipo del CEM-H y sumamos nuestras voces en la defensa de su accionar independiente en relación a sus alianzas y relaciones políticas que son públicas.

Alertamos el avance de voces enemigas a los feminismos hondureños y sus propuestas de emancipación para las mujeres.

#AlertaUrgente | Impiden ingreso al Centro Cívico Gubernamental a defensoras de ADEPZA

Hoy, 26 de mayo de 2025, desde las 11 de la mañana los guardias de seguridad privada apostados en la entrada del Centro Cívico Gubernamental no han permitido el ingreso de defensoras y defensores de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).

Los y las defensoras se han presentado hoy a este edificio gubernamental para protestar de forma pacífica exigiendo el informe y avances de la regularización predial de la península de Zacate Grande.

Más de 30 defensoras y defensores de las comunidades de Zacate Grande se les ha negado la entrada porque según los guardias de seguridad privada las defensoras y defensores «venían al plantón». Impidiendo su derecho a la libre protesta y violando artículos constitucionales de libertad de expresión y de uso del espacio público consignados en la Constitución de la República.

La Red Nacional de Defensoras denunciamos este abuso de autoridad en contra de las defensoras y defensores de Zacate Grande y exigimos que les den paso para ejercer su derecho a la libre protesta pacífica.

Exigimos al gobierno que honren los compromisos contraídos con las comunidades desde marzo del 2024, que se encuentran  en constante amenaza de despojo.

Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a estar alerta de la situación de los y las compañeras de Zacate Grande.

#AlertaUrgente│Amenazas y agresión armada en Centro de Saberes Ancestrales Hachari Wayúnagu

Hoy 17 de mayo de 2025 La reocupación del pueblo garifuna Centro de Saberes Ancestrales “Hachari Wayúnagu” enfrenta un nuevo ataque. Sujetos en una lancha  se acercaron al lugar e hicieron disparos al aire.

Esto sucede dos dias después del intento de desalojo, donde hombres con indumentaria de la OABI miembros de la empresa de seguridad privada Fenix se presentaran con un sujeto de origen canadiense para intentar expulsar de manera forzosa a las personas que viven en esa tierra ancestral llevando armas de alto calibre. La comunidad  ha recuperado además de su territorio una valiosa colección  de piezas ancestrales de diversos pueblos indígenas y negros en posesión ilegal por parte de Randy Jorgensen.

Hacemos un llamado urgente a denunciar y levantar la voz ante el gobierno de Honduras debido a la creciente violencia en contra de esta reocupación de la OFRANEH. Responsabilizamos al Estado de Honduras, por no dar protección y seguridad a las comunidades que custodian y protegen los saberes  ancestrales. Las mujeres, niñez y hombres que viven en esa reocupación están viviendo ataques armados y el peligro  letal es inminente. La responsabilidad de los efectos de estos ataques es del gobierno actual.

A las organizaciones hermanas de la OFRANEH, organizaciones de derechos humanos nos convocamos a estar vigilantes frente a esta alarmante situación, movilizarnos en respaldo y solidaridad activa con quienes cuidan los bienes comunes del pueblo hondureño.

Presentan publicación colectiva sobre espacios de respiro y sanación para defensoras de derechos humanos

Las organizaciones Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), junto a Planeta Colibrí, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Defenred, Casa Basoa, Mujeres al Borde y el Coletivo Feminista de Autocuidado e Cuidado entre Defensoras de Direitos Humanos, están presentando la publicación “Colmenas que abrigan. Espacios de cuidado y sanación para defensoraes de derechos humanos”.

Este documento hace un recorrido a través del trabajo, la metodología y los aportes en materia de autocuidado, cuidado colectivo y sanación de 7 espacios de respiro y sanación para mujeres y personas con identidades sexo-género disidentes que defienden derechos humanos, ubicados en distintos territorios de América Latina y el Estado español.

“Colmenas que abrigan” es el resultado del proceso colectivo de reflexión, intercambio de saberes y aprendizajes que se inició en el marco del encuentro celebrado en mayo de 2023 en Oaxaca, el cual reunió a integrantes de las organizaciones responsables de cada una de estas casas, y de los diálogos, entrevistas y acuerdos que se desarrollaron posteriormente.

En esta publicación, además de reflexiones sobre la importancia y la dimensión política del autocuidado, el cuidado colectivo y la sanación en un mundo en crisis en el que las defensoras de derechos humanos enfrentan cotidianamente contextos de precariedad y violencia, se describe el trabajo, la experiencia, los enfoques diversos y la propuesta metodológica de cada uno de los espacios. Estos espacios son: Casa la Serena, en Oaxaca (México); Casa Basoa, en Euskal Herria (Estado español); Casa de Respiro Defenred, en la Sierra Norte de Madrid (Estado español); Casa La Siguata, en Honduras; Oasis de Cuidado y Sanación, un espacio itinerante para defensoras; Planeta Colibrí, en Colombia;  la Casa de Respiro de Brasil.

La apuesta diversa de estos espacios contribuye a colocar el cuidado en el centro de la acción política, a sostener y fortalecer los movimientos sociales, a transformar la cultura sacrificial en los activismos. Tal y como se señala: “las casas de respiro son espacios que nos conectan con el latir de la vida más antigua, esa pulsión de vida natural que brota sin esfuerzo, pero con fuerza. Son respiros colectivos que abrazan los corazones, que develan y lavan las heridas que las defensoraes acumulamos por la violencia patriarcal y sociopolítica”. 

Las organizaciones responsables de la publicación esperan que la colectivización de estas experiencias y aprendizajes pueda contribuir a la generación de nuevos espacios para el descanso y el cuidado de las defensoras de derechos humanos en diversos territorios del planeta; a este fin, la publicación está disponible en español e inglés.

#AlertaUrgente │ Amenaza de desalojo contra la empresa campesina Las Cuencas y la base 12 de Enero de la CNTC-El Progreso.

Hoy, 13 de mayo de 2025, alertamos sobre una amenaza de desalojo contra la empresa campesina Las Cuencas, que aglutina aproximadamente a 25 familias organizadas en un proceso de recuperación de tierras sostenido durante casi cuatro años. En esta misma situación se encuentra la base campesina 12 de Enero, conformada por 17 familias, ya que comparte territorio con Las Cuencas. Ambas organizaciones podrían ser gravemente afectadas por esta acción que violenta su derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria por la que han trabajado a lo largo de estos años.

Según la información proporcionada por las defensores y defensoras miembras de la CNTC-El Progreso este nuevo intento de desalojo está siendo impulsado por terratenientes vinculados a Industrias Corona, empresa en la que participa el empresario Abufele Salomón.

Los desalojos, y amenazas de ejecutarlos, reflejan un patrón sistemático de hostigamiento, violencia e incluso desplazamiento forzado contra comunidades campesinas que luchan legítimamente por el acceso a la tierra.

Denunciamos públicamente esta nueva amenaza de desalojo y exigimos al Estado de Honduras que garantice la seguridad, la integridad y los derechos humanos de todas las familias organizadas en Las Cuencas y 12 de Enero. El Estado es responsable de poner un alto a los desalojos y dar pronta respuesta a las demandas de las y los campesinos.

Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a estar alertas ante esta situación contra las empresas campesinas.

¡No más desalojos!
¡La tierra es de quien la trabaja!

15 AÑOS ARRECIANDO JUNTAS LA ESPERANZA informe situación de defensoras en Honduras 2024

  • En 2024, documentamos un total de 2,735 agresiones contra defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y comunidades en Honduras, más del 80% contra quienes defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes.

El 29 de abril de 2025, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presentamos nuestro informe “15 años arreciando juntas la esperanza, informe situación de defensoras en Honduras 2024” que presenta un análisis exhaustivo sobre las agresiones contra defensoras, sus organizaciones y comunidades durante 2024, además de hacer memoria de los 15 años de trayectoria de la Red.

A lo largo de más de una década, las tendencias se mantienen: entre 2010 a 2023, al menos el 50% de las agresiones que registramos fueron dirigidas contra defensoras de la tierra y el territorio seguido por las agresiones contra quienes defienden el derecho a defender derechos; y al de la verdad, justicia y reparación.

Asimismo, se sostiene la tendencia de los perpetradores, pues durante estos 15 años los representantes del Estado: policías, militares y autoridades públicas ocupan más del 50% del total histórico de quienes agreden a las defensoras. Y los tipos de agresión más frecuentes fueron el hostigamiento, las amenazas y la vigilancia. Es decir que, el estado de alerta y de sensación de peligro en el que viven las defensoras es permanente.

En cuanto a los departamentos con más agresiones en tendencia son Francisco Morazán, Colón, Atlántida y Cortés.

Los datos de 2024

En el 2024, registramos un total de 2,735 agresiones en contra de defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y comunidades. Un incremento del 1.8% respecto al 2023 que se registraron 2,687 agresiones. De acuerdo con los datos, se observa una tendencia de crecimiento progresiva en las agresiones registradas en los últimos 15 años, que se relaciona también con la sofisticación del sistema de registro.   

El 32% de las defensoras, ante la crisis nacional, realiza trabajo de base y movilización permanente, mientras el 12% son campesinas y agricultoras. Por lo que se su labor se complejiza ya que no solo defienden causas colectivas, sino que también deben garantizar la seguridad y bienestar de sus familias.

Del total de agresiones, el 82% fueron colectivas que provienen de desalojos, ataques durante acciones de movilización, plantones, cabildos abiertos, encuentros de mujeres, conferencias de prensa, campañas de desprestigio a través de redes sociales, medios de comunicación y vocerías institucionales.

Asimismo, el 11% de las agresiones fueron personales, es decir, contra la defensora por su actuación política. Y el 7% fueron dirigidas contra las organizaciones.

En 2024, el 81% de las defensoras más agredidas fueron quienes luchan por la tierra y el territorio, el medio ambiente y bienes naturales. Las políticas de despojo y la dinámica extractivista continúan teniendo raíces profundas y sostenidas.

Además, identificamos que la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) se sitúan entre las organizaciones que más ataques registran, pues son quienes están en la confrontación con los megaproyectos extractivos y sus principales ejes de lucha convergen con la defensa de la tierra y el territorio y los bienes comunes.

Respecto a dónde ocurrieron las agresiones, documentamos que el 27% de ellas, 729, ocurrieron en Atlántida, departamento con presencia de comunidades organizadas en la OFRANEH. Le sigue Francisco Morazán con un total de 432 agresiones conectadas a la centralización de las instituciones estatales donde las organizaciones exigen respuestas a sus problemáticas. Y, en tercer lugar, Colón, donde han ocurrido 343 agresiones y la lucha histórica por la tierra y contra los megaproyectos extractivos continua presente. 

El derecho más vulnerado de las defensoras es el de la integridad personal, bajo el cual registramos 1,158 agresiones durante 2024. El 46% de las agresiones bajo esta categoría incluyeron hostigamiento, seguido de violencia, física o psicológica y el uso excesivo de la fuerza. En el caso de las agresiones que atentan contra el derecho a la vida, en 2024 registramos ocasiones en las que hubo disparos directos contra la humanidad de compañeras y sus familias, como en Choluteca, el Aguán, Triunfo de la Cruz y Nueva Armenia. La más grave y alarmante expresión de violencia.

Acerca de los agresores y perpetradores, documentamos que el 41% de las agresiones estuvieron en manos de policías, militares y autoridades públicas. El 15% de los agresores fueron desconocidos y un 9% fueron agentes de seguridad privada quienes, en muchas ocasiones, son contratados por empresas e industrias extractivas para su protección.

Finalmente, el informe profundiza en la violencia que viven las defensoras por su ejercicio político, por ser mujeres y parte de las disidencias sexuales y reconocemos el impacto que estas violencias generan en el territorio cuerpo de las defensoras y como hemos construido comunidades de defensoras para nuestro cuidado y protección en el marco de las estrategias políticas de nuestra visión como Red de Defensoras.

Este informe no solo presenta datos, sino que refleja el día a día de las defensoras de nuestro país, nuestras compañeras. Reconocemos nuestro camino andado en estos 15 años y agradecemos a quienes continúan arreciando la esperanza de nuestro proyecto político.

#AlertaUrgente | Policia Militar hostiga y amenaza plantón pacífico en audiencia contra 13 personas defensoras del Pueblo Negro de Habla Inglesa

Para el jueves 20 de marzo de 2025, esta programada la audiencia para emitir el fallo en el caso de 13 personas defensoras del Pueblo Negro de Habla Inglesa criminalizadas por defender su derecho a la tierra-territorio ancestral.

Un contigente de la Policía Militar con armas de grueso calibre se ha hecho presente en el lugar donde defensoras y defensores garífunas y del pueblo negro de habla inglesa mantienen un plantón pacífico para exigir justicia para los y las defensoras injustamente criminalizadas.

Denunciamos que, hasta esta hora 12:13 p.m., la audiencia no ha sido iniciada por el Juez Hermes Benigno Pineda del Juzgado de Letras de Roatán. Además, las y los defensores han denunciado que un agente policial de apellido Martínez ha desenfundado y cargado su arma para amenazar a uno de los defensores presente.

La Red Nacional de Defensoras exigimos que se garantice la seguridad e integridad física de las y los defensores que bajo su legítimo derecho a la libre manifestación exigen libertad y justicia para los 13 defensores criminalizados.

Hacemos un llamado a organizaciones del movimiento social, feminista, de derechos humanos a denunciar el hostigamiento militar en contra del pueblo garífuna y negro de habla inglesa.

#AlertaUrgente │ Amenaza de desalojo en empresa campesina 17 de junio, organizada en la CNTC-El Progreso.

Hoy, 12 de marzo de 2025, a las 6:00 a.m. se presentaron 5 patrullas de la Policía Nacional y militares encapuchados en la empresa campesina 17 de junio de la CNTC-El Progreso, ubicada en aldea Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa.

Según la orden desalojo, la empresa campesina tiene 15 días para desalojar el predio reclamado por supuestos herederos y la compañía Agrícola Los Olivos S.A.; sin embargo, las y los defensores que tuvieron acceso a esta orden denuncian que presenta varias inconsistencias: el juez no está debidamente identificado, el membrete no coincide con otras ordenes de desalojo emitidas por el Poder Judicial y tampoco cuenta con un sello oficial, por lo que intuyen que podría tratarse de una orden extrajudicial. Además, en el lugar, el juez ejecutor no quiso identificarse y portaba una mascarilla que cubría su rostro.

En esta tierra recuperada, trabajan más de 30 compañeros y compañeras campesinas, quienes a través de la cosecha mantienen a sus familias. De acuerdo a su denuncia, esta tierra se mantuvo ociosa después del huracán Mitch y hay más de 50 escrituras que el Instituto Nacional Agrario (INA) debe investigar, sin embargo no hay celeridad en el proceso.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras repudiamos y denunciamos estas acciones que ponen en situación de riesgo a los y las defensoras campesinas que luchan por defender su derecho a la tierra y alimentación.

Condenamos estos hechos de utilizar la Policía Nacional y los entes judiciales para favorecer a terratenientes y empresas extractivas sin agotar las investigaciones pertinentes para salvaguardar la vida e integridad de los y las campesinas en su legítimo derecho a la tierra.

Exigimos al Estado un alto a los desalojos violentos y una pronta resolución de las exigencias de los y las campesinas.

Se desarrolla audiencia inicial sin la presencia de los imputados de Pinares Ecotek

El 11 de marzo de 2025, en los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se desarrolló la audiencia inicial en contra de los imputados: Víctor Bernardez, Fernando Manacés y Douglas Alvarenga, empleados de la empresa Pinares Ecotek acusados por explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados contra el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía.

La audiencia se desarrolló sin la presencia de los imputados debido a que, según el argumento de la defensa, “no se les giró convocatoria y no había vuelos de La Ceiba para poder viajar y estar a la hora” que se desarrollaría la audiencia en Tegucigalpa. Esto a pesar de que desde el 28 de febrero había sido programada la audiencia inicial.

Cabe mencionar que, ese mismo 28 de febrero, en la audiencia de declaración de imputados, el juez dictó medidas distintas a la prisión para los tres imputados debido a una fianza de seis millones que los imputados ofrecieron para poder defenderse en libertad y con la consideración de que pudieran firmar en cualquier juzgado que esté cerca de su lugar de residencia.

Rita Comité de defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa

Por otra parte, durante el desarrollo de la audiencia (que tampoco fue transmitida en vivo para la observación pública), la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó abandonar la sala debido a que no venían preparados, ni sabían nada del caso; una negligencia y abuso de la PGR en un caso que tiene más de 20 mil folios, de acuerdo al equipo legal representante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

La ignorancia y falta de interés en este caso demuestra la irresponsabilidad de una institución estatal que debe garantizar una investigación integral para garantizar la justicia para el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, para Juan López, los Ríos Guapinol y San Pedro y las comunidades afectadas por la estructura criminal que se ha mantenido en Tocoa por más de diez años para favorecer a los proyectos extractivistas de Pinares/Ecotek.

Además, la defensa legal de los imputados intentó establecer que el juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción no tenía competencia sobre el caso porque los hechos se habían realizado antes de que existiera este juzgado que se formó en el 2024, sin embargo, el juez reiteró que el juicio se llevaría a cabo en ese tribunal. Esto tenía como intención que el juicio se desarrollará en el juzgado de letras de Tocoa, donde se han denunciado irregularidades en procesos de criminalización contra defensoras y defensores y en casos relacionados a denuncias interpuestas contra Pinares/Ecotek.

La Red Nacional de Defensoras hemos acompañado y observado varios procesos judiciales en contra de nuestras compañeras defensoras y defensores, campesinas, indígenas, luchadores y luchadoras que se oponen a empresas millonarias extractivistas y que por ello acaban siendo criminalizadas y judicializadas. Y en esos procesos de criminalización hemos observado como hay un trato desigual, privilegiado y diferenciado cuando los imputados son empresarios, empleados o aliados de empresas o megaproyectos extractivistas; se suspenden las audiencias sin previa notificación, se cambian los jueces, se otorgan medidas que favorecen a los imputados y se alargan los procesos para aumentar la angustia, la zozobra y ralentizar la aplicación de la justicia para quienes violentan los derechos de las defensoras, defensores y sus comunidades.

En 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por el “carácter estructural de impunidad que sería del 90% cuando se trata de delitos cometidos contra personas defensoras” por lo que continúa siendo un desafío el avance en la investigación y sanción de las personas que los cometen, de acuerdo al informe Situación de Derechos Humanos en Honduras de la CIDH, 2024.

Por ello, es importante el acompañamiento, acuerpamiento y la presencia de las organizaciones y movimientos sociales en las audiencias judiciales para ejercer presión en la celeridad, las obligaciones y responsabilidades de los entes judiciales para resolver los crímenes contra las defensoras, defensores y sus comunidades.

Funcionario público, Marlon Varela, agrede y difama a defensora, Hedme Castro

El 3 de marzo de 2025, Hedme Castro, defensora de derechos humanos organizada en ACI-Participa, presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por injurias y calumnias en contra de Marlon Varela, actual gerente de Aduanas y candidato a alcalde de El Triunfo, Choluteca. El 25 de febrero, Marlon Varela acusó directamente a la defensora de participar en actos de corrupción y lucrarse de su labor en defensa de los derechos humanos.

Esta agresión surge luego de que Adán Funez, alcalde de Tocoa, Colón, apareciera en un foro televisivo y acusara de forma directa a las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, como posibles asesinos de Juan López, defensor de los bienes comunes y naturales. Marlon Varela, a través de su red social Facebook, apoyó esta narrativa y acusó a las organizaciones de “alegrarse de estos casos”, profiriendo también mensajes de odio y acusaciones graves en contra de la defensora.

Hedme Castro, cuestionó “cómo un funcionario público puede dirigirse a una defensora de derechos humanos que no conoce […] a deshonrar su nombre, trabajo y ponerla en riesgo. Es terrible que personal del Gobierno actual actúe de forma amenazante” expresó.

Desde el 2023, Hedme Castro y su núcleo familiar, cuentan con medidas cautelares tras considerar que se encuentran en una situación de riesgo, gravedad y daños irreparables a sus derechos humanos. Sin embargo, Hedme denunció el mal funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección para proteger y resguardar la vida de los y las defensoras que están en riesgo.

En 2024, el hostigamiento, las amenazas y la violencia psicológica representaron el 38% de las agresiones en contra de las defensoras de derechos humanos, de acuerdo a nuestros datos de registro y documentación. El 43% de agresiones estuvieron en manos de la policía y autoridades públicas.

En el último año hemos documentado un aumento en las agresiones digitales, siendo las campañas de desprestigio, la divulgación de hechos falsos y amenazas las más comunes que se utilizan con la intencionalidad de agredir directamente a las defensoras y desarticularlas de sus organizaciones o comunidades.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, repudiamos estas acciones del gerente de Aduanas y aspirante a alcalde, Marlon Varela, que atentan contra la integridad y seguridad de la defensora Hedme Castro y violenta a organizaciones de derechos humanos desacreditando nuestra labor y exigencia de justicia para nuestros compañeras y compañeros asesinados por defender la vida.

Exigimos un alto a las agresiones, amenazas y toda forma de violencia en contra de los y las defensoras de derechos humanos, especialmente de quienes se supone deben salvaguardar al pueblo y procurar la seguridad de los y las defensoras.