#AlertaUrgente | Campaña de desprestigio y difamación en contra de la OFRANEH por reocupación de territorio ancestral en Trujillo, Colón.

El 19 de noviembre de 2024, a través de un medio de noticias nacional, se emitieron falsas declaraciones contra la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), acusándoles de «violencia, saqueo e intimidación» contra extranjeros canandienses entre Trujillo y Santa Fé, Colón.

La acusación fue hecha por tres extranjeras canadienses, quienes aseguran tener títulos en Trujillo y Santa Fé, Colón y que hay más de 400 inversores extranjeros con propiedades en proyectos extractivistas como: Njoi, Campavista, Corozalta y Altavista.

En abril de 2024, el Ministerio Público, inacutó 233 bienes inmuebles, usurpados por los canadienses Randy Roy Jorgensen, Malik Zoharan y Darren Wade Weeks, denunciados por otros canandienses por estafa continuada y lavado de activos.

De acuerdo al Ministerio Público, desde el 2008 estos canadienses suscribieron contratos de compra venta de lotes de terreno para lotificación en Trujillo y Santa Fé, Colón, violentando el derecho al territorio ancestral de los legítimos hijos e hijas de las comunidades garífunas en Trujillo y Santa Fé, Colón.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos repudiamos y denunciamos estas acusaciones hechas contra la OFRANEH y los y las defensoras garífunas del territorio ancestral, exponiendo su vida e integridad física en sus territorios.

Exigimos al Estado de Honduras acelerar el cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH ganadas por el pueblo garífuna en sus territorios ancestrales, así como garantizar la no repetición de los hechos en otras comunidades.

¡Ya basta de persecución, racismo y odio contra el pueblo garífuna!

Decreto 18-2024: Un logro de la lucha comunitaria que defiende los bienes comunes

La lucha de las comunidades que defienden el río Guapinol y San Pedro, logró la aprobación del Decreto 18-2024 que recupera y protege la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”. Este Decreto fue aprobado por el Congreso Nacional el 21 de febrero de 2024 y entró en vigencia el 6 de mayo de este mismo año, es decir, más de dos meses tarde.  

Un día después de la sanción y publicación del Decreto en La Gaceta, se realizó un plantón frente a Casa Presidencial, para exigir el cumplimiento inmediato de la ley, la inminente restauración y recuperación del Parque Nacional Carlos Escaleras y la pronta anulación de las actividades mineras a cielo abierto que no solo han provocado devastación del medio ambiente, sino que también impactan, principalmente, en la vida de las defensoras y defensores de los bienes naturales en esa zona del Bajo Aguán.

La movilización fue convocada por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la Plataforma Agraria del Aguán, la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y otras organizaciones que se hicieron presentes en Casa Presidencial en Tegucigalpa, donde no les atendieron. Al contrario, fueron recibidos con una gran cantidad de agentes policiales que son los mismos que reprimen, amenazan y actúan a favor de la minera en las comunidades de Colón. Durante el plantón, la seguridad de casa de gobierno negó el acceso a energía eléctrica para conectar los parlantes y escuchar las demandas de la movilización.

Nosotras, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras también estuvimos presentes, acuerpando la lucha como lo hemos hecho desde años atrás, y denunciando la indiferencia del gobierno y los abusos de la Policía Nacional que se dedicaron a hacer fotos y videos de las personas presentes. Nosotras reconocemos que la aprobación del Decreto 18-2024 es un logro de las comunidades, de nuestras hermanas y compañeras defensoras de Guapinol, del sector San Pedro, e igualmente de Tocoa, quienes poderosas y valientes se han enfrentado a múltiples formas de violencia por la defensa de los bienes naturales, los ríos San Pedro, Aguán y Guapinol y el derecho a un medio ambiente limpio y libre de minerías.

¿Qué pasa con el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía?

El parque nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” está ubicado entre los departamentos de Colón, Yoro y Olancho. En 2012, se declaró área protegida (Decreto Legislativo 127-2012). En 2013, el Congreso Nacional de forma fraudulenta, redujo 217.34 hectáreas de la zona núcleo del parque nacional (Decreto 252-2013). El siguiente año, el Estado otorgó dos concesiones mineras de 200 hectáreas a la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek y en 2016, adquiere el nombre de Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” en conmemoración al ambientalista y defensor de derechos humanos que fue asesinado por su lucha contra el extractivismo en Tocoa, Colón; irónicamente, en ese mismo decreto, se vuelve a reducir los límites de la zona núcleo del parque (Decreto 93-2016). Todos estos años ha habido una lucha tenaz para defender los ríos y las montañas contra la minera instalada ilegítima e ilegalmente por Inversiones Los Pinares, y que ha costado el encarcelamiento y asesinato de varias personas luchadoras.

Finalmente, en 2024 la lucha de las comunidades logró la aprobación del Decreto 18-2024 que deroga el Decreto No. 252-2013 y el Decreto No. 93-2016 que reducían la zona núcleo del parque nacional. Y se reforma el Decreto No.127-2012 que en adelante se leerá: “Créase el PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE BOTADEROS, con la denominación de “PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE BOTADEROS, CARLOS ESCALERAS MEJÍA” (…) como parte integral e incorporado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH)”, de acuerdo a la publicación en La Gaceta del 6 de mayo de 2024.

El impacto de la minería en la vida de los y las defensoras

Las concesiones mineras en el parque nacional Carlos Escaleras provocaron grandes devastaciones a las comunidades en la zona que van desde daños ambientales graves hasta asesinatos, criminalización, hostigamientos, amenazas, campañas de desprestigio y desalojos en contra de personas, comunidades y los y las defensoras de derechos humanos que se oponen a los megaproyectos extractivos en el Parque Nacional Carlos Escaleras.

No es una coincidencia que el 66% de los territorios donde hay agresiones hacia defensoras están en la costa norte de Honduras, territorio de disputa de la tierra, los bienes comunes como el agua, los espacios para el turismo y los megaproyectos, según nuestro informe anual de agresiones de 2023.

De acuerdo a nuestros datos de registro y documentación, desde 2018 a 2023 hemos registrado 6873 agresiones dirigidas a defensoras, sus colectividades u organizaciones, de las cuales el 22% de agresiones ocurrieron en Colón, el 12% en Tocoa.

En estos años, además de registrar las agresiones contra nuestras compañeras defensoras; en 2019 organizamos la Misión de Solidaridad Feminista «El Abrazo» en la que visitamos el Río Guapinol en Tocoa, desde donde nos solidarizamos, acuerpamos la lucha, difundimos información y denunciamos las agresiones contra nuestras compañeras defensoras de Guapinol.

Asimismo, acompañamos la lucha por la defensa de los bienes comunes de Tocoa participando como observadoras en el Cabildo Abierto para declarar Tocoa libre de minas y proyectos extractivos. Hemos participado en las reuniones presenciales y virtuales sobre el Caso Guapinol, aportando a la definición de la estrategia política y legal de acompañamiento. Estuvimos en los procesos de interposición de denuncias, conferencias de prensa, reuniones con embajadas y diferentes instancias nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Nos organizamos en el Campamento Feminista Viva Berta ─instalado frente a la Corte Suprema de Justicia─ para exigir libertad y justicia para los 8 presos políticos de la comunidad de Guapinol, encarcelados por defender los ríos San Pedro, Guapinol y el parque nacional Carlos Escaleras.

La Red Nacional de Defensoras, hemos atestiguado y participado en la lucha que las comunidades han hecho para proteger los recursos naturales del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, por ello, nos alegra que se haya logrado la aprobación del Decreto 18-2024 que protege el parque nacional.

Sin embargo, sabemos que la lucha no se termina con la publicación de la ley; por ello, acuerpamos las demandas de las comunidades de Tocoa que exigen acciones penales contra los responsables de los daños irreparables en contra de las comunidades, los y las defensoras y el ambiente, perpetrados por la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecotek en Tocoa, Colón. Es necesario que el Estado de Honduras, revoque inmediatamente las licencias ambientales otorgadas a los proyectos ASP Y ASP2, que cancele todas las concesiones del megaproyecto Pinares Ecotek, la planta peletizadora y la planta termoeléctrica Ecotek que destruyen la zona núcleo del parque nacional Carlos Escaleras y contaminan los ríos San Pedro, Gran Río Aguán y Guapinol.

Con la aprobación del Decreto 18-2024, esperamos que se haga justicia para las comunidades de Tocoa, Colón y sea un precedente para que la justicia se expanda en todo el país, que se cancelen todos los proyectos extractivos que dañan nuestro ambiente, nuestra vida. Mientras eso sucede continuaremos gritando en las calles: ¡Sí a la Vida, No a la Minería!

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 13 de mayo de 2024