El pasado 7 de febrero, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto a organizaciones feministas, acompañamos y acuerpamos a familiares de Keyla Martínez y a su madre Norma Rodríguez, en un plantón organizado frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia y castigo para los responsables del feminicidio de Keyla.
Ese día se cumplieron 4 años desde el asesinato de Keyla Martínez, una joven enfermera llena de sueños y anhelos, a quién un agente policial le arrebató la vida en la posta policial #10 de la Esperanza, Intibucá, durante el estado de excepción declarado con el pretexto de la pandemia por Covid-19. Además, fue acusada de quitarse la vida ella misma y un despliegue policial fue cómplice para encubrir a los responsables de su feminicidio.
El único agente policial, enjuiciado y encontrado, culpable, Jarol Perdomo Sarmiento, fue liberado en 2024 debido a la recalificación del delito de feminicidio a homicidio, lo que implicó una disminución de la pena. Además, nunca se investigó la cadena de mando de la Policía Nacional que permitió y ocultó el feminicidio de Keyla.
En ese sentido, Norma Rodríguez, familiares y organizaciones que acompañamos en la demanda de justicia por el feminicidio agravado de Keyla Martínez, exigimos frente a la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa que se admita el recurso de casación que implica una repetición del juicio en contra de los implicados de forma directa e indirecta en el crimen, asignación de jueces con la preparación y experiencia en crímenes contra la vida de mujeres y violencia de género y la sanción contra jueces que cambiaron la tipificación del delito de feminicidio agravado a homicidio imprudente.
De acuerdo a declaraciones de Norma Rodríguez, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no han mostrado interés en volver a repetir el juicio, al contrario “ponen trabas o alargan el proceso para seguir protegiendo a la Policía Nacional porque no les conviene que Honduras sea castigado con una multa o sanción por haber violentado los derechos fundamentales de Keyla” en una institución estatal durante un estado de excepción. Asimismo, mencionó su intención de presentar el caso de Keyla ante organismos internacionales de derechos humanos si no había una respuesta pronta que garantice la justicia para Keyla.
En 2024, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM, registró 266 delitos contra la vida de los cuales 231 son muertes violentas de mujeres y niñas y 35 intentos de femicidios. Según este Observatorio, 34% de las mujeres asesinadas de forma violenta fueron jóvenes de edades entre 20 a 39 años y en 5 casos de muertes violentas los perpetradores fueron exmilitares, policías o personas con indumentaria militar.
Hasta el día de hoy, Honduras se mantiene bajo un Estado de Excepción como una política de seguridad nacional en manos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin resultados y con graves abusos de poder, agresiones, desapariciones forzadas y asesinatos.
Ante esto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras continuaremos exigiendo justicia por todas las asesinadas, desaparecidas y víctimas de la violencia machista, patriarcal y un Estado feminicida. Hoy y siempre recordamos a Keyla y seguiremos reafirmando que está presente ahora y siempre y que los feminicidas van a caer.
Nutrida estuvo la conferencia de prensa y posterior acción en la calle frente a la Casa Presidencial en la que, como ya es tradición, la presidenta no recibe a ninguna delegación, comisión o representación popular. Se busca, se busca, se busca presidenta que al pueblo atienda, se gritó ante los portones cerrados y custodiados por policía y la guardia presidencial.
La convocatoria de más de setenta organizaciones que respaldamos la urgencia para detener el nivel de violencia brutal que cada día destruye la vida en el Bajo Aguán se hizo presente en el centro de las oficinas del famoso centro cívico gubernamental en donde, para empezar no permitieron ingresar sonido, sino había una autorización; o sea lo de siempre con cualquier gobierno. La conferencia fue importante para denunciar una vez más y con datos y palabras de las mujeres que han perdido a sus familiares lo que cada día sucede, el terror del asesinato a mansalva contra la gente que pelea la tierra. La exigencia que se cumplan los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas, que hace tres años están paralizados, fue una de las demandas centrales, así como que se acompañe el regreso de las familias desplazadas y se detenga la agresión armada. La tierra no se vende, se cuida y se defiende.
En el Aguán, a partir de diciembre del 2024, los niveles de agresión de grupos armados ha aumentado no sólo en disparos y vandalismo contra las empresas Camarones, El Tranvío y El Chile, sino que estos perpetradores se publicitan en redes sociales, usan sus nombres en los medios que les son afines, y se refugian en comunidades donde otros civiles se ven envueltos en esta trama criminal; donde tienen el apoyo de grupos que se denominan defensores de derechos humanos, y que hacen la labor civil de esas acciones armadas. La situación ha llegado al grado de que toda la zona es de alto riesgo, el tránsito es peligroso, las clases se han parado en los centros educativos y la vida de cada campesina y campesino está en un hilo. Y eso ya ha sucedido con otros pueblos y luchas, pero el nivel que ha tomado en el Aguán es más que alarmante y sospechamos puede convertirse en una práctica generalizada en otros territorios, aunque hay experiencias similares. Hay que agregar que en esa zona se ha desplegado policía con equipos de defensa, pero cuya intervención es extrañamente lenta y peligrosamente ineficaz.
Esta mañana soleada de febrero, en Tegucigalpa, la delegación de al menos sesenta personas caminamos hasta la Casa donde se supone se encuentra la presidenta, pero quien salió a recibirnos fue un señor llamado Mario Roberto, de asuntos sociales, que se llevó la carta llevada por la delegación con las exigencias y demandas; y dijo que la haría llegar. Lo importante de este hecho fue, precisamente, que una vez más el movimiento social que, aun cuando puede tener militancia o afectos con el partido en el poder, encuentra de nuevo su lugar y recuerda que su propósito es cuestionar al gobierno y obligarlo a responder al pueblo que lo llevó a esas oficinas frescas y limpias.
El señor Roberto dijo que él subiría la carta y que dejaba su nombre y teléfono, por cualquier cosa, firmando de recibido en una fotocopia. Nunca mejor el comentario del señor: arriba está el poder, lejos e indiferente a lo que pasa aquí abajo.
El Aguán, y toda esa hermosa tierra costeña ha sido, por décadas, lugar de agresiones a la lucha de los pueblos garífunas, indígenas, campesinos y el motivo, por supuesto, siempre es la tierra y el territorio. Las empresas agroindustriales y mineras, los terratenientes, ganaderos en su insaciable avaricia arrebatando lo que no les corresponde, esquilmando al estado, depredando la naturaleza y engordando sus cuentas bancarias frente a miles de personas despojadas que necesitan cultivar, tener agua limpia y alimentar a la sociedad entera.
Nunca fue tan importante en este país reconocer la necesidad de poner encima de la politiquería, las válidas y autónomas propuestas de mundo de los pueblos indígenas y garífunas, para todas y todos los que somos pueblo. Nunca fue tan necesario recampesinizar el país, darle la importancia ineludible a la lucha campesina y su trabajo que sostiene la vida, o qué se supone que vamos a comer en el tiempo venidero.
En Honduras todo lo que está por la vida común, recibe golpes, balas, y cárcel, así matan a las mujeres, a las líderes ambientalistas, a los hombres de bien que quieren a las montañas. Y es por eso que una vez más nos toca a todas, todos y todes poner el hombro con el resto del cuerpo a las acciones que buscan la justicia que anhelamos en el campo y las comunidades que luchan. Su lucha es nuestra.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto a nuestras compañeras de la Red contra la violencia de Choluteca presentamos la canción “25 Soles”, un tema musical que nace de nuestro proceso de Sistematización y Pensamiento Crítico en el que organizaciones y defensoras miembras de la RNDDH han trabajado por más de 10 meses en un ejercicio de recuperación y memoria de nuestro caminar juntas defendiendo la vida.
La presentación se llevó a cabo en el marco del 25N, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, donde más de 500 defensoras nos reunimos en el centro de Choluteca para exigir un alto a todo tipo de agresiones a las que nos enfrentamos por exigir nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias.
Un momento justo para conmemorar y traer a la memoria el trabajo de la Red contra la violencia de Choluteca que por más de dos décadas se ha enfrentado contra la opresión patriarcal en el sur de Honduras. 25 soles, cuenta la historia de nuestras compañeras defendiendo la vida, la fuerza de las defensoras sureñas contra el patriarcado y nuestra propuesta política para poner nuestra voz en lo público a través del arte, la música y la escritura.
De acuerdo con nuestra compañera Carolina Campos, directora ejecutiva de la Red contra la violencia de Choluteca, esta canción define a su organización y a todas las mujeres del sur que son valientes y luchadoras y que necesitan que su fuerza sea visibilizada. «Este proceso ha sido hermoso, tanto personal como colectivo, nos ha traído memorias, encontrar por qué estamos en este camino, por qué seguimos, por qué nos quedamos y por qué vamos a seguir» expresó, Carolina.
De igual forma, Griselda Lupi, miembra de la Red Contra la Violencia de Choluteca se mostró agradecida y emocionada de compartir 25 soles con otras organizaciones y compañeras puesto que para ella esta canción significa mucho: «son 25 años de lucha, 25 años de posicionarnos en esta ciudad y el departamento de Choluteca y posicionarnos a nivel nacional un grupo de mujeres voluntarias luchando a favor de otras mujeres y de nuestros derechos» comentó.
La idea original de 25 soles surge por iniciativa de nuestras compañeras Carolina Campos y Elizabeth Pinel, quienes hicieron un trabajo exhaustivo durante el proceso de Sistematización para recuperar la historia de su organización y construir su versión de la misma. Se generaron documentos y reflexiones importantes a partir de ello y decidieron expresarlo en una canción que reflejara su trabajo y al mismo tiempo invitara a otras mujeres a juntarse, organizarse y enredarse en un enjambre de lucha contra la violencia y opresión.
«Surgieron cantidades de ideas de cómo hacer algo que nos representara y que al mismo tiempo se quedara grabado para el reconocimiento y el trabajo y desempeño para ya casi 25 años. Para nosotras significa recordar de dónde nacimos, lo que hacemos y lo que queremos para nosotras en nuestro futuro» comentó nuestra compañera Elizabeth Pinel respecto al proceso creativo de 25 soles.
El trabajo condensado en la canción fue sistematizado y organizado con el acompañamiento de nuestra compañera y miembra del equipo de la RNDDH, Melissa Cardoza, quien también compuso la letra de 25 soles y que por más de 10 meses ha coordinado el proceso de Sistematización con las participaciones de organizaciones miembras de la RNDDH como la Red Mariposas complejo Ramón Amaya Amador, la Red contra la violencia de Choluteca y las defensoras, Adalinda Gutiérrez y Juana Esquivel.
Nuestra compañera, Melissa Cardoza, definió 25 soles como una celebración y un reconocimiento para nuestras compañeras de la Red contra la violencia de Choluteca, pero también como una canción que habla mucho de la organización y de la colectividad y en ese sentido, es una propuesta para crear nuestras propias referencias artísticas que inviten a otras mujeres a juntarse, a compartir risas, café, rosquillas y construir otras formas de ser, de protegernos y enfrentar las violencias y los sistemas de opresión desde el goce y el disfrute.
En el marco de nuestros «14 años cuidando la vida rebelde y feminista» la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras desarrollamos el encuentro nacional de defensoras «Rebeldes y persistentes en el cuidado de la vida» del 27 al 30 de octubre de 2024.
Más de 100 defensoras de territorios y comunidades del norte, centro, sur y occidente del país nos encontramos en el Centro de Saberes Ancestrales Garífunas Hachari Wayunagu en Trujillo, Colón.
En este territorio reocupado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) descansamos, recuperamos fuerzas, expresamos nuestros dolores y vivencias y nos nombramos rebeldes y persistentes juntando nuestras energías y propuestas del cuidado de la vida en colectividad.
📄Para ver y leer más sobre este poderoso e inspirador encuentro, compartimos el boletín que pueden leer y descargar aquí:
El 12 de agosto de 2024, se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, el juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando, acusada injustamente por el delito de usurpación.
Un total de 60 defensoras y defensores de diferentes organizaciones miembras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) nos movilizamos hasta el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba para exigir la libertad total de nuestra compañera Nolvia Obando, quien desde 2023 está siendo judicializada y criminalizada por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Ahí estuvieron presentes membresía de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), defensoras de Zacate Grande, la Red de Mujeres del Progreso (Remupro), la Central Nacional de Trabajadoras del Campo (CNTC), la Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (Apomuh), entre otras, para manifestar que Nolvia es inocente y apoyarla con su presencia.
A las 9 de la mañana empezó el juicio oral y público y antes de comenzar a evacuar las pruebas y presentar el planteamiento acusatorio, la secretaria de la sala informó al Tribunal que el 9 de agosto, el Ministerio Público, como ente acusador, presentó una petición para que no se transmitiera el juicio en vivo a través de las redes sociales del Poder Judicial ya que sus testigos manifestaron que temían por su seguridad, incluso para ser trasladados hacia la ciudad pidieron protección policial.
La abogada y defensa legal de Nolvia, Kenia Oliva, objetó la petición de suspender la transmisión en vivo puesto que dicha decisión obstaculizaría el debido proceso: “Entenderíamos el planteamiento del Ministerio Público si se tratara de un caso de criminalidad organizada, sin embargo, este es un caso de mujeres campesinas a las que el Ministerio Público ha acusado de un delito de usurpación” ─ argumentó, la abogada defensora.
El Tribunal decidió valorar la solicitud y procedió a entrevistar a los testigos, quienes expresaron “temor de ser visualizados en otros lados del país por su labor”. El Tribunal accedió a proteger la imagen de los testigos, sus nombres y declaraciones se mantuvieron públicas.
Desde la detención de Nolvia Obando, el 16 de marzo de 2023, la RNDDH hemos denunciado el terrible contexto de violencia al que Nolvia ha sido sometida durante este proceso de criminalización. Por ejemplo, la Policía Nacional no la detuvo en el lugar supuestamente “usurpado”, fue buscada y detenida de forma violenta en la casa de una de sus compañeras del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas. Posteriormente, la Policía la estigmatizó como “cabecilla” de una banda criminal, además de recibir amenazas, insultos y humillaciones, principalmente ejercidas por los entes policiales y judiciales.
Por ello, resulta irónico que el Ministerio Público solicite protección para sus testigos en un proceso que claramente ha violentado los derechos y garantías procesales de Nolvia y por lo cual hay un Recurso de Amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia hace más de un año, que todavía no ha sido resuelto.
Por otra parte, durante el desarrollo del juicio, la Policía Nacional se apersonó en las afueras del juzgado de La Ceiba para hostigar el plantón organizado con defensoras de distintos territorios para exigir la libertad de Nolvia. Compañeras y compañeros de la OFRANEH se instalaron con sus tambores y sahumerios en la entrada del edificio, mientras los agentes policiales preguntaban ─con falsa curiosidad─ qué era el humo, haciendo burla de la espiritualidad garífuna. Más tarde ubicaron sus conos policiales para restringir la libre circulación, tomaron fotografías de las defensoras y documentos, mientras solicitaron insistentemente información sobre sus organizaciones y comunidades.
Mientras esto ocurría, en la sala tercera del Tribunal de Sentencia, el Ministerio Público presentaba su planteamiento acusatorio en el que se refería a la defensora Nolvia Obando como “usurpadora” y al Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas como “grupo usurpador” que supuestamente tomó posesión de 3.79 manzanas de tierra, avanzando hasta el 80 % de 86.15 manzanas en la Hacienda CORSA.
Cabe mencionar que, el Consejo Nacional Agrario resolvió, en 2003, expropiar para fines de la Reforma Agraria tres lotes de un terreno rural propiedad de la Empresa Empacadora Cortés, S.A. de C.V. (CORSA), mediante la resolución definitiva No. 041-2002 proferida por el Instituto Nacional Agrario (INA). [1] Asimismo, figura un decreto de expropiación del año 2012, registrado en el Instituto de la Propiedad en el asiento 44, del Tomo 1326, del Libro de Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas. De acuerdo a ello, el Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, conformado en su mayoría por mujeres y sus hijos e hijas, deciden entrar al terreno creyendo que se trataba de la tierra expropiada a CORSA y siguiendo un procedimiento del INA para la adjudicación de tierras.
Es por ello que, la defensa legal de Nolvia, propuso durante el juicio la prueba testifical de Franklin Almendares, coordinador general de la CNTC, y Jazmín Betzabé, coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), quienes tienen amplio conocimiento sobre los procesos de los grupos campesinos, cómo se conforman y el trámite de adjudicación de tierras con el INA.
Ante esto, la acusadora del Ministerio Público, objetó que no se admitiera las pruebas testificales por “impertinentes y desproporcionales” y argumentó: “Nosotros no estamos juzgando una causa campesina ─su señoría─ nosotros no estamos en contra de los campesinos. El Ministerio Público no tiene acusaciones presentadas en contra de campesinos. Nosotros desconocemos también de procesos de expropiación. Nosotros no tenemos nada que ver con los asuntos que le competen al Instituto Nacional Agrario”.
El hecho es que Nolvia Obando y Las Galileas son mujeres campesinas a las que el Ministerio Público ha criminalizado, mediante el delito de usurpación, por su defender su derecho a la tierra y alimentación; los testimonios propuestos sustentarían la identidad de Nolvia como defensora de la tierra y la alimentación y de un grupo campesino cuyo objetivo era seguir el proceso de adjudicación que corresponde. El Tribunal decidió no admitir el testimonio de Franklin Almendares por considerarse “impertinente y sin relación a la causa”.
A pesar de la declaración del Ministerio Público de no estar en contra de los campesinos y campesinas, no podemos olvidar el papel de esta instancia en la acusación por usurpación y daños, contra los ocho defensores y otras 18 personas en el campamento de Guapinol en defensa del agua y medio ambiente, en perjuicio de la empresa minera y extractiva Pinares, que opera en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. [2]
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado al Estado para “derogar las modificaciones al Código Penal en Honduras realizadas en el 2019 y 2021, en especial respecto al delito de usurpación debido a que carecen de precisión, y pueden dar lugar a la discrecionalidad de las personas operadoras de justicia para hacer un uso arbitrario de este tipo penal, favoreciendo la criminalización de personas defensoras”, de acuerdo a su Informe Situación de Derechos Humanos en Honduras, 2024.
El Ministerio Público ha sido cuestionado, en múltiples ocasiones, por trabajar para intereses privados o a favor de los que tienen poder económico o peso político en el país. Aunque, en la Ley del Ministerio Público, expresa que uno de sus objetivos es “representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad”, ha judicializado y criminalizado a defensoras y defensores y protegido a sus agresores. [3]
En el proceso de judicialización contra la defensora Nolvia Obando, hemos podido observar como es la acusadora del Ministerio Público la que propone los testigos y pruebas testificales, plantea los argumentos acusatorios y objeta frente al Tribunal, mientras la abogada privada del terrateniente se “adhiere a lo manifestado por el Ministerio Público”. Es decir, desde la institucionalidad se juzga y criminaliza a una mujer campesina por ser líder, por estar organizada y por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Luego de ser juzgada por algo injusto, Nolvia salió de la sala y un grupo de defensoras y defensores le esperaban afuera con una gran convicción en su inocencia. Algunas sin conocerla, pero con una gran fuerza para acuerparla llegaron a exigir su libertad. Preguntaban ¿ella es Nolvia? Y cuando le veían la abrazaban y daban palabras de aliento. La colectividad del pueblo garífuna y defensoras que luchan por vivir una vida libre de violencias estaba ahí para gritarle a las instituciones policiales y judiciales que Nolvia no está sola y que su lucha es digna.
¡Nolvia Obando es Inocente, siempre ha sido Inocente!
¡Derecho a la tierra y alimentación, no es usurpación!
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 23 de agosto de 2024
[2] Organización de las Naciones Unidas. Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Resolución 2020/85. Recuperado de: A/HRC/WGAD/####/## (ohchr.org)
El 7 de agosto de 2024, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto al Bufete Justicia para los Pueblos, la Red de Abogadas Defensoras de DDHH y el Equipo Jurídico de DDHH, presentamos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Amicus Curiae que incluye estándares internacionales sobre acceso a la tierra para las mujeres campesinas y protección de defensoras de derechos humanos.
El amicus curiae se presenta en el marco del proceso judicial seguido contra la defensora Nolvia Obando, campesina acusada por el delito de usurpación en Honduras.
El 28 de julio de 2023, se presentó un amparo contra la resolución de fecha 22 de junio de 2023 respecto a la reposición a la sentencia en el recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de marzo de 2023 por el auto de formal procesamiento de Nolvia Albertina Obando Turcios. Dicho recurso de amparo fue formalizado el 29 de mayo de 2024 y hasta la fecha no ha sido resuelto.
Este documento busca proporcionar a la corte un análisis exhaustivo del marco jurídico nacional e internacional, resaltando la necesidad de un enfoque que garantice el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres rurales y campesinas. Instamos al tribunal a considerar el impacto más amplio de este caso sobre los derechos de las mujeres y las comunidades rurales en Honduras, promoviendo una resolución que avance en la justicia social y la equidad de género.
El juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando se programó para este 12 de agosto de 2024, reiteramos a los entes judiciales que Nolvia no debe ir a juicio porque es inocente y siempre ha sido inocente.
#LibertadTotalparaNolvia
¡Derecho a la tierra y alimentación no es usurpación!
El martes 23 de julio de 2024, se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de La Ceiba sala tercera, la Audiencia de Proposición de Medios de Prueba para el caso de Nolvia Albertina Obando Turcios, defensora de la tierra y territorio, criminalizada y judicializada injustamente por el delito de usurpación.
El Ministerio Público, representando al Estado, presentó ante el Tribunal, seis pruebas testificales entre las que se incluye al terrateniente y el capataz del terreno “supuestamente usurpado”, tres agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), la jefa de Catastro de la municipalidad de Jutiapa, Atlántida y dos agentes policiales que actuaron como jueces ejecutores en dos desalojos en la aldea La Bomba, Atlántida.
Ante esto, la defensa legal de nuestra compañera, objetó que las pruebas testificales propuestas eran desproporcionales, puesto que testificarán sobre los mismos hechos y eso es una estrategia para sorprender al juzgado. Por su parte, la acusadora privada, presentó sus medios de manera oral, no llevaba documentos ni los entregó a la secretaria de la Sala, como es el procedimiento; aun así, declaró pruebas testificales de tres agentes de la DPI que estuvieron presentes en un desalojo, y en la detención y captura violenta de Nolvia Obando. A pesar de las objeciones ante estos despropósitos, por parte de la abogada defensora Kenia Oliva, el Tribunal admitió todas las pruebas testificales y documentales del Ministerio Público y de la acusadora privada.
El Ministerio Público demostró un ánimo entusiasta representando al denunciante, la funcionaria en algunos momentos de la audiencia relata los hechos como si estuvo presente; especialmente al referir supuestas acciones violentas, actuando de una manera abiertamente parcializada. Durante esta audiencia, presenciamos el uso de las diligencias investigativas y declaraciones testificales de la Policía Nacional para perseguir, acusar y criminalizar a una persona por el delito de usurpación, específicamente a una mujer campesina defensora de la tierra y el territorio, práctica que como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos hemos denunciado en múltiples ocasiones.
Es importante recordar que la Corte Suprema de Justicia continua sin resolver el Recurso de Amparo interpuesto, hace más de un año, a favor de Nolvia Albertina Obando Turcios, por considerarse que la Corte Primera de Apelaciones Segunda de la Ceiba violó las garantías procesales de la defensora. Esta falta de respuesta hace que se vuelva difícil la reparación de los derechos de nuestra compañera.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que “el uso de tipos penales como incitación a la violencia, usurpación, injurias y calumnias son los más empleados para criminalizar a personas defensoras de los derechos humanos, en especial a quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio”, de acuerdo a su Informe Situación de Derechos Humanos en Honduras, 2024.
Asimismo, recalcó que “la criminalización a través del uso indebido del sistema penal continúa siendo una práctica recurrente de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Honduras” por lo que recomendó al Estado de Honduras revisar y ajustar estas figuras penales comprendidas en el Código Penal Vigente.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, reiteramos a la institucionalidad pública y a los entes judiciales que Nolvia Obando y el Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, no son criminales ni usurpadoras, son mujeres campesinas que defienden su derecho a la tierra y alimentación y que las acuerpamos de manera contundente.
La crisis alimentaria en el país y el nulo acceso a la tierra, llevaron a Nolvia y el grupo Las Galileas a ingresar a un predio abandonado que creían que era parte de un decreto de expropiación del año 2012, es decir, que eran propiedad del Estado en el marco de la Ley de Reforma Agraria; el Instituto Nacional Agrario debió delimitar de forma clara y precisa dicho terreno expropiado.
El juicio oral y público se programó para el lunes 12 de agosto de 2024 a las 9:00 a.m. El Ministerio Público debe investigar los hechos, actuar con objetividad y velar por la justa aplicación de la ley y no actuar como defensa de los intereses privados.
Continuamos exigiendo libertad total para Nolvia y justicia para Las Galileas.
Nolvia Obando no debe ir a juicio porque es inocente y siempre ha sido inocente.
Hace 4 años, el 18 de julio de 2020, al menos 30 hombres armados y con indumentaria de la Dirección Policial de Investigación (DPI) ingresaron de forma violenta a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz en Atlántida y secuestraron y desaparecieron a nuestros compañeros y miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Milton Martínez, Suami Mejía, Gerardo López y Snaider Centeno, quien en ese entonces era el presidente del patronato de la comunidad.
Hoy se cumplen 4 años de este repudiable ataque y no hay una investigación diligente y efectiva que determine el paradero de los desaparecidos, ni la identificación de los responsables.
Los cuatro compañeros eran defensores de sus territorios garífunas y ancestrales; el Estado de Honduras es responsable de garantizar el respeto a los derechos humanos del pueblo garífuna, de las víctimas de la desaparición forzada y la protección de sus familiares. Sin embargo, el pueblo garífuna se sigue enfrentado a una política de exterminio, violencia, represión y criminalización, especialmente contra quienes defienden la tierra y el territorio y se oponen a los proyectos turísticos-extractivos.
Continúan los desalojos y despojos de los territorios garífunas, ejecutados principalmente por la Policía Nacional a favor de empresas extractivas; a pesar de que, el pueblo garífuna logró la instalación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Honduras no ha mostrado voluntad política para detener, de forma inmediata, las agresiones y violaciones de derechos humanos al pueblo garífuna.
Frente a esta situación, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, continuamos exigiendo al Estado de Honduras que agilice la investigación y que nuestros compañeros regresen a sus territorios con vida, que se castigue a los responsables intelectuales y materiales de este ataque. De igual forma, demandamos al Estado la protección física e integral para las familias y víctimas de la desaparición forzada y garantizar la seguridad de las comunidades garífunas y sus defensoras.
¡De su casa se los llevaron, en su casa los queremos!
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Alto al Racismo y Genocidio contra el pueblo Garífuna!
Más de 40 personas están sin hogar luego de que miembros de la Policía Nacional ejecutaran un desalojo y destrucción de ocho viviendas el 15 de mayo de 2024 en la aldea Jacalito, en el municipio de Namasigue, Choluteca.
María* cuenta que se despertó temprano para alistar a su hija y llevarla a la escuela. Cuando salió, a las 6 a.m., un comando de al menos 30 policías estaba afuera de su casa. Pero no sabía por qué o para qué.
Doña Ana* cuenta lo mismo: «cuando eran las 8 a.m., los periodistas andaban ahí, pero por la calle, no nos decían nada. Hasta que yo me arrimé y me dijeron que venían a un desalojo, pero no sabíamos de dónde. Nosotros no sabíamos que era a nuestras casas que venían a darles vuelta…» comentó, aún angustiada al recordar lo que pasó.
El desalojo comenzó a las 9 a.m., bajo la orden emitida por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Choluteca en contra de tres personas de la comunidad, acusadas por el supuesto delito de usurpación. Sin embargo, el desalojo y destrucción fue en ocho casas de la aldea, dejando en la calle a 27 adultos, 15 niñas y niños incluyendo una niña con discapacidad y una mujer embarazada.
De acuerdo a la denuncia y relato de las ocho familias afectadas, ninguna de las casas destruidas se encontraba en un “predio usurpado” puesto que el terreno que ocupaban forma parte del área verde, a la orilla de la carretera Panamericana en Namasigüe.
Tenían 38 años de vivir ahí y estaban en proceso de tramitar sus escrituras con el Instituto Nacional Agrario (INA), sin embargo, no recibieron respuesta antes de que ocurriera la expulsión.
Los y las habitantes denunciaron que desde meses atrás han recibido hostigamiento y amenazas por parte de uno de los empleados del propietario del predio supuestamente usurpado, y aún después del desalojo, esta persona continua con estas acciones.
Asimismo, denunciaron que, cuando ellas y ellos llegan al terreno donde estaban sus casas, esta persona llama a su patrón y una camioneta blanca se estaciona a vigilarles. Esto con el objetivo de infundir miedo y que no vuelvan a acercarse ni a reconstruir sus casas. Durante nuestra visita a la comunidad, este mismo carro blanco permaneció estacionado por más de media hora en la carretera principal.
Constantemente, bajo orden del dueño del predio, una retroexcavadora llega al terreno desalojado, destruye y aplasta los escombros, los hace un lado y los desecha; por ahí sobresalen algunos colchones, televisores, bloques de adobe y tejas quebradas de las casas que con esfuerzo habían construido las familias.
«Me contaban mis suegros la vida de mi esposo, que ellos llegaron a vivir ahí porque era a orilla de calle y había unas casas de choza, cartones y ahí iniciaron ellos y después se fueron levantando poco a poco (…) Mi suegra era vendedora ambulante, vendía pescado seco y camarón en pailas. Mi suegro, en bicicleta, vendía camarón. Así lucharon para construir su casa. Era de adobe, con piso de cerámica y tejas, no nos dejaron ni sacar una teja», relata María. Así como la familia de ella, todas y todos en la aldea habían construido sus casas con esfuerzo y subsistían con empleos informales.
Actualmente, las ocho familias desalojadas se encuentran albergadas en el Centro Comunal de Namasigüe desde hace un mes, a la espera de una solución por parte de la Acaldía Municipal. De acuerdo al relato de la comunidad, la Alcaldía ya compró el terreno donde serían reubicadas las familias; sin embargo, no hay fondos para la construcción de las casas. Por lo que, no saben hasta cuando tendrán que vivir ahí.
La situación en el Centro Comunal es bastante precaria. Las niñas y los niños se enferman constantemente de resfriados y alergias y están expuestos a contagiarse de dengue y otras enfermedades por los charcos permanentes que se forman por las lluvias. Igualmente, a la par se encuentra un Centro de Salud que les expone a contaminación por los desechos sanitarios.
Las y los habitantes afectados denunciaron que el sábado 8 de junio se realizó un Cabildo Abierto en el que expresaron su problemática y exigieron una respuesta de la Corporación Municipal, sin embargo, el alcalde les respondió que «si se sienten incómodos busquen una casa y se van a vivir». Despreciando la situación de vulnerabilidad y peligro en el que se encuentra la comunidad.
Nosotras, la Red Nacional de Defensoras, junto a la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, la Red de Mujeres de Namasigüe y la OACNUDH, nos presentamos en las oficinas de la Corporación Municipal con la finalidad de manifestar nuestra preocupación sobre la situación, sin embargo, el alcalde no se encontraba en el lugar.
De acuerdo a nuestros datos de registro y documentación, en 2023 se documentaron 27 desalojos y en lo que va del 2024 hemos contabilizado al menos 10 desalojos en el país, marcados por la violencia institucional, la estigmatización y la judicialización de las personas defensoras que defienden la tierra y el territorio.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos apersonamos en la aldea de Jacalito, Namasigüe para escuchar y acompañar en sus denuncias, nos sumamos a la indignación por lo ocurrido en el lugar y a la exigencia de tierra y hogar para las ocho familias desalojadas. De igual forma, a través de nuestra estrategia de Acompañamiento, colaboramos solidariamente con víveres y medicamentos, particularmente para mujeres y niñez.
*Los nombres fueron omitidos por razones de seguridad.
A ver si ahora que el humo nos llega hasta dentro de las casas, los pulmones y el miedo, nos paramos a reflexionar qué hacemos para cuidar la vida toda que es la vida de todas, todos, todes. El país está envuelto en humo, y no basta tener una aplicación para ver el mapa porque no hay ninguna aplicación disponible para hacer que llueva o que el viento sople a nuestro favor. Ya no llueve en mayo, y es triste. La naturaleza parece estar tomando en sus manos la necesidad del equilibrio y ojalá lo logre porque los seres humanos hacemos lo contrario. El costo de ese equilibrio puede ser alto en vidas y bienes, pero habrá que aprender a ser humildes y a realmente construir más comunidad en los hechos y no sólo en las palabras.
Aquí en La Siguata hacemos también parte de lo que nos corresponde, compartimos saberes y haceres, y con el trabajo de defensoras hacemos crecer el verde de las plantas y el de la esperanza. En una jornada de trabajo voluntario, justamente en este tiempo de humo de mayo, las compañeras Adalinda Gutiérrez y Sara Hernández, dirigentas de sus comunidades y grandes luchadoras han dejado sus labores y vienen a darle fuerza al territorio de La Siguata. Sus frescas voces y carcajadas traen la luz del campo que siempre nos ha dado de comer, son parte de un colectivo que se va enredando y las especies que han cultivado junto a otras personas ya van creciendo, florean las matas y los colibríes aprovechan a chupar la miel morada de una lavanda; y por ahí una marita de árboles de caoba se ha vuelto adolescente, con lo que además vamos a poder compartir con quienes creen que vale el esfuerzo mirar la vida a través de las ramas, y se llevan a sembrar y cuidar de ellas. No todo se pegó y analizan los qué y como es que suceden y cuanto hay en este oficio de la agricultura que no podemos controlar, sino bien intencionar.
Mientras andemos por acá habrá que hacer todo el esfuerzo por sostener a la madre naturaleza que nos brinda la vida; sembrar y cuidar lo que se siembra es una de las tareas; cuidar el agua y no desperdiciarla; dejar de llenar de plástico el mundo y de darle nuestro dinero y salud a quienes nos llenan de refrescos dulces y cancerígenos, dejar de comprar ese montón de ropa que ni alcanzamos a ponernos, o atesorar objetos sin sentido con que se alimentan las montañas de basura. Necesitamos más y más coherencia, ya no hay tiempo.
Y, por supuesto, hay que echar a los madereros, mineros, ganaderos, empresarios avaros que aún llenos de humo no hacen más que pensar en cuanto más pisto pueden tener en sus cuentas de banco.
Ya no hay tiempo dijo Berta, hace ya casi diez años, y era cierto. Mucha tarea y reflexión hay pendiente; quienes hemos estado contra el orden depredador del capitalismo extractivista sabemos que este tiempo llegaría, parece más rápido de lo esperado. Es urgente que el gobierno de Honduras elimine por completo todo su plan extractivo porque ningún mineral raro o común, ni el mal llamado progreso va a cambiar la ruta del agua que se termina, sino es que la cuidamos y dejamos de darla para lavar broza, hierro o monocultivos.
Aquí en La Siguata seguimos compartiendo y aprendiendo de los modos de hacer y entendiendo que los activismos también deben cambiar, sembrar colectivamente, reconociendo nuestros conocimientos es uno de ellos, que defensoras de diferentes comunidades compartamos las maneras diversas de cuidar la naturaleza y mientras tocamos la tierra hablamos de nuestras fuerzas y penas es un proyecto vital.
Aura Buni, Amuru Nuni, Yo para vos y vos para mí, La Siguata invita a las defensoras para que seamos comunidad en movimiento.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 22 de mayo de 2024