La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presentamos la publicación “Germinar” que recoge la historia y pensamiento de nuestra compañera, Margarita Navarro, luchadora feminista y miembra del Foro de Mujeres por la Vida en el norte de Honduras.
La presentación tuvo lugar el miércoles 25 de febrero de 2026 en la ciudad de El Progreso, Yoro, en una reunión íntima con amigas y conspiradoras con las que Margarita ha compartido su camino, lucha y rebeldías.
Juntas, en las oficinas de Radio Progreso y el ERIC ─dónde Margarita también ha puesto su pensamiento y trabajo─ se sembraron las margaritas en tierra de “La Siguata” en un acto simbólico donde las compañeras expresaron lo que Margarita sembró en sus vidas y luchas.
“Germinar” es una publicación y material de trabajo que está pensado para que la propia historia de Margarita sea parte de procesos formativos, organizativos y que cualquier grupo o colectividad haga con su contenido lo que necesiten para su trabajo.
Esta publicación es el resultado del proceso de sanación de Margarita Navarro en nuestra propuesta “Escribir la historia para sanar” que desde la Red Nacional de Defensoras en Honduras y nuestra casa de sanación “La Siguata” acompañamos.
Este proceso propone la sanación a través de las palabras y escritura para que las defensoras puedan volver a mirar sus propios pasos, ponerlos en valor y acompañar a otras en formas creativas, con el apoyo de Lilian Girón, terapeuta y coordinadora de La Siguata y Melissa Cardoza, escritora feminista y todo un equipo de terapeutas, creadoras, artistas y el equipo de la Red que confía en el poder de nombrar y recuperar la historia.
Para Margarita Navarro, “Germinar” será un trabajo que las «organizaciones pueden retomar para animar a otras mujeres a vivir su historia y escribirla». Margarita considera que es importante dar a conocer la historia de vida de mujeres que tienen una trayectoria interesante en el movimiento de mujeres y feministas.
“Germinar” es la cuarta publicación que nace del proceso y se une a la colección literaria «Palabras Vivas». La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y La Siguata agradecemos profundamente a las defensoras que confían sus palabras, historias, pensamientos y saberes, para sembrar y germinar juntas el acto político de la sanación.
Nuestras compañeras de Ecuménicas por el Derecho a Decidir junto a la Plataforma 25 de Noviembre, organizaciones de derechos humanos y feministas, realizaron el 9 de febrero de 2026 una conferencia de prensa para plantear su posicionamiento frente a la iniciativa de ley que pretende la imposición religiosa y lectura obligatoria de la biblia en los centros educativos públicos y privados del país.
Esta iniciativa de ley surgió el pasado 4 de febrero de 2026 y fue propuesta por el presidente nacionalista del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien tiene una fuerte postura antiderechos, regida por fundamentalismos religiosos y señalado por abuso sexual a una menor de edad.
Actualmente, la propuesta de ley se encuentra en un proceso de diálogo y socialización del “plan nacional de lectura de la biblia” para la cual se creó una comisión en el Congreso Nacional y dentro de sus objetivos está contemplada la reforma de los artículos 77 y 151 de la Constitución de la República vinculados al sistema educativo y la laicidad del Estado.
Ante esto, diferentes organizaciones de derechos humanos y defensoras que participaron en la conferencia de prensa, expresaron su preocupación y rechazo frente a esta propuesta que amenaza al Estado laico y vulnera el derecho de las infancias a la libertad de religión y espiritualidades ancestrales. Imponer la lectura de la biblia de una sola religión, excluye e ignora la diversidad de creencias y cosmovisiones de las infancias y los pueblos indígenas de todos los territorios de Honduras.
Asimismo, la conferencia contó con la participación de nuestro compañero, Joaquín Mejía, quien explicó que no le compete al Congreso Nacional decidir cuál religión debe prevalecer ni tampoco hacer reformas a la Constitución que violenten los derechos y garantías de las personas, como la libertad de religión y el Estado laico.
Por otra parte, nuestra compañera, Ana Ruth García, directora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, hizo un llamado a seguir luchando por que no se impongan doctrinas que irrespeten la dignidad de las infancias; concluyó diciendo “sí a la libertad de espiritualidad, a la libertad religiosa, pero desde nuestros espacios privados, para eso existen las iglesias y nuestras casas, en lo público es nada más una herramienta de colonización y opresión contra la niñez”.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos sumamos a la indignación por iniciativas de leyes que violentan nuestros derechos constitucionales y que limitan nuestras libertades, cosmovisiones y decisiones. Rechazamos toda forma de imposición religiosa que pretenda pasar por los cuerpos de las mujeres, infancias y disidencias sexuales. Hacemos un llamado a defender el Estado laico, y dejar por fuera los credos religiosos y posturas conservadoras. El Estado y la Iglesia deben estar separados.
10 al 16 de agosto de 2025 | La Ceiba – Trujillo – Vallecito – Tegucigalpa
Frente a las graves amenazas que enfrentan quienes defienden la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos, la Red-DESC se moviliza en solidaridad con la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el pueblo garífuna de Honduras.
Del 10 al 16 de agosto, una delegación internacional conformada por movimientos sociales y personas defensoras de derechos humanos de América Latina, el Caribe y Europa visitará Honduras para acompañar a OFRANEH, organización que enfrenta una alarmante escalada de criminalización y violencia por su labor en defensa del territorio, la cultura y la autonomía garífuna. Esta acción busca fortalecer la solidaridad entre movimientos, visibilizar la lucha del pueblo garífuna frente a la criminalización, y llevar sus demandas ante autoridades nacionales e internacionales.
Un contexto de violencia estructural e impunidad
En la Bahía de Trujillo, las comunidades garífunas enfrentan una situación crítica marcada por el avance de megaproyectos turísticos e inmobiliarios, desalojos violentos, desapariciones forzadas de líderes comunitarios y una sistemática negación de su derecho a la tierra ancestral. La región ha sido epicentro de múltiples conflictos que evidencian una alianza entre intereses económicos, crimen organizado e impunidad estatal.
Ante este panorama, OFRANEH ha liderado procesos de denuncia internacional, acciones legales y organización comunitaria para defender el territorio, la vida y el derecho a vivir sin miedo. Desde hace más de dos décadas, impulsa estrategias de recuperación territorial, comunicación popular, protección comunitaria y articulación regional, resistiendo una fuerte represión estatal y criminal.
El 18 de julio de 2020, en Triunfo de la Cruz, fueron desaparecidos Alberth Snider Centeno Tomas, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez y Junior Rafael Juárez Mejía, tras ser sacados de sus casas por hombres armados que vestían chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Horacio Lorca / Criterio.hn
La desaparición forzada de cuatro jóvenes garífunas en Triunfo de la Cruz en 2020 —entre ellos líderes comunitarios— continúa impune y simboliza la violencia estructural que enfrentan los pueblos afrodescendientes en Honduras.
A pesar de cuatro sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —Punta Piedra (2015), Triunfo de la Cruz (2015), San Juan (2023) y el caso en trámite de Cayos Cochinos (2024)— el Estado hondureño sigue sin cumplir las órdenes de restitución de tierras, reparación integral y garantías de no repetición.
Recientemente, líderes de OFRANEH han sido víctimas de amenazas de muerte. En 2024, la comunidad denunció al empresario canadiense Randy Roy Jorgensen por el saqueo y tráfico ilegal de más de 3.500 piezas arqueológicas garífunas, extraídas de cementerios ancestrales en Campo del Mar.
La delegación
La delegación estará conformada por organizaciones provenientes de diversos territorios, comprometidas con la justicia social, los derechos humanos y la autonomía de los pueblos. Desde Honduras participarán la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), anfitriona de la visita y referente en la defensa del territorio garífuna; el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), con una histórica trayectoria en la resistencia indígena lenca; y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, que articula a mujeres defensoras desde distintos territorios y sectores. Desde América Latina y el Caribe, se sumarán el Consejo de Pueblos Wuxhtaj, de Guatemala, que trabaja por la autodeterminación y los derechos de los pueblos mayas; La Colectiva Feminista en Construcción, de Puerto Rico, una organización antirracista, feminista y anticolonial que impulsa la justicia transformadora; y Cimarrón, de Colombia, un movimiento afrocolombiano que lucha contra el racismo estructural y por la reparación histórica de los pueblos afrodescendientes.
A nivel internacional, la delegación contará con la participación de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), que promueve la protección integral de defensoras en la región mesoamericana; Front Line Defenders, con sede en Irlanda y dedicada a la protección de personas defensoras en riesgo a nivel global; la organización Entrepueblos, que enlaza luchas entre América Latina y España; el Calan Institute for Transterritorial Justice (CATRA), con presencia en Estados Unidos y Honduras; y el Secretariado Internacional de la Red-DESC, que impulsó y coordinó esta acción de articulación y solidaridad internacional.
Acciones públicas
Durante siete días, la delegación visitará comunidades de la Bahía de Trujillo, sostendrá intercambios en Vallecito —territorio emblemático de resistencia— y culminará con acciones de incidencia en Tegucigalpa.
El viernes 15 de agosto a las 10:00 a.m realizaremos un plantón frente al Ministerio Público, acompañado de una rueda de prensa con la delegación internacional de defensoras y defensores.
Invitamos a todas las organizaciones en Honduras a sumarse a esta acción por el pueblo garífuna. Para más información sobre cómo sumarme a estas acciones, escríbenos al correo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras: comunicacion@redefensorashn.red También hacemos un llamado a todas las organizaciones internacionales interesadas a que se sumen a esta acción colectiva. Esta acción reafirma el compromiso de la Red-DESC con la centralidad de los movimientos sociales, la solidaridad interregional y la defensa de quienes defienden la vida. Las organizaciones interesadas pueden escribirnos a communicaciones@escr-net.orgEs momento de escuchar, acompañar y amplificar las voces del pueblo garífuna en su legítima lucha por el territorio, la memoria y la autodeterminación.
A pesar que en lo cotidiano y popular, y gracias a los discursos que se instalan desde el poder se nombra las trabajadoras domésticas con adjetivos descalificadores y estigmatizantes, las compañeras perseverantes y valientes de la Red de Trabajadoras Domésticas Remuneradas no han dejado de colocar su discurso central: son trabajadoras. En la narrativa actual que habla con abundancia del cuidado suele dejarse al margen lo que para ellas es central, lo que hacen se llama trabajo, no necesitan ayuda ni afecto de nadie sino sus derechos, porque están hablando de una actividad que produce riqueza al país y que ha estado marcada por la invisibilización, la explotación y la violencia.
La querida izquierda no supo, ni sabe, ni desde su origen, hablando de don Carlos Marx nombrar este trabajo como tal pues para él y sus alumnos ocurre lejos de la esfera de la producción y reproducción del capital; y sin embargo qué sería de los ya mancillados obreros masacrados por la maquinaria capitalista sin el trabajo consistente de mujeres que reproducen su fuerza de trabajo y sostienen el proletariado con la creatividad, la fuerza física, el desgaste y negación de sus propios proyectos personales de estas mujeres que sostienen la vida cada día en las casas de todas y todos; y más aún que sería de las mujeres emancipadas que tienen vida laboral en lo público sin esa mujer que hace sus labores domésticas, donde se supone ella por mandato patriarcal debiera hacerlas. Pues cuando las trabajadoras domésticas se levantan a decir Exigimos jornadas laborales, salario y condiciones de trabajo dignas, hacen una revolución para todas las mujeres atrapadas en este discurso opresivo, y no sólo para ellas, pero sobre todo para ellas.
De esto y de mucho más va el video documental SOMOS TRABAJADORAS que pone en el lugar que corresponde la reflexión de sus protagonistas: Gabriela Bustillo, Crucita Bustillo, Yahaira Rodriguez, Yanet Maradiaga, Erlin López, Maribel Santos y otras compañeras que aportaron a esta propuesta visual a partir de su trabajo organizativo. A cargo del Centro de Estudios de la Mujer Honduras, que de mano de la terca feminista Miriam Suazo no ha dejado de organizar procesos que construyen un espacio de reivindicación de clase y de género tan contundente como lo es la Red de Trabajadoras. Con el apoyo financiero de Bruck Le Ponte y con una cuidadosa y asertiva producción a cargo de Ingrid Aarone en su nicho creativo de AGUA MALA producciones, y con los contenidos y conducción de Melissa Cardoza del colectivo MALAYERBA, este documental es una muestra apretada de diez años de calle, pensamiento, pérdidas, y hallazgos en la vida y organización de un grupo de trabajadoras domésticas que desde hace una década sacaron de la opacidad de la vida doméstica privada la dura realidad y la poderosa lucha de las trabajadoras como sujetas políticas de sus vidas que se organizan para cambiarla.
La Red Nacional de Defensoras felicitamos a las compañeras de la RTD, miembras de nuestra organización, porque en cada acción que proponen tiene por delante el esfuerzo colectivo y la palabra que viene de la vida y las búsquedas de justicia, y este producto es una muestra más de su tenacidad y pensamiento crítico.
Hoy, 18 de junio de 2025, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras acompañamos al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y comisiones de las comunidades de Guapinol y Sector San Pedro, en la interposición de un Recurso de Amparo contra omisiones y actos de la administración pública central y municipal de Tocoa, Colón.
Las defensoras y defensores presentaron este Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa por la violación de derechos fundamentales como el debido proceso legal, la participación ciudadana, el derecho humano al agua, un medio ambiente sano, la dignidad y salud humana que han sido violentados a través de acciones y graves acontecimientos que la Alcaldía Municipal de Tocoa y funcionarios del Estado han perpetrado para favorecer al megaproyecto minero Pinares-Ecotek.
Entre esos graves acontecimientos, el Instituto hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) ha violentado el derecho a la participación de las comunidades al avalar el contrato de la concesión minera del proyecto “La Ceibita” operado por la empresa Ecotek y a la que las comunidades se opusieron en cabildo abierto del 29 de noviembre de 2019.
Además, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) ha permitido que se avance el megaproyecto minero incluso cuando no tiene licenciamiento ambiental y causando graves daños en el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, protegido por el Decreto 18-2024 que prohíbe las concesiones mineras en el área protegida.
Asimismo, el 27 de enero de 2025, la Alcaldía de Tocoa a través del alcalde Adán Funez, otorgó permisos de operación a Inversiones Los Pinares/Ecotek, a pesar de la rotunda oposición que las comunidades han demostrado contra estos megaproyectos y las múltiples denuncias que se han presentado por los daños lesivos que han provocado en las comunidades, así como las pérdidas irreparables de vidas de defensoras y defensores, como el caso de Juan López, vilmente asesinado por la estructura criminal que pretende imponer estos proyectos depredadores de la vida.
Desde la Red Nacional de Defensoras acuerpamos al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y las comunidades de Guapinol y Sector San Pedro, en su lucha por la defensa de los bienes naturales y por la vida libre de minería. Nos sumamos a la exigencia de que se respete el derecho a la participación ciudadana y comunitaria en la que los pueblos decidimos oponernos a un sistema capitalista y de despojo que depreda nuestros ríos y montañas.
Este miércoles 28 de mayo, se desarrolla audiencia inicial en el caso de tres personas acusadas por adulteración y falsificación de documentos públicos de supuesta socialización en Cabildo Abierto en 2016 que permitió la instalación ilegitima del megaproyecto Pinares/Ecotek.
Los tres imputados son Norma García, secretaría municipal de Tocoa, Colón, y los representantes legales José Ernesto Vindel y Kenia Cortés de Ecotek y Pinares, respectivamente. Esta audiencia se llevará a cabo en el Palacio de Justicia de la ciudad de San Pedro Sula.
Dicha comparecencia corresponde a una serie de acciones legales que el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes Públicos de Tocoa ha emprendido contra el proyecto extractivo de Pinares/Ecotek por el inminente daño causado en las comunidades de Guapinol, Sector San Pedro y Tocoa.
Recientemente, el Comité denunció en un comunicado público que el actual ministro de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Lucky Medina, «se niega a resolver la oposición ciudadana contra la solicitud de Licencia Ambiental Funcional para la planta peletizadora de Inversiones Ecotek» manteniendo en permanente amenaza a las comunidades.
Asimismo, recordó que la empresa Ecotek «jamás ha tenido una Licencia Ambiental Funcional para operar la planta peletizadora» por lo que no puede ni debe renovarse. Además, hace un año, el 6 de mayo de 2024 entró en vigor el Decreto 18-2024 que prohíbe la minería a cielo abierto en el país; un logro de la lucha comunitaria organizada en el Comité.
Por otro lado, el pasado 13 de mayo de 2025, se desarrollaron las conclusiones de audiencia inicial donde se declaró auto de formal procesamiento inicial contra tres altos ejecutivos de la empresa Inversiones Los Pinares y Ecotek por la explotación ilegal de recursos naturales y daños al Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
Con una serie de pruebas que llevaron a esta declaración por parte del Tribunal, se demostró que esta empresa ha utilizado una serie de acciones ilegales y estructuras criminales para impulsar e imponer su megaproyecto sin tomar en cuenta el grave riesgo que representa para las comunidades, a pesar de que estas han manifestado su clara oposición.
No se puede olvidar que, esta misma estructura criminal impuesta en Tocoa para facilitar el desarrollo el megaproyecto también ha arrebatado la vida de muchos defensores y defensoras que se han opuesto. Siendo el más reciente, el compañero Juan López, asesinado hace más de 8 meses. Ahora, se desarrollará una audiencia preliminar contra cuatro acusados por el asesinato del defensor que tendrá lugar en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula el próximo miércoles 28 de mayo de 2025.
Cabe mencionar que, esta serie de acciones legales ocurren mientras en el Congreso Nacional se debate la aprobación de una “Ley de Licencias Express” que pretende el otorgamiento expedito, masivo e inconsulto de licencias para la explotación de bienes naturales y comunes de nuestro país. A pesar de que, este modelo extractivista y de despojo ha hecho tanto daño en el país.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras acuerpamos la lucha de las comunidades de Tocoa, Guapinol y Sector San Pedro, organizadas en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista, de derechos humanos y a todas las personas que hacen uso de los recursos y bienes naturales a acuerpar la lucha del Comité y de las comunidades que defienden nuestros recursos de este sistema de despojo y depredación.
Las organizaciones Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), junto a Planeta Colibrí, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Defenred, Casa Basoa, Mujeres al Borde y el Coletivo Feminista de Autocuidado e Cuidado entre Defensoras de Direitos Humanos, están presentando la publicación “Colmenas que abrigan. Espacios de cuidado y sanación para defensoraes de derechos humanos”.
Este documento hace un recorrido a través del trabajo, la metodología y los aportes en materia de autocuidado, cuidado colectivo y sanación de 7 espacios de respiro y sanación para mujeres y personas con identidades sexo-género disidentes que defienden derechos humanos, ubicados en distintos territorios de América Latina y el Estado español.
“Colmenas que abrigan” es el resultado del proceso colectivo de reflexión, intercambio de saberes y aprendizajes que se inició en el marco del encuentro celebrado en mayo de 2023 en Oaxaca, el cual reunió a integrantes de las organizaciones responsables de cada una de estas casas, y de los diálogos, entrevistas y acuerdos que se desarrollaron posteriormente.
En esta publicación, además de reflexiones sobre la importancia y la dimensión política del autocuidado, el cuidado colectivo y la sanación en un mundo en crisis en el que las defensoras de derechos humanos enfrentan cotidianamente contextos de precariedad y violencia, se describe el trabajo, la experiencia, los enfoques diversos y la propuesta metodológica de cada uno de los espacios. Estos espacios son: Casa la Serena, en Oaxaca (México); Casa Basoa, en Euskal Herria (Estado español); Casa de Respiro Defenred, en la Sierra Norte de Madrid (Estado español); Casa La Siguata, en Honduras; Oasis de Cuidado y Sanación, un espacio itinerante para defensoras; Planeta Colibrí, en Colombia; la Casa de Respiro de Brasil.
La apuesta diversa de estos espacios contribuye a colocar el cuidado en el centro de la acción política, a sostener y fortalecer los movimientos sociales, a transformar la cultura sacrificial en los activismos. Tal y como se señala: “las casas de respiro son espacios que nos conectan con el latir de la vida más antigua, esa pulsión de vida natural que brota sin esfuerzo, pero con fuerza. Son respiros colectivos que abrazan los corazones, que develan y lavan las heridas que las defensoraes acumulamos por la violencia patriarcal y sociopolítica”.
Las organizaciones responsables de la publicación esperan que la colectivización de estas experiencias y aprendizajes pueda contribuir a la generación de nuevos espacios para el descanso y el cuidado de las defensoras de derechos humanos en diversos territorios del planeta; a este fin, la publicación está disponible en español e inglés.
Este miércoles 21 de mayo de 2025, el pueblo garífuna articulado en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) se enfrenta al Estado de Honduras en una audiencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación del derecho a la propiedad colectiva del pueblo garífuna de Cayos Cochinos.
Esta audiencia, que se da en el marco del 176 período de Sesiones de la Corte IDH, se desarrolla en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y para la misma se convocó al Estado de Honduras representado por el procurador general de la república, Manuel Antonio Díaz Galeas y su equipo jurídico, la OFRANEH como representante y defensa legal de la comunidad garífuna y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cabe mencionar que el caso comunidad garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras es el cuarto caso que la OFRANEH ha llevado ante la Corte IDH. Los tres casos anteriores corresponden a las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan donde también el Estado hondureño fue acusado por violentar los derechos territoriales del pueblo garífuna y, en consecuencia, existen sentencias internacionales que reconocen la propiedad colectiva y ancestral del pueblo garífuna, así como la garantía a la no repetición de los hechos para evitar que se repitan las violaciones de derechos humanos en otras comunidades.
De resultar favorable la sentencia para Cayos Cochinos, esta sería la cuarta condena que el Estado de Honduras enfrentaría por violentar los derechos territoriales del pueblo garífuna; un importante precedente para la justicia, reparación y reconocimiento del territorio ancestral de los pueblos indígenas.
Esta audiencia surge por una demanda presentada el 29 de octubre de 2003 por la OFRANEH ante la CIDH contra el Estado de Honduras por las múltiples violaciones a los derechos y agresiones dirigidas a la comunidad garífuna de Cayos Cochinos. Es decir que, han pasado más de 20 años desde que se presentó esta petición y hasta la actualidad las agresiones y violencia sistemática contra el pueblo garífuna de Cayos Cochinos continúa presente.
Pero para entender lo que sucede en los Cayos Cochinos hay que irse a unos 30 años atrás, justo el 17 de noviembre de 1993, mediante acuerdo presidencial 1928-93, se declaró el archipiélago de Cayos Cochinos como “Área Natural Protegida” y, en consecuencia, se prohibió la pesca con anzuelos. Posteriormente, en 1994, se modificó este acuerdo y también se prohibió la extracción de crustáceos, impactando negativamente en la forma de vida y subsistencia de las comunidades insulares.
En ese mismo año, fue creada la Fundación Hondureña para la Protección y Conservación de Cayos Cochinos, también conocida como Fundación Cayos Cochinos, en colaboración con el expresidente Rafael Leonardo Callejas. Esta fundación, qué pertenece y es presidida por un empresario suizo, trabaja en coordinación con instituciones gubernamentales como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Fuerza Armada Naval y otras organizaciones internacionales.
En 2003, mediante Decreto 114-2003, se declaró Cayos Cochinos como “Monumento Natural Marítimo” y se estableció un “Plan de Manejo”, según el cual las actividades de vigilancia estaban a cargo de los guardarecursos de la Fundación Cayos Cochinos y de la Fuerza Naval de Honduras.
A partir de entonces, las comunidades garífunas insulares cercanas a los Cayos: Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia, Río Esteban y Chachahuate se han enfrentado a una serie de violaciones a sus derechos humanos ejecutadas por miembros de la Fuerza Naval e instituciones ambientalistas privadas que, en nombre de la protección ambiental, han desplazado a las comunidades garífunas de sus territorios ancestrales que históricamente les han pertenecido.
Por lo que también se considera que el Estado hondureño ha violentado el derecho a la libre autodeterminación del pueblo garífuna al no garantizar la consulta previa, libre e informada para declarar Cayos Cochinos como área protegida. Las limitaciones que conlleva esta declaración en el archipiélago impactan directamente en la forma de vida y subsistencia de las comunidades garífunas.
Además, han permitido que, bajo el argumento de proteger la zona, se realicen abusos, hostigamientos y desplazamiento forzado en contra de los y las defensoras garífunas por parte de la Fuerza Naval y la seguridad privada de la Fundación Cayos Cochinos.
En la audiencia que se desarrolla hoy en la ciudad de Guatemala, Guatemala, las comunidades garífunas articuladas en la OFRANEH exigirán al estado hondureño que garantice la libre determinación de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, sus derechos al territorio ancestral y la reparación de los daños que han causado estas restricciones en la vida de las y los miembros de las comunidades.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, hemos documentado y registrado múltiples agresiones contra las comunidades garífunas que defienden sus derechos territoriales. La OFRANEH continúa siendo una de las organizaciones más agredidas en el país, pues son quienes están en confrontación directa frente a este sistema capitalista, racista y de despojo contra el pueblo garífuna.
Acuerpamos la lucha digna del pueblo garífuna articulado en la OFRANEH y exigimos una resolución favorable para la comunidad de Cayos Cochinos, para que se reconozca los derechos territoriales indígenas y asegure que esta política de exterminio y despojo no continúe repitiéndose en ninguna comunidad, en ningún pueblo del país.
Este lunes, 7 de abril de 2025, en la Corte Suprema de Justicia se desarrolló una audiencia de prácticas de pruebas en el marco de una demanda interpuesta contra el Estado de Honduras por la legalización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE).
Esta demanda contra el Estado fue interpuesta por la organización conservadora «Alianza por la familia» con el argumento de que la liberación y uso de la PAE constituye un «abuso de autoridad» puesto que, según esta organización, la pastilla «es abortiva» y la Constitución prohíbe el aborto.
Ante el inminente riesgo de volver a prohibir la PAE, y en la misma trayectoria de lucha que por décadas hemos sostenido, un nutrido grupo de organizaciones de mujeres y feministas realizamos un plantón para exigir y defender nuestros derechos sexuales y reproductivos y denunciar a los grupos de antiderechos que siguen intentando incidir en nuestras vidas y cuerpos y atentar contra el Estado laico.
Por más de diez años, la PAE permaneció prohibida, tiempo en el que no dejamos de luchar hasta que en el 2022 mediante el decreto ejecutivo 75-2023 se restituyó el uso de la píldora de emergencia. Desde su prohibición en 2009 hasta 2021, más de 12 mil niñas menores de 15 años y casi 300 mil niñas de 15 a 18 años han sido madres en Honduras, muchas de ellas de manera forzada, según datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
La legalización de la PAE ha sido uno de los pocos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en el país gracias a la lucha incansable de las mujeres. Sin embargo, es responsabilidad del Estado defender ese derecho para garantizar la salud sexual y la justicia para las hondureñas de todas las clases sociales y edades. Debe garantizar que nada sobre nosotras se decida sin nosotras a puertas cerradas en una Corte que hemos expuesto, misógina, clasista y racista.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras estuvimos presentes en esta nueva jornada de lucha para que el libre uso de la PAE sea un derecho que alcance para todas.
Ya basta de poner por encima de nuestra autonomía, los credos religiosos y las posturas conservadoras. Iglesia y Estado separados: la PAE es un derecho humano.
El 11 de marzo de 2025, en los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se desarrolló la audiencia inicial en contra de los imputados: Víctor Bernardez, Fernando Manacés y Douglas Alvarenga, empleados de la empresa Pinares Ecotek acusados por explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados contra el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía.
La audiencia se desarrolló sin la presencia de los imputados debido a que, según el argumento de la defensa, “no se les giró convocatoria y no había vuelos de La Ceiba para poder viajar y estar a la hora” que se desarrollaría la audiencia en Tegucigalpa. Esto a pesar de que desde el 28 de febrero había sido programada la audiencia inicial.
Cabe mencionar que, ese mismo 28 de febrero, en la audiencia de declaración de imputados, el juez dictó medidas distintas a la prisión para los tres imputados debido a una fianza de seis millones que los imputados ofrecieron para poder defenderse en libertad y con la consideración de que pudieran firmar en cualquier juzgado que esté cerca de su lugar de residencia.
Por otra parte, durante el desarrollo de la audiencia (que tampoco fue transmitida en vivo para la observación pública), la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó abandonar la sala debido a que no venían preparados, ni sabían nada del caso; una negligencia y abuso de la PGR en un caso que tiene más de 20 mil folios, de acuerdo al equipo legal representante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
La ignorancia y falta de interés en este caso demuestra la irresponsabilidad de una institución estatal que debe garantizar una investigación integral para garantizar la justicia para el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, para Juan López, los Ríos Guapinol y San Pedro y las comunidades afectadas por la estructura criminal que se ha mantenido en Tocoa por más de diez años para favorecer a los proyectos extractivistas de Pinares/Ecotek.
Además, la defensa legal de los imputados intentó establecer que el juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción no tenía competencia sobre el caso porque los hechos se habían realizado antes de que existiera este juzgado que se formó en el 2024, sin embargo, el juez reiteró que el juicio se llevaría a cabo en ese tribunal. Esto tenía como intención que el juicio se desarrollará en el juzgado de letras de Tocoa, donde se han denunciado irregularidades en procesos de criminalización contra defensoras y defensores y en casos relacionados a denuncias interpuestas contra Pinares/Ecotek.
La Red Nacional de Defensoras hemos acompañado y observado varios procesos judiciales en contra de nuestras compañeras defensoras y defensores, campesinas, indígenas, luchadores y luchadoras que se oponen a empresas millonarias extractivistas y que por ello acaban siendo criminalizadas y judicializadas. Y en esos procesos de criminalización hemos observado como hay un trato desigual, privilegiado y diferenciado cuando los imputados son empresarios, empleados o aliados de empresas o megaproyectos extractivistas; se suspenden las audiencias sin previa notificación, se cambian los jueces, se otorgan medidas que favorecen a los imputados y se alargan los procesos para aumentar la angustia, la zozobra y ralentizar la aplicación de la justicia para quienes violentan los derechos de las defensoras, defensores y sus comunidades.
En 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por el “carácter estructural de impunidad que sería del 90% cuando se trata de delitos cometidos contra personas defensoras” por lo que continúa siendo un desafío el avance en la investigación y sanción de las personas que los cometen, de acuerdo al informe Situación de Derechos Humanos en Honduras de la CIDH, 2024.
Por ello, es importante el acompañamiento, acuerpamiento y la presencia de las organizaciones y movimientos sociales en las audiencias judiciales para ejercer presión en la celeridad, las obligaciones y responsabilidades de los entes judiciales para resolver los crímenes contra las defensoras, defensores y sus comunidades.
