Este lunes, 7 de abril de 2025, en la Corte Suprema de Justicia se desarrolló una audiencia de prácticas de pruebas en el marco de una demanda interpuesta contra el Estado de Honduras por la legalización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE).
Esta demanda contra el Estado fue interpuesta por la organización conservadora «Alianza por la familia» con el argumento de que la liberación y uso de la PAE constituye un «abuso de autoridad» puesto que, según esta organización, la pastilla «es abortiva» y la Constitución prohíbe el aborto.
Ante el inminente riesgo de volver a prohibir la PAE, y en la misma trayectoria de lucha que por décadas hemos sostenido, un nutrido grupo de organizaciones de mujeres y feministas realizamos un plantón para exigir y defender nuestros derechos sexuales y reproductivos y denunciar a los grupos de antiderechos que siguen intentando incidir en nuestras vidas y cuerpos y atentar contra el Estado laico.
Por más de diez años, la PAE permaneció prohibida, tiempo en el que no dejamos de luchar hasta que en el 2022 mediante el decreto ejecutivo 75-2023 se restituyó el uso de la píldora de emergencia. Desde su prohibición en 2009 hasta 2021, más de 12 mil niñas menores de 15 años y casi 300 mil niñas de 15 a 18 años han sido madres en Honduras, muchas de ellas de manera forzada, según datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
La legalización de la PAE ha sido uno de los pocos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en el país gracias a la lucha incansable de las mujeres. Sin embargo, es responsabilidad del Estado defender ese derecho para garantizar la salud sexual y la justicia para las hondureñas de todas las clases sociales y edades. Debe garantizar que nada sobre nosotras se decida sin nosotras a puertas cerradas en una Corte que hemos expuesto, misógina, clasista y racista.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras estuvimos presentes en esta nueva jornada de lucha para que el libre uso de la PAE sea un derecho que alcance para todas.
Ya basta de poner por encima de nuestra autonomía, los credos religiosos y las posturas conservadoras. Iglesia y Estado separados: la PAE es un derecho humano.
