- En 2024, documentamos un total de 2,735 agresiones contra defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y comunidades en Honduras, más del 80% contra quienes defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes.
El 29 de abril de 2025, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presentamos nuestro informe “15 años arreciando juntas la esperanza, informe situación de defensoras en Honduras 2024” que presenta un análisis exhaustivo sobre las agresiones contra defensoras, sus organizaciones y comunidades durante 2024, además de hacer memoria de los 15 años de trayectoria de la Red.
A lo largo de más de una década, las tendencias se mantienen: entre 2010 a 2023, al menos el 50% de las agresiones que registramos fueron dirigidas contra defensoras de la tierra y el territorio seguido por las agresiones contra quienes defienden el derecho a defender derechos; y al de la verdad, justicia y reparación.
Asimismo, se sostiene la tendencia de los perpetradores, pues durante estos 15 años los representantes del Estado: policías, militares y autoridades públicas ocupan más del 50% del total histórico de quienes agreden a las defensoras. Y los tipos de agresión más frecuentes fueron el hostigamiento, las amenazas y la vigilancia. Es decir que, el estado de alerta y de sensación de peligro en el que viven las defensoras es permanente.
En cuanto a los departamentos con más agresiones en tendencia son Francisco Morazán, Colón, Atlántida y Cortés.
Los datos de 2024
En el 2024, registramos un total de 2,735 agresiones en contra de defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y comunidades. Un incremento del 1.8% respecto al 2023 que se registraron 2,687 agresiones. De acuerdo con los datos, se observa una tendencia de crecimiento progresiva en las agresiones registradas en los últimos 15 años, que se relaciona también con la sofisticación del sistema de registro.
El 32% de las defensoras, ante la crisis nacional, realiza trabajo de base y movilización permanente, mientras el 12% son campesinas y agricultoras. Por lo que se su labor se complejiza ya que no solo defienden causas colectivas, sino que también deben garantizar la seguridad y bienestar de sus familias.
Del total de agresiones, el 82% fueron colectivas que provienen de desalojos, ataques durante acciones de movilización, plantones, cabildos abiertos, encuentros de mujeres, conferencias de prensa, campañas de desprestigio a través de redes sociales, medios de comunicación y vocerías institucionales.
Asimismo, el 11% de las agresiones fueron personales, es decir, contra la defensora por su actuación política. Y el 7% fueron dirigidas contra las organizaciones.
En 2024, el 81% de las defensoras más agredidas fueron quienes luchan por la tierra y el territorio, el medio ambiente y bienes naturales. Las políticas de despojo y la dinámica extractivista continúan teniendo raíces profundas y sostenidas.
Además, identificamos que la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) se sitúan entre las organizaciones que más ataques registran, pues son quienes están en la confrontación con los megaproyectos extractivos y sus principales ejes de lucha convergen con la defensa de la tierra y el territorio y los bienes comunes.
Respecto a dónde ocurrieron las agresiones, documentamos que el 27% de ellas, 729, ocurrieron en Atlántida, departamento con presencia de comunidades organizadas en la OFRANEH. Le sigue Francisco Morazán con un total de 432 agresiones conectadas a la centralización de las instituciones estatales donde las organizaciones exigen respuestas a sus problemáticas. Y, en tercer lugar, Colón, donde han ocurrido 343 agresiones y la lucha histórica por la tierra y contra los megaproyectos extractivos continua presente.
El derecho más vulnerado de las defensoras es el de la integridad personal, bajo el cual registramos 1,158 agresiones durante 2024. El 46% de las agresiones bajo esta categoría incluyeron hostigamiento, seguido de violencia, física o psicológica y el uso excesivo de la fuerza. En el caso de las agresiones que atentan contra el derecho a la vida, en 2024 registramos ocasiones en las que hubo disparos directos contra la humanidad de compañeras y sus familias, como en Choluteca, el Aguán, Triunfo de la Cruz y Nueva Armenia. La más grave y alarmante expresión de violencia.
Acerca de los agresores y perpetradores, documentamos que el 41% de las agresiones estuvieron en manos de policías, militares y autoridades públicas. El 15% de los agresores fueron desconocidos y un 9% fueron agentes de seguridad privada quienes, en muchas ocasiones, son contratados por empresas e industrias extractivas para su protección.
Finalmente, el informe profundiza en la violencia que viven las defensoras por su ejercicio político, por ser mujeres y parte de las disidencias sexuales y reconocemos el impacto que estas violencias generan en el territorio cuerpo de las defensoras y como hemos construido comunidades de defensoras para nuestro cuidado y protección en el marco de las estrategias políticas de nuestra visión como Red de Defensoras.
Este informe no solo presenta datos, sino que refleja el día a día de las defensoras de nuestro país, nuestras compañeras. Reconocemos nuestro camino andado en estos 15 años y agradecemos a quienes continúan arreciando la esperanza de nuestro proyecto político.
