Durante la tarde del 25 de agosto, la defensora Hedme Castro, coordinadora de la organización de Derechos Humanos ACI Participa, fue atacada cerca de su residencia por dos hombres. Estas agresiones continuaron hoy.
El día 25, la defensora se encontraba acompañando a su esposo en el hospital, cuando salió rumbo a su casa de habitación, a recoger documentos importantes referentes a la salud de su cónyuge.
Alrededor de las 13:47 h, la defensora llegó a inmediaciones de su casa, cuando salieron a su encuentro dos hombres, que obstruyeron el paso con un vehículo y la agredieron verbalmente con expresiones misóginas en contra de su labor como defensora. Estas expresiones de odio iban desde “las defensoras de derechos humanos son delincuentes”, “son unas viejas locas”, hasta “las defensoras son basura”. Al mismo tiempo, uno de los sujetos tomaba fotografías de la defensora, de las características y placas de su carro.Estas agresiones continuaron el día de hoy, 30 de agosto. La defensora salía de su casa temprano en la mañana, cuando notó que uno de los sujetos que le había agredido anteriormente estaba vigilándola y tomando videos de ella y su carro. La defensora teme por la seguridad e integridad de ella y su familia, por las agresiones sistemáticas y violentas que sufre constantemente, puesto que ella identificó que estos sujetos no son residentes de su zona.
Como RNDDH hemos denunciado la continua vigilancia y las agresiones que ha sufrido la defensora por parte de desconocidos tanto a su integridad como a la de su familia. Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y el movimiento social para dar seguimiento a la situación de la defensora.
Exigimos a los entes competentes del Estado garantizar la seguridad e integridad física de la defensora.
Hoy 28 de agosto, en el Juzgado de Letras de La Ceiba, se desarrolla el juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando, criminalizada injustamente por el delito de usurpación.
La Policía Nacional y guardia del juzgado ha negado la entrada de las defensoras del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, quienes se movilizaron hasta los juzgados en apoyo a su compañera, Nolvia.
Las defensoras denunciaron que la policía las corrió de las instalaciones argumentando que era prohibido estar en la entrada, que no podían estar tantas personas afuera y que si estaban en las gradas obstaculizan el paso y que podían irse al parqueo o a la orilla de la calle. Exponiendo la integridad física de las defensoras.
Estas acciones se repitieron el pasado 12 de agosto en el plantón organizado para acuerpar a Nolvia, donde la Policia Nacional obstaculizó el paso, tomó fotografías y pidió información de las defensoras y sus comunidades.
Estos actos demuestran las múltiples violaciones por parte del sistema de justicia en el caso de la defensora y campesina, Nolvia Obando.
Las Defensoras de Derechos Humanos estamos en nuestro legítimo derecho de levantar nuestra voz colectiva contra aquellos que violentan e intentan arrebatar nuestro derecho a la tierra y la vida.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos que abran los portones de este recinto público para poder hacer veeduría en el juicio injusto contra Nolvia Obando.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales feministas y del movimiento social para estar alertas de la situación de la defensora, Nolvia Obando.
El 12 de agosto de 2024, se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, el juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando, acusada injustamente por el delito de usurpación.
Un total de 60 defensoras y defensores de diferentes organizaciones miembras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) nos movilizamos hasta el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba para exigir la libertad total de nuestra compañera Nolvia Obando, quien desde 2023 está siendo judicializada y criminalizada por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Ahí estuvieron presentes membresía de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), defensoras de Zacate Grande, la Red de Mujeres del Progreso (Remupro), la Central Nacional de Trabajadoras del Campo (CNTC), la Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (Apomuh), entre otras, para manifestar que Nolvia es inocente y apoyarla con su presencia.
A las 9 de la mañana empezó el juicio oral y público y antes de comenzar a evacuar las pruebas y presentar el planteamiento acusatorio, la secretaria de la sala informó al Tribunal que el 9 de agosto, el Ministerio Público, como ente acusador, presentó una petición para que no se transmitiera el juicio en vivo a través de las redes sociales del Poder Judicial ya que sus testigos manifestaron que temían por su seguridad, incluso para ser trasladados hacia la ciudad pidieron protección policial.
La abogada y defensa legal de Nolvia, Kenia Oliva, objetó la petición de suspender la transmisión en vivo puesto que dicha decisión obstaculizaría el debido proceso: “Entenderíamos el planteamiento del Ministerio Público si se tratara de un caso de criminalidad organizada, sin embargo, este es un caso de mujeres campesinas a las que el Ministerio Público ha acusado de un delito de usurpación” ─ argumentó, la abogada defensora.
El Tribunal decidió valorar la solicitud y procedió a entrevistar a los testigos, quienes expresaron “temor de ser visualizados en otros lados del país por su labor”. El Tribunal accedió a proteger la imagen de los testigos, sus nombres y declaraciones se mantuvieron públicas.
Desde la detención de Nolvia Obando, el 16 de marzo de 2023, la RNDDH hemos denunciado el terrible contexto de violencia al que Nolvia ha sido sometida durante este proceso de criminalización. Por ejemplo, la Policía Nacional no la detuvo en el lugar supuestamente “usurpado”, fue buscada y detenida de forma violenta en la casa de una de sus compañeras del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas. Posteriormente, la Policía la estigmatizó como “cabecilla” de una banda criminal, además de recibir amenazas, insultos y humillaciones, principalmente ejercidas por los entes policiales y judiciales.
Por ello, resulta irónico que el Ministerio Público solicite protección para sus testigos en un proceso que claramente ha violentado los derechos y garantías procesales de Nolvia y por lo cual hay un Recurso de Amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia hace más de un año, que todavía no ha sido resuelto.
Por otra parte, durante el desarrollo del juicio, la Policía Nacional se apersonó en las afueras del juzgado de La Ceiba para hostigar el plantón organizado con defensoras de distintos territorios para exigir la libertad de Nolvia. Compañeras y compañeros de la OFRANEH se instalaron con sus tambores y sahumerios en la entrada del edificio, mientras los agentes policiales preguntaban ─con falsa curiosidad─ qué era el humo, haciendo burla de la espiritualidad garífuna. Más tarde ubicaron sus conos policiales para restringir la libre circulación, tomaron fotografías de las defensoras y documentos, mientras solicitaron insistentemente información sobre sus organizaciones y comunidades.
Mientras esto ocurría, en la sala tercera del Tribunal de Sentencia, el Ministerio Público presentaba su planteamiento acusatorio en el que se refería a la defensora Nolvia Obando como “usurpadora” y al Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas como “grupo usurpador” que supuestamente tomó posesión de 3.79 manzanas de tierra, avanzando hasta el 80 % de 86.15 manzanas en la Hacienda CORSA.
Cabe mencionar que, el Consejo Nacional Agrario resolvió, en 2003, expropiar para fines de la Reforma Agraria tres lotes de un terreno rural propiedad de la Empresa Empacadora Cortés, S.A. de C.V. (CORSA), mediante la resolución definitiva No. 041-2002 proferida por el Instituto Nacional Agrario (INA). [1] Asimismo, figura un decreto de expropiación del año 2012, registrado en el Instituto de la Propiedad en el asiento 44, del Tomo 1326, del Libro de Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas. De acuerdo a ello, el Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, conformado en su mayoría por mujeres y sus hijos e hijas, deciden entrar al terreno creyendo que se trataba de la tierra expropiada a CORSA y siguiendo un procedimiento del INA para la adjudicación de tierras.
Es por ello que, la defensa legal de Nolvia, propuso durante el juicio la prueba testifical de Franklin Almendares, coordinador general de la CNTC, y Jazmín Betzabé, coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), quienes tienen amplio conocimiento sobre los procesos de los grupos campesinos, cómo se conforman y el trámite de adjudicación de tierras con el INA.
Ante esto, la acusadora del Ministerio Público, objetó que no se admitiera las pruebas testificales por “impertinentes y desproporcionales” y argumentó: “Nosotros no estamos juzgando una causa campesina ─su señoría─ nosotros no estamos en contra de los campesinos. El Ministerio Público no tiene acusaciones presentadas en contra de campesinos. Nosotros desconocemos también de procesos de expropiación. Nosotros no tenemos nada que ver con los asuntos que le competen al Instituto Nacional Agrario”.
El hecho es que Nolvia Obando y Las Galileas son mujeres campesinas a las que el Ministerio Público ha criminalizado, mediante el delito de usurpación, por su defender su derecho a la tierra y alimentación; los testimonios propuestos sustentarían la identidad de Nolvia como defensora de la tierra y la alimentación y de un grupo campesino cuyo objetivo era seguir el proceso de adjudicación que corresponde. El Tribunal decidió no admitir el testimonio de Franklin Almendares por considerarse “impertinente y sin relación a la causa”.
A pesar de la declaración del Ministerio Público de no estar en contra de los campesinos y campesinas, no podemos olvidar el papel de esta instancia en la acusación por usurpación y daños, contra los ocho defensores y otras 18 personas en el campamento de Guapinol en defensa del agua y medio ambiente, en perjuicio de la empresa minera y extractiva Pinares, que opera en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. [2]
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado al Estado para “derogar las modificaciones al Código Penal en Honduras realizadas en el 2019 y 2021, en especial respecto al delito de usurpación debido a que carecen de precisión, y pueden dar lugar a la discrecionalidad de las personas operadoras de justicia para hacer un uso arbitrario de este tipo penal, favoreciendo la criminalización de personas defensoras”, de acuerdo a su Informe Situación de Derechos Humanos en Honduras, 2024.
El Ministerio Público ha sido cuestionado, en múltiples ocasiones, por trabajar para intereses privados o a favor de los que tienen poder económico o peso político en el país. Aunque, en la Ley del Ministerio Público, expresa que uno de sus objetivos es “representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad”, ha judicializado y criminalizado a defensoras y defensores y protegido a sus agresores. [3]
En el proceso de judicialización contra la defensora Nolvia Obando, hemos podido observar como es la acusadora del Ministerio Público la que propone los testigos y pruebas testificales, plantea los argumentos acusatorios y objeta frente al Tribunal, mientras la abogada privada del terrateniente se “adhiere a lo manifestado por el Ministerio Público”. Es decir, desde la institucionalidad se juzga y criminaliza a una mujer campesina por ser líder, por estar organizada y por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Luego de ser juzgada por algo injusto, Nolvia salió de la sala y un grupo de defensoras y defensores le esperaban afuera con una gran convicción en su inocencia. Algunas sin conocerla, pero con una gran fuerza para acuerparla llegaron a exigir su libertad. Preguntaban ¿ella es Nolvia? Y cuando le veían la abrazaban y daban palabras de aliento. La colectividad del pueblo garífuna y defensoras que luchan por vivir una vida libre de violencias estaba ahí para gritarle a las instituciones policiales y judiciales que Nolvia no está sola y que su lucha es digna.
¡Nolvia Obando es Inocente, siempre ha sido Inocente!
¡Derecho a la tierra y alimentación, no es usurpación!
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 23 de agosto de 2024
[2] Organización de las Naciones Unidas. Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Resolución 2020/85. Recuperado de: A/HRC/WGAD/####/## (ohchr.org)
Hoy, 20 de agosto del 2024, guardias de seguridad y empleados encapuchados y armados identificados como parte de la Azucarera del Norte (Azunosa) desalojan, agreden y destruyen aproximadamente 50 manzanas de cultivo de maíz de las familias campesinas de la Aldea La Sarrosa, en El Progreso, Yoro.
Defensoras y defensores, entre ellos menores de edad, del Movimiento de Campesinos Sin Tierras de Yoro, fueron víctimas de violencia física por parte estos empleados y guardias de seguridad, quienes por medio del uso excesivo de la fuerza y la violencia golpearon, agredieron e hirieron de gravedad a las y los defensores, utilizando piedras, machetes y disparando armas de fuego indiscriminadamente.
A raíz de estas acciones violentas, la compañera defensora, María Munguía Betancourt de 46 años, resultó herida de gravedad desde las 7:00 am. Ella fue herida y golpeada por los empleados de la Empresa Azunosa con piedras, causando que cayera al suelo inconsciente. Estos mismos empleados y guardias armados obstaculizaron la calle principal, impidiendo el acceso de la ambulancia del cuerpo de bomberos, que estuvo desde horas tempranas intentando ingresar. Luego de las llamadas de alerta hechas por Radio Progreso de forma reiterada, la ambulancia logró acceder y brindar atención a la compañera hasta alrededor de las 9:30 am.
Todo ello ocurrió bajo la vigilancia de elementos de la Policía Nacional, quienes estuvieron presentes desde temprano para garantizar que se realizara el desalojo, y asegurar que empleados y guardias de seguridad privada de la empresa perpetraran estos hechos violentos en contra de las defensoras y defensores.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) denunciamos la grave situación que enfrentan las organizaciones y comunidades campesinas en el país, frente a la política de despojo, estigmatización, persecución judicial y precarización de la vida.
Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y al movimiento social para dar seguimiento a la situación de las defensoras y defensores campesinos.
Exigimos al Estado que se detengan los desalojos, criminalización y hostigamiento contra las organizaciones campesinas que luchan por su legitimo derecho a la tierra, a la alimentación y una vida digna libre de violencia.
El 6 de agosto de 2024, mediante programa radial en HRN, Ritzy Norman Jones de nacionalidad y residencia estadounidense, difamó la lucha de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y a las lideresas garífunas Miriam Miranda y Melissa Martínez, por supuestamente “incitar a la invasión de tierras” en Punta Gorda, Islas de la Bahía.
Ritzy Jones se declara dueña de un predio de 28 acres de tierra con un documento legal otorgado por un notario en 1968. En este terreno se sitúa el campamento garífuna “Wageira Le”, territorio ancestral recuperado en honor al primer asentamiento garífuna en Roatán, y por el cual ya hubo un proceso judicial que fue sobreseído a favor de la comunidad de Punta Gorda.
De acuerdo a las declaraciones de Jones, “ningún pedazo de tierra en Islas de la Bahía está registrado como propiedad ancestral”. Sin embargo, desde 1996, el Congreso Nacional, mediante Decreto No. 68 – 96 reconoció Punta Gorda, como el punto de arribo del pueblo garífuna a Honduras, el 12 de abril de 1797; en consecuencia, se declaró como “Patrimonio Nacional”. La comunidad garífuna de Punta Gorda ha ocupado históricamente este territorio, por lo que están en proceso de reocupación de tierras ancestrales.
Ritzy Jones y su apoderado legal, Samuel Ortega, acusaron a la OFRANEH de propiciar supuestas invasiones para vender lotes de terrenos a terceros, y denunciaron un falso proceso de urbanización. Además, Jones, quien durante toda la entrevista mantuvo un tono amenazante declaró “el único enemigo que nosotros tenemos es Melissa Martínez, Miriam Miranda y OFRANEH” refiriéndose a las defensoras como “delincuentes”. Es necesario decir que el periodista de la radio, si bien decía que era una denuncia privada no desaprovechó su intervención para reforzar que estos actos son invasión, y que esta circunstancia sucede en otros departamentos del país como Colón.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos estos actos que criminalizan a través de la figura penal de usurpación a las defensoras de los territorios ancestrales garífunas. Repudiamos el constante asedio y ataques sistemáticos que enfrenta la OFRANEH y hacemos responsables a la señora Jones y su familia por cualquier agresión en contra de Melissa Martinez, Miriam Miranda y cualquier miembro de la OFRANEH.
Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad e integridad de los y las defensoras ante la política de exterminio contra el pueblo garífuna. Alertamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a estar pendientes de la situación y denunciar estos actos contra el pueblo garífuna.
El Estado de Honduras debe actuar con celeridad en el cumplimiento de las Sentencias Internacionales ganadas por el pueblo garífuna en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconocen y otorgan títulos de los territorios ancestrales.
¡YA BASTA de persecución, hostigamiento y despojo contra las comunidades garífunas y la OFRANEH!
¡Cumplimiento de las sentencias de la CorteIDH ya! #SusVidasSonNuestrasVidas
El 7 de agosto de 2024, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto al Bufete Justicia para los Pueblos, la Red de Abogadas Defensoras de DDHH y el Equipo Jurídico de DDHH, presentamos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Amicus Curiae que incluye estándares internacionales sobre acceso a la tierra para las mujeres campesinas y protección de defensoras de derechos humanos.
El amicus curiae se presenta en el marco del proceso judicial seguido contra la defensora Nolvia Obando, campesina acusada por el delito de usurpación en Honduras.
El 28 de julio de 2023, se presentó un amparo contra la resolución de fecha 22 de junio de 2023 respecto a la reposición a la sentencia en el recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de marzo de 2023 por el auto de formal procesamiento de Nolvia Albertina Obando Turcios. Dicho recurso de amparo fue formalizado el 29 de mayo de 2024 y hasta la fecha no ha sido resuelto.
Este documento busca proporcionar a la corte un análisis exhaustivo del marco jurídico nacional e internacional, resaltando la necesidad de un enfoque que garantice el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres rurales y campesinas. Instamos al tribunal a considerar el impacto más amplio de este caso sobre los derechos de las mujeres y las comunidades rurales en Honduras, promoviendo una resolución que avance en la justicia social y la equidad de género.
El juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando se programó para este 12 de agosto de 2024, reiteramos a los entes judiciales que Nolvia no debe ir a juicio porque es inocente y siempre ha sido inocente.
#LibertadTotalparaNolvia
¡Derecho a la tierra y alimentación no es usurpación!
El martes 23 de julio de 2024, se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de La Ceiba sala tercera, la Audiencia de Proposición de Medios de Prueba para el caso de Nolvia Albertina Obando Turcios, defensora de la tierra y territorio, criminalizada y judicializada injustamente por el delito de usurpación.
El Ministerio Público, representando al Estado, presentó ante el Tribunal, seis pruebas testificales entre las que se incluye al terrateniente y el capataz del terreno “supuestamente usurpado”, tres agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), la jefa de Catastro de la municipalidad de Jutiapa, Atlántida y dos agentes policiales que actuaron como jueces ejecutores en dos desalojos en la aldea La Bomba, Atlántida.
Ante esto, la defensa legal de nuestra compañera, objetó que las pruebas testificales propuestas eran desproporcionales, puesto que testificarán sobre los mismos hechos y eso es una estrategia para sorprender al juzgado. Por su parte, la acusadora privada, presentó sus medios de manera oral, no llevaba documentos ni los entregó a la secretaria de la Sala, como es el procedimiento; aun así, declaró pruebas testificales de tres agentes de la DPI que estuvieron presentes en un desalojo, y en la detención y captura violenta de Nolvia Obando. A pesar de las objeciones ante estos despropósitos, por parte de la abogada defensora Kenia Oliva, el Tribunal admitió todas las pruebas testificales y documentales del Ministerio Público y de la acusadora privada.
El Ministerio Público demostró un ánimo entusiasta representando al denunciante, la funcionaria en algunos momentos de la audiencia relata los hechos como si estuvo presente; especialmente al referir supuestas acciones violentas, actuando de una manera abiertamente parcializada. Durante esta audiencia, presenciamos el uso de las diligencias investigativas y declaraciones testificales de la Policía Nacional para perseguir, acusar y criminalizar a una persona por el delito de usurpación, específicamente a una mujer campesina defensora de la tierra y el territorio, práctica que como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos hemos denunciado en múltiples ocasiones.
Es importante recordar que la Corte Suprema de Justicia continua sin resolver el Recurso de Amparo interpuesto, hace más de un año, a favor de Nolvia Albertina Obando Turcios, por considerarse que la Corte Primera de Apelaciones Segunda de la Ceiba violó las garantías procesales de la defensora. Esta falta de respuesta hace que se vuelva difícil la reparación de los derechos de nuestra compañera.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que “el uso de tipos penales como incitación a la violencia, usurpación, injurias y calumnias son los más empleados para criminalizar a personas defensoras de los derechos humanos, en especial a quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio”, de acuerdo a su Informe Situación de Derechos Humanos en Honduras, 2024.
Asimismo, recalcó que “la criminalización a través del uso indebido del sistema penal continúa siendo una práctica recurrente de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Honduras” por lo que recomendó al Estado de Honduras revisar y ajustar estas figuras penales comprendidas en el Código Penal Vigente.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, reiteramos a la institucionalidad pública y a los entes judiciales que Nolvia Obando y el Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, no son criminales ni usurpadoras, son mujeres campesinas que defienden su derecho a la tierra y alimentación y que las acuerpamos de manera contundente.
La crisis alimentaria en el país y el nulo acceso a la tierra, llevaron a Nolvia y el grupo Las Galileas a ingresar a un predio abandonado que creían que era parte de un decreto de expropiación del año 2012, es decir, que eran propiedad del Estado en el marco de la Ley de Reforma Agraria; el Instituto Nacional Agrario debió delimitar de forma clara y precisa dicho terreno expropiado.
El juicio oral y público se programó para el lunes 12 de agosto de 2024 a las 9:00 a.m. El Ministerio Público debe investigar los hechos, actuar con objetividad y velar por la justa aplicación de la ley y no actuar como defensa de los intereses privados.
Continuamos exigiendo libertad total para Nolvia y justicia para Las Galileas.
Nolvia Obando no debe ir a juicio porque es inocente y siempre ha sido inocente.
A ver si ahora que el humo nos llega hasta dentro de las casas, los pulmones y el miedo, nos paramos a reflexionar qué hacemos para cuidar la vida toda que es la vida de todas, todos, todes. El país está envuelto en humo, y no basta tener una aplicación para ver el mapa porque no hay ninguna aplicación disponible para hacer que llueva o que el viento sople a nuestro favor. Ya no llueve en mayo, y es triste. La naturaleza parece estar tomando en sus manos la necesidad del equilibrio y ojalá lo logre porque los seres humanos hacemos lo contrario. El costo de ese equilibrio puede ser alto en vidas y bienes, pero habrá que aprender a ser humildes y a realmente construir más comunidad en los hechos y no sólo en las palabras.
Aquí en La Siguata hacemos también parte de lo que nos corresponde, compartimos saberes y haceres, y con el trabajo de defensoras hacemos crecer el verde de las plantas y el de la esperanza. En una jornada de trabajo voluntario, justamente en este tiempo de humo de mayo, las compañeras Adalinda Gutiérrez y Sara Hernández, dirigentas de sus comunidades y grandes luchadoras han dejado sus labores y vienen a darle fuerza al territorio de La Siguata. Sus frescas voces y carcajadas traen la luz del campo que siempre nos ha dado de comer, son parte de un colectivo que se va enredando y las especies que han cultivado junto a otras personas ya van creciendo, florean las matas y los colibríes aprovechan a chupar la miel morada de una lavanda; y por ahí una marita de árboles de caoba se ha vuelto adolescente, con lo que además vamos a poder compartir con quienes creen que vale el esfuerzo mirar la vida a través de las ramas, y se llevan a sembrar y cuidar de ellas. No todo se pegó y analizan los qué y como es que suceden y cuanto hay en este oficio de la agricultura que no podemos controlar, sino bien intencionar.
Mientras andemos por acá habrá que hacer todo el esfuerzo por sostener a la madre naturaleza que nos brinda la vida; sembrar y cuidar lo que se siembra es una de las tareas; cuidar el agua y no desperdiciarla; dejar de llenar de plástico el mundo y de darle nuestro dinero y salud a quienes nos llenan de refrescos dulces y cancerígenos, dejar de comprar ese montón de ropa que ni alcanzamos a ponernos, o atesorar objetos sin sentido con que se alimentan las montañas de basura. Necesitamos más y más coherencia, ya no hay tiempo.
Y, por supuesto, hay que echar a los madereros, mineros, ganaderos, empresarios avaros que aún llenos de humo no hacen más que pensar en cuanto más pisto pueden tener en sus cuentas de banco.
Ya no hay tiempo dijo Berta, hace ya casi diez años, y era cierto. Mucha tarea y reflexión hay pendiente; quienes hemos estado contra el orden depredador del capitalismo extractivista sabemos que este tiempo llegaría, parece más rápido de lo esperado. Es urgente que el gobierno de Honduras elimine por completo todo su plan extractivo porque ningún mineral raro o común, ni el mal llamado progreso va a cambiar la ruta del agua que se termina, sino es que la cuidamos y dejamos de darla para lavar broza, hierro o monocultivos.
Aquí en La Siguata seguimos compartiendo y aprendiendo de los modos de hacer y entendiendo que los activismos también deben cambiar, sembrar colectivamente, reconociendo nuestros conocimientos es uno de ellos, que defensoras de diferentes comunidades compartamos las maneras diversas de cuidar la naturaleza y mientras tocamos la tierra hablamos de nuestras fuerzas y penas es un proyecto vital.
Aura Buni, Amuru Nuni, Yo para vos y vos para mí, La Siguata invita a las defensoras para que seamos comunidad en movimiento.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 22 de mayo de 2024
La lucha de las comunidades que defienden el río Guapinol y San Pedro, logró la aprobación del Decreto 18-2024 que recupera y protege la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”. Este Decreto fue aprobado por el Congreso Nacional el 21 de febrero de 2024 y entró en vigencia el 6 de mayo de este mismo año, es decir, más de dos meses tarde.
Un día después de la sanción y publicación del Decreto en La Gaceta, se realizó un plantón frente a Casa Presidencial, para exigir el cumplimiento inmediato de la ley, la inminente restauración y recuperación del Parque Nacional Carlos Escaleras y la pronta anulación de las actividades mineras a cielo abierto que no solo han provocado devastación del medio ambiente, sino que también impactan, principalmente, en la vida de las defensoras y defensores de los bienes naturales en esa zona del Bajo Aguán.
La movilización fue convocada por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la Plataforma Agraria del Aguán, la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y otras organizaciones que se hicieron presentes en Casa Presidencial en Tegucigalpa, donde no les atendieron. Al contrario, fueron recibidos con una gran cantidad de agentes policiales que son los mismos que reprimen, amenazan y actúan a favor de la minera en las comunidades de Colón. Durante el plantón, la seguridad de casa de gobierno negó el acceso a energía eléctrica para conectar los parlantes y escuchar las demandas de la movilización.
Nosotras, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras también estuvimos presentes, acuerpando la lucha como lo hemos hecho desde años atrás, y denunciando la indiferencia del gobierno y los abusos de la Policía Nacional que se dedicaron a hacer fotos y videos de las personas presentes. Nosotras reconocemos que la aprobación del Decreto 18-2024 es un logro de las comunidades, de nuestras hermanas y compañeras defensoras de Guapinol, del sector San Pedro, e igualmente de Tocoa, quienes poderosas y valientes se han enfrentado a múltiples formas de violencia por la defensa de los bienes naturales, los ríos San Pedro, Aguán y Guapinol y el derecho a un medio ambiente limpio y libre de minerías.
¿Qué pasa con el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía?
El parque nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” está ubicado entre los departamentos de Colón, Yoro y Olancho. En 2012, se declaró área protegida (Decreto Legislativo 127-2012). En 2013, el Congreso Nacional de forma fraudulenta, redujo 217.34 hectáreas de la zona núcleo del parque nacional (Decreto 252-2013). El siguiente año, el Estado otorgó dos concesiones mineras de 200 hectáreas a la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek y en 2016, adquiere el nombre de Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” en conmemoración al ambientalista y defensor de derechos humanos que fue asesinado por su lucha contra el extractivismo en Tocoa, Colón; irónicamente, en ese mismo decreto, se vuelve a reducir los límites de la zona núcleo del parque (Decreto 93-2016). Todos estos años ha habido una lucha tenaz para defender los ríos y las montañas contra la minera instalada ilegítima e ilegalmente por Inversiones Los Pinares, y que ha costado el encarcelamiento y asesinato de varias personas luchadoras.
Finalmente, en 2024 la lucha de las comunidades logró la aprobación del Decreto 18-2024 que deroga el Decreto No. 252-2013 y el Decreto No. 93-2016 que reducían la zona núcleo del parque nacional. Y se reforma el Decreto No.127-2012 que en adelante se leerá: “Créase el PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE BOTADEROS, con la denominación de “PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE BOTADEROS, CARLOS ESCALERAS MEJÍA” (…) como parte integral e incorporado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH)”, de acuerdo a la publicación en La Gaceta del 6 de mayo de 2024.
El impacto de la minería en la vida de los y las defensoras
Las concesiones mineras en el parque nacional Carlos Escaleras provocaron grandes devastaciones a las comunidades en la zona que van desde daños ambientales graves hasta asesinatos, criminalización, hostigamientos, amenazas, campañas de desprestigio y desalojos en contra de personas, comunidades y los y las defensoras de derechos humanos que se oponen a los megaproyectos extractivos en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
No es una coincidencia que el 66% de los territorios donde hay agresiones hacia defensoras están en la costa norte de Honduras, territorio de disputa de la tierra, los bienes comunes como el agua, los espacios para el turismo y los megaproyectos, según nuestro informe anual de agresiones de 2023.
De acuerdo a nuestros datos de registro y documentación, desde 2018 a 2023 hemos registrado 6873 agresiones dirigidas a defensoras, sus colectividades u organizaciones, de las cuales el 22% de agresiones ocurrieron en Colón, el 12% en Tocoa.
En estos años, además de registrar las agresiones contra nuestras compañeras defensoras; en 2019 organizamos la Misión de Solidaridad Feminista «El Abrazo» en la que visitamos el Río Guapinol en Tocoa, desde donde nos solidarizamos, acuerpamos la lucha, difundimos información y denunciamos las agresiones contra nuestras compañeras defensoras de Guapinol.
Asimismo, acompañamos la lucha por la defensa de los bienes comunes de Tocoa participando como observadoras en el Cabildo Abierto para declarar Tocoa libre de minas y proyectos extractivos. Hemos participado en las reuniones presenciales y virtuales sobre el Caso Guapinol, aportando a la definición de la estrategia política y legal de acompañamiento. Estuvimos en los procesos de interposición de denuncias, conferencias de prensa, reuniones con embajadas y diferentes instancias nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Nos organizamos en el Campamento Feminista Viva Berta ─instalado frente a la Corte Suprema de Justicia─ para exigir libertad y justicia para los 8 presos políticos de la comunidad de Guapinol, encarcelados por defender los ríos San Pedro, Guapinol y el parque nacional Carlos Escaleras.
La Red Nacional de Defensoras, hemos atestiguado y participado en la lucha que las comunidades han hecho para proteger los recursos naturales del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, por ello, nos alegra que se haya logrado la aprobación del Decreto 18-2024 que protege el parque nacional.
Sin embargo, sabemos que la lucha no se termina con la publicación de la ley; por ello, acuerpamos las demandas de las comunidades de Tocoa que exigen acciones penales contra los responsables de los daños irreparables en contra de las comunidades, los y las defensoras y el ambiente, perpetrados por la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecotek en Tocoa, Colón. Es necesario que el Estado de Honduras, revoque inmediatamente las licencias ambientales otorgadas a los proyectos ASP Y ASP2, que cancele todas las concesiones del megaproyecto Pinares Ecotek, la planta peletizadora y la planta termoeléctrica Ecotek que destruyen la zona núcleo del parque nacional Carlos Escaleras y contaminan los ríos San Pedro, Gran Río Aguán y Guapinol.
Con la aprobación del Decreto 18-2024, esperamos que se haga justicia para las comunidades de Tocoa, Colón y sea un precedente para que la justicia se expanda en todo el país, que se cancelen todos los proyectos extractivos que dañan nuestro ambiente, nuestra vida. Mientras eso sucede continuaremos gritando en las calles: ¡Sí a la Vida, No a la Minería!
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 13 de mayo de 2024
