El martes 23 de julio de 2024, se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de La Ceiba sala tercera, la Audiencia de Proposición de Medios de Prueba para el caso de Nolvia Albertina Obando Turcios, defensora de la tierra y territorio, criminalizada y judicializada injustamente por el delito de usurpación.
El Ministerio Público, representando al Estado, presentó ante el Tribunal, seis pruebas testificales entre las que se incluye al terrateniente y el capataz del terreno “supuestamente usurpado”, tres agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), la jefa de Catastro de la municipalidad de Jutiapa, Atlántida y dos agentes policiales que actuaron como jueces ejecutores en dos desalojos en la aldea La Bomba, Atlántida.
Ante esto, la defensa legal de nuestra compañera, objetó que las pruebas testificales propuestas eran desproporcionales, puesto que testificarán sobre los mismos hechos y eso es una estrategia para sorprender al juzgado. Por su parte, la acusadora privada, presentó sus medios de manera oral, no llevaba documentos ni los entregó a la secretaria de la Sala, como es el procedimiento; aun así, declaró pruebas testificales de tres agentes de la DPI que estuvieron presentes en un desalojo, y en la detención y captura violenta de Nolvia Obando. A pesar de las objeciones ante estos despropósitos, por parte de la abogada defensora Kenia Oliva, el Tribunal admitió todas las pruebas testificales y documentales del Ministerio Público y de la acusadora privada.
El Ministerio Público demostró un ánimo entusiasta representando al denunciante, la funcionaria en algunos momentos de la audiencia relata los hechos como si estuvo presente; especialmente al referir supuestas acciones violentas, actuando de una manera abiertamente parcializada. Durante esta audiencia, presenciamos el uso de las diligencias investigativas y declaraciones testificales de la Policía Nacional para perseguir, acusar y criminalizar a una persona por el delito de usurpación, específicamente a una mujer campesina defensora de la tierra y el territorio, práctica que como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos hemos denunciado en múltiples ocasiones.
Es importante recordar que la Corte Suprema de Justicia continua sin resolver el Recurso de Amparo interpuesto, hace más de un año, a favor de Nolvia Albertina Obando Turcios, por considerarse que la Corte Primera de Apelaciones Segunda de la Ceiba violó las garantías procesales de la defensora. Esta falta de respuesta hace que se vuelva difícil la reparación de los derechos de nuestra compañera.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que “el uso de tipos penales como incitación a la violencia, usurpación, injurias y calumnias son los más empleados para criminalizar a personas defensoras de los derechos humanos, en especial a quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio”, de acuerdo a su Informe Situación de Derechos Humanos en Honduras, 2024.
Asimismo, recalcó que “la criminalización a través del uso indebido del sistema penal continúa siendo una práctica recurrente de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Honduras” por lo que recomendó al Estado de Honduras revisar y ajustar estas figuras penales comprendidas en el Código Penal Vigente.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, reiteramos a la institucionalidad pública y a los entes judiciales que Nolvia Obando y el Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, no son criminales ni usurpadoras, son mujeres campesinas que defienden su derecho a la tierra y alimentación y que las acuerpamos de manera contundente.
La crisis alimentaria en el país y el nulo acceso a la tierra, llevaron a Nolvia y el grupo Las Galileas a ingresar a un predio abandonado que creían que era parte de un decreto de expropiación del año 2012, es decir, que eran propiedad del Estado en el marco de la Ley de Reforma Agraria; el Instituto Nacional Agrario debió delimitar de forma clara y precisa dicho terreno expropiado.
El juicio oral y público se programó para el lunes 12 de agosto de 2024 a las 9:00 a.m. El Ministerio Público debe investigar los hechos, actuar con objetividad y velar por la justa aplicación de la ley y no actuar como defensa de los intereses privados.
Continuamos exigiendo libertad total para Nolvia y justicia para Las Galileas.
Nolvia Obando no debe ir a juicio porque es inocente y siempre ha sido inocente.
