El pasado 7 de febrero, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto a organizaciones feministas, acompañamos y acuerpamos a familiares de Keyla Martínez y a su madre Norma Rodríguez, en un plantón organizado frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia y castigo para los responsables del feminicidio de Keyla.
Ese día se cumplieron 4 años desde el asesinato de Keyla Martínez, una joven enfermera llena de sueños y anhelos, a quién un agente policial le arrebató la vida en la posta policial #10 de la Esperanza, Intibucá, durante el estado de excepción declarado con el pretexto de la pandemia por Covid-19. Además, fue acusada de quitarse la vida ella misma y un despliegue policial fue cómplice para encubrir a los responsables de su feminicidio.
El único agente policial, enjuiciado y encontrado, culpable, Jarol Perdomo Sarmiento, fue liberado en 2024 debido a la recalificación del delito de feminicidio a homicidio, lo que implicó una disminución de la pena. Además, nunca se investigó la cadena de mando de la Policía Nacional que permitió y ocultó el feminicidio de Keyla.


En ese sentido, Norma Rodríguez, familiares y organizaciones que acompañamos en la demanda de justicia por el feminicidio agravado de Keyla Martínez, exigimos frente a la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa que se admita el recurso de casación que implica una repetición del juicio en contra de los implicados de forma directa e indirecta en el crimen, asignación de jueces con la preparación y experiencia en crímenes contra la vida de mujeres y violencia de género y la sanción contra jueces que cambiaron la tipificación del delito de feminicidio agravado a homicidio imprudente.
De acuerdo a declaraciones de Norma Rodríguez, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no han mostrado interés en volver a repetir el juicio, al contrario “ponen trabas o alargan el proceso para seguir protegiendo a la Policía Nacional porque no les conviene que Honduras sea castigado con una multa o sanción por haber violentado los derechos fundamentales de Keyla” en una institución estatal durante un estado de excepción. Asimismo, mencionó su intención de presentar el caso de Keyla ante organismos internacionales de derechos humanos si no había una respuesta pronta que garantice la justicia para Keyla.
En 2024, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM, registró 266 delitos contra la vida de los cuales 231 son muertes violentas de mujeres y niñas y 35 intentos de femicidios. Según este Observatorio, 34% de las mujeres asesinadas de forma violenta fueron jóvenes de edades entre 20 a 39 años y en 5 casos de muertes violentas los perpetradores fueron exmilitares, policías o personas con indumentaria militar.
Hasta el día de hoy, Honduras se mantiene bajo un Estado de Excepción como una política de seguridad nacional en manos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin resultados y con graves abusos de poder, agresiones, desapariciones forzadas y asesinatos.
Ante esto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras continuaremos exigiendo justicia por todas las asesinadas, desaparecidas y víctimas de la violencia machista, patriarcal y un Estado feminicida. Hoy y siempre recordamos a Keyla y seguiremos reafirmando que está presente ahora y siempre y que los feminicidas van a caer.


