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Continúan audiencias contra la estructura criminal detrás del megaproyecto Pinares/Ecotek

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Este miércoles 28 de mayo, se desarrolla audiencia inicial en el caso de tres personas acusadas por adulteración y falsificación de documentos públicos de supuesta socialización en Cabildo Abierto en 2016 que permitió la instalación ilegitima del megaproyecto Pinares/Ecotek.

Los tres imputados son Norma García, secretaría municipal de Tocoa, Colón, y los representantes legales José Ernesto Vindel y Kenia Cortés de Ecotek y Pinares, respectivamente. Esta audiencia se llevará a cabo en el Palacio de Justicia de la ciudad de San Pedro Sula.

Dicha comparecencia corresponde a una serie de acciones legales que el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes Públicos de Tocoa ha emprendido contra el proyecto extractivo de Pinares/Ecotek por el inminente daño causado en las comunidades de Guapinol, Sector San Pedro y Tocoa.

Recientemente, el Comité denunció en un comunicado público que el actual ministro de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Lucky Medina, «se niega a resolver la oposición ciudadana contra la solicitud de Licencia Ambiental Funcional para la planta peletizadora de Inversiones Ecotek» manteniendo en permanente amenaza a las comunidades.

Asimismo, recordó que la empresa Ecotek «jamás ha tenido una Licencia Ambiental Funcional para operar la planta peletizadora» por lo que no puede ni debe renovarse. Además, hace un año, el 6 de mayo de 2024 entró en vigor el Decreto 18-2024 que prohíbe la minería a cielo abierto en el país; un logro de la lucha comunitaria organizada en el Comité.

Por otro lado, el pasado 13 de mayo de 2025, se desarrollaron las conclusiones de audiencia inicial donde se declaró auto de formal procesamiento inicial contra tres altos ejecutivos de la empresa Inversiones Los Pinares y Ecotek por la explotación ilegal de recursos naturales y daños al Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

Con una serie de pruebas que llevaron a esta declaración por parte del Tribunal, se demostró que esta empresa ha utilizado una serie de acciones ilegales y estructuras criminales para impulsar e imponer su megaproyecto sin tomar en cuenta el grave riesgo que representa para las comunidades, a pesar de que estas han manifestado su clara oposición.

No se puede olvidar que, esta misma estructura criminal impuesta en Tocoa para facilitar el desarrollo el megaproyecto también ha arrebatado la vida de muchos defensores y defensoras que se han opuesto. Siendo el más reciente, el compañero Juan López, asesinado hace más de 8 meses. Ahora, se desarrollará una audiencia preliminar contra cuatro acusados por el asesinato del defensor que tendrá lugar en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula el próximo miércoles 28 de mayo de 2025.

Cabe mencionar que, esta serie de acciones legales ocurren mientras en el Congreso Nacional se debate la aprobación de una “Ley de Licencias Express” que pretende el otorgamiento expedito, masivo e inconsulto de licencias para la explotación de bienes naturales y comunes de nuestro país. A pesar de que, este modelo extractivista y de despojo ha hecho tanto daño en el país.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras acuerpamos la lucha de las comunidades de Tocoa, Guapinol y Sector San Pedro, organizadas en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista, de derechos humanos y a todas las personas que hacen uso de los recursos y bienes naturales a acuerpar la lucha del Comité y de las comunidades que defienden nuestros recursos de este sistema de despojo y depredación.

Presentan publicación colectiva sobre espacios de respiro y sanación para defensoras de derechos humanos

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Las organizaciones Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), junto a Planeta Colibrí, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Defenred, Casa Basoa, Mujeres al Borde y el Coletivo Feminista de Autocuidado e Cuidado entre Defensoras de Direitos Humanos, están presentando la publicación “Colmenas que abrigan. Espacios de cuidado y sanación para defensoraes de derechos humanos”.

Este documento hace un recorrido a través del trabajo, la metodología y los aportes en materia de autocuidado, cuidado colectivo y sanación de 7 espacios de respiro y sanación para mujeres y personas con identidades sexo-género disidentes que defienden derechos humanos, ubicados en distintos territorios de América Latina y el Estado español.

“Colmenas que abrigan” es el resultado del proceso colectivo de reflexión, intercambio de saberes y aprendizajes que se inició en el marco del encuentro celebrado en mayo de 2023 en Oaxaca, el cual reunió a integrantes de las organizaciones responsables de cada una de estas casas, y de los diálogos, entrevistas y acuerdos que se desarrollaron posteriormente.

En esta publicación, además de reflexiones sobre la importancia y la dimensión política del autocuidado, el cuidado colectivo y la sanación en un mundo en crisis en el que las defensoras de derechos humanos enfrentan cotidianamente contextos de precariedad y violencia, se describe el trabajo, la experiencia, los enfoques diversos y la propuesta metodológica de cada uno de los espacios. Estos espacios son: Casa la Serena, en Oaxaca (México); Casa Basoa, en Euskal Herria (Estado español); Casa de Respiro Defenred, en la Sierra Norte de Madrid (Estado español); Casa La Siguata, en Honduras; Oasis de Cuidado y Sanación, un espacio itinerante para defensoras; Planeta Colibrí, en Colombia;  la Casa de Respiro de Brasil.

La apuesta diversa de estos espacios contribuye a colocar el cuidado en el centro de la acción política, a sostener y fortalecer los movimientos sociales, a transformar la cultura sacrificial en los activismos. Tal y como se señala: “las casas de respiro son espacios que nos conectan con el latir de la vida más antigua, esa pulsión de vida natural que brota sin esfuerzo, pero con fuerza. Son respiros colectivos que abrazan los corazones, que develan y lavan las heridas que las defensoraes acumulamos por la violencia patriarcal y sociopolítica”. 

Las organizaciones responsables de la publicación esperan que la colectivización de estas experiencias y aprendizajes pueda contribuir a la generación de nuevos espacios para el descanso y el cuidado de las defensoras de derechos humanos en diversos territorios del planeta; a este fin, la publicación está disponible en español e inglés.

COLMENAS QUE ABRIGAN completo-cmDescarga

CIDH desarrolla audiencia contra Honduras por el caso de la comunidad garífuna Cayos Cochinos

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Este miércoles 21 de mayo de 2025, el pueblo garífuna articulado en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) se enfrenta al Estado de Honduras en una audiencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación del derecho a la propiedad colectiva del pueblo garífuna de Cayos Cochinos.

Esta audiencia, que se da en el marco del 176 período de Sesiones de la Corte IDH, se desarrolla en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y para la misma se convocó al Estado de Honduras representado por el procurador general de la república, Manuel Antonio Díaz Galeas y su equipo jurídico, la OFRANEH como representante y defensa legal de la comunidad garífuna y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cabe mencionar que el caso comunidad garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras es el cuarto caso que la OFRANEH ha llevado ante la Corte IDH. Los tres casos anteriores corresponden a las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan donde también el Estado hondureño fue acusado por violentar los derechos territoriales del pueblo garífuna y, en consecuencia, existen sentencias internacionales que reconocen la propiedad colectiva y ancestral del pueblo garífuna, así como la garantía a la no repetición de los hechos para evitar que se repitan las violaciones de derechos humanos en otras comunidades.

De resultar favorable la sentencia para Cayos Cochinos, esta sería la cuarta condena que el Estado de Honduras enfrentaría por violentar los derechos territoriales del pueblo garífuna; un importante precedente para la justicia, reparación y reconocimiento del territorio ancestral de los pueblos indígenas.

Esta audiencia surge por una demanda presentada el 29 de octubre de 2003 por la OFRANEH ante la CIDH contra el Estado de Honduras por las múltiples violaciones a los derechos y agresiones dirigidas a la comunidad garífuna de Cayos Cochinos. Es decir que, han pasado más de 20 años desde que se presentó esta petición y hasta la actualidad las agresiones y violencia sistemática contra el pueblo garífuna de Cayos Cochinos continúa presente.

Pero para entender lo que sucede en los Cayos Cochinos hay que irse a unos 30 años atrás, justo el 17 de noviembre de 1993, mediante acuerdo presidencial 1928-93, se declaró el archipiélago de Cayos Cochinos como “Área Natural Protegida” y, en consecuencia, se prohibió la pesca con anzuelos. Posteriormente, en 1994, se modificó este acuerdo y también se prohibió la extracción de crustáceos, impactando negativamente en la forma de vida y subsistencia de las comunidades insulares. 

En ese mismo año, fue creada la Fundación Hondureña para la Protección y Conservación de Cayos Cochinos, también conocida como Fundación Cayos Cochinos, en colaboración con el expresidente Rafael Leonardo Callejas. Esta fundación, qué pertenece y es presidida por un empresario suizo, trabaja en coordinación con instituciones gubernamentales como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Fuerza Armada Naval y otras organizaciones internacionales.

En 2003, mediante Decreto 114-2003, se declaró Cayos Cochinos como “Monumento Natural Marítimo” y se estableció un “Plan de Manejo”, según el cual las actividades de vigilancia estaban a cargo de los guardarecursos de la Fundación Cayos Cochinos y de la Fuerza Naval de Honduras.

A partir de entonces, las comunidades garífunas insulares cercanas a los Cayos: Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia, Río Esteban y Chachahuate se han enfrentado a una serie de violaciones a sus derechos humanos ejecutadas por miembros de la Fuerza Naval e instituciones ambientalistas privadas que, en nombre de la protección ambiental, han desplazado a las comunidades garífunas de sus territorios ancestrales que históricamente les han pertenecido.

Por lo que también se considera que el Estado hondureño ha violentado el derecho a la libre autodeterminación del pueblo garífuna al no garantizar la consulta previa, libre e informada para declarar Cayos Cochinos como área protegida. Las limitaciones que conlleva esta declaración en el archipiélago impactan directamente en la forma de vida y subsistencia de las comunidades garífunas.

Además, han permitido que, bajo el argumento de proteger la zona, se realicen abusos, hostigamientos y desplazamiento forzado en contra de los y las defensoras garífunas por parte de la Fuerza Naval y la seguridad privada de la Fundación Cayos Cochinos.

En la audiencia que se desarrolla hoy en la ciudad de Guatemala, Guatemala, las comunidades garífunas articuladas en la OFRANEH exigirán al estado hondureño que garantice la libre determinación de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, sus derechos al territorio ancestral y la reparación de los daños que han causado estas restricciones en la vida de las y los miembros de las comunidades.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, hemos documentado y registrado múltiples agresiones contra las comunidades garífunas que defienden sus derechos territoriales. La OFRANEH continúa siendo una de las organizaciones más agredidas en el país, pues son quienes están en confrontación directa frente a este sistema capitalista, racista y de despojo contra el pueblo garífuna.

Acuerpamos la lucha digna del pueblo garífuna articulado en la OFRANEH y exigimos una resolución favorable para la comunidad de Cayos Cochinos, para que se reconozca los derechos territoriales indígenas y asegure que esta política de exterminio y despojo no continúe repitiéndose en ninguna comunidad, en ningún pueblo del país.

La transmisión en vivo de la audiencia se puede encontrar en este enlace: https://www.facebook.com/CorteIDH/videos/667401259394758

Fotografías: OFRANEH

Las feministas seguimos luchando por nuestra vida y autonomía

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Este lunes, 7 de abril de 2025, en la Corte Suprema de Justicia se desarrolló una audiencia de prácticas de pruebas en el marco de una demanda interpuesta contra el Estado de Honduras por la legalización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE).

Esta demanda contra el Estado fue interpuesta por la organización conservadora «Alianza por la familia» con el argumento de que la liberación y uso de la PAE constituye un «abuso de autoridad» puesto que, según esta organización, la pastilla «es abortiva» y la Constitución prohíbe el aborto.  

Ante el inminente riesgo de volver a prohibir la PAE, y en la misma trayectoria de lucha que por décadas hemos sostenido, un nutrido grupo de organizaciones de mujeres y feministas realizamos un plantón para exigir y defender nuestros derechos sexuales y reproductivos y denunciar a los grupos de antiderechos que siguen intentando incidir en nuestras vidas y cuerpos y atentar contra el Estado laico.

Por más de diez años, la PAE permaneció prohibida, tiempo en el que no dejamos de luchar hasta que en el 2022 mediante el decreto ejecutivo 75-2023 se restituyó el uso de la píldora de emergencia. Desde su prohibición en 2009 hasta 2021, más de 12 mil niñas menores de 15 años y casi 300 mil niñas de 15 a 18 años han sido madres en Honduras, muchas de ellas de manera forzada, según datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

La legalización de la PAE ha sido uno de los pocos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en el país gracias a la lucha incansable de las mujeres. Sin embargo, es responsabilidad del Estado defender ese derecho para garantizar la salud sexual y la justicia para las hondureñas de todas las clases sociales y edades. Debe garantizar que nada sobre nosotras se decida sin nosotras a puertas cerradas en una Corte que hemos expuesto, misógina, clasista y racista.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras estuvimos presentes en esta nueva jornada de lucha para que el libre uso de la PAE sea un derecho que alcance para todas.  

Ya basta de poner por encima de nuestra autonomía, los credos religiosos y las posturas conservadoras. Iglesia y Estado separados: la PAE es un derecho humano.

Se desarrolla audiencia inicial sin la presencia de los imputados de Pinares Ecotek

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El 11 de marzo de 2025, en los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se desarrolló la audiencia inicial en contra de los imputados: Víctor Bernardez, Fernando Manacés y Douglas Alvarenga, empleados de la empresa Pinares Ecotek acusados por explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados contra el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía.

La audiencia se desarrolló sin la presencia de los imputados debido a que, según el argumento de la defensa, “no se les giró convocatoria y no había vuelos de La Ceiba para poder viajar y estar a la hora” que se desarrollaría la audiencia en Tegucigalpa. Esto a pesar de que desde el 28 de febrero había sido programada la audiencia inicial.

Cabe mencionar que, ese mismo 28 de febrero, en la audiencia de declaración de imputados, el juez dictó medidas distintas a la prisión para los tres imputados debido a una fianza de seis millones que los imputados ofrecieron para poder defenderse en libertad y con la consideración de que pudieran firmar en cualquier juzgado que esté cerca de su lugar de residencia.

Rita Comité de defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa

Por otra parte, durante el desarrollo de la audiencia (que tampoco fue transmitida en vivo para la observación pública), la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó abandonar la sala debido a que no venían preparados, ni sabían nada del caso; una negligencia y abuso de la PGR en un caso que tiene más de 20 mil folios, de acuerdo al equipo legal representante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

La ignorancia y falta de interés en este caso demuestra la irresponsabilidad de una institución estatal que debe garantizar una investigación integral para garantizar la justicia para el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, para Juan López, los Ríos Guapinol y San Pedro y las comunidades afectadas por la estructura criminal que se ha mantenido en Tocoa por más de diez años para favorecer a los proyectos extractivistas de Pinares/Ecotek.

Además, la defensa legal de los imputados intentó establecer que el juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción no tenía competencia sobre el caso porque los hechos se habían realizado antes de que existiera este juzgado que se formó en el 2024, sin embargo, el juez reiteró que el juicio se llevaría a cabo en ese tribunal. Esto tenía como intención que el juicio se desarrollará en el juzgado de letras de Tocoa, donde se han denunciado irregularidades en procesos de criminalización contra defensoras y defensores y en casos relacionados a denuncias interpuestas contra Pinares/Ecotek.

La Red Nacional de Defensoras hemos acompañado y observado varios procesos judiciales en contra de nuestras compañeras defensoras y defensores, campesinas, indígenas, luchadores y luchadoras que se oponen a empresas millonarias extractivistas y que por ello acaban siendo criminalizadas y judicializadas. Y en esos procesos de criminalización hemos observado como hay un trato desigual, privilegiado y diferenciado cuando los imputados son empresarios, empleados o aliados de empresas o megaproyectos extractivistas; se suspenden las audiencias sin previa notificación, se cambian los jueces, se otorgan medidas que favorecen a los imputados y se alargan los procesos para aumentar la angustia, la zozobra y ralentizar la aplicación de la justicia para quienes violentan los derechos de las defensoras, defensores y sus comunidades.

En 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por el “carácter estructural de impunidad que sería del 90% cuando se trata de delitos cometidos contra personas defensoras” por lo que continúa siendo un desafío el avance en la investigación y sanción de las personas que los cometen, de acuerdo al informe Situación de Derechos Humanos en Honduras de la CIDH, 2024.

Por ello, es importante el acompañamiento, acuerpamiento y la presencia de las organizaciones y movimientos sociales en las audiencias judiciales para ejercer presión en la celeridad, las obligaciones y responsabilidades de los entes judiciales para resolver los crímenes contra las defensoras, defensores y sus comunidades.

Funcionario público, Marlon Varela, agrede y difama a defensora, Hedme Castro

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El 3 de marzo de 2025, Hedme Castro, defensora de derechos humanos organizada en ACI-Participa, presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por injurias y calumnias en contra de Marlon Varela, actual gerente de Aduanas y candidato a alcalde de El Triunfo, Choluteca. El 25 de febrero, Marlon Varela acusó directamente a la defensora de participar en actos de corrupción y lucrarse de su labor en defensa de los derechos humanos.

Esta agresión surge luego de que Adán Funez, alcalde de Tocoa, Colón, apareciera en un foro televisivo y acusara de forma directa a las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, como posibles asesinos de Juan López, defensor de los bienes comunes y naturales. Marlon Varela, a través de su red social Facebook, apoyó esta narrativa y acusó a las organizaciones de “alegrarse de estos casos”, profiriendo también mensajes de odio y acusaciones graves en contra de la defensora.

Hedme Castro, cuestionó “cómo un funcionario público puede dirigirse a una defensora de derechos humanos que no conoce […] a deshonrar su nombre, trabajo y ponerla en riesgo. Es terrible que personal del Gobierno actual actúe de forma amenazante” expresó.

Desde el 2023, Hedme Castro y su núcleo familiar, cuentan con medidas cautelares tras considerar que se encuentran en una situación de riesgo, gravedad y daños irreparables a sus derechos humanos. Sin embargo, Hedme denunció el mal funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección para proteger y resguardar la vida de los y las defensoras que están en riesgo.

En 2024, el hostigamiento, las amenazas y la violencia psicológica representaron el 38% de las agresiones en contra de las defensoras de derechos humanos, de acuerdo a nuestros datos de registro y documentación. El 43% de agresiones estuvieron en manos de la policía y autoridades públicas.

En el último año hemos documentado un aumento en las agresiones digitales, siendo las campañas de desprestigio, la divulgación de hechos falsos y amenazas las más comunes que se utilizan con la intencionalidad de agredir directamente a las defensoras y desarticularlas de sus organizaciones o comunidades.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, repudiamos estas acciones del gerente de Aduanas y aspirante a alcalde, Marlon Varela, que atentan contra la integridad y seguridad de la defensora Hedme Castro y violenta a organizaciones de derechos humanos desacreditando nuestra labor y exigencia de justicia para nuestros compañeras y compañeros asesinados por defender la vida.

Exigimos un alto a las agresiones, amenazas y toda forma de violencia en contra de los y las defensoras de derechos humanos, especialmente de quienes se supone deben salvaguardar al pueblo y procurar la seguridad de los y las defensoras.

«Hasta Abrazarnos»

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La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, presentamos la novela gráfica «Hasta Abrazarnos» la historia de nuestra compañera Mary Elizabeth Martínez Castro, mujer y buscadora hondureña organizada hace 11 años en la Asociación Hondureña de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe (AFAHMIDEAF), que se atrevió a expresar los dolores, deseos y recuerdos que, desde La Siguata, casa de sanación de la RNDDH, acompañamos.

«Hasta abrazarnos» es el resultado de uno de los procesos desarrollados en nuestra casa de sanación La Siguata, que promueve la sanación a través de la palabra y la escritura donde se honra la verdad y la historia de Mary; es la tercera publicación de la colección literaria «Palabras Vivas» como una forma de reivindicar nuestro ejercicio y derecho político de sanar.

La presentación se dio en la casa cultural La Ilimitada, centro de Tegucigalpa, con la familia, amistades y compañeras de Mary que mediante el arte, la palabra, la música y el amor honramos su historia y vida, reconociendo la fuerza, pasos, caminos y energías en la búsqueda de su hijo Toño.

Descargar «Hasta Abrazarnos» aquí:

Hasta abrazarnos_RNDDH-IMDDescarga
Hasta Abrazarnos (alta calidad)

Ministerio Público debe investigar estructura criminal que asesinó a Juan López y la instalación irregular del megaproyecto minero Pinares-Ecotek

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En conferencia de prensa, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, exigió al Ministerio Público y al fiscal general, Johel Zelaya, la investigación y procesamiento de la estructura criminal detrás del asesinato del compañero y ambientalista, Juan López y la instalación irregular del megaproyecto minero-energético Pinares Ecotek.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, junto a organizaciones y personas convocadas por la causa, acuerpamos a nuestras compañeras y compañeros del Comité exigiendo justicia para Juan y una investigación pronta y diligente de los delitos, actos de corrupción y abusos de poder que permitieron y facilitaron la instalación de este megaproyecto extractivista que ha provocado graves daños ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía y fundado violencia y agresiones en contra de las comunidades que defienden los bienes naturales.  

Para hoy, estaba programada una audiencia contra ex empleados de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Tocoa, concerniente a la explotación ilegal y daños ambientales causados por Pinares-Ecotek en perjuicio del Parque Nacional Montaña de Botaderos, los Ríos Guapinol y San Pedro y otros cuerpos de agua vinculados a la zona protegida. Sin embargo, esta audiencia fue reprogramada para el 20 de marzo de 2025, por causas que no son del movimiento.

Esta audiencia responde a un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público a 10 días del asesinato de Juan López, en el que hay trece imputados relacionados a la UMA de Tocoa, el Instituto de Conservación Forestal de Gualaco, municipio de Olancho y cuatro imputados de Pinares Ecotek que continúan prófugos de la justicia, entre ellos Lenir Pérez, propietario de Inversiones Los Pinares.  

Además, para el 27 de febrero estaba programada la audiencia contra Norma Agripina García, actual secretaria de la municipalidad de Tocoa, acusada de falsificar acta de cabildo abierto de 2016 para incluir información falsa sobre la aprobación de proyectos mineros a favor de Inversiones Los Pinares, pero fue pospuesta. Asimismo, el 4 de marzo se desarrollaría la audiencia preliminar contra tres de los presuntos asesinos materiales de nuestro compañero, Juan López. Su asesinato ocurre en un contexto de oposición contra la minería y denuncias hacia una institucionalidad estatal/municipal que actúa en favor de intereses privados y capitalistas.

De acuerdo al Comité, estos casos de corrupción y delitos están estrechamente relacionados y muestran como los funcionarios municipales de Tocoa han sido clave para garantizar el avance del megaproyecto de Pinares/Ecotek a pesar del rechazo de las comunidades afectadas. Además, las personas judicializadas no responden a intereses individuales sino a una estructura criminal en la que se ha señalado al actual alcalde de Tocoa, Adán Funez.  

Recientemente, Adán Funez, quien lleva más de 20 años en la municipalidad de Tocoa, negó en un foro televisivo que él hubiera aprobado concesiones o permisos ambientales a Inversiones Los Pinares, que existiera contaminación y daño ambiental en los Ríos Guapinol y San Pedro y que no tenía responsabilidad en el asesinato del defensor, Juan López. Esto a pesar de que el medio internacional Infobae, lo vinculó directamente al sicario que le arrebató la vida a Juan, según pruebas testimoniales; Fúnez, además se atrevió a señalar a los compañeros de lucha de Juan como posibles asesinos del mismo, al quien, como precisó le hicieron una emboscada.

Para la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Comité Municipal de defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa, las organizaciones y personas que acompañamos y acuerpamos la lucha en contra de los megaproyectos extractivistas y capitalistas, es indignante que el Ministerio Público y el Estado no demuestre una intención para desmantelar, investigar y enjuiciar a la estructura criminal y todos los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Juan López, los crímenes contra los y las defensoras de Guapinol y San Pedro y los delitos vinculados al proyecto destructor de Pinares/Ecotek, y sólo hagan declaraciones o acciones de muy poca importancia ante tal hecho.

El Estado debe desarrollar una investigación integral y no de forma aislada de los crímenes contra defensoras y defensores de Tocoa. Además, debe garantizar el cumplimiento del decreto 18-2024 que declara las áreas naturales protegidas del país libres de minería a cielo abierto y recupera y protege la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, un logro de la lucha de los y las defensoras que defienden la vida, y debe cerrar la empresa por ilegal.

¡Por Juan, por Berta, justicia!

Tegucigalpa, 26 de febrero de 2025

Ver en vivo aquí: https://www.facebook.com/share/v/18P8i3HZKh

A 4 años del feminicidio de Keyla Martínez, la justicia hondureña continua sin castigar a los responsables

Plantón Keyla CSJ
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El pasado 7 de febrero, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto a organizaciones feministas, acompañamos y acuerpamos a familiares de Keyla Martínez y a su madre Norma Rodríguez, en un plantón organizado frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia y castigo para los responsables del feminicidio de Keyla.

Ese día se cumplieron 4 años desde el asesinato de Keyla Martínez, una joven enfermera llena de sueños y anhelos, a quién un agente policial le arrebató la vida en la posta policial #10 de la Esperanza, Intibucá, durante el estado de excepción declarado con el pretexto de la pandemia por Covid-19. Además, fue acusada de quitarse la vida ella misma y un despliegue policial fue cómplice para encubrir a los responsables de su feminicidio.

El único agente policial, enjuiciado y encontrado, culpable, Jarol Perdomo Sarmiento, fue liberado en 2024 debido a la recalificación del delito de feminicidio a homicidio, lo que implicó una disminución de la pena. Además, nunca se investigó la cadena de mando de la Policía Nacional que permitió y ocultó el feminicidio de Keyla.

En ese sentido, Norma Rodríguez, familiares y organizaciones que acompañamos en la demanda de justicia por el feminicidio agravado de Keyla Martínez, exigimos frente a la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa que se admita el recurso de casación que implica una repetición del juicio en contra de los implicados de forma directa e indirecta en el crimen, asignación de jueces con la preparación y experiencia en crímenes contra la vida de mujeres y violencia de género y la sanción contra jueces que cambiaron la tipificación del delito de feminicidio agravado a homicidio imprudente.

De acuerdo a declaraciones de Norma Rodríguez, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no han mostrado interés en volver a repetir el juicio, al contrario “ponen trabas o alargan el proceso para seguir protegiendo a la Policía Nacional porque no les conviene que Honduras sea castigado con una multa o sanción por haber violentado los derechos fundamentales de Keyla” en una institución estatal durante un estado de excepción. Asimismo, mencionó su intención de presentar el caso de Keyla ante organismos internacionales de derechos humanos si no había una respuesta pronta que garantice la justicia para Keyla.

En 2024, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM, registró 266 delitos contra la vida de los cuales 231 son muertes violentas de mujeres y niñas y 35 intentos de femicidios. Según este Observatorio, 34% de las mujeres asesinadas de forma violenta fueron jóvenes de edades entre 20 a 39 años y en 5 casos de muertes violentas los perpetradores fueron exmilitares, policías o personas con indumentaria militar.

Hasta el día de hoy, Honduras se mantiene bajo un Estado de Excepción como una política de seguridad nacional en manos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin resultados y con graves abusos de poder, agresiones, desapariciones forzadas y asesinatos.

Ante esto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras continuaremos exigiendo justicia por todas las asesinadas, desaparecidas y víctimas de la violencia machista, patriarcal y un Estado feminicida. Hoy y siempre recordamos a Keyla y seguiremos reafirmando que está presente ahora y siempre y que los feminicidas van a caer.

Qué exigimos: justicia para el Aguán

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Nutrida estuvo la conferencia de prensa y posterior acción en la calle frente a la Casa Presidencial en la que, como ya es tradición, la presidenta no recibe a ninguna delegación, comisión o representación popular. Se busca, se busca, se busca presidenta que al pueblo atienda, se gritó ante los portones cerrados y custodiados por policía y la guardia presidencial.  

La convocatoria de más de setenta organizaciones que respaldamos la urgencia para detener el nivel de violencia brutal que cada día destruye la vida en el Bajo Aguán se hizo presente en el centro de las oficinas del famoso centro cívico gubernamental en donde, para empezar no permitieron ingresar sonido, sino había una autorización; o sea lo de siempre con cualquier gobierno. La conferencia fue importante para denunciar una vez más y con datos y palabras de las mujeres que han perdido a sus familiares lo que cada día sucede, el terror del asesinato a mansalva contra la gente que pelea la tierra. La exigencia que se cumplan los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas, que hace tres años están paralizados, fue una de las demandas centrales, así como que se acompañe el regreso de las familias desplazadas y se detenga la agresión armada. La tierra no se vende, se cuida y se defiende.

En el Aguán, a partir de diciembre del 2024, los niveles de agresión de grupos armados ha aumentado no sólo en disparos y vandalismo contra las empresas Camarones, El Tranvío y El Chile, sino que estos perpetradores se publicitan en redes sociales, usan sus nombres en los medios que les son afines, y se refugian en comunidades donde otros civiles se ven envueltos en esta trama criminal; donde tienen el apoyo de grupos que se denominan defensores de derechos humanos, y que hacen la labor civil de esas acciones armadas. La situación ha llegado al grado de que toda la zona es de alto riesgo, el tránsito es peligroso, las clases se han parado en los centros educativos y la vida de cada campesina y campesino está en un hilo. Y eso ya ha sucedido con otros pueblos y luchas, pero el nivel que ha tomado en el Aguán es más que alarmante y sospechamos puede convertirse en una práctica generalizada en otros territorios, aunque hay experiencias similares. Hay que agregar que en esa zona se ha desplegado policía con equipos de defensa, pero cuya intervención es extrañamente lenta y peligrosamente ineficaz.

Esta mañana soleada de febrero, en Tegucigalpa, la delegación de al menos sesenta personas caminamos hasta la Casa donde se supone se encuentra la presidenta, pero quien salió a recibirnos fue un señor llamado Mario Roberto, de asuntos sociales, que se llevó la carta llevada por la delegación con las exigencias y demandas; y dijo que la haría llegar. Lo importante de este hecho fue, precisamente, que una vez más el movimiento social que, aun cuando puede tener militancia o afectos con el partido en el poder, encuentra de nuevo su lugar y recuerda que su propósito es cuestionar al gobierno y obligarlo a responder al pueblo que lo llevó a esas oficinas frescas y limpias.

 El señor Roberto dijo que él subiría la carta y que dejaba su nombre y teléfono, por cualquier cosa, firmando de recibido en una fotocopia. Nunca mejor el comentario del señor: arriba está el poder, lejos e indiferente a lo que pasa aquí abajo.

El Aguán, y toda esa hermosa tierra costeña ha sido, por décadas, lugar de agresiones a la lucha de los pueblos garífunas, indígenas, campesinos y el motivo, por supuesto, siempre es la tierra y el territorio. Las empresas agroindustriales y mineras, los terratenientes, ganaderos en su insaciable avaricia arrebatando lo que no les corresponde, esquilmando al estado, depredando la naturaleza y engordando sus cuentas bancarias frente a miles de personas despojadas que necesitan cultivar, tener agua limpia y alimentar a la sociedad entera.

Nunca fue tan importante en este país reconocer la necesidad de poner encima de la politiquería, las válidas y autónomas propuestas de mundo de los pueblos indígenas y garífunas, para todas y todos los que somos pueblo.  Nunca fue tan necesario recampesinizar el país, darle la importancia ineludible a la lucha campesina y su trabajo que sostiene la vida, o qué se supone que vamos a comer en el tiempo venidero.

En Honduras todo lo que está por la vida común, recibe golpes, balas, y cárcel, así matan a las mujeres, a las líderes ambientalistas, a los hombres de bien que quieren a las montañas. Y es por eso que una vez más nos toca a todas, todos y todes poner el hombro con el resto del cuerpo a las acciones que buscan la justicia que anhelamos en el campo y las comunidades que luchan.  Su lucha es nuestra.