CIDH desarrolla audiencia contra Honduras por el caso de la comunidad garífuna Cayos Cochinos

Este miércoles 21 de mayo de 2025, el pueblo garífuna articulado en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) se enfrenta al Estado de Honduras en una audiencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación del derecho a la propiedad colectiva del pueblo garífuna de Cayos Cochinos.

Esta audiencia, que se da en el marco del 176 período de Sesiones de la Corte IDH, se desarrolla en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y para la misma se convocó al Estado de Honduras representado por el procurador general de la república, Manuel Antonio Díaz Galeas y su equipo jurídico, la OFRANEH como representante y defensa legal de la comunidad garífuna y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cabe mencionar que el caso comunidad garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras es el cuarto caso que la OFRANEH ha llevado ante la Corte IDH. Los tres casos anteriores corresponden a las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan donde también el Estado hondureño fue acusado por violentar los derechos territoriales del pueblo garífuna y, en consecuencia, existen sentencias internacionales que reconocen la propiedad colectiva y ancestral del pueblo garífuna, así como la garantía a la no repetición de los hechos para evitar que se repitan las violaciones de derechos humanos en otras comunidades.

De resultar favorable la sentencia para Cayos Cochinos, esta sería la cuarta condena que el Estado de Honduras enfrentaría por violentar los derechos territoriales del pueblo garífuna; un importante precedente para la justicia, reparación y reconocimiento del territorio ancestral de los pueblos indígenas.

Esta audiencia surge por una demanda presentada el 29 de octubre de 2003 por la OFRANEH ante la CIDH contra el Estado de Honduras por las múltiples violaciones a los derechos y agresiones dirigidas a la comunidad garífuna de Cayos Cochinos. Es decir que, han pasado más de 20 años desde que se presentó esta petición y hasta la actualidad las agresiones y violencia sistemática contra el pueblo garífuna de Cayos Cochinos continúa presente.

Pero para entender lo que sucede en los Cayos Cochinos hay que irse a unos 30 años atrás, justo el 17 de noviembre de 1993, mediante acuerdo presidencial 1928-93, se declaró el archipiélago de Cayos Cochinos como “Área Natural Protegida” y, en consecuencia, se prohibió la pesca con anzuelos. Posteriormente, en 1994, se modificó este acuerdo y también se prohibió la extracción de crustáceos, impactando negativamente en la forma de vida y subsistencia de las comunidades insulares. 

En ese mismo año, fue creada la Fundación Hondureña para la Protección y Conservación de Cayos Cochinos, también conocida como Fundación Cayos Cochinos, en colaboración con el expresidente Rafael Leonardo Callejas. Esta fundación, qué pertenece y es presidida por un empresario suizo, trabaja en coordinación con instituciones gubernamentales como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Fuerza Armada Naval y otras organizaciones internacionales.

En 2003, mediante Decreto 114-2003, se declaró Cayos Cochinos como “Monumento Natural Marítimo” y se estableció un “Plan de Manejo”, según el cual las actividades de vigilancia estaban a cargo de los guardarecursos de la Fundación Cayos Cochinos y de la Fuerza Naval de Honduras.

A partir de entonces, las comunidades garífunas insulares cercanas a los Cayos: Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia, Río Esteban y Chachahuate se han enfrentado a una serie de violaciones a sus derechos humanos ejecutadas por miembros de la Fuerza Naval e instituciones ambientalistas privadas que, en nombre de la protección ambiental, han desplazado a las comunidades garífunas de sus territorios ancestrales que históricamente les han pertenecido.

Por lo que también se considera que el Estado hondureño ha violentado el derecho a la libre autodeterminación del pueblo garífuna al no garantizar la consulta previa, libre e informada para declarar Cayos Cochinos como área protegida. Las limitaciones que conlleva esta declaración en el archipiélago impactan directamente en la forma de vida y subsistencia de las comunidades garífunas.

Además, han permitido que, bajo el argumento de proteger la zona, se realicen abusos, hostigamientos y desplazamiento forzado en contra de los y las defensoras garífunas por parte de la Fuerza Naval y la seguridad privada de la Fundación Cayos Cochinos.

En la audiencia que se desarrolla hoy en la ciudad de Guatemala, Guatemala, las comunidades garífunas articuladas en la OFRANEH exigirán al estado hondureño que garantice la libre determinación de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, sus derechos al territorio ancestral y la reparación de los daños que han causado estas restricciones en la vida de las y los miembros de las comunidades.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, hemos documentado y registrado múltiples agresiones contra las comunidades garífunas que defienden sus derechos territoriales. La OFRANEH continúa siendo una de las organizaciones más agredidas en el país, pues son quienes están en confrontación directa frente a este sistema capitalista, racista y de despojo contra el pueblo garífuna.

Acuerpamos la lucha digna del pueblo garífuna articulado en la OFRANEH y exigimos una resolución favorable para la comunidad de Cayos Cochinos, para que se reconozca los derechos territoriales indígenas y asegure que esta política de exterminio y despojo no continúe repitiéndose en ninguna comunidad, en ningún pueblo del país.

La transmisión en vivo de la audiencia se puede encontrar en este enlace: https://www.facebook.com/CorteIDH/videos/667401259394758

Fotografías: OFRANEH

#AlertaUrgente │Amenaza de desalojo violento y robo de piezas ancestrales al Pueblo Garifuna.

Guardias de seguridad privada ingresaron con violencia al territorio reocupado Centro de Saberes Ancestrales “Hachari Wayúnagu”.

Hoy 14 de mayo a partir de las 5:00 am alrededor de cinco vehículos con agentes de seguridad privada y la OABI irrumpieron en la reocupación que mantiene la OFRANEH para resguardar piezas ancestrales que fueron robadas y traficadas por el Canadiense Randy Jorgensen durante años.

En este momento la seguridad privada continúa en la comunidad impidiendo el paso de personas de las comunidades cercanas que se han movilizado a proteger la reocupación. Según información de defensoras y defensores de la OFRANEH ingresó un hombre extranjero que les tomó fotografías.

Los guardias de seguridad y agentes policiales con actitud intimidante dijeron a miembros de la comunidad que esperan la orden de un juez para proceder con el desalojo.

Exigimos al Estado de Honduras que se haga responsable y proceda en contra de quienes amenazan, pretenden intimidar y desalojar al pueblo garifuna de su territorio.

A las organizaciones del movimiento social y de derechos humanos a nivel nacional e internacional hacemos un llamado a estar alertas y en solidaridad permanente con la OFRANEH quien defiende sus derechos ancestrales como pueblo.

#AlertaUrgente │ Amenaza de desalojo contra la empresa campesina Las Cuencas y la base 12 de Enero de la CNTC-El Progreso.

Hoy, 13 de mayo de 2025, alertamos sobre una amenaza de desalojo contra la empresa campesina Las Cuencas, que aglutina aproximadamente a 25 familias organizadas en un proceso de recuperación de tierras sostenido durante casi cuatro años. En esta misma situación se encuentra la base campesina 12 de Enero, conformada por 17 familias, ya que comparte territorio con Las Cuencas. Ambas organizaciones podrían ser gravemente afectadas por esta acción que violenta su derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria por la que han trabajado a lo largo de estos años.

Según la información proporcionada por las defensores y defensoras miembras de la CNTC-El Progreso este nuevo intento de desalojo está siendo impulsado por terratenientes vinculados a Industrias Corona, empresa en la que participa el empresario Abufele Salomón.

Los desalojos, y amenazas de ejecutarlos, reflejan un patrón sistemático de hostigamiento, violencia e incluso desplazamiento forzado contra comunidades campesinas que luchan legítimamente por el acceso a la tierra.

Denunciamos públicamente esta nueva amenaza de desalojo y exigimos al Estado de Honduras que garantice la seguridad, la integridad y los derechos humanos de todas las familias organizadas en Las Cuencas y 12 de Enero. El Estado es responsable de poner un alto a los desalojos y dar pronta respuesta a las demandas de las y los campesinos.

Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a estar alertas ante esta situación contra las empresas campesinas.

¡No más desalojos!
¡La tierra es de quien la trabaja!

#AlertaUrgente │La Policía Nacional detiene de manera arbitraria a miembro de la OFRANEH en Roatán.

Hoy 17 de abril de 2025, el defensor José David Johnson Perez fue detenido por la policía cuando se dirigía al hospital en busca de atención medica por una emergencia obstétrica de su esposa. La policía nacional en un operativo de tránsito le indicó detenerse, en ese momento los agentes policiales le exigieron entregar su celular, a lo que él se negó, en ese momento la policía procedió a arrebatar y revisar su celular, de forma inmediata lo esposaron y llevaron a la posta policial de Roatán.

Miembros de la OFRANEH, se movilizaron de forma inmediata para dar acompañamiento; mientras documentaban el estado de su compañero fueron amenazadas con quitarles su celular si tomaban fotografías.

José David Johnson, ha expresado que durante la agresión y detención ilegal, la policía le dijo que sabía que era uno de los líderes que acompañaba las acciones de protesta, comentario que también les hicieron a sus compañeras en la posta Policial.

Nos preocupa la agresión continua de la institución policial en contra del pueblo garífuna organizado en la OFRANEH, esta nueva detención se da en el contexto de la presentación de habeas corpus por la desaparición forzada del joven Max Gil Castillo el 12 de abril.

Exigimos la liberación inmediata del defensor José David Johnson Perez y responsabilizamos a la policía nacional y al Estado de Honduras por su seguridad y su vida.

A las organizaciones de derechos humanos y movimiento social nos llamamos a estar pendientes y a solidarizarnos frente a estos ataques sistemáticos que enfrentan las defensoras y defensores de la OFRANEH.

#AlertaUrgente │Integrantes de la OFRANEH enfrentan obstáculos y negativas para interponer denuncia en Centro Integrado de San Pedro Sula.

Integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña se movilizaron al Centro Integrado (CEIN) del Poder Judicial en la Ciudad de San Pedro Sula para interponer una denuncia por la desaparición Forzada de Max Gil Castillo Mejía, actualmente desaparecido desde el día sábado 12 de abril del presente año, en la Colonia Jerusalén, Jurisdicción de San Pedro Sula, en dicho centro enfrentaron varios obstáculos y negativas para la presentación de la denuncia. Finalmente, luego de insistir sobre la gravedad de la situación hace unos minutos ha sido recibida.

Denunciamos este tipo de acciones que favorecen la impunidad y demoran la búsqueda y protección de la vida de las personas. Hacemos un llamado a la organizaciones e instancias de derechos humanos a mantenernos alertas ante las acciones de exigencia de la aparición con vida de Max Gil Castillo y hacer eco de las acciones que impulsa la OFRANEH.

OFRANEH 228 AÑOS

El 12 de abril de 2025 se cumplen 228 años de la llegada del pueblo garífuna a Honduras y desde nuestra estrategia de Registro y documentación presentamos el artículo: OFRANEH 228 años.

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) es una de las más históricas del país, con más de 40 años de trayectoria en la lucha de la defensa de los derechos territoriales y culturales del pueblo garífuna.

En este día de memoria y alegría del pueblo garífuna y su organización, la OFRANEH, reconocemos la digna lucha del pueblo garífuna que ha sostenido antes incluso de que Honduras fuera reconocida como Estado-Nación.

Presentamos datos importantes sobre su lucha en defensa de sus derechos y evidenciamos que el pueblo garífuna continúa enfrentándose al racismo estructural, el despojo territorial y una política de exterminio.

Hoy, 12 de abril de 2025, sigue la consigna: Nada porque celebrar, mucho porque luchar.

Leer y descargar el artículo aquí:

#AlertaUrgente │ Juez de Letras de Roatán, Hermes Benigno Pineda, emite auto de formal procesamiento en contra de 4 personas defensoras, entre ellas una defensora del Pueblo Negro de Habla Inglesa.

El 20 de marzo de 2025, en audiencia inicial, el Juez Hermes Benigno Pineda, emitió auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas en contra de tres personas defensoras, entre ellas una defensora; dos por el delito de incendio y una por el delito de daños.

Asimismo, se logró establecer la mínima participación de uno de los defensores y el resto de imputados permanecerán con sobreseimiento provisional. Es decir, que al menos 4 personas de la comunidad seguirán en un proceso judicial que violenta su derecho a defender su territorio.

Una vez más, el sistema judicial y el Ministerio Público utilizan figuras penales para criminalizar y judicializar a defensoras y defensores de la tierra y el territorio para favorecer a terceros mediante el despojo y desplazamiento de los pueblos indígenas y negros del país.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras repudiamos la decisión del juzgado de no cerrar el proceso y persecución contra las y los defensores del Pueblo Negro de Habla Inglesa.

Exigimos al Estado de Honduras investigar, reconocer y garantizar el derecho al territorio ancestral ubicado en la comunidad Diamond Rock, Islas de la Bahía, que históricamente ha permanecido bajo el resguardo de la familia McLaughlin y pretende ser usurpado por terceros ajenos a la comunidad.

Exigimos un alto a la criminalización, racismo y la política de exterminio en contra del pueblo indígena negro.

#AlertaUrgente | Policia Militar hostiga y amenaza plantón pacífico en audiencia contra 13 personas defensoras del Pueblo Negro de Habla Inglesa

Para el jueves 20 de marzo de 2025, esta programada la audiencia para emitir el fallo en el caso de 13 personas defensoras del Pueblo Negro de Habla Inglesa criminalizadas por defender su derecho a la tierra-territorio ancestral.

Un contigente de la Policía Militar con armas de grueso calibre se ha hecho presente en el lugar donde defensoras y defensores garífunas y del pueblo negro de habla inglesa mantienen un plantón pacífico para exigir justicia para los y las defensoras injustamente criminalizadas.

Denunciamos que, hasta esta hora 12:13 p.m., la audiencia no ha sido iniciada por el Juez Hermes Benigno Pineda del Juzgado de Letras de Roatán. Además, las y los defensores han denunciado que un agente policial de apellido Martínez ha desenfundado y cargado su arma para amenazar a uno de los defensores presente.

La Red Nacional de Defensoras exigimos que se garantice la seguridad e integridad física de las y los defensores que bajo su legítimo derecho a la libre manifestación exigen libertad y justicia para los 13 defensores criminalizados.

Hacemos un llamado a organizaciones del movimiento social, feminista, de derechos humanos a denunciar el hostigamiento militar en contra del pueblo garífuna y negro de habla inglesa.

#AlertaUrgente │ Ministerio Público amplia acusación contra defensoras y defensores de Pueblo Negro de Habla Inglesa.

El 19 de marzo de 2025, en culminación de audiencia inicial, la Fiscalía del Ministerio Público, a través de la fiscal Lesly Patricia Rodríguez, amplió la acusación a dos delitos de incendio en contra de 13 personas defensoras del Pueblo Negro de Habla Inglesa. Estos dos delitos implican una pena de 20 a 30 años.

La fiscal ha planteado que «las personas por ser negras no tienen más derechos que los demás» en un proceso judicial que criminaliza a defensoras y defensores por defender su legítimo derecho al territorio ancestral que ha sido violentado por personas ajenas a la comunidad.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos las acciones de persecución, criminalización y despojo que el Ministerio Público y el Juzgado de Letras de Roatán, han emprendido en contra de las defensoras y defensores del Pueblo Negro de Habla Inglesa para favorecer los intereses de terceros.

Acuerpamos la demanda de las defensoras y defensores para que se respete la propiedad colectiva de la comunidad Diamond Rock que les ha pertenecido desde 1965. Exigimos un alto a la política de despojo, exterminio y racismo en contra de los pueblos indígenas negros y el respeto y garantía al territorio ancestral.

#AlertaUrgente │ Juez de letras de Roatán, Hermes Pineda, admite 6 medios de prueba ilegales obtenidos por la Fiscalía del MP en perjuicio del Pueblo Negro de Habla Inglesa.

El 18 de marzo de 2025, se desarrolla audiencia inicial en el Juzgado de Letras de Roatán, Islas de la Bahía, en contra de 13 personas defensoras que han sido criminalizadas por el Ministerio Público por defender su tierra-territorio ancestral. Entre ellas, las defensoras: Jakirra Lucas Mc Laughlin y Julie Ann Mc Laughlin.

El Juez de Letras de Roatán, Hermes Pineda, admitió seis medios de prueba ilegales obtenidos por la Fiscalía del Ministerio Público, violentando las garantías procesales de las y los defensores del Pueblo Negro de Habla Inglesa.

El Ministerio Público inició este proceso judicial en contra de las y los defensores por defender su derecho a la tierra y libre determinación en una propiedad colectiva en la comunidad de Diamond Rock, Islas de la Bahía y que pretende ser usurpado por la familia Cooper-McNab. Este territorio ha pertenecido a la comunidad desde 1965.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos la criminalización, persecución y despojo, a través del Ministerio Público, en contra de la población Negra Isleña de la Comunidad de Diamond Rock.

Exigimos al Estado garantizar la seguridad de las y los defensores garífunas y el cumplimiento del derecho a la tierra-territorio de los pueblos indígenas y negros.