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El 20 de marzo de 2025, en audiencia inicial, el Juez Hermes Benigno Pineda, emitió auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas en contra de tres personas defensoras, entre ellas una defensora; dos por el delito de incendio y una por el delito de daños.

Asimismo, se logró establecer la mínima participación de uno de los defensores y el resto de imputados permanecerán con sobreseimiento provisional. Es decir, que al menos 4 personas de la comunidad seguirán en un proceso judicial que violenta su derecho a defender su territorio.

Una vez más, el sistema judicial y el Ministerio Público utilizan figuras penales para criminalizar y judicializar a defensoras y defensores de la tierra y el territorio para favorecer a terceros mediante el despojo y desplazamiento de los pueblos indígenas y negros del país.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras repudiamos la decisión del juzgado de no cerrar el proceso y persecución contra las y los defensores del Pueblo Negro de Habla Inglesa.

Exigimos al Estado de Honduras investigar, reconocer y garantizar el derecho al territorio ancestral ubicado en la comunidad Diamond Rock, Islas de la Bahía, que históricamente ha permanecido bajo el resguardo de la familia McLaughlin y pretende ser usurpado por terceros ajenos a la comunidad.

Exigimos un alto a la criminalización, racismo y la política de exterminio en contra del pueblo indígena negro.

El 19 de marzo de 2025, en culminación de audiencia inicial, la Fiscalía del Ministerio Público, a través de la fiscal Lesly Patricia Rodríguez, amplió la acusación a dos delitos de incendio en contra de 13 personas defensoras del Pueblo Negro de Habla Inglesa. Estos dos delitos implican una pena de 20 a 30 años.

La fiscal ha planteado que «las personas por ser negras no tienen más derechos que los demás» en un proceso judicial que criminaliza a defensoras y defensores por defender su legítimo derecho al territorio ancestral que ha sido violentado por personas ajenas a la comunidad.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos las acciones de persecución, criminalización y despojo que el Ministerio Público y el Juzgado de Letras de Roatán, han emprendido en contra de las defensoras y defensores del Pueblo Negro de Habla Inglesa para favorecer los intereses de terceros.

Acuerpamos la demanda de las defensoras y defensores para que se respete la propiedad colectiva de la comunidad Diamond Rock que les ha pertenecido desde 1965. Exigimos un alto a la política de despojo, exterminio y racismo en contra de los pueblos indígenas negros y el respeto y garantía al territorio ancestral.

El 18 de marzo de 2025, se desarrolla audiencia inicial en el Juzgado de Letras de Roatán, Islas de la Bahía, en contra de 13 personas defensoras que han sido criminalizadas por el Ministerio Público por defender su tierra-territorio ancestral. Entre ellas, las defensoras: Jakirra Lucas Mc Laughlin y Julie Ann Mc Laughlin.

El Juez de Letras de Roatán, Hermes Pineda, admitió seis medios de prueba ilegales obtenidos por la Fiscalía del Ministerio Público, violentando las garantías procesales de las y los defensores del Pueblo Negro de Habla Inglesa.

El Ministerio Público inició este proceso judicial en contra de las y los defensores por defender su derecho a la tierra y libre determinación en una propiedad colectiva en la comunidad de Diamond Rock, Islas de la Bahía y que pretende ser usurpado por la familia Cooper-McNab. Este territorio ha pertenecido a la comunidad desde 1965.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos la criminalización, persecución y despojo, a través del Ministerio Público, en contra de la población Negra Isleña de la Comunidad de Diamond Rock.

Exigimos al Estado garantizar la seguridad de las y los defensores garífunas y el cumplimiento del derecho a la tierra-territorio de los pueblos indígenas y negros.