Este lunes, 7 de abril de 2025, en la Corte Suprema de Justicia se desarrolló una audiencia de prácticas de pruebas en el marco de una demanda interpuesta contra el Estado de Honduras por la legalización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE).
Esta demanda contra el Estado fue interpuesta por la organización conservadora «Alianza por la familia» con el argumento de que la liberación y uso de la PAE constituye un «abuso de autoridad» puesto que, según esta organización, la pastilla «es abortiva» y la Constitución prohíbe el aborto.
Ante el inminente riesgo de volver a prohibir la PAE, y en la misma trayectoria de lucha que por décadas hemos sostenido, un nutrido grupo de organizaciones de mujeres y feministas realizamos un plantón para exigir y defender nuestros derechos sexuales y reproductivos y denunciar a los grupos de antiderechos que siguen intentando incidir en nuestras vidas y cuerpos y atentar contra el Estado laico.
Por más de diez años, la PAE permaneció prohibida, tiempo en el que no dejamos de luchar hasta que en el 2022 mediante el decreto ejecutivo 75-2023 se restituyó el uso de la píldora de emergencia. Desde su prohibición en 2009 hasta 2021, más de 12 mil niñas menores de 15 años y casi 300 mil niñas de 15 a 18 años han sido madres en Honduras, muchas de ellas de manera forzada, según datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
La legalización de la PAE ha sido uno de los pocos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en el país gracias a la lucha incansable de las mujeres. Sin embargo, es responsabilidad del Estado defender ese derecho para garantizar la salud sexual y la justicia para las hondureñas de todas las clases sociales y edades. Debe garantizar que nada sobre nosotras se decida sin nosotras a puertas cerradas en una Corte que hemos expuesto, misógina, clasista y racista.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras estuvimos presentes en esta nueva jornada de lucha para que el libre uso de la PAE sea un derecho que alcance para todas.
Ya basta de poner por encima de nuestra autonomía, los credos religiosos y las posturas conservadoras. Iglesia y Estado separados: la PAE es un derecho humano.
El 11 de marzo de 2025, en los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se desarrolló la audiencia inicial en contra de los imputados: Víctor Bernardez, Fernando Manacés y Douglas Alvarenga, empleados de la empresa Pinares Ecotek acusados por explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados contra el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía.
La audiencia se desarrolló sin la presencia de los imputados debido a que, según el argumento de la defensa, “no se les giró convocatoria y no había vuelos de La Ceiba para poder viajar y estar a la hora” que se desarrollaría la audiencia en Tegucigalpa. Esto a pesar de que desde el 28 de febrero había sido programada la audiencia inicial.
Cabe mencionar que, ese mismo 28 de febrero, en la audiencia de declaración de imputados, el juez dictó medidas distintas a la prisión para los tres imputados debido a una fianza de seis millones que los imputados ofrecieron para poder defenderse en libertad y con la consideración de que pudieran firmar en cualquier juzgado que esté cerca de su lugar de residencia.
Por otra parte, durante el desarrollo de la audiencia (que tampoco fue transmitida en vivo para la observación pública), la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó abandonar la sala debido a que no venían preparados, ni sabían nada del caso; una negligencia y abuso de la PGR en un caso que tiene más de 20 mil folios, de acuerdo al equipo legal representante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
La ignorancia y falta de interés en este caso demuestra la irresponsabilidad de una institución estatal que debe garantizar una investigación integral para garantizar la justicia para el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, para Juan López, los Ríos Guapinol y San Pedro y las comunidades afectadas por la estructura criminal que se ha mantenido en Tocoa por más de diez años para favorecer a los proyectos extractivistas de Pinares/Ecotek.
Además, la defensa legal de los imputados intentó establecer que el juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción no tenía competencia sobre el caso porque los hechos se habían realizado antes de que existiera este juzgado que se formó en el 2024, sin embargo, el juez reiteró que el juicio se llevaría a cabo en ese tribunal. Esto tenía como intención que el juicio se desarrollará en el juzgado de letras de Tocoa, donde se han denunciado irregularidades en procesos de criminalización contra defensoras y defensores y en casos relacionados a denuncias interpuestas contra Pinares/Ecotek.
La Red Nacional de Defensoras hemos acompañado y observado varios procesos judiciales en contra de nuestras compañeras defensoras y defensores, campesinas, indígenas, luchadores y luchadoras que se oponen a empresas millonarias extractivistas y que por ello acaban siendo criminalizadas y judicializadas. Y en esos procesos de criminalización hemos observado como hay un trato desigual, privilegiado y diferenciado cuando los imputados son empresarios, empleados o aliados de empresas o megaproyectos extractivistas; se suspenden las audiencias sin previa notificación, se cambian los jueces, se otorgan medidas que favorecen a los imputados y se alargan los procesos para aumentar la angustia, la zozobra y ralentizar la aplicación de la justicia para quienes violentan los derechos de las defensoras, defensores y sus comunidades.
En 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por el “carácter estructural de impunidad que sería del 90% cuando se trata de delitos cometidos contra personas defensoras” por lo que continúa siendo un desafío el avance en la investigación y sanción de las personas que los cometen, de acuerdo al informe Situación de Derechos Humanos en Honduras de la CIDH, 2024.
Por ello, es importante el acompañamiento, acuerpamiento y la presencia de las organizaciones y movimientos sociales en las audiencias judiciales para ejercer presión en la celeridad, las obligaciones y responsabilidades de los entes judiciales para resolver los crímenes contra las defensoras, defensores y sus comunidades.
El 3 de marzo de 2025, Hedme Castro, defensora de derechos humanos organizada en ACI-Participa, presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por injurias y calumnias en contra de Marlon Varela, actual gerente de Aduanas y candidato a alcalde de El Triunfo, Choluteca. El 25 de febrero, Marlon Varela acusó directamente a la defensora de participar en actos de corrupción y lucrarse de su labor en defensa de los derechos humanos.
Esta agresión surge luego de que Adán Funez, alcalde de Tocoa, Colón, apareciera en un foro televisivo y acusara de forma directa a las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, como posibles asesinos de Juan López, defensor de los bienes comunes y naturales. Marlon Varela, a través de su red social Facebook, apoyó esta narrativa y acusó a las organizaciones de “alegrarse de estos casos”, profiriendo también mensajes de odio y acusaciones graves en contra de la defensora.
Hedme Castro, cuestionó “cómo un funcionario público puede dirigirse a una defensora de derechos humanos que no conoce […] a deshonrar su nombre, trabajo y ponerla en riesgo. Es terrible que personal del Gobierno actual actúe de forma amenazante” expresó.
Desde el 2023, Hedme Castro y su núcleo familiar, cuentan con medidas cautelares tras considerar que se encuentran en una situación de riesgo, gravedad y daños irreparables a sus derechos humanos. Sin embargo, Hedme denunció el mal funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección para proteger y resguardar la vida de los y las defensoras que están en riesgo.
En 2024, el hostigamiento, las amenazas y la violencia psicológica representaron el 38% de las agresiones en contra de las defensoras de derechos humanos, de acuerdo a nuestros datos de registro y documentación. El 43% de agresiones estuvieron en manos de la policía y autoridades públicas.
En el último año hemos documentado un aumento en las agresiones digitales, siendo las campañas de desprestigio, la divulgación de hechos falsos y amenazas las más comunes que se utilizan con la intencionalidad de agredir directamente a las defensoras y desarticularlas de sus organizaciones o comunidades.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, repudiamos estas acciones del gerente de Aduanas y aspirante a alcalde, Marlon Varela, que atentan contra la integridad y seguridad de la defensora Hedme Castro y violenta a organizaciones de derechos humanos desacreditando nuestra labor y exigencia de justicia para nuestros compañeras y compañeros asesinados por defender la vida.
Exigimos un alto a las agresiones, amenazas y toda forma de violencia en contra de los y las defensoras de derechos humanos, especialmente de quienes se supone deben salvaguardar al pueblo y procurar la seguridad de los y las defensoras.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, presentamos la novela gráfica «Hasta Abrazarnos» la historia de nuestra compañera Mary Elizabeth Martínez Castro, mujer y buscadora hondureña organizada hace 11 años en la Asociación Hondureña de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe (AFAHMIDEAF), que se atrevió a expresar los dolores, deseos y recuerdos que, desde La Siguata, casa de sanación de la RNDDH, acompañamos.
«Hasta abrazarnos» es el resultado de uno de los procesos desarrollados en nuestra casa de sanación La Siguata, que promueve la sanación a través de la palabra y la escritura donde se honra la verdad y la historia de Mary; es la tercera publicación de la colección literaria «Palabras Vivas» como una forma de reivindicar nuestro ejercicio y derecho político de sanar.
La presentación se dio en la casa cultural La Ilimitada, centro de Tegucigalpa, con la familia, amistades y compañeras de Mary que mediante el arte, la palabra, la música y el amor honramos su historia y vida, reconociendo la fuerza, pasos, caminos y energías en la búsqueda de su hijo Toño.
En conferencia de prensa, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, exigió al Ministerio Público y al fiscal general, Johel Zelaya, la investigación y procesamiento de la estructura criminal detrás del asesinato del compañero y ambientalista, Juan López y la instalación irregular del megaproyecto minero-energético Pinares Ecotek.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, junto a organizaciones y personas convocadas por la causa, acuerpamos a nuestras compañeras y compañeros del Comité exigiendo justicia para Juan y una investigación pronta y diligente de los delitos, actos de corrupción y abusos de poder que permitieron y facilitaron la instalación de este megaproyecto extractivista que ha provocado graves daños ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía y fundado violencia y agresiones en contra de las comunidades que defienden los bienes naturales.
Para hoy, estaba programada una audiencia contra ex empleados de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Tocoa, concerniente a la explotación ilegal y daños ambientales causados por Pinares-Ecotek en perjuicio del Parque Nacional Montaña de Botaderos, los Ríos Guapinol y San Pedro y otros cuerpos de agua vinculados a la zona protegida. Sin embargo, esta audiencia fue reprogramada para el 20 de marzo de 2025, por causas que no son del movimiento.
Esta audiencia responde a un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público a 10 días del asesinato de Juan López, en el que hay trece imputados relacionados a la UMA de Tocoa, el Instituto de Conservación Forestal de Gualaco, municipio de Olancho y cuatro imputados de Pinares Ecotek que continúan prófugos de la justicia, entre ellos Lenir Pérez, propietario de Inversiones Los Pinares.
Además, para el 27 de febrero estaba programada la audiencia contra Norma Agripina García, actual secretaria de la municipalidad de Tocoa, acusada de falsificar acta de cabildo abierto de 2016 para incluir información falsa sobre la aprobación de proyectos mineros a favor de Inversiones Los Pinares, pero fue pospuesta. Asimismo, el 4 de marzo se desarrollaría la audiencia preliminar contra tres de los presuntos asesinos materiales de nuestro compañero, Juan López. Su asesinato ocurre en un contexto de oposición contra la minería y denuncias hacia una institucionalidad estatal/municipal que actúa en favor de intereses privados y capitalistas.
De acuerdo al Comité, estos casos de corrupción y delitos están estrechamente relacionados y muestran como los funcionarios municipales de Tocoa han sido clave para garantizar el avance del megaproyecto de Pinares/Ecotek a pesar del rechazo de las comunidades afectadas. Además, las personas judicializadas no responden a intereses individuales sino a una estructura criminal en la que se ha señalado al actual alcalde de Tocoa, Adán Funez.
Recientemente, Adán Funez, quien lleva más de 20 años en la municipalidad de Tocoa, negó en un foro televisivo que él hubiera aprobado concesiones o permisos ambientales a Inversiones Los Pinares, que existiera contaminación y daño ambiental en los Ríos Guapinol y San Pedro y que no tenía responsabilidad en el asesinato del defensor, Juan López. Esto a pesar de que el medio internacional Infobae, lo vinculó directamente al sicario que le arrebató la vida a Juan, según pruebas testimoniales; Fúnez, además se atrevió a señalar a los compañeros de lucha de Juan como posibles asesinos del mismo, al quien, como precisó le hicieron una emboscada.
Para la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Comité Municipal de defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa, las organizaciones y personas que acompañamos y acuerpamos la lucha en contra de los megaproyectos extractivistas y capitalistas, es indignante que el Ministerio Público y el Estado no demuestre una intención para desmantelar, investigar y enjuiciar a la estructura criminal y todos los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Juan López, los crímenes contra los y las defensoras de Guapinol y San Pedro y los delitos vinculados al proyecto destructor de Pinares/Ecotek, y sólo hagan declaraciones o acciones de muy poca importancia ante tal hecho.
El Estado debe desarrollar una investigación integral y no de forma aislada de los crímenes contra defensoras y defensores de Tocoa. Además, debe garantizar el cumplimiento del decreto 18-2024 que declara las áreas naturales protegidas del país libres de minería a cielo abierto y recupera y protege la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, un logro de la lucha de los y las defensoras que defienden la vida, y debe cerrar la empresa por ilegal.
El pasado 7 de febrero, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto a organizaciones feministas, acompañamos y acuerpamos a familiares de Keyla Martínez y a su madre Norma Rodríguez, en un plantón organizado frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia y castigo para los responsables del feminicidio de Keyla.
Ese día se cumplieron 4 años desde el asesinato de Keyla Martínez, una joven enfermera llena de sueños y anhelos, a quién un agente policial le arrebató la vida en la posta policial #10 de la Esperanza, Intibucá, durante el estado de excepción declarado con el pretexto de la pandemia por Covid-19. Además, fue acusada de quitarse la vida ella misma y un despliegue policial fue cómplice para encubrir a los responsables de su feminicidio.
El único agente policial, enjuiciado y encontrado, culpable, Jarol Perdomo Sarmiento, fue liberado en 2024 debido a la recalificación del delito de feminicidio a homicidio, lo que implicó una disminución de la pena. Además, nunca se investigó la cadena de mando de la Policía Nacional que permitió y ocultó el feminicidio de Keyla.
En ese sentido, Norma Rodríguez, familiares y organizaciones que acompañamos en la demanda de justicia por el feminicidio agravado de Keyla Martínez, exigimos frente a la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa que se admita el recurso de casación que implica una repetición del juicio en contra de los implicados de forma directa e indirecta en el crimen, asignación de jueces con la preparación y experiencia en crímenes contra la vida de mujeres y violencia de género y la sanción contra jueces que cambiaron la tipificación del delito de feminicidio agravado a homicidio imprudente.
De acuerdo a declaraciones de Norma Rodríguez, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no han mostrado interés en volver a repetir el juicio, al contrario “ponen trabas o alargan el proceso para seguir protegiendo a la Policía Nacional porque no les conviene que Honduras sea castigado con una multa o sanción por haber violentado los derechos fundamentales de Keyla” en una institución estatal durante un estado de excepción. Asimismo, mencionó su intención de presentar el caso de Keyla ante organismos internacionales de derechos humanos si no había una respuesta pronta que garantice la justicia para Keyla.
En 2024, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM, registró 266 delitos contra la vida de los cuales 231 son muertes violentas de mujeres y niñas y 35 intentos de femicidios. Según este Observatorio, 34% de las mujeres asesinadas de forma violenta fueron jóvenes de edades entre 20 a 39 años y en 5 casos de muertes violentas los perpetradores fueron exmilitares, policías o personas con indumentaria militar.
Hasta el día de hoy, Honduras se mantiene bajo un Estado de Excepción como una política de seguridad nacional en manos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin resultados y con graves abusos de poder, agresiones, desapariciones forzadas y asesinatos.
Ante esto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras continuaremos exigiendo justicia por todas las asesinadas, desaparecidas y víctimas de la violencia machista, patriarcal y un Estado feminicida. Hoy y siempre recordamos a Keyla y seguiremos reafirmando que está presente ahora y siempre y que los feminicidas van a caer.
Nutrida estuvo la conferencia de prensa y posterior acción en la calle frente a la Casa Presidencial en la que, como ya es tradición, la presidenta no recibe a ninguna delegación, comisión o representación popular. Se busca, se busca, se busca presidenta que al pueblo atienda, se gritó ante los portones cerrados y custodiados por policía y la guardia presidencial.
La convocatoria de más de setenta organizaciones que respaldamos la urgencia para detener el nivel de violencia brutal que cada día destruye la vida en el Bajo Aguán se hizo presente en el centro de las oficinas del famoso centro cívico gubernamental en donde, para empezar no permitieron ingresar sonido, sino había una autorización; o sea lo de siempre con cualquier gobierno. La conferencia fue importante para denunciar una vez más y con datos y palabras de las mujeres que han perdido a sus familiares lo que cada día sucede, el terror del asesinato a mansalva contra la gente que pelea la tierra. La exigencia que se cumplan los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas, que hace tres años están paralizados, fue una de las demandas centrales, así como que se acompañe el regreso de las familias desplazadas y se detenga la agresión armada. La tierra no se vende, se cuida y se defiende.
En el Aguán, a partir de diciembre del 2024, los niveles de agresión de grupos armados ha aumentado no sólo en disparos y vandalismo contra las empresas Camarones, El Tranvío y El Chile, sino que estos perpetradores se publicitan en redes sociales, usan sus nombres en los medios que les son afines, y se refugian en comunidades donde otros civiles se ven envueltos en esta trama criminal; donde tienen el apoyo de grupos que se denominan defensores de derechos humanos, y que hacen la labor civil de esas acciones armadas. La situación ha llegado al grado de que toda la zona es de alto riesgo, el tránsito es peligroso, las clases se han parado en los centros educativos y la vida de cada campesina y campesino está en un hilo. Y eso ya ha sucedido con otros pueblos y luchas, pero el nivel que ha tomado en el Aguán es más que alarmante y sospechamos puede convertirse en una práctica generalizada en otros territorios, aunque hay experiencias similares. Hay que agregar que en esa zona se ha desplegado policía con equipos de defensa, pero cuya intervención es extrañamente lenta y peligrosamente ineficaz.
Esta mañana soleada de febrero, en Tegucigalpa, la delegación de al menos sesenta personas caminamos hasta la Casa donde se supone se encuentra la presidenta, pero quien salió a recibirnos fue un señor llamado Mario Roberto, de asuntos sociales, que se llevó la carta llevada por la delegación con las exigencias y demandas; y dijo que la haría llegar. Lo importante de este hecho fue, precisamente, que una vez más el movimiento social que, aun cuando puede tener militancia o afectos con el partido en el poder, encuentra de nuevo su lugar y recuerda que su propósito es cuestionar al gobierno y obligarlo a responder al pueblo que lo llevó a esas oficinas frescas y limpias.
El señor Roberto dijo que él subiría la carta y que dejaba su nombre y teléfono, por cualquier cosa, firmando de recibido en una fotocopia. Nunca mejor el comentario del señor: arriba está el poder, lejos e indiferente a lo que pasa aquí abajo.
El Aguán, y toda esa hermosa tierra costeña ha sido, por décadas, lugar de agresiones a la lucha de los pueblos garífunas, indígenas, campesinos y el motivo, por supuesto, siempre es la tierra y el territorio. Las empresas agroindustriales y mineras, los terratenientes, ganaderos en su insaciable avaricia arrebatando lo que no les corresponde, esquilmando al estado, depredando la naturaleza y engordando sus cuentas bancarias frente a miles de personas despojadas que necesitan cultivar, tener agua limpia y alimentar a la sociedad entera.
Nunca fue tan importante en este país reconocer la necesidad de poner encima de la politiquería, las válidas y autónomas propuestas de mundo de los pueblos indígenas y garífunas, para todas y todos los que somos pueblo. Nunca fue tan necesario recampesinizar el país, darle la importancia ineludible a la lucha campesina y su trabajo que sostiene la vida, o qué se supone que vamos a comer en el tiempo venidero.
En Honduras todo lo que está por la vida común, recibe golpes, balas, y cárcel, así matan a las mujeres, a las líderes ambientalistas, a los hombres de bien que quieren a las montañas. Y es por eso que una vez más nos toca a todas, todos y todes poner el hombro con el resto del cuerpo a las acciones que buscan la justicia que anhelamos en el campo y las comunidades que luchan. Su lucha es nuestra.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto a nuestras compañeras de la Red contra la violencia de Choluteca presentamos la canción “25 Soles”, un tema musical que nace de nuestro proceso de Sistematización y Pensamiento Crítico en el que organizaciones y defensoras miembras de la RNDDH han trabajado por más de 10 meses en un ejercicio de recuperación y memoria de nuestro caminar juntas defendiendo la vida.
La presentación se llevó a cabo en el marco del 25N, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, donde más de 500 defensoras nos reunimos en el centro de Choluteca para exigir un alto a todo tipo de agresiones a las que nos enfrentamos por exigir nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias.
Un momento justo para conmemorar y traer a la memoria el trabajo de la Red contra la violencia de Choluteca que por más de dos décadas se ha enfrentado contra la opresión patriarcal en el sur de Honduras. 25 soles, cuenta la historia de nuestras compañeras defendiendo la vida, la fuerza de las defensoras sureñas contra el patriarcado y nuestra propuesta política para poner nuestra voz en lo público a través del arte, la música y la escritura.
De acuerdo con nuestra compañera Carolina Campos, directora ejecutiva de la Red contra la violencia de Choluteca, esta canción define a su organización y a todas las mujeres del sur que son valientes y luchadoras y que necesitan que su fuerza sea visibilizada. «Este proceso ha sido hermoso, tanto personal como colectivo, nos ha traído memorias, encontrar por qué estamos en este camino, por qué seguimos, por qué nos quedamos y por qué vamos a seguir» expresó, Carolina.
De igual forma, Griselda Lupi, miembra de la Red Contra la Violencia de Choluteca se mostró agradecida y emocionada de compartir 25 soles con otras organizaciones y compañeras puesto que para ella esta canción significa mucho: «son 25 años de lucha, 25 años de posicionarnos en esta ciudad y el departamento de Choluteca y posicionarnos a nivel nacional un grupo de mujeres voluntarias luchando a favor de otras mujeres y de nuestros derechos» comentó.
La idea original de 25 soles surge por iniciativa de nuestras compañeras Carolina Campos y Elizabeth Pinel, quienes hicieron un trabajo exhaustivo durante el proceso de Sistematización para recuperar la historia de su organización y construir su versión de la misma. Se generaron documentos y reflexiones importantes a partir de ello y decidieron expresarlo en una canción que reflejara su trabajo y al mismo tiempo invitara a otras mujeres a juntarse, organizarse y enredarse en un enjambre de lucha contra la violencia y opresión.
«Surgieron cantidades de ideas de cómo hacer algo que nos representara y que al mismo tiempo se quedara grabado para el reconocimiento y el trabajo y desempeño para ya casi 25 años. Para nosotras significa recordar de dónde nacimos, lo que hacemos y lo que queremos para nosotras en nuestro futuro» comentó nuestra compañera Elizabeth Pinel respecto al proceso creativo de 25 soles.
El trabajo condensado en la canción fue sistematizado y organizado con el acompañamiento de nuestra compañera y miembra del equipo de la RNDDH, Melissa Cardoza, quien también compuso la letra de 25 soles y que por más de 10 meses ha coordinado el proceso de Sistematización con las participaciones de organizaciones miembras de la RNDDH como la Red Mariposas complejo Ramón Amaya Amador, la Red contra la violencia de Choluteca y las defensoras, Adalinda Gutiérrez y Juana Esquivel.
Nuestra compañera, Melissa Cardoza, definió 25 soles como una celebración y un reconocimiento para nuestras compañeras de la Red contra la violencia de Choluteca, pero también como una canción que habla mucho de la organización y de la colectividad y en ese sentido, es una propuesta para crear nuestras propias referencias artísticas que inviten a otras mujeres a juntarse, a compartir risas, café, rosquillas y construir otras formas de ser, de protegernos y enfrentar las violencias y los sistemas de opresión desde el goce y el disfrute.
En el marco de nuestros «14 años cuidando la vida rebelde y feminista» la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras desarrollamos el encuentro nacional de defensoras «Rebeldes y persistentes en el cuidado de la vida» del 27 al 30 de octubre de 2024.
Más de 100 defensoras de territorios y comunidades del norte, centro, sur y occidente del país nos encontramos en el Centro de Saberes Ancestrales Garífunas Hachari Wayunagu en Trujillo, Colón.
En este territorio reocupado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) descansamos, recuperamos fuerzas, expresamos nuestros dolores y vivencias y nos nombramos rebeldes y persistentes juntando nuestras energías y propuestas del cuidado de la vida en colectividad.
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El 12 de agosto de 2024, se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, el juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando, acusada injustamente por el delito de usurpación.
Un total de 60 defensoras y defensores de diferentes organizaciones miembras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) nos movilizamos hasta el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba para exigir la libertad total de nuestra compañera Nolvia Obando, quien desde 2023 está siendo judicializada y criminalizada por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Ahí estuvieron presentes membresía de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), defensoras de Zacate Grande, la Red de Mujeres del Progreso (Remupro), la Central Nacional de Trabajadoras del Campo (CNTC), la Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (Apomuh), entre otras, para manifestar que Nolvia es inocente y apoyarla con su presencia.
A las 9 de la mañana empezó el juicio oral y público y antes de comenzar a evacuar las pruebas y presentar el planteamiento acusatorio, la secretaria de la sala informó al Tribunal que el 9 de agosto, el Ministerio Público, como ente acusador, presentó una petición para que no se transmitiera el juicio en vivo a través de las redes sociales del Poder Judicial ya que sus testigos manifestaron que temían por su seguridad, incluso para ser trasladados hacia la ciudad pidieron protección policial.
La abogada y defensa legal de Nolvia, Kenia Oliva, objetó la petición de suspender la transmisión en vivo puesto que dicha decisión obstaculizaría el debido proceso: “Entenderíamos el planteamiento del Ministerio Público si se tratara de un caso de criminalidad organizada, sin embargo, este es un caso de mujeres campesinas a las que el Ministerio Público ha acusado de un delito de usurpación” ─ argumentó, la abogada defensora.
El Tribunal decidió valorar la solicitud y procedió a entrevistar a los testigos, quienes expresaron “temor de ser visualizados en otros lados del país por su labor”. El Tribunal accedió a proteger la imagen de los testigos, sus nombres y declaraciones se mantuvieron públicas.
Desde la detención de Nolvia Obando, el 16 de marzo de 2023, la RNDDH hemos denunciado el terrible contexto de violencia al que Nolvia ha sido sometida durante este proceso de criminalización. Por ejemplo, la Policía Nacional no la detuvo en el lugar supuestamente “usurpado”, fue buscada y detenida de forma violenta en la casa de una de sus compañeras del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas. Posteriormente, la Policía la estigmatizó como “cabecilla” de una banda criminal, además de recibir amenazas, insultos y humillaciones, principalmente ejercidas por los entes policiales y judiciales.
Por ello, resulta irónico que el Ministerio Público solicite protección para sus testigos en un proceso que claramente ha violentado los derechos y garantías procesales de Nolvia y por lo cual hay un Recurso de Amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia hace más de un año, que todavía no ha sido resuelto.
Por otra parte, durante el desarrollo del juicio, la Policía Nacional se apersonó en las afueras del juzgado de La Ceiba para hostigar el plantón organizado con defensoras de distintos territorios para exigir la libertad de Nolvia. Compañeras y compañeros de la OFRANEH se instalaron con sus tambores y sahumerios en la entrada del edificio, mientras los agentes policiales preguntaban ─con falsa curiosidad─ qué era el humo, haciendo burla de la espiritualidad garífuna. Más tarde ubicaron sus conos policiales para restringir la libre circulación, tomaron fotografías de las defensoras y documentos, mientras solicitaron insistentemente información sobre sus organizaciones y comunidades.
Mientras esto ocurría, en la sala tercera del Tribunal de Sentencia, el Ministerio Público presentaba su planteamiento acusatorio en el que se refería a la defensora Nolvia Obando como “usurpadora” y al Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas como “grupo usurpador” que supuestamente tomó posesión de 3.79 manzanas de tierra, avanzando hasta el 80 % de 86.15 manzanas en la Hacienda CORSA.
Cabe mencionar que, el Consejo Nacional Agrario resolvió, en 2003, expropiar para fines de la Reforma Agraria tres lotes de un terreno rural propiedad de la Empresa Empacadora Cortés, S.A. de C.V. (CORSA), mediante la resolución definitiva No. 041-2002 proferida por el Instituto Nacional Agrario (INA). [1] Asimismo, figura un decreto de expropiación del año 2012, registrado en el Instituto de la Propiedad en el asiento 44, del Tomo 1326, del Libro de Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas. De acuerdo a ello, el Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, conformado en su mayoría por mujeres y sus hijos e hijas, deciden entrar al terreno creyendo que se trataba de la tierra expropiada a CORSA y siguiendo un procedimiento del INA para la adjudicación de tierras.
Es por ello que, la defensa legal de Nolvia, propuso durante el juicio la prueba testifical de Franklin Almendares, coordinador general de la CNTC, y Jazmín Betzabé, coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), quienes tienen amplio conocimiento sobre los procesos de los grupos campesinos, cómo se conforman y el trámite de adjudicación de tierras con el INA.
Ante esto, la acusadora del Ministerio Público, objetó que no se admitiera las pruebas testificales por “impertinentes y desproporcionales” y argumentó: “Nosotros no estamos juzgando una causa campesina ─su señoría─ nosotros no estamos en contra de los campesinos. El Ministerio Público no tiene acusaciones presentadas en contra de campesinos. Nosotros desconocemos también de procesos de expropiación. Nosotros no tenemos nada que ver con los asuntos que le competen al Instituto Nacional Agrario”.
El hecho es que Nolvia Obando y Las Galileas son mujeres campesinas a las que el Ministerio Público ha criminalizado, mediante el delito de usurpación, por su defender su derecho a la tierra y alimentación; los testimonios propuestos sustentarían la identidad de Nolvia como defensora de la tierra y la alimentación y de un grupo campesino cuyo objetivo era seguir el proceso de adjudicación que corresponde. El Tribunal decidió no admitir el testimonio de Franklin Almendares por considerarse “impertinente y sin relación a la causa”.
A pesar de la declaración del Ministerio Público de no estar en contra de los campesinos y campesinas, no podemos olvidar el papel de esta instancia en la acusación por usurpación y daños, contra los ocho defensores y otras 18 personas en el campamento de Guapinol en defensa del agua y medio ambiente, en perjuicio de la empresa minera y extractiva Pinares, que opera en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. [2]
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado al Estado para “derogar las modificaciones al Código Penal en Honduras realizadas en el 2019 y 2021, en especial respecto al delito de usurpación debido a que carecen de precisión, y pueden dar lugar a la discrecionalidad de las personas operadoras de justicia para hacer un uso arbitrario de este tipo penal, favoreciendo la criminalización de personas defensoras”, de acuerdo a su Informe Situación de Derechos Humanos en Honduras, 2024.
El Ministerio Público ha sido cuestionado, en múltiples ocasiones, por trabajar para intereses privados o a favor de los que tienen poder económico o peso político en el país. Aunque, en la Ley del Ministerio Público, expresa que uno de sus objetivos es “representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad”, ha judicializado y criminalizado a defensoras y defensores y protegido a sus agresores. [3]
En el proceso de judicialización contra la defensora Nolvia Obando, hemos podido observar como es la acusadora del Ministerio Público la que propone los testigos y pruebas testificales, plantea los argumentos acusatorios y objeta frente al Tribunal, mientras la abogada privada del terrateniente se “adhiere a lo manifestado por el Ministerio Público”. Es decir, desde la institucionalidad se juzga y criminaliza a una mujer campesina por ser líder, por estar organizada y por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Luego de ser juzgada por algo injusto, Nolvia salió de la sala y un grupo de defensoras y defensores le esperaban afuera con una gran convicción en su inocencia. Algunas sin conocerla, pero con una gran fuerza para acuerparla llegaron a exigir su libertad. Preguntaban ¿ella es Nolvia? Y cuando le veían la abrazaban y daban palabras de aliento. La colectividad del pueblo garífuna y defensoras que luchan por vivir una vida libre de violencias estaba ahí para gritarle a las instituciones policiales y judiciales que Nolvia no está sola y que su lucha es digna.
¡Nolvia Obando es Inocente, siempre ha sido Inocente!
¡Derecho a la tierra y alimentación, no es usurpación!
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 23 de agosto de 2024
[2] Organización de las Naciones Unidas. Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Resolución 2020/85. Recuperado de: A/HRC/WGAD/####/## (ohchr.org)
