#AlertaUrgente │ Policía Nacional y Militar ejecuta desalojo contra asentamientos campesinos Las Cuencas y 12 de enero

Hoy, 14 de mayo de 2025, a las 6 de la mañana un fuerte contigente policial y militar llegó a los asentamientos campesinos Las Cuencas y 12 de enero para ejecutar un desalojo contra más de 40 familias que se encuentran en un proceso de reocupación de tierras.

El desalojo se desarrolló de forma violenta, más de 400 policías y militares se apersonaron en el lugar, destruyeron y quemaron las casas y cultivos que habían en el territorio. Hasta horas de la tarde se mantuvo un operativo policial en la zona impidiendo que las y los defensores puedan ingresar al asentamiento.

De acuerdo a la información recibida, en el asentamiento 12 de enero no se presentó orden de desalojo. Tal como informábamos ayer en alerta temprana, estos desalojos responden a intereses privados impulsados por terratenientes vinculados a Industrias Corona, empresa en la que participa el empresario Abufele Salomon.

La Red Nacional de Defensoras denunciamos esta acción contra las comunidades campesinas que atenta contra su derecho a la tierra y el territorio y la soberanía alimentaria.

Exigimos al Estado, al Instituto Nacional Agrario celeridad en otorgamiento de títulos comunitarios para evitar que más vidas se pongan en riesgo a través de desalojos violentos.

Repudiamos los actos de intimidación, hostigamiengo y destrucción que la Policía Nacional y Militar han ejecutado contra los asentamientos campesinos de Las Cuencas y 12 de enero.

Alertamos a las organizaciones del movimiento social, feministas y de derechos humanos a estar alertas ante esta situación.

#AlertaUrgente │Amenaza de desalojo violento y robo de piezas ancestrales al Pueblo Garifuna.

Guardias de seguridad privada ingresaron con violencia al territorio reocupado Centro de Saberes Ancestrales “Hachari Wayúnagu”.

Hoy 14 de mayo a partir de las 5:00 am alrededor de cinco vehículos con agentes de seguridad privada y la OABI irrumpieron en la reocupación que mantiene la OFRANEH para resguardar piezas ancestrales que fueron robadas y traficadas por el Canadiense Randy Jorgensen durante años.

En este momento la seguridad privada continúa en la comunidad impidiendo el paso de personas de las comunidades cercanas que se han movilizado a proteger la reocupación. Según información de defensoras y defensores de la OFRANEH ingresó un hombre extranjero que les tomó fotografías.

Los guardias de seguridad y agentes policiales con actitud intimidante dijeron a miembros de la comunidad que esperan la orden de un juez para proceder con el desalojo.

Exigimos al Estado de Honduras que se haga responsable y proceda en contra de quienes amenazan, pretenden intimidar y desalojar al pueblo garifuna de su territorio.

A las organizaciones del movimiento social y de derechos humanos a nivel nacional e internacional hacemos un llamado a estar alertas y en solidaridad permanente con la OFRANEH quien defiende sus derechos ancestrales como pueblo.

#AlertaUrgente │ Amenaza de desalojo contra la empresa campesina Las Cuencas y la base 12 de Enero de la CNTC-El Progreso.

Hoy, 13 de mayo de 2025, alertamos sobre una amenaza de desalojo contra la empresa campesina Las Cuencas, que aglutina aproximadamente a 25 familias organizadas en un proceso de recuperación de tierras sostenido durante casi cuatro años. En esta misma situación se encuentra la base campesina 12 de Enero, conformada por 17 familias, ya que comparte territorio con Las Cuencas. Ambas organizaciones podrían ser gravemente afectadas por esta acción que violenta su derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria por la que han trabajado a lo largo de estos años.

Según la información proporcionada por las defensores y defensoras miembras de la CNTC-El Progreso este nuevo intento de desalojo está siendo impulsado por terratenientes vinculados a Industrias Corona, empresa en la que participa el empresario Abufele Salomón.

Los desalojos, y amenazas de ejecutarlos, reflejan un patrón sistemático de hostigamiento, violencia e incluso desplazamiento forzado contra comunidades campesinas que luchan legítimamente por el acceso a la tierra.

Denunciamos públicamente esta nueva amenaza de desalojo y exigimos al Estado de Honduras que garantice la seguridad, la integridad y los derechos humanos de todas las familias organizadas en Las Cuencas y 12 de Enero. El Estado es responsable de poner un alto a los desalojos y dar pronta respuesta a las demandas de las y los campesinos.

Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a estar alertas ante esta situación contra las empresas campesinas.

¡No más desalojos!
¡La tierra es de quien la trabaja!

15 AÑOS ARRECIANDO JUNTAS LA ESPERANZA informe situación de defensoras en Honduras 2024

  • En 2024, documentamos un total de 2,735 agresiones contra defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y comunidades en Honduras, más del 80% contra quienes defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes.

El 29 de abril de 2025, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presentamos nuestro informe “15 años arreciando juntas la esperanza, informe situación de defensoras en Honduras 2024” que presenta un análisis exhaustivo sobre las agresiones contra defensoras, sus organizaciones y comunidades durante 2024, además de hacer memoria de los 15 años de trayectoria de la Red.

A lo largo de más de una década, las tendencias se mantienen: entre 2010 a 2023, al menos el 50% de las agresiones que registramos fueron dirigidas contra defensoras de la tierra y el territorio seguido por las agresiones contra quienes defienden el derecho a defender derechos; y al de la verdad, justicia y reparación.

Asimismo, se sostiene la tendencia de los perpetradores, pues durante estos 15 años los representantes del Estado: policías, militares y autoridades públicas ocupan más del 50% del total histórico de quienes agreden a las defensoras. Y los tipos de agresión más frecuentes fueron el hostigamiento, las amenazas y la vigilancia. Es decir que, el estado de alerta y de sensación de peligro en el que viven las defensoras es permanente.

En cuanto a los departamentos con más agresiones en tendencia son Francisco Morazán, Colón, Atlántida y Cortés.

Los datos de 2024

En el 2024, registramos un total de 2,735 agresiones en contra de defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y comunidades. Un incremento del 1.8% respecto al 2023 que se registraron 2,687 agresiones. De acuerdo con los datos, se observa una tendencia de crecimiento progresiva en las agresiones registradas en los últimos 15 años, que se relaciona también con la sofisticación del sistema de registro.   

El 32% de las defensoras, ante la crisis nacional, realiza trabajo de base y movilización permanente, mientras el 12% son campesinas y agricultoras. Por lo que se su labor se complejiza ya que no solo defienden causas colectivas, sino que también deben garantizar la seguridad y bienestar de sus familias.

Del total de agresiones, el 82% fueron colectivas que provienen de desalojos, ataques durante acciones de movilización, plantones, cabildos abiertos, encuentros de mujeres, conferencias de prensa, campañas de desprestigio a través de redes sociales, medios de comunicación y vocerías institucionales.

Asimismo, el 11% de las agresiones fueron personales, es decir, contra la defensora por su actuación política. Y el 7% fueron dirigidas contra las organizaciones.

En 2024, el 81% de las defensoras más agredidas fueron quienes luchan por la tierra y el territorio, el medio ambiente y bienes naturales. Las políticas de despojo y la dinámica extractivista continúan teniendo raíces profundas y sostenidas.

Además, identificamos que la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) se sitúan entre las organizaciones que más ataques registran, pues son quienes están en la confrontación con los megaproyectos extractivos y sus principales ejes de lucha convergen con la defensa de la tierra y el territorio y los bienes comunes.

Respecto a dónde ocurrieron las agresiones, documentamos que el 27% de ellas, 729, ocurrieron en Atlántida, departamento con presencia de comunidades organizadas en la OFRANEH. Le sigue Francisco Morazán con un total de 432 agresiones conectadas a la centralización de las instituciones estatales donde las organizaciones exigen respuestas a sus problemáticas. Y, en tercer lugar, Colón, donde han ocurrido 343 agresiones y la lucha histórica por la tierra y contra los megaproyectos extractivos continua presente. 

El derecho más vulnerado de las defensoras es el de la integridad personal, bajo el cual registramos 1,158 agresiones durante 2024. El 46% de las agresiones bajo esta categoría incluyeron hostigamiento, seguido de violencia, física o psicológica y el uso excesivo de la fuerza. En el caso de las agresiones que atentan contra el derecho a la vida, en 2024 registramos ocasiones en las que hubo disparos directos contra la humanidad de compañeras y sus familias, como en Choluteca, el Aguán, Triunfo de la Cruz y Nueva Armenia. La más grave y alarmante expresión de violencia.

Acerca de los agresores y perpetradores, documentamos que el 41% de las agresiones estuvieron en manos de policías, militares y autoridades públicas. El 15% de los agresores fueron desconocidos y un 9% fueron agentes de seguridad privada quienes, en muchas ocasiones, son contratados por empresas e industrias extractivas para su protección.

Finalmente, el informe profundiza en la violencia que viven las defensoras por su ejercicio político, por ser mujeres y parte de las disidencias sexuales y reconocemos el impacto que estas violencias generan en el territorio cuerpo de las defensoras y como hemos construido comunidades de defensoras para nuestro cuidado y protección en el marco de las estrategias políticas de nuestra visión como Red de Defensoras.

Este informe no solo presenta datos, sino que refleja el día a día de las defensoras de nuestro país, nuestras compañeras. Reconocemos nuestro camino andado en estos 15 años y agradecemos a quienes continúan arreciando la esperanza de nuestro proyecto político.

#AlertaUrgente │La Policía Nacional detiene de manera arbitraria a miembro de la OFRANEH en Roatán.

Hoy 17 de abril de 2025, el defensor José David Johnson Perez fue detenido por la policía cuando se dirigía al hospital en busca de atención medica por una emergencia obstétrica de su esposa. La policía nacional en un operativo de tránsito le indicó detenerse, en ese momento los agentes policiales le exigieron entregar su celular, a lo que él se negó, en ese momento la policía procedió a arrebatar y revisar su celular, de forma inmediata lo esposaron y llevaron a la posta policial de Roatán.

Miembros de la OFRANEH, se movilizaron de forma inmediata para dar acompañamiento; mientras documentaban el estado de su compañero fueron amenazadas con quitarles su celular si tomaban fotografías.

José David Johnson, ha expresado que durante la agresión y detención ilegal, la policía le dijo que sabía que era uno de los líderes que acompañaba las acciones de protesta, comentario que también les hicieron a sus compañeras en la posta Policial.

Nos preocupa la agresión continua de la institución policial en contra del pueblo garífuna organizado en la OFRANEH, esta nueva detención se da en el contexto de la presentación de habeas corpus por la desaparición forzada del joven Max Gil Castillo el 12 de abril.

Exigimos la liberación inmediata del defensor José David Johnson Perez y responsabilizamos a la policía nacional y al Estado de Honduras por su seguridad y su vida.

A las organizaciones de derechos humanos y movimiento social nos llamamos a estar pendientes y a solidarizarnos frente a estos ataques sistemáticos que enfrentan las defensoras y defensores de la OFRANEH.

#AlertaUrgente │Integrantes de la OFRANEH enfrentan obstáculos y negativas para interponer denuncia en Centro Integrado de San Pedro Sula.

Integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña se movilizaron al Centro Integrado (CEIN) del Poder Judicial en la Ciudad de San Pedro Sula para interponer una denuncia por la desaparición Forzada de Max Gil Castillo Mejía, actualmente desaparecido desde el día sábado 12 de abril del presente año, en la Colonia Jerusalén, Jurisdicción de San Pedro Sula, en dicho centro enfrentaron varios obstáculos y negativas para la presentación de la denuncia. Finalmente, luego de insistir sobre la gravedad de la situación hace unos minutos ha sido recibida.

Denunciamos este tipo de acciones que favorecen la impunidad y demoran la búsqueda y protección de la vida de las personas. Hacemos un llamado a la organizaciones e instancias de derechos humanos a mantenernos alertas ante las acciones de exigencia de la aparición con vida de Max Gil Castillo y hacer eco de las acciones que impulsa la OFRANEH.

OFRANEH 228 AÑOS

El 12 de abril de 2025 se cumplen 228 años de la llegada del pueblo garífuna a Honduras y desde nuestra estrategia de Registro y documentación presentamos el artículo: OFRANEH 228 años.

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) es una de las más históricas del país, con más de 40 años de trayectoria en la lucha de la defensa de los derechos territoriales y culturales del pueblo garífuna.

En este día de memoria y alegría del pueblo garífuna y su organización, la OFRANEH, reconocemos la digna lucha del pueblo garífuna que ha sostenido antes incluso de que Honduras fuera reconocida como Estado-Nación.

Presentamos datos importantes sobre su lucha en defensa de sus derechos y evidenciamos que el pueblo garífuna continúa enfrentándose al racismo estructural, el despojo territorial y una política de exterminio.

Hoy, 12 de abril de 2025, sigue la consigna: Nada porque celebrar, mucho porque luchar.

Leer y descargar el artículo aquí:

Las feministas seguimos luchando por nuestra vida y autonomía

Este lunes, 7 de abril de 2025, en la Corte Suprema de Justicia se desarrolló una audiencia de prácticas de pruebas en el marco de una demanda interpuesta contra el Estado de Honduras por la legalización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE).

Esta demanda contra el Estado fue interpuesta por la organización conservadora «Alianza por la familia» con el argumento de que la liberación y uso de la PAE constituye un «abuso de autoridad» puesto que, según esta organización, la pastilla «es abortiva» y la Constitución prohíbe el aborto.  

Ante el inminente riesgo de volver a prohibir la PAE, y en la misma trayectoria de lucha que por décadas hemos sostenido, un nutrido grupo de organizaciones de mujeres y feministas realizamos un plantón para exigir y defender nuestros derechos sexuales y reproductivos y denunciar a los grupos de antiderechos que siguen intentando incidir en nuestras vidas y cuerpos y atentar contra el Estado laico.

Por más de diez años, la PAE permaneció prohibida, tiempo en el que no dejamos de luchar hasta que en el 2022 mediante el decreto ejecutivo 75-2023 se restituyó el uso de la píldora de emergencia. Desde su prohibición en 2009 hasta 2021, más de 12 mil niñas menores de 15 años y casi 300 mil niñas de 15 a 18 años han sido madres en Honduras, muchas de ellas de manera forzada, según datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

La legalización de la PAE ha sido uno de los pocos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en el país gracias a la lucha incansable de las mujeres. Sin embargo, es responsabilidad del Estado defender ese derecho para garantizar la salud sexual y la justicia para las hondureñas de todas las clases sociales y edades. Debe garantizar que nada sobre nosotras se decida sin nosotras a puertas cerradas en una Corte que hemos expuesto, misógina, clasista y racista.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras estuvimos presentes en esta nueva jornada de lucha para que el libre uso de la PAE sea un derecho que alcance para todas.  

Ya basta de poner por encima de nuestra autonomía, los credos religiosos y las posturas conservadoras. Iglesia y Estado separados: la PAE es un derecho humano.

#AlertaUrgente │ Juez de Letras de Roatán, Hermes Benigno Pineda, emite auto de formal procesamiento en contra de 4 personas defensoras, entre ellas una defensora del Pueblo Negro de Habla Inglesa.

El 20 de marzo de 2025, en audiencia inicial, el Juez Hermes Benigno Pineda, emitió auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas en contra de tres personas defensoras, entre ellas una defensora; dos por el delito de incendio y una por el delito de daños.

Asimismo, se logró establecer la mínima participación de uno de los defensores y el resto de imputados permanecerán con sobreseimiento provisional. Es decir, que al menos 4 personas de la comunidad seguirán en un proceso judicial que violenta su derecho a defender su territorio.

Una vez más, el sistema judicial y el Ministerio Público utilizan figuras penales para criminalizar y judicializar a defensoras y defensores de la tierra y el territorio para favorecer a terceros mediante el despojo y desplazamiento de los pueblos indígenas y negros del país.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras repudiamos la decisión del juzgado de no cerrar el proceso y persecución contra las y los defensores del Pueblo Negro de Habla Inglesa.

Exigimos al Estado de Honduras investigar, reconocer y garantizar el derecho al territorio ancestral ubicado en la comunidad Diamond Rock, Islas de la Bahía, que históricamente ha permanecido bajo el resguardo de la familia McLaughlin y pretende ser usurpado por terceros ajenos a la comunidad.

Exigimos un alto a la criminalización, racismo y la política de exterminio en contra del pueblo indígena negro.

#AlertaUrgente | Policia Militar hostiga y amenaza plantón pacífico en audiencia contra 13 personas defensoras del Pueblo Negro de Habla Inglesa

Para el jueves 20 de marzo de 2025, esta programada la audiencia para emitir el fallo en el caso de 13 personas defensoras del Pueblo Negro de Habla Inglesa criminalizadas por defender su derecho a la tierra-territorio ancestral.

Un contigente de la Policía Militar con armas de grueso calibre se ha hecho presente en el lugar donde defensoras y defensores garífunas y del pueblo negro de habla inglesa mantienen un plantón pacífico para exigir justicia para los y las defensoras injustamente criminalizadas.

Denunciamos que, hasta esta hora 12:13 p.m., la audiencia no ha sido iniciada por el Juez Hermes Benigno Pineda del Juzgado de Letras de Roatán. Además, las y los defensores han denunciado que un agente policial de apellido Martínez ha desenfundado y cargado su arma para amenazar a uno de los defensores presente.

La Red Nacional de Defensoras exigimos que se garantice la seguridad e integridad física de las y los defensores que bajo su legítimo derecho a la libre manifestación exigen libertad y justicia para los 13 defensores criminalizados.

Hacemos un llamado a organizaciones del movimiento social, feminista, de derechos humanos a denunciar el hostigamiento militar en contra del pueblo garífuna y negro de habla inglesa.