Hoy, 10 de junio de 2025 a las 9:00 a.m. el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida ha citado a una audiencia a Miriam Miranda, defensora y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Esta citación responde a una demanda interpuesta por la empresa Inversiones y Servicios Monarca S.A. propiedad de la familia Maloff.
Es importante señalar que esta familia ha perpetrado varios actos de agresión contra el pueblo garífuna, específicamente en la comunidad Triunfo de la Cruz de Tela, Atlántida.
En marzo de 2025, alertamos por una denuncia de la comunidad garífuna, que la familia Maloff envió guardias de seguridad privada para cercar el cerro de Triunfo de la Cruz, violentando el derecho al territorio ancestral y amenazando la vida de las y los defensores.
La comunidad Triunfo de la Cruz cuenta con una sentencia internacional otorgada por la Corte IDH que condena al Estado hondureño y reconoce el derecho al territorio ancestral del pueblo garífuna y garantiza la no repetición de los hechos.
El incumplimiento de esta sentencia genera violencia, impunidad, represión, criminalización, persecución, desapariciones forzadas y un sin número de agresiones contra el pueblo garífuna.
Sabemos que la criminalización y persecución judicial son las formas más comunes que utiliza el poder para detener y desmovilizar la lucha de los pueblos. Repudiamos estas acciones y el respaldo que el mismo Estado otorga a los perpetradores para ejecutarlas.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos al Estado de Honduras detener la criminalización y persecución contra nuestra compañera y hermana, Miriam Miranda, la OFRANEH y todxs sus líderes y lideresas garífunas.
Nos mantenemos alerta de la situación y hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a exigir un alto a la persecución judicial contra el pueblo garífuna y pronunciarse contra estas acciones de criminalización.
El día 4 de junio en un noticiero televisivo de canal 36 con amplia cobertura nacional se expresaron acusaciones maliciosa y peligrosas en contra de nuestras compañeras del Centro de Estudios de la Mujer Honduras. En las mismas se acusa a la organización y sus directivas de recibir fondos millonarios del gobierno actual y favores a cambio de silencio y complicidad con supuestos actos criminales de dicho gobierno.
El CEM-H no solamente es una organización fundadora de nuestra Red Nacional de Defensoras, sino que también ha sido una institución referente en el feminismo hondureño y ha dado luchas importantes a favor de las mujeres.
En el discurso lleno de descalificaciones y supuestos malintencionados se hace alusión al movimiento feminista y entendemos que nombrar al CEM-H es una señal que se levanta contra el movimiento.
Denunciamos a los periodistas y su medio por convertir el espacio público en un ámbito de agresión social y moral contra feministas.
Nos solidarizamos con el equipo del CEM-H y sumamos nuestras voces en la defensa de su accionar independiente en relación a sus alianzas y relaciones políticas que son públicas.
Alertamos el avance de voces enemigas a los feminismos hondureños y sus propuestas de emancipación para las mujeres.
Hoy, 26 de mayo de 2025, desde las 11 de la mañana los guardias de seguridad privada apostados en la entrada del Centro Cívico Gubernamental no han permitido el ingreso de defensoras y defensores de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
Los y las defensoras se han presentado hoy a este edificio gubernamental para protestar de forma pacífica exigiendo el informe y avances de la regularización predial de la península de Zacate Grande.
Más de 30 defensoras y defensores de las comunidades de Zacate Grande se les ha negado la entrada porque según los guardias de seguridad privada las defensoras y defensores «venían al plantón». Impidiendo su derecho a la libre protesta y violando artículos constitucionales de libertad de expresión y de uso del espacio público consignados en la Constitución de la República.
La Red Nacional de Defensoras denunciamos este abuso de autoridad en contra de las defensoras y defensores de Zacate Grande y exigimos que les den paso para ejercer su derecho a la libre protesta pacífica.
Exigimos al gobierno que honren los compromisos contraídos con las comunidades desde marzo del 2024, que se encuentran en constante amenaza de despojo.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a estar alerta de la situación de los y las compañeras de Zacate Grande.
Hoy 17 de mayo de 2025 La reocupación del pueblo garifuna Centro de Saberes Ancestrales “Hachari Wayúnagu” enfrenta un nuevo ataque. Sujetos en una lancha se acercaron al lugar e hicieron disparos al aire.
Esto sucede dos dias después del intento de desalojo, donde hombres con indumentaria de la OABI miembros de la empresa de seguridad privada Fenix se presentaran con un sujeto de origen canadiense para intentar expulsar de manera forzosa a las personas que viven en esa tierra ancestral llevando armas de alto calibre. La comunidad ha recuperado además de su territorio una valiosa colección de piezas ancestrales de diversos pueblos indígenas y negros en posesión ilegal por parte de Randy Jorgensen.
Hacemos un llamado urgente a denunciar y levantar la voz ante el gobierno de Honduras debido a la creciente violencia en contra de esta reocupación de la OFRANEH. Responsabilizamos al Estado de Honduras, por no dar protección y seguridad a las comunidades que custodian y protegen los saberes ancestrales. Las mujeres, niñez y hombres que viven en esa reocupación están viviendo ataques armados y el peligro letal es inminente. La responsabilidad de los efectos de estos ataques es del gobierno actual.
A las organizaciones hermanas de la OFRANEH, organizaciones de derechos humanos nos convocamos a estar vigilantes frente a esta alarmante situación, movilizarnos en respaldo y solidaridad activa con quienes cuidan los bienes comunes del pueblo hondureño.
Este miércoles 28 de mayo, se desarrolla audiencia inicial en el caso de tres personas acusadas por adulteración y falsificación de documentos públicos de supuesta socialización en Cabildo Abierto en 2016 que permitió la instalación ilegitima del megaproyecto Pinares/Ecotek.
Los tres imputados son Norma García, secretaría municipal de Tocoa, Colón, y los representantes legales José Ernesto Vindel y Kenia Cortés de Ecotek y Pinares, respectivamente. Esta audiencia se llevará a cabo en el Palacio de Justicia de la ciudad de San Pedro Sula.
Dicha comparecencia corresponde a una serie de acciones legales que el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes Públicos de Tocoa ha emprendido contra el proyecto extractivo de Pinares/Ecotek por el inminente daño causado en las comunidades de Guapinol, Sector San Pedro y Tocoa.
Recientemente, el Comité denunció en un comunicado público que el actual ministro de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Lucky Medina, «se niega a resolver la oposición ciudadana contra la solicitud de Licencia Ambiental Funcional para la planta peletizadora de Inversiones Ecotek» manteniendo en permanente amenaza a las comunidades.
Asimismo, recordó que la empresa Ecotek «jamás ha tenido una Licencia Ambiental Funcional para operar la planta peletizadora» por lo que no puede ni debe renovarse. Además, hace un año, el 6 de mayo de 2024 entró en vigor el Decreto 18-2024 que prohíbe la minería a cielo abierto en el país; un logro de la lucha comunitaria organizada en el Comité.
Por otro lado, el pasado 13 de mayo de 2025, se desarrollaron las conclusiones de audiencia inicial donde se declaró auto de formal procesamiento inicial contra tres altos ejecutivos de la empresa Inversiones Los Pinares y Ecotek por la explotación ilegal de recursos naturales y daños al Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
Con una serie de pruebas que llevaron a esta declaración por parte del Tribunal, se demostró que esta empresa ha utilizado una serie de acciones ilegales y estructuras criminales para impulsar e imponer su megaproyecto sin tomar en cuenta el grave riesgo que representa para las comunidades, a pesar de que estas han manifestado su clara oposición.
No se puede olvidar que, esta misma estructura criminal impuesta en Tocoa para facilitar el desarrollo el megaproyecto también ha arrebatado la vida de muchos defensores y defensoras que se han opuesto. Siendo el más reciente, el compañero Juan López, asesinado hace más de 8 meses. Ahora, se desarrollará una audiencia preliminar contra cuatro acusados por el asesinato del defensor que tendrá lugar en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula el próximo miércoles 28 de mayo de 2025.
Cabe mencionar que, esta serie de acciones legales ocurren mientras en el Congreso Nacional se debate la aprobación de una “Ley de Licencias Express” que pretende el otorgamiento expedito, masivo e inconsulto de licencias para la explotación de bienes naturales y comunes de nuestro país. A pesar de que, este modelo extractivista y de despojo ha hecho tanto daño en el país.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras acuerpamos la lucha de las comunidades de Tocoa, Guapinol y Sector San Pedro, organizadas en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista, de derechos humanos y a todas las personas que hacen uso de los recursos y bienes naturales a acuerpar la lucha del Comité y de las comunidades que defienden nuestros recursos de este sistema de despojo y depredación.
Las organizaciones Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), junto a Planeta Colibrí, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Defenred, Casa Basoa, Mujeres al Borde y el Coletivo Feminista de Autocuidado e Cuidado entre Defensoras de Direitos Humanos, están presentando la publicación “Colmenas que abrigan. Espacios de cuidado y sanación para defensoraes de derechos humanos”.
Este documento hace un recorrido a través del trabajo, la metodología y los aportes en materia de autocuidado, cuidado colectivo y sanación de 7 espacios de respiro y sanación para mujeres y personas con identidades sexo-género disidentes que defienden derechos humanos, ubicados en distintos territorios de América Latina y el Estado español.
“Colmenas que abrigan” es el resultado del proceso colectivo de reflexión, intercambio de saberes y aprendizajes que se inició en el marco del encuentro celebrado en mayo de 2023 en Oaxaca, el cual reunió a integrantes de las organizaciones responsables de cada una de estas casas, y de los diálogos, entrevistas y acuerdos que se desarrollaron posteriormente.
En esta publicación, además de reflexiones sobre la importancia y la dimensión política del autocuidado, el cuidado colectivo y la sanación en un mundo en crisis en el que las defensoras de derechos humanos enfrentan cotidianamente contextos de precariedad y violencia, se describe el trabajo, la experiencia, los enfoques diversos y la propuesta metodológica de cada uno de los espacios. Estos espacios son: Casa la Serena, en Oaxaca (México); Casa Basoa, en Euskal Herria (Estado español); Casa de Respiro Defenred, en la Sierra Norte de Madrid (Estado español); Casa La Siguata, en Honduras; Oasis de Cuidado y Sanación, un espacio itinerante para defensoras; Planeta Colibrí, en Colombia; la Casa de Respiro de Brasil.
La apuesta diversa de estos espacios contribuye a colocar el cuidado en el centro de la acción política, a sostener y fortalecer los movimientos sociales, a transformar la cultura sacrificial en los activismos. Tal y como se señala: “las casas de respiro son espacios que nos conectan con el latir de la vida más antigua, esa pulsión de vida natural que brota sin esfuerzo, pero con fuerza. Son respiros colectivos que abrazan los corazones, que develan y lavan las heridas que las defensoraes acumulamos por la violencia patriarcal y sociopolítica”.
Las organizaciones responsables de la publicación esperan que la colectivización de estas experiencias y aprendizajes pueda contribuir a la generación de nuevos espacios para el descanso y el cuidado de las defensoras de derechos humanos en diversos territorios del planeta; a este fin, la publicación está disponible en español e inglés.
Este miércoles 21 de mayo de 2025, el pueblo garífuna articulado en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) se enfrenta al Estado de Honduras en una audiencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación del derecho a la propiedad colectiva del pueblo garífuna de Cayos Cochinos.
Esta audiencia, que se da en el marco del 176 período de Sesiones de la Corte IDH, se desarrolla en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y para la misma se convocó al Estado de Honduras representado por el procurador general de la república, Manuel Antonio Díaz Galeas y su equipo jurídico, la OFRANEH como representante y defensa legal de la comunidad garífuna y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cabe mencionar que el caso comunidad garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras es el cuarto caso que la OFRANEH ha llevado ante la Corte IDH. Los tres casos anteriores corresponden a las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan donde también el Estado hondureño fue acusado por violentar los derechos territoriales del pueblo garífuna y, en consecuencia, existen sentencias internacionales que reconocen la propiedad colectiva y ancestral del pueblo garífuna, así como la garantía a la no repetición de los hechos para evitar que se repitan las violaciones de derechos humanos en otras comunidades.
De resultar favorable la sentencia para Cayos Cochinos, esta sería la cuarta condena que el Estado de Honduras enfrentaría por violentar los derechos territoriales del pueblo garífuna; un importante precedente para la justicia, reparación y reconocimiento del territorio ancestral de los pueblos indígenas.
Esta audiencia surge por una demanda presentada el 29 de octubre de 2003 por la OFRANEH ante la CIDH contra el Estado de Honduras por las múltiples violaciones a los derechos y agresiones dirigidas a la comunidad garífuna de Cayos Cochinos. Es decir que, han pasado más de 20 años desde que se presentó esta petición y hasta la actualidad las agresiones y violencia sistemática contra el pueblo garífuna de Cayos Cochinos continúa presente.
Pero para entender lo que sucede en los Cayos Cochinos hay que irse a unos 30 años atrás, justo el 17 de noviembre de 1993, mediante acuerdo presidencial 1928-93, se declaró el archipiélago de Cayos Cochinos como “Área Natural Protegida” y, en consecuencia, se prohibió la pesca con anzuelos. Posteriormente, en 1994, se modificó este acuerdo y también se prohibió la extracción de crustáceos, impactando negativamente en la forma de vida y subsistencia de las comunidades insulares.
En ese mismo año, fue creada la Fundación Hondureña para la Protección y Conservación de Cayos Cochinos, también conocida como Fundación Cayos Cochinos, en colaboración con el expresidente Rafael Leonardo Callejas. Esta fundación, qué pertenece y es presidida por un empresario suizo, trabaja en coordinación con instituciones gubernamentales como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Fuerza Armada Naval y otras organizaciones internacionales.
En 2003, mediante Decreto 114-2003, se declaró Cayos Cochinos como “Monumento Natural Marítimo” y se estableció un “Plan de Manejo”, según el cual las actividades de vigilancia estaban a cargo de los guardarecursos de la Fundación Cayos Cochinos y de la Fuerza Naval de Honduras.
A partir de entonces, las comunidades garífunas insulares cercanas a los Cayos: Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia, Río Esteban y Chachahuate se han enfrentado a una serie de violaciones a sus derechos humanos ejecutadas por miembros de la Fuerza Naval e instituciones ambientalistas privadas que, en nombre de la protección ambiental, han desplazado a las comunidades garífunas de sus territorios ancestrales que históricamente les han pertenecido.
Por lo que también se considera que el Estado hondureño ha violentado el derecho a la libre autodeterminación del pueblo garífuna al no garantizar la consulta previa, libre e informada para declarar Cayos Cochinos como área protegida. Las limitaciones que conlleva esta declaración en el archipiélago impactan directamente en la forma de vida y subsistencia de las comunidades garífunas.
Además, han permitido que, bajo el argumento de proteger la zona, se realicen abusos, hostigamientos y desplazamiento forzado en contra de los y las defensoras garífunas por parte de la Fuerza Naval y la seguridad privada de la Fundación Cayos Cochinos.
En la audiencia que se desarrolla hoy en la ciudad de Guatemala, Guatemala, las comunidades garífunas articuladas en la OFRANEH exigirán al estado hondureño que garantice la libre determinación de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, sus derechos al territorio ancestral y la reparación de los daños que han causado estas restricciones en la vida de las y los miembros de las comunidades.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, hemos documentado y registrado múltiples agresiones contra las comunidades garífunas que defienden sus derechos territoriales. La OFRANEH continúa siendo una de las organizaciones más agredidas en el país, pues son quienes están en confrontación directa frente a este sistema capitalista, racista y de despojo contra el pueblo garífuna.
Acuerpamos la lucha digna del pueblo garífuna articulado en la OFRANEH y exigimos una resolución favorable para la comunidad de Cayos Cochinos, para que se reconozca los derechos territoriales indígenas y asegure que esta política de exterminio y despojo no continúe repitiéndose en ninguna comunidad, en ningún pueblo del país.
Hoy, 14 de mayo de 2025, a las 6 de la mañana un fuerte contigente policial y militar llegó a los asentamientos campesinos Las Cuencas y 12 de enero para ejecutar un desalojo contra más de 40 familias que se encuentran en un proceso de reocupación de tierras.
El desalojo se desarrolló de forma violenta, más de 400 policías y militares se apersonaron en el lugar, destruyeron y quemaron las casas y cultivos que habían en el territorio. Hasta horas de la tarde se mantuvo un operativo policial en la zona impidiendo que las y los defensores puedan ingresar al asentamiento.
De acuerdo a la información recibida, en el asentamiento 12 de enero no se presentó orden de desalojo. Tal como informábamos ayer en alerta temprana, estos desalojos responden a intereses privados impulsados por terratenientes vinculados a Industrias Corona, empresa en la que participa el empresario Abufele Salomon.
La Red Nacional de Defensoras denunciamos esta acción contra las comunidades campesinas que atenta contra su derecho a la tierra y el territorio y la soberanía alimentaria.
Exigimos al Estado, al Instituto Nacional Agrario celeridad en otorgamiento de títulos comunitarios para evitar que más vidas se pongan en riesgo a través de desalojos violentos.
Repudiamos los actos de intimidación, hostigamiengo y destrucción que la Policía Nacional y Militar han ejecutado contra los asentamientos campesinos de Las Cuencas y 12 de enero.
Alertamos a las organizaciones del movimiento social, feministas y de derechos humanos a estar alertas ante esta situación.
Guardias de seguridad privada ingresaron con violencia al territorio reocupado Centro de Saberes Ancestrales “Hachari Wayúnagu”.
Hoy 14 de mayo a partir de las 5:00 am alrededor de cinco vehículos con agentes de seguridad privada y la OABI irrumpieron en la reocupación que mantiene la OFRANEH para resguardar piezas ancestrales que fueron robadas y traficadas por el Canadiense Randy Jorgensen durante años.
En este momento la seguridad privada continúa en la comunidad impidiendo el paso de personas de las comunidades cercanas que se han movilizado a proteger la reocupación. Según información de defensoras y defensores de la OFRANEH ingresó un hombre extranjero que les tomó fotografías.
Los guardias de seguridad y agentes policiales con actitud intimidante dijeron a miembros de la comunidad que esperan la orden de un juez para proceder con el desalojo.
Exigimos al Estado de Honduras que se haga responsable y proceda en contra de quienes amenazan, pretenden intimidar y desalojar al pueblo garifuna de su territorio.
A las organizaciones del movimiento social y de derechos humanos a nivel nacional e internacional hacemos un llamado a estar alertas y en solidaridad permanente con la OFRANEH quien defiende sus derechos ancestrales como pueblo.
Hoy, 13 de mayo de 2025, alertamos sobre una amenaza de desalojo contra la empresa campesina Las Cuencas, que aglutina aproximadamente a 25 familias organizadas en un proceso de recuperación de tierras sostenido durante casi cuatro años. En esta misma situación se encuentra la base campesina 12 de Enero, conformada por 17 familias, ya que comparte territorio con Las Cuencas. Ambas organizaciones podrían ser gravemente afectadas por esta acción que violenta su derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria por la que han trabajado a lo largo de estos años.
Según la información proporcionada por las defensores y defensoras miembras de la CNTC-El Progreso este nuevo intento de desalojo está siendo impulsado por terratenientes vinculados a Industrias Corona, empresa en la que participa el empresario Abufele Salomón.
Los desalojos, y amenazas de ejecutarlos, reflejan un patrón sistemático de hostigamiento, violencia e incluso desplazamiento forzado contra comunidades campesinas que luchan legítimamente por el acceso a la tierra.
Denunciamos públicamente esta nueva amenaza de desalojo y exigimos al Estado de Honduras que garantice la seguridad, la integridad y los derechos humanos de todas las familias organizadas en Las Cuencas y 12 de Enero. El Estado es responsable de poner un alto a los desalojos y dar pronta respuesta a las demandas de las y los campesinos.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a estar alertas ante esta situación contra las empresas campesinas.
¡No más desalojos! ¡La tierra es de quien la trabaja!
