El día de hoy, 19 de septiembre de 2024, a la 1:00 p.m. la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, ordenó reabrir el proceso legal en contra de Juan López, Reynaldo Domínguez, Leonel George, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo y alrededor de 10 defensoras y defensores de Guapinol y San Pedro, criminalizados desde 2019 por los delitos de incendio agravado, privación injusta de libertad, robo y asociación ilícita. Incluyendo al defensor Juan López, asesinado el pasado 14 de septiembre de 2024.
Por unanimidad de votos, las magistradas Viany Cruz Recarte, Dilian Irasema Guillen Sanchez, Roxana Ninoska Calix Zuniga, suspendieron el sobreseimiento definitivo, a favor de los defensores, mediante un Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público. Esto implica que el sistema de justicia seguirá protegiendo los intereses privados de la empresa Pinares Ecotek y Grupo Emco, en lugar de detener la criminalización de los defensores y las defensoras de los bienes naturales en Tocoa, Colón.
Repudiamos que instituciones del Estado formen parte de alianzas criminales para perseguir y judicializar a las y los defensores de Guapinol en contubernio con empresas mineras y extractivas que tanto daño y dolor han provocado en las comunidades de Colón.
Denunciamos la clara intencionalidad de mantener en una sistemática zozobra y hostigamiento en contra de los y las defensoras que defienden el agua de Guapinol y San Pedro y los bienes naturales de la Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras.
El Estado es responsable de la muerte de Juan López, el Estado debe garantizar la seguridad de las y los defensores de Guapinol.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social para acuerpar a nuestros compañeros y compañeras, debemos actuar de manera organizada y articulada frente a este embate de impunidad.
Hoy, 14 de septiembre de 2024, a las 8:40 p.m. asesinaron vilmente a nuestro compañero, Juan López, miembro fundador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón.
Juan, fue asesinado por su labor en defensa del Río Guapinol y los bienes naturales que son saqueados y destruidos por los proyectos extractivos y mineros de la empresa Pinares Ecotek. La muerte de Juan se da luego de exigir la renuncia del alcalde, Adán Funez por sus nexos con el narcotráfico.
Hace años que conocemos su lucha y hemos acompañado sus caminos. No tenemos palabras suficientes para alcanzar a nuestras hermanas y compañeras de su organización, a su esposa e hijas, a toda la gente con quien tejia justicia de a pie.
Exigimos la salida de la Empresa Pinares que ha traído tanta muerte a la gente luchadora del Aguán.
Rechazamos los discursos vacíos oficialistas del Estado que hoy vuelven a ensangrentar la tierra hondureña, con la de Juan López, a quienes no escucharon, no protegieron, ni han respondido a las justas y pacíficas demandas de las comunidades en lucha.
La lucha de las comunidades que defienden el río Guapinol y San Pedro, logró la aprobación del Decreto 18-2024 que recupera y protege la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”. Este Decreto fue aprobado por el Congreso Nacional el 21 de febrero de 2024 y entró en vigencia el 6 de mayo de este mismo año, es decir, más de dos meses tarde.
Un día después de la sanción y publicación del Decreto en La Gaceta, se realizó un plantón frente a Casa Presidencial, para exigir el cumplimiento inmediato de la ley, la inminente restauración y recuperación del Parque Nacional Carlos Escaleras y la pronta anulación de las actividades mineras a cielo abierto que no solo han provocado devastación del medio ambiente, sino que también impactan, principalmente, en la vida de las defensoras y defensores de los bienes naturales en esa zona del Bajo Aguán.
La movilización fue convocada por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la Plataforma Agraria del Aguán, la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y otras organizaciones que se hicieron presentes en Casa Presidencial en Tegucigalpa, donde no les atendieron. Al contrario, fueron recibidos con una gran cantidad de agentes policiales que son los mismos que reprimen, amenazan y actúan a favor de la minera en las comunidades de Colón. Durante el plantón, la seguridad de casa de gobierno negó el acceso a energía eléctrica para conectar los parlantes y escuchar las demandas de la movilización.
Nosotras, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras también estuvimos presentes, acuerpando la lucha como lo hemos hecho desde años atrás, y denunciando la indiferencia del gobierno y los abusos de la Policía Nacional que se dedicaron a hacer fotos y videos de las personas presentes. Nosotras reconocemos que la aprobación del Decreto 18-2024 es un logro de las comunidades, de nuestras hermanas y compañeras defensoras de Guapinol, del sector San Pedro, e igualmente de Tocoa, quienes poderosas y valientes se han enfrentado a múltiples formas de violencia por la defensa de los bienes naturales, los ríos San Pedro, Aguán y Guapinol y el derecho a un medio ambiente limpio y libre de minerías.
¿Qué pasa con el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía?
El parque nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” está ubicado entre los departamentos de Colón, Yoro y Olancho. En 2012, se declaró área protegida (Decreto Legislativo 127-2012). En 2013, el Congreso Nacional de forma fraudulenta, redujo 217.34 hectáreas de la zona núcleo del parque nacional (Decreto 252-2013). El siguiente año, el Estado otorgó dos concesiones mineras de 200 hectáreas a la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek y en 2016, adquiere el nombre de Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” en conmemoración al ambientalista y defensor de derechos humanos que fue asesinado por su lucha contra el extractivismo en Tocoa, Colón; irónicamente, en ese mismo decreto, se vuelve a reducir los límites de la zona núcleo del parque (Decreto 93-2016). Todos estos años ha habido una lucha tenaz para defender los ríos y las montañas contra la minera instalada ilegítima e ilegalmente por Inversiones Los Pinares, y que ha costado el encarcelamiento y asesinato de varias personas luchadoras.
Finalmente, en 2024 la lucha de las comunidades logró la aprobación del Decreto 18-2024 que deroga el Decreto No. 252-2013 y el Decreto No. 93-2016 que reducían la zona núcleo del parque nacional. Y se reforma el Decreto No.127-2012 que en adelante se leerá: “Créase el PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE BOTADEROS, con la denominación de “PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE BOTADEROS, CARLOS ESCALERAS MEJÍA” (…) como parte integral e incorporado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH)”, de acuerdo a la publicación en La Gaceta del 6 de mayo de 2024.
El impacto de la minería en la vida de los y las defensoras
Las concesiones mineras en el parque nacional Carlos Escaleras provocaron grandes devastaciones a las comunidades en la zona que van desde daños ambientales graves hasta asesinatos, criminalización, hostigamientos, amenazas, campañas de desprestigio y desalojos en contra de personas, comunidades y los y las defensoras de derechos humanos que se oponen a los megaproyectos extractivos en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
No es una coincidencia que el 66% de los territorios donde hay agresiones hacia defensoras están en la costa norte de Honduras, territorio de disputa de la tierra, los bienes comunes como el agua, los espacios para el turismo y los megaproyectos, según nuestro informe anual de agresiones de 2023.
De acuerdo a nuestros datos de registro y documentación, desde 2018 a 2023 hemos registrado 6873 agresiones dirigidas a defensoras, sus colectividades u organizaciones, de las cuales el 22% de agresiones ocurrieron en Colón, el 12% en Tocoa.
En estos años, además de registrar las agresiones contra nuestras compañeras defensoras; en 2019 organizamos la Misión de Solidaridad Feminista «El Abrazo» en la que visitamos el Río Guapinol en Tocoa, desde donde nos solidarizamos, acuerpamos la lucha, difundimos información y denunciamos las agresiones contra nuestras compañeras defensoras de Guapinol.
Asimismo, acompañamos la lucha por la defensa de los bienes comunes de Tocoa participando como observadoras en el Cabildo Abierto para declarar Tocoa libre de minas y proyectos extractivos. Hemos participado en las reuniones presenciales y virtuales sobre el Caso Guapinol, aportando a la definición de la estrategia política y legal de acompañamiento. Estuvimos en los procesos de interposición de denuncias, conferencias de prensa, reuniones con embajadas y diferentes instancias nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Nos organizamos en el Campamento Feminista Viva Berta ─instalado frente a la Corte Suprema de Justicia─ para exigir libertad y justicia para los 8 presos políticos de la comunidad de Guapinol, encarcelados por defender los ríos San Pedro, Guapinol y el parque nacional Carlos Escaleras.
La Red Nacional de Defensoras, hemos atestiguado y participado en la lucha que las comunidades han hecho para proteger los recursos naturales del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, por ello, nos alegra que se haya logrado la aprobación del Decreto 18-2024 que protege el parque nacional.
Sin embargo, sabemos que la lucha no se termina con la publicación de la ley; por ello, acuerpamos las demandas de las comunidades de Tocoa que exigen acciones penales contra los responsables de los daños irreparables en contra de las comunidades, los y las defensoras y el ambiente, perpetrados por la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecotek en Tocoa, Colón. Es necesario que el Estado de Honduras, revoque inmediatamente las licencias ambientales otorgadas a los proyectos ASP Y ASP2, que cancele todas las concesiones del megaproyecto Pinares Ecotek, la planta peletizadora y la planta termoeléctrica Ecotek que destruyen la zona núcleo del parque nacional Carlos Escaleras y contaminan los ríos San Pedro, Gran Río Aguán y Guapinol.
Con la aprobación del Decreto 18-2024, esperamos que se haga justicia para las comunidades de Tocoa, Colón y sea un precedente para que la justicia se expanda en todo el país, que se cancelen todos los proyectos extractivos que dañan nuestro ambiente, nuestra vida. Mientras eso sucede continuaremos gritando en las calles: ¡Sí a la Vida, No a la Minería!
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 13 de mayo de 2024
Ayer 16 de febrero del 2022, pasadas las 10 de la noche, un grupo de hombres en motocicletas y en un vehículo particular hicieron un tiroteo en la esquina de la vivienda de la defensora Juana Zúniga, lideresa del Comité Ambiental de Guapinol, en un grave acto de agresión contra ella, su familia y sus compañeras y compañeros. Se cuentan al menos 20 disparos en el lugar de donde salía un bus con membresía del Comité que se dirigían a una actividad el día de hoy en la ciudad de Tegucigalpa.
En el domicilio de la defensora se encontraba su madre y sus hijas a quienes se les suma una agresión violenta más a las que han vivido de manera sistemática en estos años de lucha por la libertad de los defensores del agua de Guapinol y sector San Pedro.
Como RNDDH hemos denunciado la continua vigilancia de estos mismos perpetradores, motorizados y en vehículos privados a la casa de Juana Ramona y su familia; enfatizamos que en estos días en que se desarrolla esta etapa del juicio, el hostigamiento y las amenazas han aumentado por lo que tememos por sus vidas.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos que la escalada de violencia contra Juana Zúniga y sus familiares se ha vuelto de alto riesgo para su vida y seguridad personal.
Exigimos al Mecanismo Nacional de Protección y a la Secretaría de Derechos Humanos que vele y garantice por la vida y seguridad de esta defensora y de los miembras y miembros del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
En un proceso lleno de ilegalidades, irregularidades y malicia, hoy, han condenado a seis compañeros de la comunidad de Guapinol y sector San Pedro por supuestos delitos contra empresa Los Pinares y uno de sus empleados llamado Santos Corea.
Después de luchar por más de dos años para mostrar el manejo político de este proceso, la ilegalidad y parcialidad con la empresa Los Pinares, ésta es la situación, han condenado a seis compañeros defensores.
Los compañeros Jeremías Martínez y Arnold Alemán fueron liberados, aún cuando están señalados por los mismos hechos en una maniobra política, nuevamente. Los nombres de los jueces son Franklin Marvin Arauz, Ricardo Rodríguez Barahona, Henry Yovani Duarte Zaldívar.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos hacemos nuestra la rabia e indignación de las compañeras luchadoras por la libertad de sus compañeros y de los ríos. Seguimos acompañando el camino de la justicia. Denunciamos a este sistema judicial que defiende empresas y castiga a las comunidades.
Desde el día de ayer 8 de febrero patrullas de la Policía nacional instalaron un punto de control en la salida de Guapinol hacia la carretera principal que lleva a Tocoa. Están deteniendo vehículos y pidiendo documentos a quienes les ocupan.
Las compañeras que son parte del Comité por la defensa de Bienes Comunes y Públicos de Guapinol expresan que esta práctica es repetitiva cuando hay audiencias importantes en relación al conflicto con la minera. Esta mañana nuevamente se posicionaron en ese lugar con los mismos propósitos que no es más que intimidar a la población.
Hoy es el día en que se conocerá la resolución del juzgado a los defensores de Guapinol y Sector San Pedro que están encarcelados de manera injusta y arbitraria por más de dos años.
Denunciamos estas acciones de hostigamiento en contra de la comunidad de Guapinol que hoy se moviliza al campamento frente a los juzgados de Tocoa para respaldar a sus compañeros.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos exigimos a las autoridades respeto irrestricto al derecho de libre circulación a las personas que se movilizan a la audiencia del día de hoy. Condenamos una vez más el asedio y hostigamiento que la policía nacional ejerce en contra de nuestras compañeras y compañeros.
En las ultimas semanas, y en el marco del Juicio oral y público contra los defensores del agua y el medio ambiente se ha intensificado la vigilancia, hostigamiento y amenazas contra las defensoras y defensores del Comité Ambiental de Guapinol y Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, el equipo legal y contra quienes acompañan en el Campamento “Justicia y Libertad para Guapinol”.
Se han multiplicado las campañas de desprestigio en redes sociales contra la lucha por el Área Protegida Parque Nacional Carlos Escaleras, y por la libertad de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro; y se ha registrado incidentes de vigilancia en casas de defensoras.
Hoy 24 de enero, en el marco de la audiencia, el Ministerio Público se ha presentado con seguridad armada no identificada, con la intención de acompañar a un perito que según el equipo legal no ha pedido protección. La actitud de estos personajes ha sido intimidatoria y sin justificación notificada a las personas que están en la audiencia, cuya seguridad se encuentra comprometida.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras responsabilizamos a los entes responsables de hacer justicia en el país por lo que pueda suceder con la integridad de las defensoras y defensores, las familias y el equipo legal que defiende esta causa.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales para que multipliquen las denuncias sobre estos actos contra el debido proceso de justicia hacia los defensores y de agresión directa contra las organizaciones y familias. Les llamamos a estar alerta.
