En conferencia de prensa, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, exigió al Ministerio Público y al fiscal general, Johel Zelaya, la investigación y procesamiento de la estructura criminal detrás del asesinato del compañero y ambientalista, Juan López y la instalación irregular del megaproyecto minero-energético Pinares Ecotek.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, junto a organizaciones y personas convocadas por la causa, acuerpamos a nuestras compañeras y compañeros del Comité exigiendo justicia para Juan y una investigación pronta y diligente de los delitos, actos de corrupción y abusos de poder que permitieron y facilitaron la instalación de este megaproyecto extractivista que ha provocado graves daños ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía y fundado violencia y agresiones en contra de las comunidades que defienden los bienes naturales.
Para hoy, estaba programada una audiencia contra ex empleados de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Tocoa, concerniente a la explotación ilegal y daños ambientales causados por Pinares-Ecotek en perjuicio del Parque Nacional Montaña de Botaderos, los Ríos Guapinol y San Pedro y otros cuerpos de agua vinculados a la zona protegida. Sin embargo, esta audiencia fue reprogramada para el 20 de marzo de 2025, por causas que no son del movimiento.
Esta audiencia responde a un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público a 10 días del asesinato de Juan López, en el que hay trece imputados relacionados a la UMA de Tocoa, el Instituto de Conservación Forestal de Gualaco, municipio de Olancho y cuatro imputados de Pinares Ecotek que continúan prófugos de la justicia, entre ellos Lenir Pérez, propietario de Inversiones Los Pinares.
Además, para el 27 de febrero estaba programada la audiencia contra Norma Agripina García, actual secretaria de la municipalidad de Tocoa, acusada de falsificar acta de cabildo abierto de 2016 para incluir información falsa sobre la aprobación de proyectos mineros a favor de Inversiones Los Pinares, pero fue pospuesta. Asimismo, el 4 de marzo se desarrollaría la audiencia preliminar contra tres de los presuntos asesinos materiales de nuestro compañero, Juan López. Su asesinato ocurre en un contexto de oposición contra la minería y denuncias hacia una institucionalidad estatal/municipal que actúa en favor de intereses privados y capitalistas.
De acuerdo al Comité, estos casos de corrupción y delitos están estrechamente relacionados y muestran como los funcionarios municipales de Tocoa han sido clave para garantizar el avance del megaproyecto de Pinares/Ecotek a pesar del rechazo de las comunidades afectadas. Además, las personas judicializadas no responden a intereses individuales sino a una estructura criminal en la que se ha señalado al actual alcalde de Tocoa, Adán Funez.
Recientemente, Adán Funez, quien lleva más de 20 años en la municipalidad de Tocoa, negó en un foro televisivo que él hubiera aprobado concesiones o permisos ambientales a Inversiones Los Pinares, que existiera contaminación y daño ambiental en los Ríos Guapinol y San Pedro y que no tenía responsabilidad en el asesinato del defensor, Juan López. Esto a pesar de que el medio internacional Infobae, lo vinculó directamente al sicario que le arrebató la vida a Juan, según pruebas testimoniales; Fúnez, además se atrevió a señalar a los compañeros de lucha de Juan como posibles asesinos del mismo, al quien, como precisó le hicieron una emboscada.
Para la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Comité Municipal de defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa, las organizaciones y personas que acompañamos y acuerpamos la lucha en contra de los megaproyectos extractivistas y capitalistas, es indignante que el Ministerio Público y el Estado no demuestre una intención para desmantelar, investigar y enjuiciar a la estructura criminal y todos los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Juan López, los crímenes contra los y las defensoras de Guapinol y San Pedro y los delitos vinculados al proyecto destructor de Pinares/Ecotek, y sólo hagan declaraciones o acciones de muy poca importancia ante tal hecho.
El Estado debe desarrollar una investigación integral y no de forma aislada de los crímenes contra defensoras y defensores de Tocoa. Además, debe garantizar el cumplimiento del decreto 18-2024 que declara las áreas naturales protegidas del país libres de minería a cielo abierto y recupera y protege la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, un logro de la lucha de los y las defensoras que defienden la vida, y debe cerrar la empresa por ilegal.
¡Por Juan, por Berta, justicia!
Tegucigalpa, 26 de febrero de 2025
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