Hoy 20 de septiembre, personal de la División de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Palmerola retiene a la reconocida periodista Blanche Petrich del medio internacional La Jornada, un día después de finalizar la Delegación Internacional de Solidaridad con el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna.
Hacemos un llamado a estar pendientes de la situación de la compañera periodista Blanche Petrich.
Hoy, 14 de septiembre de 2026, a las 6:35 p.m. un fuerte contigente de la Policía Nacional antimotines, navales y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la comunidad Garífuna de Cayos Cochinos a reprimir y hostigar un plantón pacífico que se realizaba en la comunidad para exigir justicia por la falta de consulta previa, libre e informada para la realización de realitys shows europeos, «Supervivientes» y «La Isla de los Famosos», que se graban en época de desove de las tortugas marinas.
En estos momentos, se reporta que más de 60 policías se encuentran en el lugar y han agredido físicamente a tres defensoras, entre ellas Mabel Robledo quien cuenta con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección.
Además, las compañeras y compañeros han denunciado que estos cuerpos policiales les han robado tiendas de campaña, colchonetas e implementos que necesitaban para levantar un campamento de resistencia en la comunidad. De igual forma, han reportado que se ha cortado la señal de telefonía por lo que se encuentran incomunicadxs. Esto deja a la comunidad en completa indefensión e inseguridad en un contexto de violenta represión.
En el lugar también se encuentran personas de la Procuraduría General de la República (PGR) para «documentar y recolectar información».
La comunidad garífuna de Cayos Cochinos cuenta con una sentencia otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del derecho de la comunidad a la consulta previa, libre e informada y elaborar planes de manejo en nombre de la conservación ambiental del archipiélago sin respetar la autonomía y autodeterminación del Pueblo Garífuna.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos exigimos un alto a la represión contra la comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y responsabilizamos al Estado de cualquier agresión cometida contra las defensoras y defensores que se encuentran en el lugar ejerciendo su derecho a la protesta pacífica.
Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales a mantenernos alertas sobre la situación de las compañeras y compañeros en Cayos Cochinos.
Hoy, a la 1:30 p.m., la comunidad de El Tulito ha reportado presencia de agentes de la Policía Nacional, empleados de la Alcaldía y personas ajenas a la comunidad.
La comunidad denuncia que la Policía hizo 21 disparos al aire, amenazando directamente contra la vida de al menos 86 familias que habitan en la comunidad, entre ellas adultos mayores e infancias.
La Policía, personas ajenas a la comunidad y la Alcaldía han dicho que se encuentran midiendo un predio colindante con el terreno que fue desalojado el 6 de agosto de 2026 y que ocurrió de forma violenta, destruyendo cosechas que la comunidad ocupa para subsistir. Sin embargo esto no justifica la violencia ejercida.
El pasado 1 de septiembre, esta comunidad también fue víctima de otra amenaza de desalojo en su territorio solicitada por la empresa ganadera La Matilde.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos nuevamente un patrón de violencia, persecución y amenazas contra la comunidad de El Tulito en el que se incluyen 76 requerimientos fiscales, 40 personas con medidas cautelares desde 2019 y 3 mujeres que estuvieron en prisión.
Nos sumamos a las exigencias de justicia para la comunidad y que se responda a las acciones legales presentadas por nuestras compañeras de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a mantenernos alertas sobre la situación de la comunidad campesina de El Tulito.
El 1ro de septiembre de 2026, alrededor de las 7:20 pm, la defensora campesina Sara Hernández fue atacada por la policía y detenida de forma arbitraria. Durante la detención, la defensora sufrió múltiples agresiones por parte de la policía, insultos y golpes.
Luego de este hecho, Sara acompañada de otras defensoras, se movilizó el 2 de septiembre a interponer una denuncia por la violencia ejercida de parte de la Policía Nacional. Los agentes se negaron a tomar la denuncia porque no había energía eléctrica.
El día de ayer, 7 de septiembre de 2026 un carro desconocido estuvo estacionado en las afueras de su casa de habitación durante la noche.
Nos preocupa la situación de hostigamiento e intimidación que está viviendo la compañera y exigimos que se investigue quién esta detrás de estos actos de intimidación y se tome la denuncia a la defensora.
Recordamos que la Policía Nacional es uno de los principales agresores en contra de las defensoras de derechos humanos en este país.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feministas y pueblos indígenas a permanecer alerta y acompañar a la defensora y campesina Sara Hernández.
Hoy, 1 de septiembre de 2026 a eso de las 11:00 a.m., una mujer de nombre “Norma Aguilar” que se trasladaba en dos camionetas llegó a amenazar a compañeros y compañeras de la empresa campesina “La Democracia” ubicada en Las Metalias, Atlántida.
Esta mujer, supuesta dueña del territorio reocupado por la Central Nacional de Trabjadoras del Campo (CNTC-El Progreso), llegó a la base campesina ejerciendo intimidación y dando días para que las compañeras y compañeros abandonaran el lugar y que de no ser así, llevaría personas vinculadas al crimen organizado para desalojarles.
Es importante mencionar que este territorio está en arrendamiento y siendo administrado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y ha sido un territorio que la CNTC-El Progreso reocupó después de más de diez años de abandono luego de ser incautado.
La señora, Norma Aguilar, citó a las compañeras y compañeros de la empresa campesina La Democracia a una reunión en la tarde lo que genera una situación de inseguridad y amenaza para las compañeras y compañeros por las formas en las que esta persona se presentó en el territorio.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras expresamos nuestra preocupación por la situación amenazante que están enfrentando nuestras compañeras y compañeros de la empresa campesina La Democracia.
Exigimos que se garantice la seguridad y protección integral de la vida de nuestras compañeras y compañeros.
Nuevamente denunciamos que la Ley de Agroindustriales legitima los desalojos violentos y el uso de la misma para intimidar y amenazar a quienes luchan por el territorio.
Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, movimiento social y feminista a mantenernos alertas sobre esta situación y acuerpar a nuestras compañeras y compañeros de La Democracia.
El domingo 14 de agosto de 2026, la comunidad de la Col. La Alemania ubicada en El Progreso, Yoro celebró una asamblea para tratar temas comunitarios.
Durante la asamblea identificaron a un hombre desconocido, vestido totalmente de negro, que se transportaba en motocicleta y que no se removió el casco en ningún momento. Mientras estuvo en la asamblea, tomó fotografías de las personas que se encontraban al frente y de quienes asistieron.
Las defensoras se percataron de lo que ocurría. Una persona recibió un mensaje avisando que una patrulla de la policía estaba haciendo rondas en la comunidad. La persona lo avisó en voz alta durante la asamblea y el desconocido salió de forma rápida e inmediata al saberlo.
Hasta el momento no se sabe quien es esta persona. Esta situación ha generado mucha preocupación entre las defensoras de la comunidad.
Cabe resaltar que el alcalde de El Progreso, Alexander López, ha impulsado un juicio desde 2019 contra las familias haciendo uso del delito de usurpación. Por años, las defensoras y defensores han enfrentado la persecución judicial, amenazas de desalojo y amenazas contra sus vidas.
Desde la Red Nacional de Defensoras acuerpamos la lucha de las defensoras y defensores de la Col. La Alemania. Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista, campesino, indígena y negro a estar alertas ante este tipo de ataques contra las defensoras y defensores de la Col. La Alemania.
¡Luchar por el derecho a la vivienda no es un delito!
El 12 de agosto de 2026 a las 10:30 am, el CILCRUSAMA fue alertado de que había una visita en curso por parte de la DPI y auxiliares comunitarios de la alcaldía al territorio.
Esta comitiva se hizo presente para realizar diligencias relacionadas con un posible desalojo formal a la comunidad. Estas personas se movilizaban en un vehículo sin distintivos, ni placas. Al momento de preguntarles quienes eran, si tenían identificaciones o si portaban alguna documentación respecto al caso su respuesta fue: «Andamos una indicación del Ministerio Público, solamente».
Mientras estas personas estuvieron en el territorio, su actuación fue verbalmente agresiva y discriminatoria hacia las defensoras lencas que estaban en el lugar. Incluso tomaron fotografías y videos de una de las compañeras que les preguntó qué hacían ahí. Más tarde, algunas compañeras reportaron ver un carro con identificación del Poder Judicial en la zona.
Asimismo, los y las defensoras de CILCRUSAMA han sido alertadas de las intenciones del alcalde de Santa María, La Paz de ordenar un desalojo para el Control Territorial, a pesar de que la tierra está dentro del título comunitario.
A la Red Nacional de Defensoras nos preocupa la situación de hostigamiento e intimidación que están viviendo el pueblo lenca organizado en el Consejo Indígena Lenca de Las Crucitas, Santa María. Repudiamos los desalojos en contra de los pueblos indígenas
Exigimos al Ministerio Público que respete el derecho del CILCRUSAMA al territorio y que aclaren si existen expedientes o investigaciones relacionadas con el Consejo, así como que se identifique a las y los operadores de esta instancia del Estado.
Nos mantenemos alertas ante la situación de las compañeras y compañeros del CILCRUSAMA. Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista, campesino, indígena y negro a estar alertas ante estos actos de intimidación.
Para el 6 de agosto de 2026 a las 6:00 a.m. está programado un desalojo contra 84 familias de la comunidad de El Tulito, Choluteca, sur de Honduras.
Esta amenaza de desalojo se suma a un patrón de violencia, persecución y amenazas que la comunidad de El Tulito ha enfrentado por defender su derecho al territorio, incluyendo la detención de una de sus integrantes en septiembre del 2025.
Además, representa un nuevo caso de posible despojo territorial avalado por la Ley de Potrección al Sector Agroindustrial que beneficia a empresarios y proyectos extractivos por encima de pueblos y comunidades indígenas.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos preocupa la situación de familias, infancias, adultos mayores de la comunidad El Tulito amenazadas y en peligro por el despojo de su territorio.
Exigimos que se respete la dignidad y el derecho que la comunidad tiene sobre su territorio. Ya basta de despojar a nuestras comunidades y pueblos indígenas de los territorios que legítimamente les pertenecen.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a denunciar esta amenaza de desalojo, mantenernos alertas de la situación y acompañar a la comunidad El Tulito.
A esta hora, las 9:46 a.m., la comunidad garífuna de Tornabé han reportado la presencia de varios vehículos con hombres fuertemente armados.
La Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigación (DPI) se hicieron presente y aún con las denuncias de la comunidad no han procedido a la detención de quienes amenazaban la vida de defensoras y defensores.
Hasta este momento se decomisaron al menos 5 cargadores de grueso calibre en un solo vehículo.
Mientras esto sucede, estos supuestos sicarios se burlan de la comunidad en la presencia de la DPI y la Policía Nacional quiénes aún con las evidencias y amenazas no han procedido con la detención.
Además, no permiten que el pueblo garífuna sepa las identidades de estos hombres para interponer la denuncia contra los mismos y tampoco están haciendo el debido proceso de revisión de los vehículos.
Exigimos detención e investigación inmediata de estos hombres que pretendían asesinar a nuestras compañeras y compañeros. La comunidad garífuna de Tornabé han denunciado desde el 9 de julio una serie de agresiones y amenazas con las que buscan despojarles de su territorio.
Nos mantenemos alertas de la situación y hacemos un llamado a pronunciarse contra estos ataques que está viviendo el pueblo garífuna en diferentes territorios.
Ayer, 8 de julio de 2026, defensoras de la comunidad garífuna de Tornabé alertaron que en horas de la mañana llegaron hombres desconocidos en un carro al territorio ancestral que reocupa la comunidad para colocar un rótulo que dice «PROPIEDAD PRIVADA. PROHIBIDA LA ENTRADA».
Esto alertó a las compañeras y compañeros, pues han acondicionado el territorio y sembrado coco para su sostenimiento. También, la zona de los huertos, donde las defensoras han sembrado alimentos para la comunidad, fue cercado, para impedir que ellas entraran al lugar.
Asimismo, las defensoras alertaron que en el transcurso del día, pasaron varias patrullas y que, personas que tienen interés privado en la comunidad llegaron armadas a vigilarles. En una ocasión una persona, que vive cerca del territorio, llegó a rondar cerca del predio y sacó un arma para causar temor entre la comunidad.
Las defensoras se movilizaron a la oficina de la Dirección Policial de Investigación (DPI) para poner una denuncia sobre todo lo ocurrido en el territorio ancestral, sin embargo, la oficial les dijo que no podía tomar la denuncia porque ya existía una.
La comunidad entonces decidió esperar a su representante legal pero la oficial les comentó que si se quedaban en el lugar y su superior llegaba les iba a gasear porque pensaría que eran de la comunidad de San Juan, comunidad que vivió la violencia de la policía el día lunes en un desalojo en su territorio ancestral. Esto fue una clara amenaza hacia las y los miembros de la comunidad que estaban en el lugar.
En un momento, la comunidad preguntó a la policia porque tanto racismo de su parte pero las oficiales en el lugar se molestaron y grabaron a las defensoras y defensores. La comunidad tomó la decisión de irse del lugar.
Ante estos hechos, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto a organizaciones indígenas, campesinas, feministas y de derechos humanos acuerpamos a la Comunidad Garífuna de Tornabé y su lucha por su territorio ancestral.
Denunciamos el actuar de la policía, que en lugar de proteger a las defensoras y defensores actúa con racismo, estigma y pone por encima los intereses de quienes buscan despojar a las comunidades de sus territorios. Exigimos el cese de la violencia y el hostigamiento policial en las comunidades.
Nos mantenemos alertas sobre la situación de las compañeras y compañeros de la Comunidad Garífuna de Tornabé.