Mientras en los calendarios de la juventud, febrero señala fechas relacionadas con la amistad, el amor y los deseos de felicidad, para Keyla Martínez y sus amigas, compañeras y familiares es un mes de indignación y tristeza. El 7 de febrero del 2021 fue asesinada en una posta policial, acusada ella misma, siendo la víctima, de suicida; y con un despliegue policial cómplice para ocultar a los responsables de su femicidio.
Nosotras, no olvidamos su sonrisa esperanzada, nosotras no perdonamos a quienes le quitaron la vida, sueños y deseos a esta joven enfermera hondureña. Sabemos que hay miles de casos y cada uno nos provoca la misma urgencia de luchar, denunciar y hacer memoria de sus vidas; así como la de nombrar a sus asesinos.
El día de hoy 22 de septiembre del 2022 nos convocamos en la ciudad de Siguatepeque, ante los juzgados, para estar presentes y exigir que se investigue la cadena de mando por el asesinato de Keyla, que se vuelva a tipificar el delito como un femicidio, que se termine con la impunidad policial. Hoy, un policía será juzgado, sin embargo, el comisionado que esa noche era responsable de la posta policial Melvin Alvarenga Deras se encuentra fuera de la investigación.
Sabemos que el poder de la policía es grande, pero el nuestro también lo es y hay que ponerles un alto porque al igual que con Keyla hay cientos de incidentes en que su lema de servir se ha convertido en la de humillar, oprimir y matar, especialmente a la juventud.
Las defensoras de los cuerpos, los territorios, las sabidurías, pueblos y utopías de la gente de este país nos manifestamos con la ternura que nos hace saber que cada día nacen niñas para llenar el mundo de amor y anhelos y que somos responsable de cuidarlas. Nos expresamos con las imágenes de Keyla Martínez, la muchacha de la Esperanza, para que no se termine la rabia que con dignidad nos hace pararnos aquí y exigir que sus asesinos sean castigados y que se detenga la violencia contra las mujeres de una vez y para siempre.
Después de varios días de lucha por la liberación de las seis personas defensoras de la #OFRANEH, la líder garífuna Miriam Miranda volvía de Punta Gorda en un vehículo que fue detenido por la policía nacional, a la altura del puente Danto en La Ceiba. Después de mostrar la documentación correspondiente, la policía de manera hostil y racista, insistió en registrar a los acompañantes de Miriam, e intentaron obligarla a bajar del carro, a lo cual no accedió pues no había ninguna razón ni argumento jurídico para ello. La defensora intento comunicarse con autoridades policiales quienes no respondieron.
Denunciamos la reiterada hostilidad, el racismo y la persecución contra el pueblo garífuna, especialmente contra la OFRANEH y su lideresa Miriam Miranda. De igual manera hacemos responsable al Estado de Honduras por la integridad de la defensora y sus acompañantes.
Alertamos, que bajo la nueva política de Estados de excepción bajo control policial, se pueden incrementar los abusos contra las luchadoras por los derechos humanos en Honduras.
Informe preliminar del proceso judicial de las defensoras y los defensores Garífunas de Punta Gorda en Honduras.
Expediente Judicial 124-2022
Dorotea Eliza Arzú López
Melisa Fabiola Martínez Reyes
Agusto Moises Dolmo Hill
Keyder Tichando Gonzalez
Abat Efrayn Sánchez Gómez
Richard Armando Marinez Valerio
Antecedentes
El 7 de noviembre de 2022, tres defensoras y tres defensores Garífunas fueron detenidas durante el violento e ilegal desalojo de tierras ancestrales recuperadas en Punta Gorda, departamento de Roatán, en las Islas de la Bahía de Honduras. Punta Gorda tiene un significado espiritual y cultural para el Pueblo Garífuna, ya que fue el primer lugar en el que aterrizo como Pueblo en Centroamérica tras su desplazamiento forzado desde la isla de San Vicente en 1769, y forma parte del patrimonio del Pueblo.
El Juez de Letras de Roatán, Allan Urbina García, ordenó el desalojo preventivo, figura creada en las reformas al código penal y procesal penal en 2021, al momento que la Fiscalía presento un requerimiento fiscal contra Geovany Francisco Guevara Benedict y otros por usurpación en perjuicio de Ritzy Wanda Norman Jones, quien presentó una denuncia el 10 de septiembre de 2022.
Durante su audiencia de imputados el 8 de noviembre, los y las defensoras fueron acusadas por el delito de usurpación agravada (6 a 9 años) y uno, Richard Armando Marinez Valerio, también fue acusado por atentado (6 a 9 años). El mismo juez Allan Urbina García presidio la audiencia y al concluirla, les otorgo medios distintos a prisión preventiva, y señaló el 23 de noviembre para la audiencia inicial.
Audiencia Inicial: 23 y 24 de noviembre de 2022, Juzgado de Letras de Roatán
La audiencia inicial fue convocada para el 23 de noviembre de 2022 en el Juzgado de Letras de Roatán ante el Juez de Letras Allan Urbina García, mismo que ordenó el violento desalojo del 7 de noviembre. Al llegar al Juzgado, se notó una fuerte presencia policial, las puertas afuera del juzgado cerrado con llave y una actitud agresiva de parte de la seguridad del Poder Judicial. Solo con el acompañamiento del equipo de defensa legal, pudieron entrar las personas defensoras y tres asesores (dos personas expertas Garífunas y una abogada Maya K’iche experta en derecho de los Pueblos Indígenas).
Entraron a la audiencia tres personas delegadas de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH Honduras), dos observadoras de la oficina de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), una observadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, una observadora del Bufete Justicia para los Pueblos y dos periodistas nacionales e internacionales. No hubo publicidad mediante (transmisión virtual) a pesar de que organizaciones y la defensa legal la solicitaron.
Las personas imputadas fueron representadas por un equipo de defensa técnica que contaba con la participación del abogado de la Organización Fraterna Negra de Honduras (OFRANEH) y tres abogados y una abogada del Bufete Justicia para los Pueblos.
Etapa de incidentes
Al iniciar la audiencia, el Ministerio Publico leyó la acusación contra las personas defensoras Garífunas imputadas. En seguimiento, la defensa técnica presentó dos excepciones y una nulidad.
Excepción por falta de acción por no existir el delito
A base de la acusación del Ministerio Publico que afirma que las seis personas fueron detenidas por la policía mientras realizaban una manifestación en una vía pública, la defensa publica plantea una nulidad argumentando que no se cometió un delito el 7 de noviembre de 2022, si no, que el Pueblo Garífuna se estaba ejerciendo su derecho constitucional.
Excepción por falta de competencia del órgano jurisdiccional
Argumentando las siguientes razones:
El 2 de agosto de 1996, Honduras declara Patrimonio Nacional el lugar de Punta Gorda (Decreto 68-96), por ser el punto de arribo de los Garífunas el día 12 de abril de 1797 y manda a construir un monumento conmemorativo.
Este decreto es Declarativo y no Constitutivo, lo que significa que el estado reconoce la existencia de la comunidad y la ancestralidad del territorio desde 1797 (no la fecha de la adopción del decreto en 1996).
Dado que existe este reconocimiento esta comunidad debe recibir la aplicación de leyes y convenios orientados a tratar su condición particular de Pueblo Indígena. De acuerdo con los principios del derecho, debe ser aplicados primeramente los convenios internacionales, como, por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT.
El Convenio 169 de la OIT en su Artículo 14 # 3 manda a que deberán de instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema judicial nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los Pueblos interesados
En ese sentido, que el Articulo 102 de la Ley de Propiedad en el Capítulo del Procedimiento de Regularización de la Propiedad Inmueble para Pueblos Indígenas establece que todo conflicto que se suscite entre estos Pueblos y terceros respecto a tierras comunales se someterá al procedimiento especial
Es más, en 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió sentencia condenatoria contra el Estado por violar los derechos colectivos de las comunidades garífunas de Punta Piedra en Colón y Triunfo de la Cruz en Atlántida. La Corte reconoce y establece que existe una estrecha relación entre los Garífunas y la tierra; considera la madre.
Una nulidad contra la ampliación del requerimiento fiscal de parte del Ministerio Publico dado que la Fiscal que lo emitió no tenía competencia para estar en el desalojo el 7 de noviembre de 2022 para ordenar una captura, por lo cual la defensa considera que la detención de los imputados es una detención ilegal y que todo el proceso es viciado y nulo.
El juez Allan Urbina García resolvió que va a pronunciarse sobre las impugnaciones presentadas al terminar la audiencia inicial.
Etapa de presentación de pruebas
El ente acusador propuso varios documentos, entre ellos recibos de pago de impuestos de la municipalidad local, supuestamente para demostrar que las personas imputadas no son del lugar, demostrando la falta de investigación seria en el caso, que hubiera demostrado claramente que Punta Gorda es un lugar profundamente sagrado para todo el Pueblo Garífuna y su recuperación es importante para todo el Pueblo. También presento copia del tratado Wyke-Cruz de 1860, realizado entre el Reino Británico y Honduras, donde Inglaterra cedió a Honduras el dominio territorial de las Islas de la Bahía y La Mosquitia, con la condición de garantizar el territorio y la cultura de los Pueblos Indígenas que habitaban la región.
Incorporación de prueba ilícita
El juez resolvió admitir toda la prueba propuesta por el Ministerio Publico y la defensa técnica, aunque se presentó varias objeciones a lo mismo por ser medios de prueba ilegales, quebrantando el derecho al debido proceso de las y los
defensores y demostrando que no hay un control de legitimidad sobre las ilegalidades en medios de pruebas incompletos que resultan no confiables.
Dentro de los medios de prueba incluye 5 USBs de información audio visual que no fueron recaudadas por el Ministerio Publico de acuerdo con el procedimiento correspondiente.
Se incorporo un álbum fotográfico que sin firmado por la persona que supuestamente realizo el documento
Etapa de evacuación de prueba
En el segundo día de la audiencia, se evacuo las declaraciones de 8 testigos del Ministerio Publico.
Entre ellas, se encuentra la declaración de la jueza ejecutora del desalojo:
La abogada Sandra Salgado Bonilla admitió que nunca verificó los puntos georreferenciados del terreno supuestamente usurpado, lo cual se le ordenó en la orden judicial de desalojo antes de iniciar el acto de desalojo. Como consecuencia, no pudo constatar que las personas agredidas y detenidas por la policía estuvieron en un terreno usurpado. Dijo que fue acompañada por la acusación particular y que le informó de dónde se encontraba la propiedad usurpada.
La jueza constato que la policía que acompañaba el desalojo estuvo armada.
La jueza afirmo que “debería haber” un protocolo para efectuar un desalojo pero que desconocía su existencia. También dijo que, aunque había estado en varios desalojos, era su primer desalojo de un Pueblo Indígena y que no tenía formación sobre cómo llevar a cabo un desalojo (ni en general ni en cuanto un desalojo de un Pueblo Indígena). Esto es importante destacarlo porque el Secretario de Seguridad de Honduras, afirmó en medios de comunicación que el desalojo se había realizado de acuerdo con el protocolo vigente, y con respeto a los derechos humanos.
La abogada admitió que la Fiscal Reyna Yescenia Funes Canizales estuvo presente en el desalojo y la coordinó de forma efectiva a pesar de no tener competencias para estar allí.
Admitió haber hecho anotaciones falsas en su informe sobre el desalojo, poniendo en duda todo su contenido.
Constató que la Acusación Privada gestiono la participación de las fuerzas navales en el desalojo, alarmando sobre la injerencia de intereses privados en las fuerzas armadas de Honduras. Documentos del Ministerio Publico consta que la Fiscal Reyna Yescenia Funes Canizales también pidió de forma ilegal la participación de las fuerzas armadas en el desalojo.
Durante la evacuación de los medios de prueba audio visuales, en vez de solo reproducir los videos, el juez volvió parte, expresando sus valoraciones subjetivas sobre el contenido de lo mismo.
Racismo Institucional
A lo largo de la audiencia, los funcionarios del Estado han dejado claro su racismo, odio, desprecio y estigma contra el Pueblo Garífuna, por ejemplo, degradando los rituales y prácticas ceremoniales e incluso refiriéndose a ellos como brujería y burlando del concepto de “tierra ancestral”. En este mismo sentido, a lo largo de juez hizo referencia repetitivamente a las ollas ceremoniales ancestrales donde se quema sahumerio y plantas
medicinales como “botes de humo”.
Los agentes policiales afuera del Juzgado se burlaban y reían constantemente durante las ceremonias, principalmente cuando se tocaban los tambores y amenazaron a botar el fuego ceremonial.
Se ha constatado que un agente fiscal, un agente de policía y una funcionaria del poder judicial desconocen las normativas que deben aplicarse en relación con la actuación de quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y los Pueblos Indígenas, además señalando la falta de entendimiento del contexto en lo cual se dio el desalojo. El agente de investigación dijo que no debe haber un tratamiento diferenciado, ya que, para él, todos son iguales. Estas personas también afirmaron que no hubo un plan para efectuar el desalojo y que no hay un protocolo diferenciado para desalojos de comunidades Indígenas
El agente investigador constató que realizó una investigación durante una semana del inmueble supuestamente usurpado, pero nunca entrevisto alguien del Pueblo Garífuna para conocer el fondo del caso
Incidentes de seguridad
Al terminar el segundo día de audiencia, Miriam Miranda, Coordinadora General de la OFRANEH denuncio públicamente que entraron personas desconocidas encapuchados que llegaron en un vehículo sin placas para intimidar a las personas acompañando la audiencia.
Agente de policía tomo fotos y videos con su celular personal de miembros del equipo de defensa legal y de las defensoras y defensores garífunas y defensoras de la Red Nacional de Defensoras que se encontraban afuera del Juzgado.
El frecuente hostigamiento policial afuera del Juzgado también ha implicado la fuerte presencia de la policía con actitud corporal bastante agresiva e intimidante al golpear constantemente sus toletes en el suelo, y un incidente de intimidación contra una defensora garífuna hostigándola y presionándola para que saliera de su vehículo y lo moviera, incluso abriendo de forma agresiva la puerta del mismo.
Durante las audiencia los dos fiscales del MP constantemente se referían a las defensoras y defensores judicializados como “usurpadores” diciéndolo con un tono de voz más fuerte.
Conclusiones
Durante la audiencia inicial de los y las defensoras Garífunas de Punta Gorda, que comenzó el 23 de noviembre y continúa hasta el 25 de noviembre, el tema del territorio ancestral se ha plantado con firmeza, descartando la posibilidad de una usurpación en Punta Gorda. Es interesante, la nieta del supuesto propietario original del terreno en cuestión, que luego vendió a la familia que hoy ha denunciado la usurpación, y que admitió la supuesta dueña en la audiencia que nunca había estado en el terreno en cuestión, dijo que su abuelo tituló originalmente el terreno de forma privado por estaba ahí y “no tenía uso” señalando cómo la tierra fue robada originalmente al Pueblo Garífuna como colectivo. Sobre el delito de atentado, no se ha demostrado un mínimo índice que se haya cometido este delito. Está previsto que la audiencia se reanude el viernes 25 de noviembre con el testigo de la defensa que hablará sobre el significado cultural de Punta Gorda para el Pueblo Garífuna. A continuación, las partes presentarán sus conclusiones y el juez resolverá si desestima o no los cargos o continúa con el proceso judicial.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, nos sumamos a la denuncia que ha hecho la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), con respecto al racismo institucionalizado contra defensoras y defensores de la tierra ancestral de Punta Gorda.
Afirmaciones de parte de funcionarios jurídicos y policiales sobre que nuestras compañeras son invasoras en su propia tierra, se suman a lo manifestado hoy en juicio público, donde policías declaran que las y los compañeros usaron brujería para dañarlos “pero como andamos con la protección de Dios no nos pasó nada”.
La campaña de odio, desprecio y estigma contra el pueblo garífuna se manifiesta en todas sus formas.
Llamamos al pueblo de Honduras, a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a que acuerpemos el derecho ancestral del pueblo garífuna a su territorio más antiguo y a sus prácticas espirituales.
Responsabilizamos al gobierno por todas las agresiones y daños en contra de la OFRANEH y sus integrantes que enfrentan este en proceso racista en la comunidad de Punta Gorda.
Exigimos libertad absoluta para las y los defensores. Respeto a la tierra y territorio y demás derechos establecidos en el convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas.
En un concentrado cabildo abierto, habitantes del Municipio de Marcala, La Paz, rechazaron proyectos municipales inconsultos como es el caso del manejo de los residuos sólidos, por parte de una empresa privada, así como la tala ilegal y la instalación de contadores de agua potable en las viviendas que privatizaría el consumo del vital líquido.
Con la asistencia de 390 habitantes de Marcala, miembras y miembros de la “Comisión Lenca para la Defensa de los Bienes Comunes de Marcala”, manifestaron su rechazo total ante la instalación de proyectos inconsultos, tal y como la puesta en marcha de un proyecto de residuos sólidos por parte de la empresa privada “Landfill Solutions” de origen español, proyecto aprobado por la municipalidad sin haber realizado la Consulta Previa Libre e informada a las comunidades.
La Comisión llamó a los funcionarios municipales a realizar una revisión de la “Ley de Contratación, Licitación y Adquisición del Estado y su Reglamentación”, puesto que consideran que todos los procesos para el manejo de los residuos sólidos en ese municipio han fracasado por la falta de rendición de cuentas de dichos proyectos.
“Como documento legal (el proyecto), está bien estructurado, aquí el problema es que nuestros representantes municipales en ningún momento nos llamaron para sociabilizar esto”, señaló Jorge Zelaya, miembro de la Comisión Lenca para la Defensa de los Bienes Comunes de Marcala.
Al mismo tiempo, las comunidades denunciaron la tala ilegal de los bosques, la minería a cielo abierto y la instalación de contadores de agua residenciales, mismos que continúan siendo uno de los factores principales que pone en riesgo los bienes comunes y precariza la vida de las personas que habitan en las comunidades.
“Le solicitamos a la Corporación Municipal de Marcala, que le solicite al ICF la cancelación inmediata y definitiva de los planes de manejo del Borbollón y de Tierra Prieta, y solicitarles, que respeten los 18 acuerdos dados el 15 de febrero del 2020, por un mismo cabildo abierto ambiental, y solicitamos a la UMA y a la Corporación que toda actividad que realicen, tomen en cuenta a la comisión de ambiente y que sea en coordinación”, exigió Adalinda Gutiérrez, defensora y miembra de la Comisión Lenca para la Defensa de los Bienes Comunes de Marcala
Así mismo, la defensora de la tierra y el territorio, manifestó que la Comisión y el pueblo de Marcala le dicen un rotundo NO a la tala masiva de los bosques, y que, a pesar de la persecución, criminalización y asesinato hacia quienes defienden los bienes comunes, desean un cambio para las futuras generaciones, así como el respeto al Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas.
“Solicitarle a la Corporación que no sea por última vez, y, sino que aprendan del convenio 169 (…) Que nunca hacen la consulta previa libre e informada, que eso dice el Convenio 169 que nos protege a los Pueblos Indígenas, y Marcala es toda Indígena Lenca, no debemos ignorarlo (…) No pasa esa propuesta, sino han consultado, no pasa”, declaró Adalinda Gutiérrez.
Los puntos de agenda aprobados por la población en el Cabildo Abierto se desarrollaron de la siguiente manera:
Informe de la Comisión de Ambiente
Informe de la Secretaría de Salud
Informe de la Unidad Municipal Ambiental (UMA)
Discusión de la concesión de la basura en Marcala
Tribuna Libre
Acuerdos
Firma del acta de la sesión
Los principales acuerdos del Cabildo Abierto están centrados principalemente en asuntos de índole ambiental, entre los que se encuentran:
No a la privatización del agua.
La Corporación Municipal debe solicitar al ICF la cancelación inmediata y defenitiva de los planes de manejo del Borbollón y Tierra Prieta.
La Corporación Municipal debe respetar los 18 acuerdos dados en el Cabildo Abierto del 15 de febrero de 2020.
No a la conseción de la basura de Marcala.
Creación de una comisión de revisión a la propuesta de la conseción de la basura para verificar quién autorizó la aprobación del proyecto sin la consulta previa a las comunidades.
La Policía Nacional junto a autoridades del Ministerio Público se hicieron presentes con una supuesta orden de desalojo para la recuperación territorial garífuna en Punta Gorda quienes desde hace varios meses decidieron recuperar esa parte de sus tierras.
La Policía Nacional junto a miembros del ejercito con armas de alto calibre y el Ministerio Público llegaron al campamento con una actitud intimidante, y no han mostrado claramente la orden de desalojo.
Mientras unos policías decían con actitud intimidante “les damos una hora”, un policía pateó intencionalmente la olla de sahumerio, instrumento de espiritualidad garífuna utilizado para pedir protección en el territorio.
Hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos sociales a estar pendiente de la situación y sumarse a la denuncia pública de esta situación que enfrentan nuestras compañeras y compañeros de la OFRANEH en Punta Gorda.
Responsabilizamos al Estado de Honduras por poner en riesgo la integridad y la vida de las defensoras y defensores.
En horas de la noche del 6 de noviembre, defensoras y defensores parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña fueron informadas que existía una orden de desalojo para la recuperación en Punta Gorda, Roatán.
El desalojo está planificado para hoy lunes 7 de noviembre a las 6:00 am por parte de la policía nacional.
Punta Gorda es la primera comunidad Garífuna, fundada hace 225 años, comunidad que decidió recuperar esas tierras desde hace varios meses y han sostenido un campamento como acción de control y cuidado de su territorio.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos sumamos a la denuncia de la sistemática persecución contra el pueblo garífuna, quienes ejercen su legítimo derecho a estar en su territorio.
Hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos sociales a estar pendiente de la situación y sumarse a la denuncia pública de esta nueva amenaza.
Keyla Martínez fue asesinada en una celda policial de la Esperanza, Intibucá a manos de miembros de la Policía Nacional de Honduras el 7 de febrero del año 2022, desde entonces, su familia, amistades y organizaciones feministas y de los derechos humanos hemos exigido una investigación que castigue a los responsables de su femicidio.
Hasta ahora, sólo ha sido llevado a juicio el policía de rango menor, Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, acción que ha protegido descaradamente a los demás agentes que estaban en la posta policial esa misma noche que Keyla fue asesinada.
Este 17 de octubre de 2022 se desarrollaron las conclusiones sobre el juicio contra el policía Jarold Rolando Perdomo. Estas conclusiones recabaron puntos centrales sobre los 6 días de juicio que se llevaron a cabo del 22 al 29 de septiembre de 2022.
La defensa del policía imputado persistió en la versión nefasta de que Keyla habría cometido suicidio, aún y cuando la autopsia médico forense dio como resultado que el motivo de muerte de Keyla fue por asfixia mecánica.
Además, los argumentos que manejó la defensa del policía para sostener la versión del suicidio fueron que Keyla Martínez “era una muchacha que tenía un trauma, ya que el papá la había abandonado porque era alcohólico”, argumento que el padre de Keyla desmintió contundentemente y que lo único que generó fue una revictimización hacia la familia de Keyla.
Por otra parte, tanto la defensa de Keyla como el Ministerio Público, insistieron en que la resolución del amparo recalifique el delito de homicidio simple a femicidio agravado. De no cambiar la tipificación del delito el policía enjuiciado recibiría una condena menor y el Estado hondureño se libraría de ir a una corte internacional por asesinar mujeres bajo su custodia.
Las defensoras de diversos territorios continuaremos aquí, alzando nuestras voces todas las veces que sean necesarias, exigiendo justicia para todas las mujeres víctimas de este Estado feminicida, exigiendo justicia para Keyla Martínez y cárcel para los policías que la asesinaron.
Hace 13 años este país amaneció militarizado, cercado por bayonetas y silencios oficiales. Ejecutaron un golpe de Estado civil y militar que costó años de injusticia, sufrimiento y víctimas del pueblo de Honduras. Perdimos compañeras invaluables para nuestros procesos de emancipación.
Sin embargo, la gente salió a repudiar y a exigir que se detuviera esta situación que sabíamos iba a traer retrocesos terribles, durante años se organizó y resistió el golpe de Estado y la narcodictadura que lo heredó y fortaleció.
Las feministas estuvimos ahí, en una lucha incansable, y aquí seguimos. 13 años más tarde en resistencia ante los poderes patriarcales, militaristas, fundamentalistas y racistas.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos que se desmilitaricen los territorios, porque donde hay armas las mujeres y la infancia están en alto riesgo; Se devuelva el derecho a la anticoncepción de emergencia que fue arrebatado a las hondureñas; se detenga la persecución y criminalización de las defensoras de todos los derechos; se definan y llevan a la práctica políticas de respeto y dignidad para las personas LGBTIQ+.
Exigimos que la dignidad de las personas LGBTIQ+ esté en la centralidad de la refundación que proclama el nuevo gobierno, que la vida y derechos de las personas de la disidencia sexual sea respetada. Que se haga justicia contra los perpetradores de los crímenes de odio que nos arrebataron a tantas defensoras y personas por ser parte de esta comunidad.
Que el nuevo gobierno de Xiomara Castro asuma sus promesas de campaña y las vuelva realidad. Que este gobierno no sea para un grupo selecto, sino para el pueblo que lo llevó al poder más allá de sus filiaciones políticas y simpatías.
No se va a reconstruir un país si no es con actos que sean congruentes con los discursos de soberanía, respeto y dignidad nacional.
Saludamos una vez más la fuerza y rebeldía de las comunidades y defensoras que siguen luchando de manera crítica y creativa en todos los puntos cardinales de Honduras contra todas las formas de opresión.
