A 4 años del feminicidio de Keyla Martínez, la justicia hondureña continua sin castigar a los responsables

Plantón Keyla CSJ

El pasado 7 de febrero, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto a organizaciones feministas, acompañamos y acuerpamos a familiares de Keyla Martínez y a su madre Norma Rodríguez, en un plantón organizado frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia y castigo para los responsables del feminicidio de Keyla.

Ese día se cumplieron 4 años desde el asesinato de Keyla Martínez, una joven enfermera llena de sueños y anhelos, a quién un agente policial le arrebató la vida en la posta policial #10 de la Esperanza, Intibucá, durante el estado de excepción declarado con el pretexto de la pandemia por Covid-19. Además, fue acusada de quitarse la vida ella misma y un despliegue policial fue cómplice para encubrir a los responsables de su feminicidio.

El único agente policial, enjuiciado y encontrado, culpable, Jarol Perdomo Sarmiento, fue liberado en 2024 debido a la recalificación del delito de feminicidio a homicidio, lo que implicó una disminución de la pena. Además, nunca se investigó la cadena de mando de la Policía Nacional que permitió y ocultó el feminicidio de Keyla.

En ese sentido, Norma Rodríguez, familiares y organizaciones que acompañamos en la demanda de justicia por el feminicidio agravado de Keyla Martínez, exigimos frente a la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa que se admita el recurso de casación que implica una repetición del juicio en contra de los implicados de forma directa e indirecta en el crimen, asignación de jueces con la preparación y experiencia en crímenes contra la vida de mujeres y violencia de género y la sanción contra jueces que cambiaron la tipificación del delito de feminicidio agravado a homicidio imprudente.

De acuerdo a declaraciones de Norma Rodríguez, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no han mostrado interés en volver a repetir el juicio, al contrario “ponen trabas o alargan el proceso para seguir protegiendo a la Policía Nacional porque no les conviene que Honduras sea castigado con una multa o sanción por haber violentado los derechos fundamentales de Keyla” en una institución estatal durante un estado de excepción. Asimismo, mencionó su intención de presentar el caso de Keyla ante organismos internacionales de derechos humanos si no había una respuesta pronta que garantice la justicia para Keyla.

En 2024, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM, registró 266 delitos contra la vida de los cuales 231 son muertes violentas de mujeres y niñas y 35 intentos de femicidios. Según este Observatorio, 34% de las mujeres asesinadas de forma violenta fueron jóvenes de edades entre 20 a 39 años y en 5 casos de muertes violentas los perpetradores fueron exmilitares, policías o personas con indumentaria militar.

Hasta el día de hoy, Honduras se mantiene bajo un Estado de Excepción como una política de seguridad nacional en manos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin resultados y con graves abusos de poder, agresiones, desapariciones forzadas y asesinatos.

Ante esto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras continuaremos exigiendo justicia por todas las asesinadas, desaparecidas y víctimas de la violencia machista, patriarcal y un Estado feminicida. Hoy y siempre recordamos a Keyla y seguiremos reafirmando que está presente ahora y siempre y que los feminicidas van a caer.

Qué exigimos: justicia para el Aguán

Nutrida estuvo la conferencia de prensa y posterior acción en la calle frente a la Casa Presidencial en la que, como ya es tradición, la presidenta no recibe a ninguna delegación, comisión o representación popular. Se busca, se busca, se busca presidenta que al pueblo atienda, se gritó ante los portones cerrados y custodiados por policía y la guardia presidencial.  

La convocatoria de más de setenta organizaciones que respaldamos la urgencia para detener el nivel de violencia brutal que cada día destruye la vida en el Bajo Aguán se hizo presente en el centro de las oficinas del famoso centro cívico gubernamental en donde, para empezar no permitieron ingresar sonido, sino había una autorización; o sea lo de siempre con cualquier gobierno. La conferencia fue importante para denunciar una vez más y con datos y palabras de las mujeres que han perdido a sus familiares lo que cada día sucede, el terror del asesinato a mansalva contra la gente que pelea la tierra. La exigencia que se cumplan los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas, que hace tres años están paralizados, fue una de las demandas centrales, así como que se acompañe el regreso de las familias desplazadas y se detenga la agresión armada. La tierra no se vende, se cuida y se defiende.

En el Aguán, a partir de diciembre del 2024, los niveles de agresión de grupos armados ha aumentado no sólo en disparos y vandalismo contra las empresas Camarones, El Tranvío y El Chile, sino que estos perpetradores se publicitan en redes sociales, usan sus nombres en los medios que les son afines, y se refugian en comunidades donde otros civiles se ven envueltos en esta trama criminal; donde tienen el apoyo de grupos que se denominan defensores de derechos humanos, y que hacen la labor civil de esas acciones armadas. La situación ha llegado al grado de que toda la zona es de alto riesgo, el tránsito es peligroso, las clases se han parado en los centros educativos y la vida de cada campesina y campesino está en un hilo. Y eso ya ha sucedido con otros pueblos y luchas, pero el nivel que ha tomado en el Aguán es más que alarmante y sospechamos puede convertirse en una práctica generalizada en otros territorios, aunque hay experiencias similares. Hay que agregar que en esa zona se ha desplegado policía con equipos de defensa, pero cuya intervención es extrañamente lenta y peligrosamente ineficaz.

Esta mañana soleada de febrero, en Tegucigalpa, la delegación de al menos sesenta personas caminamos hasta la Casa donde se supone se encuentra la presidenta, pero quien salió a recibirnos fue un señor llamado Mario Roberto, de asuntos sociales, que se llevó la carta llevada por la delegación con las exigencias y demandas; y dijo que la haría llegar. Lo importante de este hecho fue, precisamente, que una vez más el movimiento social que, aun cuando puede tener militancia o afectos con el partido en el poder, encuentra de nuevo su lugar y recuerda que su propósito es cuestionar al gobierno y obligarlo a responder al pueblo que lo llevó a esas oficinas frescas y limpias.

 El señor Roberto dijo que él subiría la carta y que dejaba su nombre y teléfono, por cualquier cosa, firmando de recibido en una fotocopia. Nunca mejor el comentario del señor: arriba está el poder, lejos e indiferente a lo que pasa aquí abajo.

El Aguán, y toda esa hermosa tierra costeña ha sido, por décadas, lugar de agresiones a la lucha de los pueblos garífunas, indígenas, campesinos y el motivo, por supuesto, siempre es la tierra y el territorio. Las empresas agroindustriales y mineras, los terratenientes, ganaderos en su insaciable avaricia arrebatando lo que no les corresponde, esquilmando al estado, depredando la naturaleza y engordando sus cuentas bancarias frente a miles de personas despojadas que necesitan cultivar, tener agua limpia y alimentar a la sociedad entera.

Nunca fue tan importante en este país reconocer la necesidad de poner encima de la politiquería, las válidas y autónomas propuestas de mundo de los pueblos indígenas y garífunas, para todas y todos los que somos pueblo.  Nunca fue tan necesario recampesinizar el país, darle la importancia ineludible a la lucha campesina y su trabajo que sostiene la vida, o qué se supone que vamos a comer en el tiempo venidero.

En Honduras todo lo que está por la vida común, recibe golpes, balas, y cárcel, así matan a las mujeres, a las líderes ambientalistas, a los hombres de bien que quieren a las montañas. Y es por eso que una vez más nos toca a todas, todos y todes poner el hombro con el resto del cuerpo a las acciones que buscan la justicia que anhelamos en el campo y las comunidades que luchan.  Su lucha es nuestra.

#AlertaUrgente | Policía Nacional y empleados de la empresa Azunosa desalojan a campesinos del Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra en la comunidad Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro

Hoy, 22 de enero de 2025, la Policía Nacional en contubernio con la empresa Azucarera del Norte (Azunosa) desalojó un terreno en proceso de recuperación por el Movimiento Independiente de Hombres y Mujeres sin Tierras en la comunidad Agua Blanca Sur, de El Progreso Yoro, provocando la perdida de más de 300 manzanas de cultivos y dejando sin hogar y sustento a más de 250 familias.

Aproximadamente a las 3:00 a.m., más de 100 agentes policiales se apersonaron en el lugar para desarrollar el desalojo sin presentar una orden judicial. Asimismo, empleados de Azunosa, a vista y resguardo de la Policía Nacional, agredieron y amenazaron a campesinas y campesinos de la comunidad y utilizaron maquinaria pesada para destruir sus cultivos de maíz, frijoles y yuca.

La Red Nacional de Defensoras denunciamos la constante situación de riesgo y amenaza a la que se enfrentan las organizaciones y comunidades campesinas frente a la política de despojo y persecución por defender su derecho a la tierra y alimentación.

Exigimos al Estado un alto a los desalojos violentos y arbitrarios y una pronta resolución a las exigencias de las y los campesinos.

Ecos de resistencia: latidos de una lucha en contra del extractivismo

Hoy, 29 de noviembre de 2024, día internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, desde nuestra estrategia de Registro y documentación presentamos el artículo: Ecos de resistencia, latidos de una lucha contra el extractivismo.

Ante los recientes sucesos de violencia y crueldad en contra de nuestros y nuestras compañeras y compañeros defensores del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y los sectores de Guapinol y el Río San Pedro contextualizamos la problemática que atraviesan en la lucha por defender los bienes comunes y la vida ante el extractivismo.

Reconocemos, nombramos, acompañamos y acuerpamos a nuestras compañeras y sus organizaciones en este camino de lucha.

Descargue el artículo aquí:

#AlertaDefensoras | Policía Nacional detiene a la defensora Melissa Martínez en la posta policial Satuyé de La Ceiba.

Hoy, 30 de octubre de 2024, a las 9:50 a.m. la Policía Nacional ha detenido arbitrariamente a nuestra compañera y defensora, Melissa Martínez, miembra de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Luego de participar en el Encuentro Nacional de Defensoras en el Centro de Saberes Ancestrales Garífunas Hachari Wayunagu en Trujillo, la defensora se dirigía a su comunidad cuando en el retén policial de La Ceiba, Atlántida detuvieron su transporte para registrar las maletas sin la presencia de los pasajeros y pasajeras.

Ante esto, la defensora se opuso y exigió estar presente mientras revisaban sus pertenencias, por lo que fue detenida y le quitaron su teléfono. Asimismo, amenazaron a su compañero de organización con detenerlo si intentaba ingresar a la posta.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, denunciamos este acto arbitrario y el abuso de poder de la Policía Nacional contra la defensora Melissa Martínez.

Exigimos su liberación inmediata y la garantía de su seguridad y el respeto a su vida.

#AlertaUrgente | Corte de Apelaciones resuelve continuar la criminalización de defensores y defensoras de Guapinol, incluyendo al defensor Juan López, recientemente asesinado.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2024, a la 1:00 p.m. la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, ordenó reabrir el proceso legal en contra de Juan López, Reynaldo Domínguez, Leonel George, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo y alrededor de 10 defensoras y defensores de Guapinol y San Pedro, criminalizados desde 2019 por los delitos de incendio agravado, privación injusta de libertad, robo y asociación ilícita. Incluyendo al defensor Juan López, asesinado el pasado 14 de septiembre de 2024.

Por unanimidad de votos, las magistradas Viany Cruz Recarte, Dilian Irasema Guillen Sanchez, Roxana Ninoska Calix Zuniga, suspendieron el sobreseimiento definitivo, a favor de los defensores, mediante un Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público. Esto implica que el sistema de justicia seguirá protegiendo los intereses privados de la empresa Pinares Ecotek y Grupo Emco, en lugar de detener la criminalización de los defensores y las defensoras de los bienes naturales en Tocoa, Colón.

Repudiamos que instituciones del Estado formen parte de alianzas criminales para perseguir y judicializar a las y los defensores de Guapinol en contubernio con empresas mineras y extractivas que tanto daño y dolor han provocado en las comunidades de Colón.

Denunciamos la clara intencionalidad de mantener en una sistemática zozobra y hostigamiento en contra de los y las defensoras que defienden el agua de Guapinol y San Pedro y los bienes naturales de la Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras.

El Estado es responsable de la muerte de Juan López, el Estado debe garantizar la seguridad de las y los defensores de Guapinol.

Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social para acuerpar a nuestros compañeros y compañeras, debemos actuar de manera organizada y articulada frente a este embate de impunidad.

#AlertaDefensoras | Ataque en contra de la defensora Hedme Castro, directora de ACI-Participa.

Durante la tarde del 25 de agosto, la defensora Hedme Castro, coordinadora de la organización de Derechos Humanos ACI Participa, fue atacada cerca de su residencia por dos hombres. Estas agresiones continuaron hoy.

El día 25, la defensora se encontraba acompañando a su esposo en el hospital, cuando salió rumbo a su casa de habitación, a recoger documentos importantes referentes a la salud de su cónyuge.

Alrededor de las 13:47 h, la defensora llegó a inmediaciones de su casa, cuando salieron a su encuentro dos hombres, que obstruyeron el paso con un vehículo y la agredieron verbalmente con expresiones misóginas en contra de su labor como defensora. Estas expresiones de odio iban desde “las defensoras de derechos humanos son delincuentes”, “son unas viejas locas”, hasta “las defensoras son basura”. Al mismo tiempo, uno de los sujetos tomaba fotografías de la defensora, de las características y placas de su carro.Estas agresiones continuaron el día de hoy, 30 de agosto. La defensora salía de su casa temprano en la mañana, cuando notó que uno de los sujetos que le había agredido anteriormente estaba vigilándola y tomando videos de ella y su carro. La defensora teme por la seguridad e integridad de ella y su familia, por las agresiones sistemáticas y violentas que sufre constantemente, puesto que ella identificó que estos sujetos no son residentes de su zona.

Como RNDDH hemos denunciado la continua vigilancia y las agresiones que ha sufrido la defensora por parte de desconocidos tanto a su integridad como a la de su familia. Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y el movimiento social para dar seguimiento a la situación de la defensora.

Exigimos a los entes competentes del Estado garantizar la seguridad e integridad física de la defensora.

#AlertaDefensoras | Policía Nacional y seguridad del Juzgado de Letras de La Ceiba, Atlántida niega ingreso a defensoras en el juicio oral y público de la defensora, Nolvia Obando.

Hoy 28 de agosto, en el Juzgado de Letras de La Ceiba, se desarrolla el juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando, criminalizada injustamente por el delito de usurpación.

La Policía Nacional y guardia del juzgado ha negado la entrada de las defensoras del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, quienes se movilizaron hasta los juzgados en apoyo a su compañera, Nolvia.

Las defensoras denunciaron que la policía las corrió de las instalaciones argumentando que era prohibido estar en la entrada, que no podían estar tantas personas afuera y que si estaban en las gradas obstaculizan el paso y que podían irse al parqueo o a la orilla de la calle. Exponiendo la integridad física de las defensoras.

Estas acciones se repitieron el pasado 12 de agosto en el plantón organizado para acuerpar a Nolvia, donde la Policia Nacional obstaculizó el paso, tomó fotografías y pidió información de las defensoras y sus comunidades.

Estos actos demuestran las múltiples violaciones por parte del sistema de justicia en el caso de la defensora y campesina, Nolvia Obando.

Las Defensoras de Derechos Humanos estamos en nuestro legítimo derecho de levantar nuestra voz colectiva contra aquellos que violentan e intentan arrebatar nuestro derecho a la tierra y la vida. 

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos que abran los portones de este recinto público para poder hacer veeduría en el juicio injusto contra Nolvia Obando.

Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales feministas y del movimiento social para estar alertas de la situación de la defensora, Nolvia Obando.

Juicio oral y público contra Nolvia Obando: Ministerio Público juzga a campesina y defensora del derecho a la tierra y alimentación

El 12 de agosto de 2024, se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, el juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando, acusada injustamente por el delito de usurpación.

Un total de 60 defensoras y defensores de diferentes organizaciones miembras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) nos movilizamos hasta el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba para exigir la libertad total de nuestra compañera Nolvia Obando, quien desde 2023 está siendo judicializada y criminalizada por defender su derecho a la tierra y alimentación.

Ahí estuvieron presentes membresía de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), defensoras de Zacate Grande, la Red de Mujeres del Progreso (Remupro), la Central Nacional de Trabajadoras del Campo (CNTC), la Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (Apomuh), entre otras, para manifestar que Nolvia es inocente y apoyarla con su presencia.

A las 9 de la mañana empezó el juicio oral y público y antes de comenzar a evacuar las pruebas y presentar el planteamiento acusatorio, la secretaria de la sala informó al Tribunal que el 9 de agosto, el Ministerio Público, como ente acusador, presentó una petición para que no se transmitiera el juicio en vivo a través de las redes sociales del Poder Judicial ya que sus testigos manifestaron que temían por su seguridad, incluso para ser trasladados hacia la ciudad pidieron protección policial.

La abogada y defensa legal de Nolvia, Kenia Oliva, objetó la petición de suspender la transmisión en vivo puesto que dicha decisión obstaculizaría el debido proceso: “Entenderíamos el planteamiento del Ministerio Público si se tratara de un caso de criminalidad organizada, sin embargo, este es un caso de mujeres campesinas a las que el Ministerio Público ha acusado de un delito de usurpación” ─ argumentó, la abogada defensora.

El Tribunal decidió valorar la solicitud y procedió a entrevistar a los testigos, quienes expresaron “temor de ser visualizados en otros lados del país por su labor”. El Tribunal accedió a proteger la imagen de los testigos, sus nombres y declaraciones se mantuvieron públicas.

Desde la detención de Nolvia Obando, el 16 de marzo de 2023, la RNDDH hemos denunciado el terrible contexto de violencia al que Nolvia ha sido sometida durante este proceso de criminalización. Por ejemplo, la Policía Nacional no la detuvo en el lugar supuestamente “usurpado”, fue buscada y detenida de forma violenta en la casa de una de sus compañeras del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas.  Posteriormente, la Policía la estigmatizó como “cabecilla” de una banda criminal, además de recibir amenazas, insultos y humillaciones, principalmente ejercidas por los entes policiales y judiciales.

Por ello, resulta irónico que el Ministerio Público solicite protección para sus testigos en un proceso que claramente ha violentado los derechos y garantías procesales de Nolvia y por lo cual hay un Recurso de Amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia hace más de un año, que todavía no ha sido resuelto.

Por otra parte, durante el desarrollo del juicio, la Policía Nacional se apersonó en las afueras del juzgado de La Ceiba para hostigar el plantón organizado con defensoras de distintos territorios para exigir la libertad de Nolvia. Compañeras y compañeros de la OFRANEH se instalaron con sus tambores y sahumerios en la entrada del edificio, mientras los agentes policiales preguntaban ─con falsa curiosidad─ qué era el humo, haciendo burla de la espiritualidad garífuna. Más tarde ubicaron sus conos policiales para restringir la libre circulación, tomaron fotografías de las defensoras y documentos, mientras solicitaron insistentemente información sobre sus organizaciones y comunidades.

Mientras esto ocurría, en la sala tercera del Tribunal de Sentencia, el Ministerio Público presentaba su planteamiento acusatorio en el que se refería a la defensora Nolvia Obando como “usurpadora” y al Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas como “grupo usurpador” que supuestamente tomó posesión de 3.79 manzanas de tierra, avanzando hasta el 80 % de 86.15 manzanas en la Hacienda CORSA.

Cabe mencionar que, el Consejo Nacional Agrario resolvió, en 2003, expropiar para fines de la Reforma Agraria tres lotes de un terreno rural propiedad de la Empresa Empacadora Cortés, S.A. de C.V. (CORSA), mediante la resolución definitiva No. 041-2002 proferida por el Instituto Nacional Agrario (INA). [1] Asimismo, figura un decreto de expropiación del año 2012, registrado en el Instituto de la Propiedad en el asiento 44, del Tomo 1326, del Libro de Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas. De acuerdo a ello, el Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, conformado en su mayoría por mujeres y sus hijos e hijas, deciden entrar al terreno creyendo que se trataba de la tierra expropiada a CORSA y siguiendo un procedimiento del INA para la adjudicación de tierras.

Es por ello que, la defensa legal de Nolvia, propuso durante el juicio la prueba testifical de Franklin Almendares, coordinador general de la CNTC, y Jazmín Betzabé, coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), quienes tienen amplio conocimiento sobre los procesos de los grupos campesinos, cómo se conforman y el trámite de adjudicación de tierras con el INA.

Ante esto, la acusadora del Ministerio Público, objetó que no se admitiera las pruebas testificales por “impertinentes y desproporcionales” y argumentó: “Nosotros no estamos juzgando una causa campesina ─su señoría─ nosotros no estamos en contra de los campesinos. El Ministerio Público no tiene acusaciones presentadas en contra de campesinos. Nosotros desconocemos también de procesos de expropiación. Nosotros no tenemos nada que ver con los asuntos que le competen al Instituto Nacional Agrario”.

El hecho es que Nolvia Obando y Las Galileas son mujeres campesinas a las que el Ministerio Público ha criminalizado, mediante el delito de usurpación, por su defender su derecho a la tierra y alimentación; los testimonios propuestos sustentarían la identidad de Nolvia como defensora de la tierra y la alimentación y de un grupo campesino cuyo objetivo era seguir el proceso de adjudicación que corresponde. El Tribunal decidió no admitir el testimonio de Franklin Almendares por considerarse “impertinente y sin relación a la causa”.

A pesar de la declaración del Ministerio Público de no estar en contra de los campesinos y campesinas, no podemos olvidar el papel de esta instancia en la acusación por usurpación y daños, contra los ocho defensores y otras 18 personas en el campamento de Guapinol en defensa del agua y medio ambiente, en perjuicio de la empresa minera y extractiva Pinares, que opera en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. [2]

Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado al Estado para “derogar las modificaciones al Código Penal en Honduras realizadas en el 2019 y 2021, en especial respecto al delito de usurpación debido a que carecen de precisión, y pueden dar lugar a la discrecionalidad de las personas operadoras de justicia para hacer un uso arbitrario de este tipo penal, favoreciendo la criminalización de personas defensoras”, de acuerdo a su Informe Situación de Derechos Humanos en Honduras, 2024.

El Ministerio Público ha sido cuestionado, en múltiples ocasiones, por trabajar para intereses privados o a favor de los que tienen poder económico o peso político en el país. Aunque, en la Ley del Ministerio Público, expresa que uno de sus objetivos es “representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad”, ha judicializado y criminalizado a defensoras y defensores y protegido a sus agresores. [3]

En el proceso de judicialización contra la defensora Nolvia Obando, hemos podido observar como es la acusadora del Ministerio Público la que propone los testigos y pruebas testificales, plantea los argumentos acusatorios y objeta frente al Tribunal, mientras la abogada privada del terrateniente se “adhiere a lo manifestado por el Ministerio Público”. Es decir, desde la institucionalidad se juzga y criminaliza a una mujer campesina por ser líder, por estar organizada y por defender su derecho a la tierra y alimentación.

Luego de ser juzgada por algo injusto, Nolvia salió de la sala y un grupo de defensoras y defensores le esperaban afuera con una gran convicción en su inocencia. Algunas sin conocerla, pero con una gran fuerza para acuerparla llegaron a exigir su libertad. Preguntaban ¿ella es Nolvia? Y cuando le veían la abrazaban y daban palabras de aliento. La colectividad del pueblo garífuna y defensoras que luchan por vivir una vida libre de violencias estaba ahí para gritarle a las instituciones policiales y judiciales que Nolvia no está sola y que su lucha es digna.

¡Nolvia Obando es Inocente, siempre ha sido Inocente!

¡Derecho a la tierra y alimentación, no es usurpación!

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 23 de agosto de 2024


[1] Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional. Amparo No. 705-933-936-03. 04 de mayo de 2004. Recuperado de: https://hn.vlex.com/vid/n-lote-terreno-483879974

[2] Organización de las Naciones Unidas. Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Resolución 2020/85. Recuperado de: A/HRC/WGAD/####/## (ohchr.org)

[3] Cespad (2023). ¡Defensores de la tierra y el agua demandan un MP que no los criminalice como hasta ahora! Recuperado de: https://cespad.org.hn/defensores-de-la-tierra-y-el-agua-demandan-un-mp-que-no-los-criminalice-como-hasta-ahora/

#AlertaDefensoras | Guardias de seguridad y empleados armados de Azunosa desalojan, agreden a la defensora María Munguía y destruyen cultivos a familias del Movimiento Campesino Sin Tierra de Yoro.

Hoy, 20 de agosto del 2024, guardias de seguridad y empleados encapuchados y armados identificados como parte de la Azucarera del Norte (Azunosa) desalojan, agreden y destruyen aproximadamente 50 manzanas de cultivo de maíz de las familias campesinas de la Aldea La Sarrosa, en El Progreso, Yoro.

Defensoras y defensores, entre ellos menores de edad, del Movimiento de Campesinos Sin Tierras de Yoro, fueron víctimas de violencia física por parte estos empleados y guardias de seguridad, quienes por medio del uso excesivo de la fuerza y la violencia golpearon, agredieron e hirieron de gravedad a las y los defensores, utilizando piedras, machetes y disparando armas de fuego indiscriminadamente.

A raíz de estas acciones violentas, la compañera defensora, María Munguía Betancourt de 46 años, resultó herida de gravedad desde las 7:00 am. Ella fue herida y golpeada por los empleados de la Empresa Azunosa con piedras, causando que cayera al suelo inconsciente. Estos mismos empleados y guardias armados obstaculizaron la calle principal, impidiendo el acceso de la ambulancia del cuerpo de bomberos, que estuvo desde horas tempranas intentando ingresar. Luego de las llamadas de alerta hechas por Radio Progreso de forma reiterada, la ambulancia logró acceder y brindar atención a la compañera hasta alrededor de las 9:30 am.

Todo ello ocurrió bajo la vigilancia de elementos de la Policía Nacional, quienes estuvieron presentes desde temprano para garantizar que se realizara el desalojo, y asegurar que empleados y guardias de seguridad privada de la empresa perpetraran estos hechos violentos en contra de las defensoras y defensores.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) denunciamos la grave situación que enfrentan las organizaciones y comunidades campesinas en el país, frente a la política de despojo, estigmatización, persecución judicial y precarización de la vida.

Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y al movimiento social para dar seguimiento a la situación de las defensoras y defensores campesinos.

Exigimos al Estado que se detengan los desalojos, criminalización y hostigamiento contra las organizaciones campesinas que luchan por su legitimo derecho a la tierra, a la alimentación y una vida digna libre de violencia.