Hoy, 10 de junio de 2025 a las 9:00 a.m. el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida ha citado a una audiencia a Miriam Miranda, defensora y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Esta citación responde a una demanda interpuesta por la empresa Inversiones y Servicios Monarca S.A. propiedad de la familia Maloff.
Es importante señalar que esta familia ha perpetrado varios actos de agresión contra el pueblo garífuna, específicamente en la comunidad Triunfo de la Cruz de Tela, Atlántida.
En marzo de 2025, alertamos por una denuncia de la comunidad garífuna, que la familia Maloff envió guardias de seguridad privada para cercar el cerro de Triunfo de la Cruz, violentando el derecho al territorio ancestral y amenazando la vida de las y los defensores.
La comunidad Triunfo de la Cruz cuenta con una sentencia internacional otorgada por la Corte IDH que condena al Estado hondureño y reconoce el derecho al territorio ancestral del pueblo garífuna y garantiza la no repetición de los hechos.
El incumplimiento de esta sentencia genera violencia, impunidad, represión, criminalización, persecución, desapariciones forzadas y un sin número de agresiones contra el pueblo garífuna.
Sabemos que la criminalización y persecución judicial son las formas más comunes que utiliza el poder para detener y desmovilizar la lucha de los pueblos. Repudiamos estas acciones y el respaldo que el mismo Estado otorga a los perpetradores para ejecutarlas.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos al Estado de Honduras detener la criminalización y persecución contra nuestra compañera y hermana, Miriam Miranda, la OFRANEH y todxs sus líderes y lideresas garífunas.
Nos mantenemos alerta de la situación y hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a exigir un alto a la persecución judicial contra el pueblo garífuna y pronunciarse contra estas acciones de criminalización.
Hoy 17 de mayo de 2025 La reocupación del pueblo garifuna Centro de Saberes Ancestrales “Hachari Wayúnagu” enfrenta un nuevo ataque. Sujetos en una lancha se acercaron al lugar e hicieron disparos al aire.
Esto sucede dos dias después del intento de desalojo, donde hombres con indumentaria de la OABI miembros de la empresa de seguridad privada Fenix se presentaran con un sujeto de origen canadiense para intentar expulsar de manera forzosa a las personas que viven en esa tierra ancestral llevando armas de alto calibre. La comunidad ha recuperado además de su territorio una valiosa colección de piezas ancestrales de diversos pueblos indígenas y negros en posesión ilegal por parte de Randy Jorgensen.
Hacemos un llamado urgente a denunciar y levantar la voz ante el gobierno de Honduras debido a la creciente violencia en contra de esta reocupación de la OFRANEH. Responsabilizamos al Estado de Honduras, por no dar protección y seguridad a las comunidades que custodian y protegen los saberes ancestrales. Las mujeres, niñez y hombres que viven en esa reocupación están viviendo ataques armados y el peligro letal es inminente. La responsabilidad de los efectos de estos ataques es del gobierno actual.
A las organizaciones hermanas de la OFRANEH, organizaciones de derechos humanos nos convocamos a estar vigilantes frente a esta alarmante situación, movilizarnos en respaldo y solidaridad activa con quienes cuidan los bienes comunes del pueblo hondureño.
Este miércoles 21 de mayo de 2025, el pueblo garífuna articulado en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) se enfrenta al Estado de Honduras en una audiencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación del derecho a la propiedad colectiva del pueblo garífuna de Cayos Cochinos.
Esta audiencia, que se da en el marco del 176 período de Sesiones de la Corte IDH, se desarrolla en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y para la misma se convocó al Estado de Honduras representado por el procurador general de la república, Manuel Antonio Díaz Galeas y su equipo jurídico, la OFRANEH como representante y defensa legal de la comunidad garífuna y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cabe mencionar que el caso comunidad garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras es el cuarto caso que la OFRANEH ha llevado ante la Corte IDH. Los tres casos anteriores corresponden a las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan donde también el Estado hondureño fue acusado por violentar los derechos territoriales del pueblo garífuna y, en consecuencia, existen sentencias internacionales que reconocen la propiedad colectiva y ancestral del pueblo garífuna, así como la garantía a la no repetición de los hechos para evitar que se repitan las violaciones de derechos humanos en otras comunidades.
De resultar favorable la sentencia para Cayos Cochinos, esta sería la cuarta condena que el Estado de Honduras enfrentaría por violentar los derechos territoriales del pueblo garífuna; un importante precedente para la justicia, reparación y reconocimiento del territorio ancestral de los pueblos indígenas.
Esta audiencia surge por una demanda presentada el 29 de octubre de 2003 por la OFRANEH ante la CIDH contra el Estado de Honduras por las múltiples violaciones a los derechos y agresiones dirigidas a la comunidad garífuna de Cayos Cochinos. Es decir que, han pasado más de 20 años desde que se presentó esta petición y hasta la actualidad las agresiones y violencia sistemática contra el pueblo garífuna de Cayos Cochinos continúa presente.
Pero para entender lo que sucede en los Cayos Cochinos hay que irse a unos 30 años atrás, justo el 17 de noviembre de 1993, mediante acuerdo presidencial 1928-93, se declaró el archipiélago de Cayos Cochinos como “Área Natural Protegida” y, en consecuencia, se prohibió la pesca con anzuelos. Posteriormente, en 1994, se modificó este acuerdo y también se prohibió la extracción de crustáceos, impactando negativamente en la forma de vida y subsistencia de las comunidades insulares.
En ese mismo año, fue creada la Fundación Hondureña para la Protección y Conservación de Cayos Cochinos, también conocida como Fundación Cayos Cochinos, en colaboración con el expresidente Rafael Leonardo Callejas. Esta fundación, qué pertenece y es presidida por un empresario suizo, trabaja en coordinación con instituciones gubernamentales como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Fuerza Armada Naval y otras organizaciones internacionales.
En 2003, mediante Decreto 114-2003, se declaró Cayos Cochinos como “Monumento Natural Marítimo” y se estableció un “Plan de Manejo”, según el cual las actividades de vigilancia estaban a cargo de los guardarecursos de la Fundación Cayos Cochinos y de la Fuerza Naval de Honduras.
A partir de entonces, las comunidades garífunas insulares cercanas a los Cayos: Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia, Río Esteban y Chachahuate se han enfrentado a una serie de violaciones a sus derechos humanos ejecutadas por miembros de la Fuerza Naval e instituciones ambientalistas privadas que, en nombre de la protección ambiental, han desplazado a las comunidades garífunas de sus territorios ancestrales que históricamente les han pertenecido.
Por lo que también se considera que el Estado hondureño ha violentado el derecho a la libre autodeterminación del pueblo garífuna al no garantizar la consulta previa, libre e informada para declarar Cayos Cochinos como área protegida. Las limitaciones que conlleva esta declaración en el archipiélago impactan directamente en la forma de vida y subsistencia de las comunidades garífunas.
Además, han permitido que, bajo el argumento de proteger la zona, se realicen abusos, hostigamientos y desplazamiento forzado en contra de los y las defensoras garífunas por parte de la Fuerza Naval y la seguridad privada de la Fundación Cayos Cochinos.
En la audiencia que se desarrolla hoy en la ciudad de Guatemala, Guatemala, las comunidades garífunas articuladas en la OFRANEH exigirán al estado hondureño que garantice la libre determinación de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, sus derechos al territorio ancestral y la reparación de los daños que han causado estas restricciones en la vida de las y los miembros de las comunidades.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, hemos documentado y registrado múltiples agresiones contra las comunidades garífunas que defienden sus derechos territoriales. La OFRANEH continúa siendo una de las organizaciones más agredidas en el país, pues son quienes están en confrontación directa frente a este sistema capitalista, racista y de despojo contra el pueblo garífuna.
Acuerpamos la lucha digna del pueblo garífuna articulado en la OFRANEH y exigimos una resolución favorable para la comunidad de Cayos Cochinos, para que se reconozca los derechos territoriales indígenas y asegure que esta política de exterminio y despojo no continúe repitiéndose en ninguna comunidad, en ningún pueblo del país.
Guardias de seguridad privada ingresaron con violencia al territorio reocupado Centro de Saberes Ancestrales “Hachari Wayúnagu”.
Hoy 14 de mayo a partir de las 5:00 am alrededor de cinco vehículos con agentes de seguridad privada y la OABI irrumpieron en la reocupación que mantiene la OFRANEH para resguardar piezas ancestrales que fueron robadas y traficadas por el Canadiense Randy Jorgensen durante años.
En este momento la seguridad privada continúa en la comunidad impidiendo el paso de personas de las comunidades cercanas que se han movilizado a proteger la reocupación. Según información de defensoras y defensores de la OFRANEH ingresó un hombre extranjero que les tomó fotografías.
Los guardias de seguridad y agentes policiales con actitud intimidante dijeron a miembros de la comunidad que esperan la orden de un juez para proceder con el desalojo.
Exigimos al Estado de Honduras que se haga responsable y proceda en contra de quienes amenazan, pretenden intimidar y desalojar al pueblo garifuna de su territorio.
A las organizaciones del movimiento social y de derechos humanos a nivel nacional e internacional hacemos un llamado a estar alertas y en solidaridad permanente con la OFRANEH quien defiende sus derechos ancestrales como pueblo.
Hoy, 13 de mayo de 2025, alertamos sobre una amenaza de desalojo contra la empresa campesina Las Cuencas, que aglutina aproximadamente a 25 familias organizadas en un proceso de recuperación de tierras sostenido durante casi cuatro años. En esta misma situación se encuentra la base campesina 12 de Enero, conformada por 17 familias, ya que comparte territorio con Las Cuencas. Ambas organizaciones podrían ser gravemente afectadas por esta acción que violenta su derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria por la que han trabajado a lo largo de estos años.
Según la información proporcionada por las defensores y defensoras miembras de la CNTC-El Progreso este nuevo intento de desalojo está siendo impulsado por terratenientes vinculados a Industrias Corona, empresa en la que participa el empresario Abufele Salomón.
Los desalojos, y amenazas de ejecutarlos, reflejan un patrón sistemático de hostigamiento, violencia e incluso desplazamiento forzado contra comunidades campesinas que luchan legítimamente por el acceso a la tierra.
Denunciamos públicamente esta nueva amenaza de desalojo y exigimos al Estado de Honduras que garantice la seguridad, la integridad y los derechos humanos de todas las familias organizadas en Las Cuencas y 12 de Enero. El Estado es responsable de poner un alto a los desalojos y dar pronta respuesta a las demandas de las y los campesinos.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a estar alertas ante esta situación contra las empresas campesinas.
¡No más desalojos! ¡La tierra es de quien la trabaja!
Hoy 17 de abril de 2025, el defensor José David Johnson Perez fue detenido por la policía cuando se dirigía al hospital en busca de atención medica por una emergencia obstétrica de su esposa. La policía nacional en un operativo de tránsito le indicó detenerse, en ese momento los agentes policiales le exigieron entregar su celular, a lo que él se negó, en ese momento la policía procedió a arrebatar y revisar su celular, de forma inmediata lo esposaron y llevaron a la posta policial de Roatán.
Miembros de la OFRANEH, se movilizaron de forma inmediata para dar acompañamiento; mientras documentaban el estado de su compañero fueron amenazadas con quitarles su celular si tomaban fotografías.
José David Johnson, ha expresado que durante la agresión y detención ilegal, la policía le dijo que sabía que era uno de los líderes que acompañaba las acciones de protesta, comentario que también les hicieron a sus compañeras en la posta Policial.
Nos preocupa la agresión continua de la institución policial en contra del pueblo garífuna organizado en la OFRANEH, esta nueva detención se da en el contexto de la presentación de habeas corpus por la desaparición forzada del joven Max Gil Castillo el 12 de abril.
Exigimos la liberación inmediata del defensor José David Johnson Perez y responsabilizamos a la policía nacional y al Estado de Honduras por su seguridad y su vida.
A las organizaciones de derechos humanos y movimiento social nos llamamos a estar pendientes y a solidarizarnos frente a estos ataques sistemáticos que enfrentan las defensoras y defensores de la OFRANEH.
Integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña se movilizaron al Centro Integrado (CEIN) del Poder Judicial en la Ciudad de San Pedro Sula para interponer una denuncia por la desaparición Forzada de Max Gil Castillo Mejía, actualmente desaparecido desde el día sábado 12 de abril del presente año, en la Colonia Jerusalén, Jurisdicción de San Pedro Sula, en dicho centro enfrentaron varios obstáculos y negativas para la presentación de la denuncia. Finalmente, luego de insistir sobre la gravedad de la situación hace unos minutos ha sido recibida.
Denunciamos este tipo de acciones que favorecen la impunidad y demoran la búsqueda y protección de la vida de las personas. Hacemos un llamado a la organizaciones e instancias de derechos humanos a mantenernos alertas ante las acciones de exigencia de la aparición con vida de Max Gil Castillo y hacer eco de las acciones que impulsa la OFRANEH.
El 12 de abril de 2025 se cumplen 228 años de la llegada del pueblo garífuna a Honduras y desde nuestra estrategia de Registro y documentación presentamos el artículo: OFRANEH 228 años.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) es una de las más históricas del país, con más de 40 años de trayectoria en la lucha de la defensa de los derechos territoriales y culturales del pueblo garífuna.
En este día de memoria y alegría del pueblo garífuna y su organización, la OFRANEH, reconocemos la digna lucha del pueblo garífuna que ha sostenido antes incluso de que Honduras fuera reconocida como Estado-Nación.
Presentamos datos importantes sobre su lucha en defensa de sus derechos y evidenciamos que el pueblo garífuna continúa enfrentándose al racismo estructural, el despojo territorial y una política de exterminio.
Hoy, 12 de abril de 2025, sigue la consigna: Nada porque celebrar, mucho porque luchar.
El 20 de marzo de 2025, en audiencia inicial, el Juez Hermes Benigno Pineda, emitió auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas en contra de tres personas defensoras, entre ellas una defensora; dos por el delito de incendio y una por el delito de daños.
Asimismo, se logró establecer la mínima participación de uno de los defensores y el resto de imputados permanecerán con sobreseimiento provisional. Es decir, que al menos 4 personas de la comunidad seguirán en un proceso judicial que violenta su derecho a defender su territorio.
Una vez más, el sistema judicial y el Ministerio Público utilizan figuras penales para criminalizar y judicializar a defensoras y defensores de la tierra y el territorio para favorecer a terceros mediante el despojo y desplazamiento de los pueblos indígenas y negros del país.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras repudiamos la decisión del juzgado de no cerrar el proceso y persecución contra las y los defensores del Pueblo Negro de Habla Inglesa.
Exigimos al Estado de Honduras investigar, reconocer y garantizar el derecho al territorio ancestral ubicado en la comunidad Diamond Rock, Islas de la Bahía, que históricamente ha permanecido bajo el resguardo de la familia McLaughlin y pretende ser usurpado por terceros ajenos a la comunidad.
Exigimos un alto a la criminalización, racismo y la política de exterminio en contra del pueblo indígena negro.
Para el jueves 20 de marzo de 2025, esta programada la audiencia para emitir el fallo en el caso de 13 personas defensoras del Pueblo Negro de Habla Inglesa criminalizadas por defender su derecho a la tierra-territorio ancestral.
Un contigente de la Policía Militar con armas de grueso calibre se ha hecho presente en el lugar donde defensoras y defensores garífunas y del pueblo negro de habla inglesa mantienen un plantón pacífico para exigir justicia para los y las defensoras injustamente criminalizadas.
Denunciamos que, hasta esta hora 12:13 p.m., la audiencia no ha sido iniciada por el Juez Hermes Benigno Pineda del Juzgado de Letras de Roatán. Además, las y los defensores han denunciado que un agente policial de apellido Martínez ha desenfundado y cargado su arma para amenazar a uno de los defensores presente.
La Red Nacional de Defensoras exigimos que se garantice la seguridad e integridad física de las y los defensores que bajo su legítimo derecho a la libre manifestación exigen libertad y justicia para los 13 defensores criminalizados.
Hacemos un llamado a organizaciones del movimiento social, feminista, de derechos humanos a denunciar el hostigamiento militar en contra del pueblo garífuna y negro de habla inglesa.
