Los días previos
Hasta el día de ayer 27 de noviembre se conocieron por redes sociales una serie de anuncios y avisos más o menos oficiales o del decir popular que había que ir a comprar comidas, gasolinas y velas por lo que pasara en la jornada de hoy. Lo mismo hicieron algunos bancos quienes expresaron cerrar sus servicios ante la posibilidad de una contingencia social; al que se sumó la Embajada americana con un anuncio similar a sus ciudadanos con respecto a una posible situación de violencia generalizada y el ambiente de miedo crecía en la población.
Así es como Honduras llega no necesariamente a una fiesta electoral sino a un término de periodo de gobierno que pareciera anunciar una guerra o una desgracia mayúscula, pues la memoria del fraude del 2017 y la consiguiente violación a derechos humanos que causó 27 muertos sigue estando presente. En la capital del país, una cama silenciosa y tensa se vivía esta mañana, pero lo cierto es que se inició el proceso electoral y al término de esta publicación aún no se ha concluido.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras hacemos monitoreo de medios, acompañamiento a defensoras y de observación desde espacios seguros para informar del ambiente en el proceso, y algunos incidentes relevantes.
Según informes de prensa como El Heraldo, al menos 68 homicidios relacionados con el proceso electoral sucedieron en los últimos diez meses, y sólo en noviembre sucedieron cuatro asesinatos, siendo Olancho el departamento con más crímenes. [1]
Otros delitos relacionados con el quehacer político también fueron registrados como el hecho de que Albertina López, y otras mujeres activistas sociales de Atlántida, no fueran inscritas en una candidatura independiente a la municipalidad de Tela, a pesar de poseer toda su documentación, [2]. También hay que señalar que se han desplazado varias candidatas a elección popular por procesos de negociaciones internas de las fuerzas políticas como en el caso de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.
Lo más flagrante del contexto lo han constituido acciones del partido en el gobierno que usando los recursos del estado se dedicó en las últimas semanas a entregar dinero en efectivo, alimentos y otros recursos a sus bases, prioritariamente, para asegurar su lealtad en las urnas. Esta acción programada y organizada con una participación activa de mujeres de barrios y colonias populares que son parte de las estructuras de ese partido se ha repetido en distintos departamentos del país, donde personas de escasos recursos han hecho largas filas para recibir estos beneficios a cambio de su voto.
La última cadena nacional de radio y televisión de anoche, antes de comenzar el proceso, fue realizada por personeros del Mecanismo Nacional de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, mismo que ha sido públicamente cuestionado por su ineficiencia e incapacidad hizo una declaración sobre la necesidad de observar protección a los derechos humanos, llamando a la policía y al ejército de manera particular para proteger la vida de la ciudadanía. Si bien puede leerse como un acto de cinismo dicha declaración, también puede entenderse como una actitud de lavarse las manos ante cualquier crisis política que devenga en violencia contra las personas.
Por otro lado, varios reporteros internacionales como a la periodista Adriana Sivori se le prohibió entrar al país para cubrir la contienda electoral. [3]
Este 28 de noviembre
Desde muy temprano una serie de incidentes se han reportado. El Centro de Estudios para la Democracia CESPAD informó que el equipo tecnológico para la apertura de las urnas llegó con mucho retraso a varias localidades; igualmente un grupo de jóvenes vinculados a uno de sus programas denunció la coacción a las personas votantes de parte de partidos políticos, e igualmente que se obstaculizó la veeduría ciudadana acreditada por el Consejo Nacional Electoral en algunos centros en el occidente del país, compañeras de la Red Nacional de Defensoras han reportado que en algunos sitios de la capital se han tirado cohetes para desalentar la participación, e igualmente se les ha ofrecido ticket por parte de los nacionalistas, que al parecer se pueden cambiar por dinero o alimentos.
Aquí, donde hubo un golpe de estado político militar, son estos efectivos armados hasta los dientes quienes se encargan de velar por el proceso electoral, papel que asumen con beligerancia al grado que en un centro de votación en Tela, Atlántida estos efectivos cerraron el acceso a los votantes, al igual que en el departamento de Choluteca, como solución a problemáticas sucedidas en tales sitios, evitando la participación electoral.
El observatorio a la libertad de expresión organizado por C-Libre, y redes de periodistas reportó al menos diez agresiones contra los mismos en ocho departamentos del país, los agresores son prioritariamente militares y miembros del partido nacional; de estas personas agredidas, cuatro son mujeres comuncadoras.
Otras fuentes de Derechos Humanos como el observatorio de la Asociación ACI PARTICIPA notificó las irregularidades severas del servidor del CNE por ejemplo que al ingresar los datos de una persona que va a votar le reflejan los de otra persona; o que el servicio para obtener el lugar de votación no está disponible y que la misma página está saturada por muchas horas.
Lo más grave lo constituye sin duda el ataque cibernético en contra del Centro Nacional Electoral que aún no ha sido reparado según informaron mediante un boletín, éste hecho posibilita la realización de un fraude electoral como ha pasado ya antes en el país
Este organismo expresó que se mantendrá abierta la urna de cada centro hasta que la última persona haya votado. Igualmente ha levantado una advertencia basada en ley para enfrentar la emisión de declaraciones del partido Nacional y Liberal que se pronuncian ganadores de la contienda electoral.
Mientras transcurre la tarde más incidentes se registran, sin embargo queremos señalar al menos dos a nuestras compañeras Rode Murcia quien hacía observación electoral en el occidente del país y que fue amenazada por una miembro del Consejo Municipal Electoral de Santa Rita señalando que iba a informarle al alcalde para que “la pusiera quieta”, la compañera quien defiende bienes comunes y derechos de las mujeres en el país ya ha sido amenazada por dicho alcalde, en otras ocasiones por su condición de luchadora.
En el sur, en la comunidad de Zacate Grande, nuestra compañera Ethel Corea, defensora de territorios y miembra de ADEPZA denunció que fue empujada por un activista del partido liberal para evitar que hiciera observación electoral en la escuela Dionisio de Herrera.
Seguiremos informando respecto a la situación general de los derechos humanos de las compañeras y este proceso en curso.
[1] https://www.elheraldo.hn/eleccioneshonduras2021/1502825-508/honduras-homicidios-politicos-violencia
[2] http://www.conexihon.hn/index.php/dh/35-mujeres/1904-cne-niega-inscripcion-de-candidatura-independiente-de-defensora-a-derechos-humanos
[3] https://cespad.org.hn/2021/11/20/alerta-gobierno-de-honduras-prohibe-ingreso-de-periodista-internacional-a-cubrir-elecciones-generales/