Desde hace años comunidades del Archipiélago de Cayos Cochinos han denunciado la violencia sistemática por parte de la Fundación Cayos Cochinos, quienes además de afectar los derechos de las comunidades, permite la grabación del programa de televisión “Supervivientes: All Stars” de España.
En mayo de 2025, inició la audiencia en la Corte IDH donde la OFRANEH denunció al Estado de Honduras por violación al derecho territorial. Hoy nuevamente se evidencia la protección de los intereses privados por sobre los derechos de las comunidades del archipiélago.
Desde las 9:00 a.m. del 4 de septiembre de 2025, defensoras y defensores garífunas, se movilizaron para realizar un plantón pacífico en el archipiélago de Cayos Cochinos para denunciar como la filmación del programa de televisión «Supervivientes” afecta el proceso de anidamiento de la tortuga marina y puede poner en riesgo todo su ciclo de reproducción y vida.
Las comunidades garífunas de Cayos Cochinos, acompañadxs por la Red Nacional de Defensoras y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) se transportaban en lanchas, cuando agentes de la Policía Naval, Nacional y del Ejército dieron persecución en tres lanchas. Una de ellas intento chocar con la lancha donde se transportaban las compañeras y compañeros para evitar que llegaran a tierra. En todo momento la policía permaneció grabando e intimidando para que los y las defensoras desistieran a la acción.
Al llegar al Cayo Menor donde se desarrolla la grabación del programa de televisión, parte del personal grabó a las y los defensores y mostraron actitud intimidatoria. Desde ese momento, la Policía Nacional se mantiene en dos vallas con sus escudos y armas.
El jefe departamental de la Policia Nacional de Atlántida expresó que estaban ahí para «proteger al Estado de Honduras y colaborar con la Fundación». Aunque lideresas y lideres garífunas expresaron que se trata de una acción pacífica para denunciar las afectaciones que deja la filmación del programa, persiste la hostilidad y la fuerte presencia de agentes de seguridad estatal.
Hacemos un llamado a continuar alertas y pendientes de está acción y sumarse a la denuncia de esté tipo de proyectos que despojan a las comunidades de sus territorios ancestrales.
El sábado 21 de junio de 2025, la defensora garífuna de la comunidad de Armenia, Mabel Robledo envió un audio de extrema urgencia a la OFRANEH:
“Soy Mabel Robledo, estoy detenida, la policía me pegó, me disparó, y me golpearon en la cara”.
Después de varias horas sin comunicación, se conoce que está detenida en la posta de Jutiapa, Atlántida y que ha sido visiblemente agredida.
Alertamos con carácter de urgencia a los organismos del movimiento social y de derechos humanos que se movilicen para salvaguardar la vida de Mabel Robledo, defensora de la tierra y el territorio garífuna. Recientemente ella fue testigo clave en la audiencia de la Corte IDH para la protección del territorio de Cayos Cochinos.
La Red Nacional de Defensoras consideramos que esta situación es gravísima y la integridad de la defensora se encuentra en un riesgo mortal.
El Estado de Honduras es responsable de las agresiones contra miembros de la OFRANEH y las comunidades por su falta de cumplimiento de las sentencias ganadas por el pueblo garifuna Exigimos que pare la persecución y agresión contra la OFRANEH.
Este miércoles 21 de mayo de 2025, el pueblo garífuna articulado en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) se enfrenta al Estado de Honduras en una audiencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación del derecho a la propiedad colectiva del pueblo garífuna de Cayos Cochinos.
Esta audiencia, que se da en el marco del 176 período de Sesiones de la Corte IDH, se desarrolla en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y para la misma se convocó al Estado de Honduras representado por el procurador general de la república, Manuel Antonio Díaz Galeas y su equipo jurídico, la OFRANEH como representante y defensa legal de la comunidad garífuna y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cabe mencionar que el caso comunidad garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras es el cuarto caso que la OFRANEH ha llevado ante la Corte IDH. Los tres casos anteriores corresponden a las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan donde también el Estado hondureño fue acusado por violentar los derechos territoriales del pueblo garífuna y, en consecuencia, existen sentencias internacionales que reconocen la propiedad colectiva y ancestral del pueblo garífuna, así como la garantía a la no repetición de los hechos para evitar que se repitan las violaciones de derechos humanos en otras comunidades.
De resultar favorable la sentencia para Cayos Cochinos, esta sería la cuarta condena que el Estado de Honduras enfrentaría por violentar los derechos territoriales del pueblo garífuna; un importante precedente para la justicia, reparación y reconocimiento del territorio ancestral de los pueblos indígenas.
Esta audiencia surge por una demanda presentada el 29 de octubre de 2003 por la OFRANEH ante la CIDH contra el Estado de Honduras por las múltiples violaciones a los derechos y agresiones dirigidas a la comunidad garífuna de Cayos Cochinos. Es decir que, han pasado más de 20 años desde que se presentó esta petición y hasta la actualidad las agresiones y violencia sistemática contra el pueblo garífuna de Cayos Cochinos continúa presente.
Pero para entender lo que sucede en los Cayos Cochinos hay que irse a unos 30 años atrás, justo el 17 de noviembre de 1993, mediante acuerdo presidencial 1928-93, se declaró el archipiélago de Cayos Cochinos como “Área Natural Protegida” y, en consecuencia, se prohibió la pesca con anzuelos. Posteriormente, en 1994, se modificó este acuerdo y también se prohibió la extracción de crustáceos, impactando negativamente en la forma de vida y subsistencia de las comunidades insulares.
En ese mismo año, fue creada la Fundación Hondureña para la Protección y Conservación de Cayos Cochinos, también conocida como Fundación Cayos Cochinos, en colaboración con el expresidente Rafael Leonardo Callejas. Esta fundación, qué pertenece y es presidida por un empresario suizo, trabaja en coordinación con instituciones gubernamentales como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Fuerza Armada Naval y otras organizaciones internacionales.
En 2003, mediante Decreto 114-2003, se declaró Cayos Cochinos como “Monumento Natural Marítimo” y se estableció un “Plan de Manejo”, según el cual las actividades de vigilancia estaban a cargo de los guardarecursos de la Fundación Cayos Cochinos y de la Fuerza Naval de Honduras.
A partir de entonces, las comunidades garífunas insulares cercanas a los Cayos: Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia, Río Esteban y Chachahuate se han enfrentado a una serie de violaciones a sus derechos humanos ejecutadas por miembros de la Fuerza Naval e instituciones ambientalistas privadas que, en nombre de la protección ambiental, han desplazado a las comunidades garífunas de sus territorios ancestrales que históricamente les han pertenecido.
Por lo que también se considera que el Estado hondureño ha violentado el derecho a la libre autodeterminación del pueblo garífuna al no garantizar la consulta previa, libre e informada para declarar Cayos Cochinos como área protegida. Las limitaciones que conlleva esta declaración en el archipiélago impactan directamente en la forma de vida y subsistencia de las comunidades garífunas.
Además, han permitido que, bajo el argumento de proteger la zona, se realicen abusos, hostigamientos y desplazamiento forzado en contra de los y las defensoras garífunas por parte de la Fuerza Naval y la seguridad privada de la Fundación Cayos Cochinos.
En la audiencia que se desarrolla hoy en la ciudad de Guatemala, Guatemala, las comunidades garífunas articuladas en la OFRANEH exigirán al estado hondureño que garantice la libre determinación de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, sus derechos al territorio ancestral y la reparación de los daños que han causado estas restricciones en la vida de las y los miembros de las comunidades.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, hemos documentado y registrado múltiples agresiones contra las comunidades garífunas que defienden sus derechos territoriales. La OFRANEH continúa siendo una de las organizaciones más agredidas en el país, pues son quienes están en confrontación directa frente a este sistema capitalista, racista y de despojo contra el pueblo garífuna.
Acuerpamos la lucha digna del pueblo garífuna articulado en la OFRANEH y exigimos una resolución favorable para la comunidad de Cayos Cochinos, para que se reconozca los derechos territoriales indígenas y asegure que esta política de exterminio y despojo no continúe repitiéndose en ninguna comunidad, en ningún pueblo del país.
