El 8 de marzo salimos a las calles de Tegucigalpa, movimiento de mujeres, feministas y disidencias sexuales para luchar en el Día Internacional de la Mujer, un día que no celebramos, sino que plantamos nuestras palabras y propuestas emancipadoras y exigimos nuestros derechos.
En una movilización desde la plaza Cuba hasta la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, interpelamos al Estado y sus instituciones porque es difícil ser mujer en Honduras. Hasta febrero de este año han asesinado a 40 mujeres y cada 21 horas con 55 minutos se reporta un femicidio en el país, según el observatorio del Centro de Derechos de Mujeres y el Observatorio Nacional de la Violencia, respectivamente.
Nos manifestamos en contra de la impunidad, y exigimos se castigue a los feminicidas. Nos indigna que se libere al asesino de Keyla Martínez y exigimos que se judicialicen a todos los responsables de su asesinato que gozan de la inmunidad jurídica que existe en este país para los que matan mujeres, especialmente si son policías y por eso gritamos en las calles: ¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas! La Red Nacional de Defensoras hemos identificado que el 43% de las agresiones han estado en manos de la policía y autoridades públicas, es decir el Estado.
No podemos dejar de mencionar, como lo hacen las compañeras del COPINH, que faltan los Atala, investigar su participación en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Desde su crimen en 2016 hasta 2023 han asesinado a 27 defensoras de derechos humanos en el país, según nuestros registros y documentación. Y reafirmamos en las calles que Berta no se murió, Berta se hizo millones, Berta soy yo, todas las que seguimos su legado.
Hoy más que nunca reiteramos que todos los días las mujeres, por el hecho de serlo, nos enfrentamos a un sistema que nos asesina, nos violenta y decide por encima de nuestros cuerpos. Aquí estamos las que luchamos para decirle a otras mujeres, al pueblo hondureño que son altas nuestras voces, poderosos nuestros sentimientos y larga la memoria colectiva por lo que caminaremos una y otra vez junto a otras por nuestro derecho a vivir y vivir bien.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 8 de marzo de 2024.
El escritor y activista uruguayo, Raúl Zibechi, estuvo con nosotras el domingo 10 de marzo en un conversatorio que se llevó a cabo en el Campamento Feminista Viva Berta en Tegucigalpa. Junto a un grupo de compañeras de La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras provenientes de distintos territorios, y otras personas que se sintieron convocadas, comenzamos la jornada convocando las energías de nuestra compañera Berta Cáceres, ofrendando flores y encendiendo velas para honrar su memoria en el altar instalado en el Campamento.
Posteriormente, en este espacio simbólico de la justicia popular y feminista, platicamos sobre: Movimientos sociales ante la avanzada autoritaria en Abya Yala, procesos y proyectos de mundos posibles. Abya Yala es un término que las organizaciones de los pueblos indígenas han adoptado para referirse al continente americano.
Las compañeras comenzaron aportando sus dudas, inquietudes y proponiendo temas que querían escuchar de Raúl Zibechi, quien ha reflexionado profundamente sobre movimientos sociales latinoamericanos y publicado varios libros sobre la región. Nuestra coordinadora y parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Yessica Trinidad, propuso una conversación dirigida a debatir sobre el desánimo, la desmovilización y la limitación de los movimientos sociales por la influencia de los partidos políticos que hay en los últimos tiempos.
En esto coincidieron diversas compañeras quiénes manifestaron su preocupación por el desinterés dentro de los mismos movimientos sociales, la decepción de un Gobierno que prometió legislar en favor del pueblo y no lo ha cumplido, y el enrolamiento de personas con pensamiento crítico que lucharon en las calles para recuperar la democracia en el país durante el Golpe de Estado, hoy convertidos en funcionarios y funcionarias.
«Lo que cuentan no solo pasa en Honduras, pasa en toda Latinoamérica», responde Zibechi a las inquietudes de las compañeras. Hay que distinguir entre movilización y colectivos organizados, cuando hay una “llamarada” o se organizan muchas personas en una movilización inevitablemente se reducirá por distintas razones: «la gente se cansa, no podés estar todo el día en la calle, no se ven horizontes o posibilidades de cambios porque el poder es muy fuerte y logra desmoralizar a la gente. Hay partidos políticos que ofrecen un cambio en el poder y ahí entran muchas cosas: conveniencias personales, cargos públicos, viajes, beneficios económicos, hoteles lujosos, la gente se entusiasma con esas cosas y el dinero que reciben y eso es un poder del capitalismo», explica.
De acuerdo a sus palabras, el capitalismo además de influenciar a las personas a consumir cada vez más, también las ha acostumbrado a obtener soluciones rápidas y sin sacrificio alguno y solo los pueblos que han mantenido sus tradiciones, cultura y espiritualidad podrán resistir a las tentaciones del capitalismo. «En toda América Latina hoy quienes están resistiendo a este modelo de muerte son los pueblos indígenas y pueblos negros y a veces son pocas familias», apuntó.
Los movimientos sociales ante tres planos: la inestabilidad global, los gobiernos progresistas y el propio plano
Acerca del desánimo o el “bajón” que hay en los movimientos sociales, Zibechi destacó que hay cosas buenas dentro de ello: las personas que realmente están son las que siguen, las que se necesitan y trabajan en las luchas. Sin embargo, es necesario trabajar sobre nosotras y nosotros mismos, colectiva e individualmente para ser mejores, más críticas y más comprometidas ya que la inestabilidad global apunta a que ningún gobierno ─ni de derecha, ni de izquierda─ en América Latina sea estable y esto se debe a la pelea de poder entre Estados Unidos y China, donde el primero está en crisis y el segundo está tomando fuerza.
En segundo plano, hay un debate dentro de los mismos movimientos sociales sobre cómo nos paramos frente a las ayudas que se reciben del Gobierno; recibirlas no constituye subordinación porque, en realidad, es lo que nos corresponde. «El problema no son los bonos (ayudas), el problema es cuando la gente decide que es el mejor gobierno y ya no protesta», argumenta Zibechi.
En el tercer plano, los movimientos tienen dos dinámicas: resistir, poner un límite al sistema y crear algo nuevo, lo que el sistema no nos da: salud, educación, alimentos, vivienda. De acuerdo a Zibechi, las organizaciones deben crear desde sus espacios y territorios lo que el sistema no les da. «Tenemos que resolverlo, porque el sistema no lo va a resolver, aunque esté la mejor persona en el gobierno, ya no hay capacidad del sistema para resolverlo», dice.
¿Cómo podemos construir poder popular los movimientos sociales?
Es necesario que los movimientos sociales y las organizaciones podamos construir nuestras formas de poder y nuestras formas de autodefensa, particularmente las mujeres que somos fuertemente atacadas por un sistema patriarcal, machista, violento y racista. Es por ello que hay que aprender a defendernos en colectividad y tener grupos de autodefensa en muchos sentidos y formas.
Esto también va de la mano con tener un sistema propio para resolver los conflictos dentro de los colectivos, una justicia propia que nos permita solucionar los malentendidos, los desacuerdos, determinar las faltas de las compañeras y compañeros y cómo abordarlas o erradicarlas. Asimismo, es importante la formación de los movimientos sociales, entender lo qué pasa, los contextos, por qué pasan, discutir y formarse en temas políticos, sociales, económicos y culturales.
La conversación continuó con un amplio debate y discusión de distintos temas que las compañeras iban retroalimentando durante la jornada y que podría durar horas por la gran cantidad de ámbitos y problemáticas que constituyen los movimientos sociales. Karla Lara, cantautora y defensora de derechos humanos, expresó que era importante construir dentro de los movimientos sociales pero que había una expectativa en el “gobierno refundacional” luego de 12 años de lucha, de movilizaciones, de muertes en un Estado totalmente represivo con los movimientos sociales. Asimismo, nuestra compañera, Melissa Cardoza, sobre la construcción y formación dentro de los movimientos sociales argumentó que las organizaciones desde hace mucho tiempo son capaces de sostenerse, de construir aquello que el sistema nunca les ha dado o solucionado, por ejemplo, enfrentar la violencia contra las mujeres, sostener la educación y la salud comunitaria, por lo que sí es necesario hacer reclamos al gobierno. Por su parte, la periodista Sandra Maribel Sánchez expresó su preocupación por la injerencia de la cooperación internacional en las agendas de las organizaciones del país.
La conversación continuó problematizando estos temas y se expresó la necesidad de hacerlo en los movimientos sociales, colectivos, organizaciones. En nuestras redes sociales hemos transmitido en vivo y grabado este conversatorio, por lo que les invitamos a seguir este debate y agradecemos a quienes nos acompañan en estos procesos de aprendizaje y discusión.
Con los hilos de la memoria que vamos juntando en el proceso “sanar nuestra historia, caminando juntas hacia una pedagogía del cuidado” hemos ido compartiendo nuestras historias, territorios de climas y paisajes diversos. Este 5to Taller realizado del 22 al 24 de septiembre con la asamblea de la Red Nacional De Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) lo vivimos en La Aldea La Guacamaya, del municipio de El Progreso, Yoro. Nuestras hermanas de la Asociación Femenina Rita Pendergarst (AFERPEG) que son parte del Foro de Mujeres Por La Vida (FMPLV) nos abrieron las puertas de su casa, hornaron pan y nos hicieron tortillas de puro maíz y de maíz puro, nos recibieron con el cuidado que solo puede expresarse cuando hay organización y consciencia colectiva sobre la importancia que tiene la comunidad para la vida de las mujeres que la defienden de la violencia patriarcal, racista y capitalista.
La sede del taller fue un salón de bloque que construyeron las compañeras con sus propias manos, en ese lugar de gran valor histórico hicimos algo muy político para la Red de Defensoras; respiramos, estiramos nuestros cuerpos, y nos preparamos para tocar emociones profundas, hicimos circulo de contención grupal cuando compartimos memorias de nuestras vidas que aún nos duelen o que no habíamos nombrado antes. Nombramos a nuestras abuelas, hermanas y otros vínculos importantes para nosotras.
A través de recursos y técnicas del psicodrama transitamos por momentos que nos llevaron a profundizar en cómo están nuestras libertades, nuestros afectos y formas de estar en el mundo. El cuerpo fue nuestro principal lenguaje de comunicación, aunque no fue el único, dialogamos sobre nuestros sentires y los roles que jugamos en nuestras familias y organizaciones.
Reflexionamos sobre como el sistema patriarcal nos ha enseñado a sostener vínculos con personas que nos han hecho daño o con las que tenemos muchas diferencias éticas, hablamos sobre cómo se construye esta idea del liderazgo y la competencia entre las mujeres, y que eso no aporta a nuestras organizaciones.
Como dijo una compañera venimos de historias de vida distintas, cada una tiene su propia experiencia, es importante que nos reconozcamos unas a otras y trabajemos juntas contra este sistema, y eso pasa por preguntarnos qué vínculos queremos construir entre nosotras ¿queremos dominar a las otras? o ¿queremos crecer?
En este tiempo que vivimos como agua que corre veloz, hay memorias que son importantes para traer a la colectividad que somos las que hacemos parte de esta Red de Defensoras. Uno de esos procesos memorables es la Terapia de Reencuentro. Hace ya varios años, como por el 2015, que en la necesidad que tuvo como resultado la experiencia de búsqueda de sanación de los duelos, lutos y mandatos la TR llegó a la costa norte, importada de Guatemala.
Animadas y anhelantes el primer grupo, que era fundamentalmente del centro del país, se organizaba para ir hacia ese norte cálido y hacer un camino para salir de los laberintos de la opresión y el dolor, muchas recordamos ese tiempo también como de encuentros entre mujeres que buscábamos otros sentidos a nuestros propios pasos. Y claro que los encontramos.
De ahí para acá han pasado 11 grupos o generaciones de mujeres que han hecho esta terapia colectiva, líderes populares, defensoras, feministas, organizadas y no organizadas, de todas las generaciones, transgresoras del sexo y el género, ancestras de las luchas, madres y amigas de otras. Una inmensa diversidad de ellas que sostienen un largo camino de reflexión, autoconocimiento, entendimiento de la cultura patriarcal y sus mandatos; que toma decisiones vitales en acompañamiento.
Nos satisface decir que este septiembre del 2023 inicia el doceavo proceso de Terapia de Reencuentro, y que con nosotras tenemos la memoria de Yolanda Aguilar, terapeuta guatemalteca que por muchos años ha estado con nosotras en estas andanzas. Ella, alumna de la creadora del método de la Terapia de Reencuentro, Fina Sanz, y ambas compañeras de luchas por la vida y el placer para las mujeres.
En nuestra propia ruta local ha sido Nely del Cid quien por años ha estado facilitando la propuesta a la que se ha sumado nuestra compañera Lilian Girón, coordinadora de La Siguata, Masvely del Cid, y ahora Lucia Enamorado quienes han transitado con muchas defensoras estos fines de semana que son duros a veces, pero que han madurado esta propuesta que asumimos propia y está transformando muchas ideas sobre el cuidado colectivo y la política como ejercicio de las mujeres.
La Red Nacional de Defensoras creemos en las múltiples formas de buscar justicia y de acompañarnos, es indudable que la TR es una de las estrategias que nos ha aportado enriquecer la visión del mundo complejo de las defensoras en tanto personas y su vínculo con el hacer política. Las que hemos hecho la Terapia lo sabemos, si usted que ya está enredada en sus propios hilos no lo ha descubierto, póngase las pilas, aquí tenemos propuestas.
Ante la Corte Suprema de Justicia se presentaron el día de hoy, lunes 14 de agosto, dos conferencias de prensa para denunciar la continuidad en el despojo, criminalización, judicialización y persecución de personas que defienden la vida luchando por la tierra en este país, cuyas políticas públicas se las niega sistemáticamente.
La mesa de Tierra y Territorio de la Coalición contra la Impunidad acompañó a personas miembras de la mesa de acompañamiento a la Causa de Zacate Grande, quienes el martes 15 de agosto se harán presentes en una audiencia para solicitar se asegure la justicia a los defensores Abel Antonio Pérez y Santos Hernández Ortiz quienes se encuentran en prisión. La solicitud que presentarán las abogadas de la Red de Abogadas de Derechos Humanos es que el decreto de amnistía conocido como Decreto 04-2022 restituya la libertad de los compañeros presos y su derecho a la tierra.
Es conocido que la península de Zacate Grande ha estado en disputa desigual de sus pobladoras y pobladores ante los dueños de inmensas tierras y bienes de la zona que usan su poder para expulsar y perseguir a quienes han residido por años en esa parte del sur de Honduras. Esperamos que el día de mañana se haga justicia y los compañeros sean puestos en libertad.
Igualmente, ante este la prensa nacional se presentó un nutrido grupo de compañeras y compañeros lencas productores de maíz y café, de la comunidad de Río Bonito, en Taulabé, Comayagua, para presentar un recurso de amparo ante la Corte por el desalojo ilegal y violento que han estado viviendo sus pobladoras y pobladores desde el año 2012. Las compañeras María Ninfa, 70 años, nos relató cómo llegaron policías acompañando a Marcio Salgado, quien pistola al cinto les ha amenazado y finalmente les despojó de la tierra en cuestión en dos horas con el apoyo del juzgado de la zona. La señora fue detenida por once días en la cárcel de Marcala, y cuenta que el terrateniente mencionado les prohibía vender su café a cualquiera que no fuera su empresa Inversiones Cafetaleras S.A. Además de la señora Ninfa, detuvieron a dos mujeres más, una de ellas con una fractura en la pierna. Doña Ninfa cuenta que los policías les decían que ellas eran unas roba tierras.
En este momento, toda la comunidad se encuentra fuera del territorio, viviendo en cualquier parte, sin trabajo y con los niños y niñas sin acceso a la escuela. El Bufete Justicia para los Pueblos está siguiendo el proceso judicial que por supuesto está plagado de ilegalidad, de agresión y racismo.
La Red Nacional de Defensoras nos sumamos a la indignación y a la lucha para que ambos casos se resuelvan a favor de las defensoras y defensores y sus comunidades; y nos sentimos preocupadas por la manera en que estos casos se van multiplicando en el país bajo un gobierno de corte, supuestamente, popular.
Entrar con Miriam Miranda y su nutrida y hermosa comitiva a lugares públicos es inolvidable. No es por casualidad que a ella y a toda la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) no les agrada venir a este territorio de cemento, puentes y láminas de zinc que adornan la capital. En los restaurantes, la gente se queda mirando a medias entre sorpresa y disimulo. Las mesas parecen estar ocupadas aunque no lo están, y el personal de servicio se ve tenso, con excepciones. Racismo se le llama. Como ella lo expresó en el foro organizado por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) para debatir sobre justicia climática, derechos humanos y el tema ZEDE, al que dijo se trata de soberanía, pero de mucho más. No son sólo los de afuera quienes quieren tomar el territorio, es el entreguismo local el más grave; y esa actitud benévola ante los blancos, ojos claros, con dinero, porque hay que dejar de ser esclavos y esclavas para lo que necesitamos cambiar mentalidades.
En un auditorio de muchos funcionarios públicos, algunos estudiantes y escasos profesores, Miriam recordó la lucha estudiantil, la deuda de la academia con el país, y que esta lucha contra las Ciudades Modelo fue levantada en la calle, que más que jurídico se trata de un problema profundamente político por lo que sin la gente de este país, no se va a revertir nada, y menos si no se respeta la consulta previa, libre e informada a las comunidades. Informó la invaluable fuerza de las comunidades que son las que cuerpo a cuerpo se enfrentan con los desastres ecológicos y cuestionó la falta de coherencia de los movimientos y el gobierno que hablan de derechos humanos que cada día se violentan, históricamente.
En esa misma mesa aportó otra mirada interesante Lucía Vijil, que desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) reflexionaba sobre el debatir fuera de los auditorios y sumar a mucha gente, para lo cual se necesita tener más y mejor información de quienes ahora comisionan desde el Estado el seguimiento a la problemática de las ZEDE, particularmente. Lucía colocó una propuesta importante que remite a pensar que la justicia climática demanda un pacto ecosocial que no se asiente en el antropocentrismo racista y patriarcal, sino que reconozca la legitimidad de la existencia de otros seres y del planeta mismo. Una ética desde donde se definan políticas ambientales que son inexistentes. El debate de las ZEDE es uno en el necesario gran debate sobre el modelo extractivista que sigue intacto en el país y que también atiende a la soberanía, los territorios, y la vida de las personas y la naturaleza.
Ambas luchadoras hicieron que la reflexión sobre justicia climática y derechos humanos enriqueciera los marcos institucionales que en su momento compartieron Nathalie Roque, Fernando García y Ramón Barrios, de distintos poderes del Estado.
En el foro de este día 8 de agosto del 2023, convocado por JASS a propósito de establecer diálogos entre mujeres de los procesos de educación feminista que la organización ha desarrollado, y otras invitadas, se arremolinaron a pensar y sentir juntas un nutrido número de activistas de territorios diversos, en el ahora privatizado territorio de la UNAH.
El despliegue de conocimientos, reflexiones, sentimientos y pistas para darle continuidad a los caminos fue deslumbrante. Como dijo la moderadora de la primera mesa, Zoila Madrid, aquí vemos la capacidad de las mujeres de reimaginar y reinventar los procesos porque es de los movimientos que tales propuestas deben salir, teniendo la claridad de que la vida siempre estará en el centro.
Creer y crear expresó Lilian Borjas, actual coordinadora de la CNTC, verbos poderosos experimentados por una mujer que ha luchado por la tierra desde los quince años, y que ahora entiende que el poder de las mujeres es lo que la ha mantenido firme aunque tenga obstáculos de todo tipo para ejercer su liderazgo en organizaciones que hemos llamado mixtas, pero que Zoila precisamente nombró como patriarcales por que en ellas se ha invisibilizado a las mujeres de manera sistemática.
Juana Zúniga abundó en la expresión de la violencia que se manifiesta de tantas formas cuando las mujeres se suman a las luchas por liberar los ríos, las montañas, los territorios; y denunció, desde su experiencia y análisis, la manera en que los liderazgos patriarcales intentan por todos los medios que las mujeres no tomen el sitio de las decisiones aunque sí el de las que ponen el cuerpo en las acciones; el abuso del poder y la masculinidad violenta para someterlas hace daño no sólo a las activistas sino a los movimientos, pero es constante como ella lo señaló.
La Red Nacional de Defensoras planteó información extraída de la base de datos que visibilizan el nivel de riesgo y las características del mismo en las defensoras así como la manera particular en que se expresan las agresiones vinculadas al género y la racialidad, igualmente quiénes son los enemigos de las mujeres, que en síntesis son mayoritariamente agentes del estado, desconocidos, y hombres del movimiento social. Según los datos, la costa norte es en el último semestre el territorio donde más se registran incidentes contra las que defienden derechos; y las defensoras de territorio y bienes comunes las más agredidas.
El panel hizo conclusiones importantes sobre lo que significa enfrentar un modelo patriarcal y depredador de bienes comunes y de vidas. El público, todas compañeras, abundó en análisis, las voces profundas de las mujeres hicieron aún más énfasis en la situación actual del país, el desencanto ante un gobierno conducido por una mujer, y aún así, la importancia histórica de que esta persona esté en el ejecutivo. Las palabras también abordaron anhelos como la necesidad de cuidar la vida propia de las luchadoras tanto como las luchas; la necesidad de escuchar el cuerpo territorio; la fuerza de la colectividad de las mujeres para enfrentarse a todos los adversarios de la vida digna; la certeza de que se puede transformar radicalmente la realidad.
En el segundo panel en el que se propuso debatir sobre las narrativas, se partió de la escucha de los poderosos conocimientos y propuestas de la OFRANEH, en voz de Eydi Blanco, que narró la problemática de su comunidad, de su familia y la propuesta de la organización y sus ancestralidades para, no sólo continuar recuperando los territorios sino haciendo posible la vida cotidiana en un proceso histórico y colectivo. Por su parte Selvin, del COPINH, hizo una historia de la organización, los discursos que desde el poder se han hecho en contra de ellas y ellos y la manera en que han hecho no sólo resistencia, sino construido sus sueños. Relató hitos históricos muy importantes que dignificaron la existencia de los pueblos indígenas y celebró que en esos caminos han estado junto a la OFRANEH haciendo procesos emancipatorios, y también disputando el poder al Estado.
Daysi Flores, quien moderaba el panel mencionó la fuerza que ha existido de las mujeres y organizaciones para construir narrativas de justicia, aunque como ella dijo ni siquiera se les llame así; apuntó la importancia de la esperanza y sus múltiples posibilidades en los territorios, pensamientos y sentires. Finalmente, Mercy Ayala, de Radio Progreso, hizo una exposición partiendo de los datos interesantes de la encuesta de opinión del ERIC y su relación con la realidad del país, el discurso colonial hegemónico y las apuestas narrativas y transformadoras de los movimientos sociales que siempre encuentran rutas para todas y todos.
El foro duró lo que la necesidad de intercambio de palabras y sentimientos así lo definió, el encuentro entre activistas de tantos departamentos y luchas fue gratificante y como dijo Sofía de APOMUH, las presentes aquí son seres de luz, y eso irradian. Así, con la luz de Iris Matute, recién fallecida y miembra de este proceso, también hicimos la alquimia de estar presentes con la palabra, la reflexión y el sentimiento para transformar la realidad violenta en alegrías, agua limpia y tierra libre para todas, todos, todes.
El 18 de julio de 2020 alrededor de las 5:00 a.m, un contingente de aproximadamente 30 hombres de la Policía de Investigación de Honduras (DPI) detuvieron a Albert Snaider Centeno Thomas, presidente del Patronato de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, y con él a los jóvenes Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Cálix, quienes eran miembros activos de la lucha por la defensa del territorio en una comunidad que ha sido dividida por acciones de terceras personas que se han apropiado del territorio ancestral garífuna con la aquiescencia del Estado de Honduras.
A tres años de la desaparición, continúa sin conocerse su paradero y sin avanzar en la sanción de los responsables. El Estado no ha cumplido con la demanda de realizar una investigación con la debida diligencia a través de una Fiscalía Especial de Desaparición Forzada que incorpore los hallazgos del Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA), solicitud que además ha tenido el respaldo de decenas de organizaciones a nivel nacional e internacional.
Al respecto, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo Tribunal en las Américas, ha solicitado que el Estado adopte todas las medidas necesarias para hallar a los compañeros, así como para proteger efectivamente los derechos a la vida e integridad personal de las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Esto en el marco de las dos sentencias favorables que este Tribunal emitió en 2015 en reconocimiento a la sistemática violación de los derechos del pueblo garífuna. Ninguna de las medidas ordenadas por la Corte en relación a estos casos ha sido cumplida, por el contrario, el Estado ha optado por hacer evidente su política racista, patriarcal y de despojo territorial que produce un verdadero éxodo de la población comunitaria hacia otros territorios del país y fuera de las fronteras nacionales. Esta postura gubernamental de dar la espalda a las crisis que se escenifican en las comunidades, a causa del extractivismo depredador, genera una de las politicas de exterminio más poderosa que es la que Miriam Miranda llama el vaciamiento de los territorios.
Desde la desaparición de los cuatro jóvenes, la situación del pueblo Garífuna sigue siendo de extrema gravedad. Detenciones ilegales, asesinatos, criminalización, desalojos, quemas de casas de salud ancestral, hostigamiento amenazas y otras formas de violencia que ha tenido un especial impacto a las mujeres y lideresas de la OFRANEH.
Las Comunidades Garífunas han vivido siempre en paz y concordia de una manera sabia con todas las expresiones de la naturaleza por el antiguo conocimiento y respeto hacia los ciclos y dinámicas de la vida animal y vegetal, de ahí que han salvaguardado bienes valiosos para la sobrevivencia humana de los cuales ahora se les quiere despojar.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNNDH) acompaña en su lucha a la OFRANEH y las comunidades Garífunas que le integran. La organización es integrante de nuestra Asamblea y es por eso que sus luchas tambien son nuestras.
En el sistema de Registro y documentacion de agresiones de la Red de Defensoras hemos contabilizado que en los últimos años se registran al menos 720 agresiones. La violencia sistemática e intencionada se expresa en hechos repudiables como los asesinatos a mujeres y hombres que han sido vertebrales en la organización y defensa territorial, y que han enlutado los procesos colectivos.
Todas las categorias posibles de agresión incluyen a la OFRANEH, de las cuales el hostigamiento, la vigilancia y las amenazas son las principales; acciones que son extensivas a hijas e hijos de las defensoras con lo que el estado generalizado de tensión es severo. Es necesario decir que las campañas de desprestigio, particularmente a sus liderazgos nacionales, constituyen una constante en su cotidianidad.
La OFRANEH, a pesar de todo esto, no deja de luchar y posicionar sus ideas y propuestas de mundo.
A partir del año de la pandemia, con más fuerza la organización se propuso recuperar y fortalecer tanto sus territorios como espiritualidad y conocimiento ancestral entendiendo que la crisis actual es una crisis civilizatoria. Aunque las propuestas se dirigen fundamentalmente a su propio pueblo, también invitan a todas, todos y todes a pensar y actuar salidas viables, autónomas y colectivas en un país sitiado por la desesperanza y la extrema violencia.
En conmemoracióna la desaparición de los jóvenes Garífunas, el 20 de julio del 2023, La Organización Fraternal Negra Hondureña y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras desarrollaron el FORO: 3 AÑOS SIN JUSTICIA: POLÍTICA DE EXTERMINIO CONTRA EL PUEBLO GARÍFUNA, un espacio para evidenciar el contexto que viven las comunidades Garífunas y sus exigencias para el actual gobierno en relación al cumplimiento de las sentencias de la CIDH y la aparición con vida de los cuatro jóvenes desaparecidos.
En coherencia con las declaraciones de la presidenta los desalojos se están efectuando, pero están lejanos de ser pacíficos y respetuosos de los derechos humanos. Un grupo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras fuimos a enterarnos directamente de la situación.
Doña Marta tiene los ojos enrojecidos, pasó la noche sin dormir, bajo la lluvia, llora por las perdidas de todas sus cosas en la vida que vivió hasta el día 19 de junio que 300 policías y maquinaria pesada los hecharon de su territorio. Además un policia que la agredió le roció gas pimienta en la cara, ahí llora de nuevo no tanto por el gas sino por la humillación y violencia a la que la sometieron. Con ella otras mujeres lucen agotadas, incrédulas por este desalojo que encuentran ilegal y sobre todo ilegítimo y encima dicen: Y una mujer presidenta nos vino a hacer esta barbaridad.
No se han movido del lugar, la orilla de la CA-5, la carretera mas importante del país. Desde donde están resistiendo hasta que su situacion sea resuelta con justicia, pueden observar hombres que se llevan sus cosas en unos carros, malangas, cocos, madera, enseres domésticos.
Los hombres entraron después de que se fueron los guardias, que llegaron después de los policías. No usan uniformes pero suenan sus machetes cuando ven que les hacemos fotos. Una patrulla pasa cada tanto para resguardarlos, nos cuentan. Entre los enseres que recuperaron hay colchones, maletas, ollas, una mesa y zapatos que parecen andar perdidos. También hay un perro colorido, gatos y un perico llamado Paquito. Ahí niños de brazos, otros un poco mas grandes y muchachos que descansan sobre plásticos tendidos en el suelo. U maestro de los niños y niñas llega en moto y les lleva tamales.
Berta, vaya nombre, una de las líderes, nos muestra videos de la violencia contra los niños y sus madres que intentaron protegerlos, es una veterana defendiendo esta lucha pero está golpeada en el cuerpo y el ánimo.
La desgracia es que somos indígenas y somos pobres, creen que nos pueden humillar, y se pasa el dorso de la mano sobre los ojos. Hasta la placa de estos dientes perdí, cuenta, todo hemos perdido.
Pero la fuerza queda porque de ahí no se van a mover. Detrás de los escombros de lo que eran sus hogares está el bellisimo lago de Yojoa y una tormenta se acerca, un rayo parte el cielo que también comparte con nosotras la rabia.
Informe preliminar del proceso judicial de las defensoras y los defensores Garífunas de Punta Gorda en Honduras.
Expediente Judicial 124-2022
Dorotea Eliza Arzú López
Melisa Fabiola Martínez Reyes
Agusto Moises Dolmo Hill
Keyder Tichando Gonzalez
Abat Efrayn Sánchez Gómez
Richard Armando Marinez Valerio
Antecedentes
El 7 de noviembre de 2022, tres defensoras y tres defensores Garífunas fueron detenidas durante el violento e ilegal desalojo de tierras ancestrales recuperadas en Punta Gorda, departamento de Roatán, en las Islas de la Bahía de Honduras. Punta Gorda tiene un significado espiritual y cultural para el Pueblo Garífuna, ya que fue el primer lugar en el que aterrizo como Pueblo en Centroamérica tras su desplazamiento forzado desde la isla de San Vicente en 1769, y forma parte del patrimonio del Pueblo.
El Juez de Letras de Roatán, Allan Urbina García, ordenó el desalojo preventivo, figura creada en las reformas al código penal y procesal penal en 2021, al momento que la Fiscalía presento un requerimiento fiscal contra Geovany Francisco Guevara Benedict y otros por usurpación en perjuicio de Ritzy Wanda Norman Jones, quien presentó una denuncia el 10 de septiembre de 2022.
Durante su audiencia de imputados el 8 de noviembre, los y las defensoras fueron acusadas por el delito de usurpación agravada (6 a 9 años) y uno, Richard Armando Marinez Valerio, también fue acusado por atentado (6 a 9 años). El mismo juez Allan Urbina García presidio la audiencia y al concluirla, les otorgo medios distintos a prisión preventiva, y señaló el 23 de noviembre para la audiencia inicial.
Audiencia Inicial: 23 y 24 de noviembre de 2022, Juzgado de Letras de Roatán
La audiencia inicial fue convocada para el 23 de noviembre de 2022 en el Juzgado de Letras de Roatán ante el Juez de Letras Allan Urbina García, mismo que ordenó el violento desalojo del 7 de noviembre. Al llegar al Juzgado, se notó una fuerte presencia policial, las puertas afuera del juzgado cerrado con llave y una actitud agresiva de parte de la seguridad del Poder Judicial. Solo con el acompañamiento del equipo de defensa legal, pudieron entrar las personas defensoras y tres asesores (dos personas expertas Garífunas y una abogada Maya K’iche experta en derecho de los Pueblos Indígenas).
Entraron a la audiencia tres personas delegadas de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH Honduras), dos observadoras de la oficina de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), una observadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, una observadora del Bufete Justicia para los Pueblos y dos periodistas nacionales e internacionales. No hubo publicidad mediante (transmisión virtual) a pesar de que organizaciones y la defensa legal la solicitaron.
Las personas imputadas fueron representadas por un equipo de defensa técnica que contaba con la participación del abogado de la Organización Fraterna Negra de Honduras (OFRANEH) y tres abogados y una abogada del Bufete Justicia para los Pueblos.
Etapa de incidentes
Al iniciar la audiencia, el Ministerio Publico leyó la acusación contra las personas defensoras Garífunas imputadas. En seguimiento, la defensa técnica presentó dos excepciones y una nulidad.
Excepción por falta de acción por no existir el delito
A base de la acusación del Ministerio Publico que afirma que las seis personas fueron detenidas por la policía mientras realizaban una manifestación en una vía pública, la defensa publica plantea una nulidad argumentando que no se cometió un delito el 7 de noviembre de 2022, si no, que el Pueblo Garífuna se estaba ejerciendo su derecho constitucional.
Excepción por falta de competencia del órgano jurisdiccional
Argumentando las siguientes razones:
El 2 de agosto de 1996, Honduras declara Patrimonio Nacional el lugar de Punta Gorda (Decreto 68-96), por ser el punto de arribo de los Garífunas el día 12 de abril de 1797 y manda a construir un monumento conmemorativo.
Este decreto es Declarativo y no Constitutivo, lo que significa que el estado reconoce la existencia de la comunidad y la ancestralidad del territorio desde 1797 (no la fecha de la adopción del decreto en 1996).
Dado que existe este reconocimiento esta comunidad debe recibir la aplicación de leyes y convenios orientados a tratar su condición particular de Pueblo Indígena. De acuerdo con los principios del derecho, debe ser aplicados primeramente los convenios internacionales, como, por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT.
El Convenio 169 de la OIT en su Artículo 14 # 3 manda a que deberán de instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema judicial nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los Pueblos interesados
En ese sentido, que el Articulo 102 de la Ley de Propiedad en el Capítulo del Procedimiento de Regularización de la Propiedad Inmueble para Pueblos Indígenas establece que todo conflicto que se suscite entre estos Pueblos y terceros respecto a tierras comunales se someterá al procedimiento especial
Es más, en 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió sentencia condenatoria contra el Estado por violar los derechos colectivos de las comunidades garífunas de Punta Piedra en Colón y Triunfo de la Cruz en Atlántida. La Corte reconoce y establece que existe una estrecha relación entre los Garífunas y la tierra; considera la madre.
Una nulidad contra la ampliación del requerimiento fiscal de parte del Ministerio Publico dado que la Fiscal que lo emitió no tenía competencia para estar en el desalojo el 7 de noviembre de 2022 para ordenar una captura, por lo cual la defensa considera que la detención de los imputados es una detención ilegal y que todo el proceso es viciado y nulo.
El juez Allan Urbina García resolvió que va a pronunciarse sobre las impugnaciones presentadas al terminar la audiencia inicial.
Etapa de presentación de pruebas
El ente acusador propuso varios documentos, entre ellos recibos de pago de impuestos de la municipalidad local, supuestamente para demostrar que las personas imputadas no son del lugar, demostrando la falta de investigación seria en el caso, que hubiera demostrado claramente que Punta Gorda es un lugar profundamente sagrado para todo el Pueblo Garífuna y su recuperación es importante para todo el Pueblo. También presento copia del tratado Wyke-Cruz de 1860, realizado entre el Reino Británico y Honduras, donde Inglaterra cedió a Honduras el dominio territorial de las Islas de la Bahía y La Mosquitia, con la condición de garantizar el territorio y la cultura de los Pueblos Indígenas que habitaban la región.
Incorporación de prueba ilícita
El juez resolvió admitir toda la prueba propuesta por el Ministerio Publico y la defensa técnica, aunque se presentó varias objeciones a lo mismo por ser medios de prueba ilegales, quebrantando el derecho al debido proceso de las y los
defensores y demostrando que no hay un control de legitimidad sobre las ilegalidades en medios de pruebas incompletos que resultan no confiables.
Dentro de los medios de prueba incluye 5 USBs de información audio visual que no fueron recaudadas por el Ministerio Publico de acuerdo con el procedimiento correspondiente.
Se incorporo un álbum fotográfico que sin firmado por la persona que supuestamente realizo el documento
Etapa de evacuación de prueba
En el segundo día de la audiencia, se evacuo las declaraciones de 8 testigos del Ministerio Publico.
Entre ellas, se encuentra la declaración de la jueza ejecutora del desalojo:
La abogada Sandra Salgado Bonilla admitió que nunca verificó los puntos georreferenciados del terreno supuestamente usurpado, lo cual se le ordenó en la orden judicial de desalojo antes de iniciar el acto de desalojo. Como consecuencia, no pudo constatar que las personas agredidas y detenidas por la policía estuvieron en un terreno usurpado. Dijo que fue acompañada por la acusación particular y que le informó de dónde se encontraba la propiedad usurpada.
La jueza constato que la policía que acompañaba el desalojo estuvo armada.
La jueza afirmo que “debería haber” un protocolo para efectuar un desalojo pero que desconocía su existencia. También dijo que, aunque había estado en varios desalojos, era su primer desalojo de un Pueblo Indígena y que no tenía formación sobre cómo llevar a cabo un desalojo (ni en general ni en cuanto un desalojo de un Pueblo Indígena). Esto es importante destacarlo porque el Secretario de Seguridad de Honduras, afirmó en medios de comunicación que el desalojo se había realizado de acuerdo con el protocolo vigente, y con respeto a los derechos humanos.
La abogada admitió que la Fiscal Reyna Yescenia Funes Canizales estuvo presente en el desalojo y la coordinó de forma efectiva a pesar de no tener competencias para estar allí.
Admitió haber hecho anotaciones falsas en su informe sobre el desalojo, poniendo en duda todo su contenido.
Constató que la Acusación Privada gestiono la participación de las fuerzas navales en el desalojo, alarmando sobre la injerencia de intereses privados en las fuerzas armadas de Honduras. Documentos del Ministerio Publico consta que la Fiscal Reyna Yescenia Funes Canizales también pidió de forma ilegal la participación de las fuerzas armadas en el desalojo.
Durante la evacuación de los medios de prueba audio visuales, en vez de solo reproducir los videos, el juez volvió parte, expresando sus valoraciones subjetivas sobre el contenido de lo mismo.
Racismo Institucional
A lo largo de la audiencia, los funcionarios del Estado han dejado claro su racismo, odio, desprecio y estigma contra el Pueblo Garífuna, por ejemplo, degradando los rituales y prácticas ceremoniales e incluso refiriéndose a ellos como brujería y burlando del concepto de “tierra ancestral”. En este mismo sentido, a lo largo de juez hizo referencia repetitivamente a las ollas ceremoniales ancestrales donde se quema sahumerio y plantas
medicinales como “botes de humo”.
Los agentes policiales afuera del Juzgado se burlaban y reían constantemente durante las ceremonias, principalmente cuando se tocaban los tambores y amenazaron a botar el fuego ceremonial.
Se ha constatado que un agente fiscal, un agente de policía y una funcionaria del poder judicial desconocen las normativas que deben aplicarse en relación con la actuación de quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y los Pueblos Indígenas, además señalando la falta de entendimiento del contexto en lo cual se dio el desalojo. El agente de investigación dijo que no debe haber un tratamiento diferenciado, ya que, para él, todos son iguales. Estas personas también afirmaron que no hubo un plan para efectuar el desalojo y que no hay un protocolo diferenciado para desalojos de comunidades Indígenas
El agente investigador constató que realizó una investigación durante una semana del inmueble supuestamente usurpado, pero nunca entrevisto alguien del Pueblo Garífuna para conocer el fondo del caso
Incidentes de seguridad
Al terminar el segundo día de audiencia, Miriam Miranda, Coordinadora General de la OFRANEH denuncio públicamente que entraron personas desconocidas encapuchados que llegaron en un vehículo sin placas para intimidar a las personas acompañando la audiencia.
Agente de policía tomo fotos y videos con su celular personal de miembros del equipo de defensa legal y de las defensoras y defensores garífunas y defensoras de la Red Nacional de Defensoras que se encontraban afuera del Juzgado.
El frecuente hostigamiento policial afuera del Juzgado también ha implicado la fuerte presencia de la policía con actitud corporal bastante agresiva e intimidante al golpear constantemente sus toletes en el suelo, y un incidente de intimidación contra una defensora garífuna hostigándola y presionándola para que saliera de su vehículo y lo moviera, incluso abriendo de forma agresiva la puerta del mismo.
Durante las audiencia los dos fiscales del MP constantemente se referían a las defensoras y defensores judicializados como “usurpadores” diciéndolo con un tono de voz más fuerte.
Conclusiones
Durante la audiencia inicial de los y las defensoras Garífunas de Punta Gorda, que comenzó el 23 de noviembre y continúa hasta el 25 de noviembre, el tema del territorio ancestral se ha plantado con firmeza, descartando la posibilidad de una usurpación en Punta Gorda. Es interesante, la nieta del supuesto propietario original del terreno en cuestión, que luego vendió a la familia que hoy ha denunciado la usurpación, y que admitió la supuesta dueña en la audiencia que nunca había estado en el terreno en cuestión, dijo que su abuelo tituló originalmente el terreno de forma privado por estaba ahí y “no tenía uso” señalando cómo la tierra fue robada originalmente al Pueblo Garífuna como colectivo. Sobre el delito de atentado, no se ha demostrado un mínimo índice que se haya cometido este delito. Está previsto que la audiencia se reanude el viernes 25 de noviembre con el testigo de la defensa que hablará sobre el significado cultural de Punta Gorda para el Pueblo Garífuna. A continuación, las partes presentarán sus conclusiones y el juez resolverá si desestima o no los cargos o continúa con el proceso judicial.
