Se desarrolla audiencia inicial sin la presencia de los imputados de Pinares Ecotek

El 11 de marzo de 2025, en los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se desarrolló la audiencia inicial en contra de los imputados: Víctor Bernardez, Fernando Manacés y Douglas Alvarenga, empleados de la empresa Pinares Ecotek acusados por explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados contra el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía.

La audiencia se desarrolló sin la presencia de los imputados debido a que, según el argumento de la defensa, “no se les giró convocatoria y no había vuelos de La Ceiba para poder viajar y estar a la hora” que se desarrollaría la audiencia en Tegucigalpa. Esto a pesar de que desde el 28 de febrero había sido programada la audiencia inicial.

Cabe mencionar que, ese mismo 28 de febrero, en la audiencia de declaración de imputados, el juez dictó medidas distintas a la prisión para los tres imputados debido a una fianza de seis millones que los imputados ofrecieron para poder defenderse en libertad y con la consideración de que pudieran firmar en cualquier juzgado que esté cerca de su lugar de residencia.

Rita Comité de defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa

Por otra parte, durante el desarrollo de la audiencia (que tampoco fue transmitida en vivo para la observación pública), la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó abandonar la sala debido a que no venían preparados, ni sabían nada del caso; una negligencia y abuso de la PGR en un caso que tiene más de 20 mil folios, de acuerdo al equipo legal representante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

La ignorancia y falta de interés en este caso demuestra la irresponsabilidad de una institución estatal que debe garantizar una investigación integral para garantizar la justicia para el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, para Juan López, los Ríos Guapinol y San Pedro y las comunidades afectadas por la estructura criminal que se ha mantenido en Tocoa por más de diez años para favorecer a los proyectos extractivistas de Pinares/Ecotek.

Además, la defensa legal de los imputados intentó establecer que el juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción no tenía competencia sobre el caso porque los hechos se habían realizado antes de que existiera este juzgado que se formó en el 2024, sin embargo, el juez reiteró que el juicio se llevaría a cabo en ese tribunal. Esto tenía como intención que el juicio se desarrollará en el juzgado de letras de Tocoa, donde se han denunciado irregularidades en procesos de criminalización contra defensoras y defensores y en casos relacionados a denuncias interpuestas contra Pinares/Ecotek.

La Red Nacional de Defensoras hemos acompañado y observado varios procesos judiciales en contra de nuestras compañeras defensoras y defensores, campesinas, indígenas, luchadores y luchadoras que se oponen a empresas millonarias extractivistas y que por ello acaban siendo criminalizadas y judicializadas. Y en esos procesos de criminalización hemos observado como hay un trato desigual, privilegiado y diferenciado cuando los imputados son empresarios, empleados o aliados de empresas o megaproyectos extractivistas; se suspenden las audiencias sin previa notificación, se cambian los jueces, se otorgan medidas que favorecen a los imputados y se alargan los procesos para aumentar la angustia, la zozobra y ralentizar la aplicación de la justicia para quienes violentan los derechos de las defensoras, defensores y sus comunidades.

En 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por el “carácter estructural de impunidad que sería del 90% cuando se trata de delitos cometidos contra personas defensoras” por lo que continúa siendo un desafío el avance en la investigación y sanción de las personas que los cometen, de acuerdo al informe Situación de Derechos Humanos en Honduras de la CIDH, 2024.

Por ello, es importante el acompañamiento, acuerpamiento y la presencia de las organizaciones y movimientos sociales en las audiencias judiciales para ejercer presión en la celeridad, las obligaciones y responsabilidades de los entes judiciales para resolver los crímenes contra las defensoras, defensores y sus comunidades.

Ecos de resistencia: latidos de una lucha en contra del extractivismo

Hoy, 29 de noviembre de 2024, día internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, desde nuestra estrategia de Registro y documentación presentamos el artículo: Ecos de resistencia, latidos de una lucha contra el extractivismo.

Ante los recientes sucesos de violencia y crueldad en contra de nuestros y nuestras compañeras y compañeros defensores del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y los sectores de Guapinol y el Río San Pedro contextualizamos la problemática que atraviesan en la lucha por defender los bienes comunes y la vida ante el extractivismo.

Reconocemos, nombramos, acompañamos y acuerpamos a nuestras compañeras y sus organizaciones en este camino de lucha.

Descargue el artículo aquí:

#AlertaUrgente | Corte de Apelaciones resuelve continuar la criminalización de defensores y defensoras de Guapinol, incluyendo al defensor Juan López, recientemente asesinado.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2024, a la 1:00 p.m. la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, ordenó reabrir el proceso legal en contra de Juan López, Reynaldo Domínguez, Leonel George, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo y alrededor de 10 defensoras y defensores de Guapinol y San Pedro, criminalizados desde 2019 por los delitos de incendio agravado, privación injusta de libertad, robo y asociación ilícita. Incluyendo al defensor Juan López, asesinado el pasado 14 de septiembre de 2024.

Por unanimidad de votos, las magistradas Viany Cruz Recarte, Dilian Irasema Guillen Sanchez, Roxana Ninoska Calix Zuniga, suspendieron el sobreseimiento definitivo, a favor de los defensores, mediante un Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público. Esto implica que el sistema de justicia seguirá protegiendo los intereses privados de la empresa Pinares Ecotek y Grupo Emco, en lugar de detener la criminalización de los defensores y las defensoras de los bienes naturales en Tocoa, Colón.

Repudiamos que instituciones del Estado formen parte de alianzas criminales para perseguir y judicializar a las y los defensores de Guapinol en contubernio con empresas mineras y extractivas que tanto daño y dolor han provocado en las comunidades de Colón.

Denunciamos la clara intencionalidad de mantener en una sistemática zozobra y hostigamiento en contra de los y las defensoras que defienden el agua de Guapinol y San Pedro y los bienes naturales de la Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras.

El Estado es responsable de la muerte de Juan López, el Estado debe garantizar la seguridad de las y los defensores de Guapinol.

Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social para acuerpar a nuestros compañeros y compañeras, debemos actuar de manera organizada y articulada frente a este embate de impunidad.

#AlertaUrgente | Asesinan a Juan López, defensor de los bienes naturales en Tocoa, Colón.

Hoy, 14 de septiembre de 2024, a las 8:40 p.m. asesinaron vilmente a nuestro compañero, Juan López, miembro fundador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón.

Juan, fue asesinado por su labor en defensa del Río Guapinol y los bienes naturales que son saqueados y destruidos por los proyectos extractivos y mineros de la empresa Pinares Ecotek. La muerte de Juan se da luego de exigir la renuncia del alcalde, Adán Funez por sus nexos con el narcotráfico.

Hace años que conocemos su lucha y hemos acompañado sus caminos. No tenemos palabras suficientes para alcanzar a nuestras hermanas y compañeras de su organización, a su esposa e hijas, a toda la gente con quien tejia justicia de a pie.

Exigimos la salida de la Empresa Pinares que ha traído tanta muerte a la gente luchadora del Aguán.

Rechazamos los discursos vacíos oficialistas del Estado que hoy vuelven a ensangrentar la tierra hondureña, con la de Juan López, a quienes no escucharon, no protegieron, ni han respondido a las justas y pacíficas demandas de las comunidades en lucha.

Exigimos que su muerte no quede impune.