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Hace 4 años, el 18 de julio de 2020, al menos 30 hombres armados y con indumentaria de la Dirección Policial de Investigación (DPI) ingresaron de forma violenta a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz en Atlántida y secuestraron y desaparecieron a nuestros compañeros y miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Milton Martínez, Suami Mejía, Gerardo López y Snaider Centeno, quien en ese entonces era el presidente del patronato de la comunidad.

Hoy se cumplen 4 años de este repudiable ataque y no hay una investigación diligente y efectiva que determine el paradero de los desaparecidos, ni la identificación de los responsables.

Los cuatro compañeros eran defensores de sus territorios garífunas y ancestrales; el Estado de Honduras es responsable de garantizar el respeto a los derechos humanos del pueblo garífuna, de las víctimas de la desaparición forzada y la protección de sus familiares. Sin embargo, el pueblo garífuna se sigue enfrentado a una política de exterminio, violencia, represión y criminalización, especialmente contra quienes defienden la tierra y el territorio y se oponen a los proyectos turísticos-extractivos.

Continúan los desalojos y despojos de los territorios garífunas, ejecutados principalmente por la Policía Nacional a favor de empresas extractivas; a pesar de que, el pueblo garífuna logró la instalación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Honduras no ha mostrado voluntad política para detener, de forma inmediata, las agresiones y violaciones de derechos humanos al pueblo garífuna.

Frente a esta situación, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, continuamos exigiendo al Estado de Honduras que agilice la investigación y que nuestros compañeros regresen a sus territorios con vida, que se castigue a los responsables intelectuales y materiales de este ataque. De igual forma, demandamos al Estado la protección física e integral para las familias y víctimas de la desaparición forzada y garantizar la seguridad de las comunidades garífunas y sus defensoras.

¡De su casa se los llevaron, en su casa los queremos!

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Alto al Racismo y Genocidio contra el pueblo Garífuna!

Más de 40 personas están sin hogar luego de que miembros de la Policía Nacional ejecutaran un desalojo y destrucción de ocho viviendas el 15 de mayo de 2024 en la aldea Jacalito, en el municipio de Namasigue, Choluteca.

María* cuenta que se despertó temprano para alistar a su hija y llevarla a la escuela. Cuando salió, a las 6 a.m., un comando de al menos 30 policías estaba afuera de su casa. Pero no sabía por qué o para qué.

Doña Ana* cuenta lo mismo: «cuando eran las 8 a.m., los periodistas andaban ahí, pero por la calle, no nos decían nada. Hasta que yo me arrimé y me dijeron que venían a un desalojo, pero no sabíamos de dónde. Nosotros no sabíamos que era a nuestras casas que venían a darles vuelta…» comentó, aún angustiada al recordar lo que pasó.

El desalojo comenzó a las 9 a.m., bajo la orden emitida por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Choluteca en contra de tres personas de la comunidad, acusadas por el supuesto delito de usurpación. Sin embargo, el desalojo y destrucción fue en ocho casas de la aldea, dejando en la calle a 27 adultos, 15 niñas y niños incluyendo una niña con discapacidad y una mujer embarazada.

De acuerdo a la denuncia y relato de las ocho familias afectadas, ninguna de las casas destruidas se encontraba en un “predio usurpado” puesto que el terreno que ocupaban forma parte del área verde, a la orilla de la carretera Panamericana en Namasigüe.

Tenían 38 años de vivir ahí y estaban en proceso de tramitar sus escrituras con el Instituto Nacional Agrario (INA), sin embargo, no recibieron respuesta antes de que ocurriera la expulsión.

Los y las habitantes denunciaron que desde meses atrás han recibido hostigamiento y amenazas por parte de uno de los empleados del propietario del predio supuestamente usurpado, y aún después del desalojo, esta persona continua con estas acciones.

Asimismo, denunciaron que, cuando ellas y ellos llegan al terreno donde estaban sus casas, esta persona llama a su patrón y una camioneta blanca se estaciona a vigilarles. Esto con el objetivo de infundir miedo y que no vuelvan a acercarse ni a reconstruir sus casas. Durante nuestra visita a la comunidad, este mismo carro blanco permaneció estacionado por más de media hora en la carretera principal.

Constantemente, bajo orden del dueño del predio, una retroexcavadora llega al terreno desalojado, destruye y aplasta los escombros, los hace un lado y los desecha; por ahí sobresalen algunos colchones, televisores, bloques de adobe y tejas quebradas de las casas que con esfuerzo habían construido las familias.

«Me contaban mis suegros la vida de mi esposo, que ellos llegaron a vivir ahí porque era a orilla de calle y había unas casas de choza, cartones y ahí iniciaron ellos y después se fueron levantando poco a poco (…) Mi suegra era vendedora ambulante, vendía pescado seco y camarón en pailas. Mi suegro, en bicicleta, vendía camarón. Así lucharon para construir su casa. Era de adobe, con piso de cerámica y tejas, no nos dejaron ni sacar una teja», relata María. Así como la familia de ella, todas y todos en la aldea habían construido sus casas con esfuerzo y subsistían con empleos informales. 

Actualmente, las ocho familias desalojadas se encuentran albergadas en el Centro Comunal de Namasigüe desde hace un mes, a la espera de una solución por parte de la Acaldía Municipal. De acuerdo al relato de la comunidad, la Alcaldía ya compró el terreno donde serían reubicadas las familias; sin embargo, no hay fondos para la construcción de las casas. Por lo que, no saben hasta cuando tendrán que vivir ahí.

La situación en el Centro Comunal es bastante precaria. Las niñas y los niños se enferman constantemente de resfriados y alergias y están expuestos a contagiarse de dengue y otras enfermedades por los charcos permanentes que se forman por las lluvias. Igualmente, a la par se encuentra un Centro de Salud que les expone a contaminación por los desechos sanitarios.

Las y los habitantes afectados denunciaron que el sábado 8 de junio se realizó un Cabildo Abierto en el que expresaron su problemática y exigieron una respuesta de la Corporación Municipal, sin embargo, el alcalde les respondió que «si se sienten incómodos busquen una casa y se van a vivir». Despreciando la situación de vulnerabilidad y peligro en el que se encuentra la comunidad. 

Nosotras, la Red Nacional de Defensoras, junto a la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, la Red de Mujeres de Namasigüe y la OACNUDH, nos presentamos en las oficinas de la Corporación Municipal con la finalidad de manifestar nuestra preocupación sobre la situación, sin embargo, el alcalde no se encontraba en el lugar.  

De acuerdo a nuestros datos de registro y documentación, en 2023 se documentaron 27 desalojos y en lo que va del 2024 hemos contabilizado al menos 10 desalojos en el país, marcados por la violencia institucional, la estigmatización y la judicialización de las personas defensoras que defienden la tierra y el territorio. 

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos apersonamos en la aldea de Jacalito, Namasigüe para escuchar y acompañar en sus denuncias, nos sumamos a la indignación por lo ocurrido en el lugar y a la exigencia de tierra y hogar para las ocho familias desalojadas. De igual forma, a través de nuestra estrategia de Acompañamiento, colaboramos solidariamente con víveres y medicamentos, particularmente para mujeres y niñez.

*Los nombres fueron omitidos por razones de seguridad.