Hoy 28 de agosto, en el Juzgado de Letras de La Ceiba, se desarrolla el juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando, criminalizada injustamente por el delito de usurpación.
La Policía Nacional y guardia del juzgado ha negado la entrada de las defensoras del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, quienes se movilizaron hasta los juzgados en apoyo a su compañera, Nolvia.
Las defensoras denunciaron que la policía las corrió de las instalaciones argumentando que era prohibido estar en la entrada, que no podían estar tantas personas afuera y que si estaban en las gradas obstaculizan el paso y que podían irse al parqueo o a la orilla de la calle. Exponiendo la integridad física de las defensoras.
Estas acciones se repitieron el pasado 12 de agosto en el plantón organizado para acuerpar a Nolvia, donde la Policia Nacional obstaculizó el paso, tomó fotografías y pidió información de las defensoras y sus comunidades.
Estos actos demuestran las múltiples violaciones por parte del sistema de justicia en el caso de la defensora y campesina, Nolvia Obando.
Las Defensoras de Derechos Humanos estamos en nuestro legítimo derecho de levantar nuestra voz colectiva contra aquellos que violentan e intentan arrebatar nuestro derecho a la tierra y la vida.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos que abran los portones de este recinto público para poder hacer veeduría en el juicio injusto contra Nolvia Obando.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales feministas y del movimiento social para estar alertas de la situación de la defensora, Nolvia Obando.
El 12 de agosto de 2024, se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, el juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando, acusada injustamente por el delito de usurpación.
Un total de 60 defensoras y defensores de diferentes organizaciones miembras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) nos movilizamos hasta el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba para exigir la libertad total de nuestra compañera Nolvia Obando, quien desde 2023 está siendo judicializada y criminalizada por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Ahí estuvieron presentes membresía de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), defensoras de Zacate Grande, la Red de Mujeres del Progreso (Remupro), la Central Nacional de Trabajadoras del Campo (CNTC), la Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (Apomuh), entre otras, para manifestar que Nolvia es inocente y apoyarla con su presencia.
A las 9 de la mañana empezó el juicio oral y público y antes de comenzar a evacuar las pruebas y presentar el planteamiento acusatorio, la secretaria de la sala informó al Tribunal que el 9 de agosto, el Ministerio Público, como ente acusador, presentó una petición para que no se transmitiera el juicio en vivo a través de las redes sociales del Poder Judicial ya que sus testigos manifestaron que temían por su seguridad, incluso para ser trasladados hacia la ciudad pidieron protección policial.
La abogada y defensa legal de Nolvia, Kenia Oliva, objetó la petición de suspender la transmisión en vivo puesto que dicha decisión obstaculizaría el debido proceso: “Entenderíamos el planteamiento del Ministerio Público si se tratara de un caso de criminalidad organizada, sin embargo, este es un caso de mujeres campesinas a las que el Ministerio Público ha acusado de un delito de usurpación” ─ argumentó, la abogada defensora.
El Tribunal decidió valorar la solicitud y procedió a entrevistar a los testigos, quienes expresaron “temor de ser visualizados en otros lados del país por su labor”. El Tribunal accedió a proteger la imagen de los testigos, sus nombres y declaraciones se mantuvieron públicas.
Desde la detención de Nolvia Obando, el 16 de marzo de 2023, la RNDDH hemos denunciado el terrible contexto de violencia al que Nolvia ha sido sometida durante este proceso de criminalización. Por ejemplo, la Policía Nacional no la detuvo en el lugar supuestamente “usurpado”, fue buscada y detenida de forma violenta en la casa de una de sus compañeras del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas. Posteriormente, la Policía la estigmatizó como “cabecilla” de una banda criminal, además de recibir amenazas, insultos y humillaciones, principalmente ejercidas por los entes policiales y judiciales.
Por ello, resulta irónico que el Ministerio Público solicite protección para sus testigos en un proceso que claramente ha violentado los derechos y garantías procesales de Nolvia y por lo cual hay un Recurso de Amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia hace más de un año, que todavía no ha sido resuelto.
Por otra parte, durante el desarrollo del juicio, la Policía Nacional se apersonó en las afueras del juzgado de La Ceiba para hostigar el plantón organizado con defensoras de distintos territorios para exigir la libertad de Nolvia. Compañeras y compañeros de la OFRANEH se instalaron con sus tambores y sahumerios en la entrada del edificio, mientras los agentes policiales preguntaban ─con falsa curiosidad─ qué era el humo, haciendo burla de la espiritualidad garífuna. Más tarde ubicaron sus conos policiales para restringir la libre circulación, tomaron fotografías de las defensoras y documentos, mientras solicitaron insistentemente información sobre sus organizaciones y comunidades.
Mientras esto ocurría, en la sala tercera del Tribunal de Sentencia, el Ministerio Público presentaba su planteamiento acusatorio en el que se refería a la defensora Nolvia Obando como “usurpadora” y al Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas como “grupo usurpador” que supuestamente tomó posesión de 3.79 manzanas de tierra, avanzando hasta el 80 % de 86.15 manzanas en la Hacienda CORSA.
Cabe mencionar que, el Consejo Nacional Agrario resolvió, en 2003, expropiar para fines de la Reforma Agraria tres lotes de un terreno rural propiedad de la Empresa Empacadora Cortés, S.A. de C.V. (CORSA), mediante la resolución definitiva No. 041-2002 proferida por el Instituto Nacional Agrario (INA). [1] Asimismo, figura un decreto de expropiación del año 2012, registrado en el Instituto de la Propiedad en el asiento 44, del Tomo 1326, del Libro de Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas. De acuerdo a ello, el Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, conformado en su mayoría por mujeres y sus hijos e hijas, deciden entrar al terreno creyendo que se trataba de la tierra expropiada a CORSA y siguiendo un procedimiento del INA para la adjudicación de tierras.
Es por ello que, la defensa legal de Nolvia, propuso durante el juicio la prueba testifical de Franklin Almendares, coordinador general de la CNTC, y Jazmín Betzabé, coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), quienes tienen amplio conocimiento sobre los procesos de los grupos campesinos, cómo se conforman y el trámite de adjudicación de tierras con el INA.
Ante esto, la acusadora del Ministerio Público, objetó que no se admitiera las pruebas testificales por “impertinentes y desproporcionales” y argumentó: “Nosotros no estamos juzgando una causa campesina ─su señoría─ nosotros no estamos en contra de los campesinos. El Ministerio Público no tiene acusaciones presentadas en contra de campesinos. Nosotros desconocemos también de procesos de expropiación. Nosotros no tenemos nada que ver con los asuntos que le competen al Instituto Nacional Agrario”.
El hecho es que Nolvia Obando y Las Galileas son mujeres campesinas a las que el Ministerio Público ha criminalizado, mediante el delito de usurpación, por su defender su derecho a la tierra y alimentación; los testimonios propuestos sustentarían la identidad de Nolvia como defensora de la tierra y la alimentación y de un grupo campesino cuyo objetivo era seguir el proceso de adjudicación que corresponde. El Tribunal decidió no admitir el testimonio de Franklin Almendares por considerarse “impertinente y sin relación a la causa”.
A pesar de la declaración del Ministerio Público de no estar en contra de los campesinos y campesinas, no podemos olvidar el papel de esta instancia en la acusación por usurpación y daños, contra los ocho defensores y otras 18 personas en el campamento de Guapinol en defensa del agua y medio ambiente, en perjuicio de la empresa minera y extractiva Pinares, que opera en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. [2]
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado al Estado para “derogar las modificaciones al Código Penal en Honduras realizadas en el 2019 y 2021, en especial respecto al delito de usurpación debido a que carecen de precisión, y pueden dar lugar a la discrecionalidad de las personas operadoras de justicia para hacer un uso arbitrario de este tipo penal, favoreciendo la criminalización de personas defensoras”, de acuerdo a su Informe Situación de Derechos Humanos en Honduras, 2024.
El Ministerio Público ha sido cuestionado, en múltiples ocasiones, por trabajar para intereses privados o a favor de los que tienen poder económico o peso político en el país. Aunque, en la Ley del Ministerio Público, expresa que uno de sus objetivos es “representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad”, ha judicializado y criminalizado a defensoras y defensores y protegido a sus agresores. [3]
En el proceso de judicialización contra la defensora Nolvia Obando, hemos podido observar como es la acusadora del Ministerio Público la que propone los testigos y pruebas testificales, plantea los argumentos acusatorios y objeta frente al Tribunal, mientras la abogada privada del terrateniente se “adhiere a lo manifestado por el Ministerio Público”. Es decir, desde la institucionalidad se juzga y criminaliza a una mujer campesina por ser líder, por estar organizada y por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Luego de ser juzgada por algo injusto, Nolvia salió de la sala y un grupo de defensoras y defensores le esperaban afuera con una gran convicción en su inocencia. Algunas sin conocerla, pero con una gran fuerza para acuerparla llegaron a exigir su libertad. Preguntaban ¿ella es Nolvia? Y cuando le veían la abrazaban y daban palabras de aliento. La colectividad del pueblo garífuna y defensoras que luchan por vivir una vida libre de violencias estaba ahí para gritarle a las instituciones policiales y judiciales que Nolvia no está sola y que su lucha es digna.
¡Nolvia Obando es Inocente, siempre ha sido Inocente!
¡Derecho a la tierra y alimentación, no es usurpación!
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 23 de agosto de 2024
[2] Organización de las Naciones Unidas. Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Resolución 2020/85. Recuperado de: A/HRC/WGAD/####/## (ohchr.org)
Hoy, 20 de agosto del 2024, guardias de seguridad y empleados encapuchados y armados identificados como parte de la Azucarera del Norte (Azunosa) desalojan, agreden y destruyen aproximadamente 50 manzanas de cultivo de maíz de las familias campesinas de la Aldea La Sarrosa, en El Progreso, Yoro.
Defensoras y defensores, entre ellos menores de edad, del Movimiento de Campesinos Sin Tierras de Yoro, fueron víctimas de violencia física por parte estos empleados y guardias de seguridad, quienes por medio del uso excesivo de la fuerza y la violencia golpearon, agredieron e hirieron de gravedad a las y los defensores, utilizando piedras, machetes y disparando armas de fuego indiscriminadamente.
A raíz de estas acciones violentas, la compañera defensora, María Munguía Betancourt de 46 años, resultó herida de gravedad desde las 7:00 am. Ella fue herida y golpeada por los empleados de la Empresa Azunosa con piedras, causando que cayera al suelo inconsciente. Estos mismos empleados y guardias armados obstaculizaron la calle principal, impidiendo el acceso de la ambulancia del cuerpo de bomberos, que estuvo desde horas tempranas intentando ingresar. Luego de las llamadas de alerta hechas por Radio Progreso de forma reiterada, la ambulancia logró acceder y brindar atención a la compañera hasta alrededor de las 9:30 am.
Todo ello ocurrió bajo la vigilancia de elementos de la Policía Nacional, quienes estuvieron presentes desde temprano para garantizar que se realizara el desalojo, y asegurar que empleados y guardias de seguridad privada de la empresa perpetraran estos hechos violentos en contra de las defensoras y defensores.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) denunciamos la grave situación que enfrentan las organizaciones y comunidades campesinas en el país, frente a la política de despojo, estigmatización, persecución judicial y precarización de la vida.
Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y al movimiento social para dar seguimiento a la situación de las defensoras y defensores campesinos.
Exigimos al Estado que se detengan los desalojos, criminalización y hostigamiento contra las organizaciones campesinas que luchan por su legitimo derecho a la tierra, a la alimentación y una vida digna libre de violencia.
El 6 de agosto de 2024, mediante programa radial en HRN, Ritzy Norman Jones de nacionalidad y residencia estadounidense, difamó la lucha de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y a las lideresas garífunas Miriam Miranda y Melissa Martínez, por supuestamente “incitar a la invasión de tierras” en Punta Gorda, Islas de la Bahía.
Ritzy Jones se declara dueña de un predio de 28 acres de tierra con un documento legal otorgado por un notario en 1968. En este terreno se sitúa el campamento garífuna “Wageira Le”, territorio ancestral recuperado en honor al primer asentamiento garífuna en Roatán, y por el cual ya hubo un proceso judicial que fue sobreseído a favor de la comunidad de Punta Gorda.
De acuerdo a las declaraciones de Jones, “ningún pedazo de tierra en Islas de la Bahía está registrado como propiedad ancestral”. Sin embargo, desde 1996, el Congreso Nacional, mediante Decreto No. 68 – 96 reconoció Punta Gorda, como el punto de arribo del pueblo garífuna a Honduras, el 12 de abril de 1797; en consecuencia, se declaró como “Patrimonio Nacional”. La comunidad garífuna de Punta Gorda ha ocupado históricamente este territorio, por lo que están en proceso de reocupación de tierras ancestrales.
Ritzy Jones y su apoderado legal, Samuel Ortega, acusaron a la OFRANEH de propiciar supuestas invasiones para vender lotes de terrenos a terceros, y denunciaron un falso proceso de urbanización. Además, Jones, quien durante toda la entrevista mantuvo un tono amenazante declaró “el único enemigo que nosotros tenemos es Melissa Martínez, Miriam Miranda y OFRANEH” refiriéndose a las defensoras como “delincuentes”. Es necesario decir que el periodista de la radio, si bien decía que era una denuncia privada no desaprovechó su intervención para reforzar que estos actos son invasión, y que esta circunstancia sucede en otros departamentos del país como Colón.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos estos actos que criminalizan a través de la figura penal de usurpación a las defensoras de los territorios ancestrales garífunas. Repudiamos el constante asedio y ataques sistemáticos que enfrenta la OFRANEH y hacemos responsables a la señora Jones y su familia por cualquier agresión en contra de Melissa Martinez, Miriam Miranda y cualquier miembro de la OFRANEH.
Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad e integridad de los y las defensoras ante la política de exterminio contra el pueblo garífuna. Alertamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a estar pendientes de la situación y denunciar estos actos contra el pueblo garífuna.
El Estado de Honduras debe actuar con celeridad en el cumplimiento de las Sentencias Internacionales ganadas por el pueblo garífuna en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconocen y otorgan títulos de los territorios ancestrales.
¡YA BASTA de persecución, hostigamiento y despojo contra las comunidades garífunas y la OFRANEH!
¡Cumplimiento de las sentencias de la CorteIDH ya! #SusVidasSonNuestrasVidas
El 7 de agosto de 2024, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto al Bufete Justicia para los Pueblos, la Red de Abogadas Defensoras de DDHH y el Equipo Jurídico de DDHH, presentamos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Amicus Curiae que incluye estándares internacionales sobre acceso a la tierra para las mujeres campesinas y protección de defensoras de derechos humanos.
El amicus curiae se presenta en el marco del proceso judicial seguido contra la defensora Nolvia Obando, campesina acusada por el delito de usurpación en Honduras.
El 28 de julio de 2023, se presentó un amparo contra la resolución de fecha 22 de junio de 2023 respecto a la reposición a la sentencia en el recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de marzo de 2023 por el auto de formal procesamiento de Nolvia Albertina Obando Turcios. Dicho recurso de amparo fue formalizado el 29 de mayo de 2024 y hasta la fecha no ha sido resuelto.
Este documento busca proporcionar a la corte un análisis exhaustivo del marco jurídico nacional e internacional, resaltando la necesidad de un enfoque que garantice el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres rurales y campesinas. Instamos al tribunal a considerar el impacto más amplio de este caso sobre los derechos de las mujeres y las comunidades rurales en Honduras, promoviendo una resolución que avance en la justicia social y la equidad de género.
El juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando se programó para este 12 de agosto de 2024, reiteramos a los entes judiciales que Nolvia no debe ir a juicio porque es inocente y siempre ha sido inocente.
#LibertadTotalparaNolvia
¡Derecho a la tierra y alimentación no es usurpación!
Hoy, 31 de julio de 2024, desde la 9:00 a.m. agentes de la Policía Nacional ejecutan un desalojo en la comunidad indígena Nueva Esperanza, El Edén, mediante una orden emitida por el Juzgado y la Fiscalía del departamento de Comayagua.
En el lugar residen aproximadamente 5 familias, a quienes se les desalojó destruyendo sus casas y cultivos utilizando maquinaria pesada, a solicitud de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG).
En 2022, al menos 20 familias, ocuparon esta propiedad ante la necesidad de tierra para trabajar y vivir. Anteriormente, el Instituto Nacional Agrario (INA), con promesas de reubicación, les hizo salir de otra propiedad donde la comunidad estuvo asentada de forma pacífica; sin embargo, la comunidad fue engañada y en febrero de 2023 fueron víctimas de otro desalojo.
El 24 de julio de 2024, las comunidades lencas organizadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), mediante una masiva movilización en las instalaciones del INA, lograron firmar un acta de entendimiento para la titulación y saneamiento de 12 comunidades Lencas, entre ellas la comunidad de Nueva Esperanza, Comayagua. Sin embargo, continúa siendo amenazada y hostigada por la Policía Nacional.
Al momento de que las y los miembros de la comunidad indicaron a las autoridades judiciales que existía un documento del acuerdo firmado con el INA para la titulación de sus tierras, estas respondieron que “no valía, ni tenía efecto jurídico” sin la presencia del INA como evidencia de la negociación.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos sumamos a la denuncia del COPINH y el repudio de actos ejecutados por la Policía Nacional contra las comunidades indígenas que luchan por su derecho a la tierra y alimentación.
Exigimos al Estado de Honduras y al Instituto Nacional Agrario la celeridad en el cumplimiento de los acuerdos que reconocen y otorgan títulos de propiedad sobre los territorios ancestrales de las comunidades indígenas y un alto a la criminalización y hostigamiento contra quienes luchan por el acceso a la tierra.
Hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos a estar alerta ante estos actos que suceden en un ambiente de violencia agravada contra las comunidades indígenas y las defensoras de la tierra y el territorio.
Esta tarde del 27 de julio del 2024 han detenido a una defensora y tres defensores de la OFRANEH en Trujillo: Carmen Isabel Alvarez, Leonard Edy Brown, Kallton Douglas Reyes, Charlie Alvarez.
Tal como ha sucedido en múltiples ocasiones se hacen estas detenciones alegando causas que ya han sido sobreseídas, como en el caso de Carmen Alvarez quien al parecer está obligada a pasar la noche en la posta de Trujillo, al igual que los demás, porque el juez no está presente. Es importante decir que la defensora y defensores, hoy detenidos, llegaron a dicho lugar en solidaridad con Leonard Brown, quien fue detenido en la recuperación de Wabato, también de manera ilegal, pues él está cumpliendo con sus medidas y eso fue comprobado ante las autoridades.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras hacemos una pública y enérgica denuncia por la arbitrariedad e ilegalidad de la policía contra lo que ya se considera una campaña de asedio en contra de la OFRANEH que esta mañana denunció un hecho similar en la comunidad de San Juan, Tela.
Mientras las comunidades y la OFRANEH hacen un trabajo arduo para hacer cumplir las sentencias ganadas en la Corte IDH a favor del reconocimiento ancestral de territorio garífuna, entes del Estado que se ponen de lado de terceros usurpadores insisten en perseguir, criminalizar, judicializar a las defensoras y defensores de la tierra y territorio.
Llamamos a mantener alerta ante la continuidad y sistematicidad de estos hecho, y exigimos la libertad inmediata de todos los compañeros detenidos quienes no tiene ningún pendiente con la ley.
Hoy, 27 de julio del 2024, mientras los dueños ancestrales de la comunidad de San Juan, Tela reocupaban un predio de la comunidad que ha sido despojada por terceros, vinculados al alcalde Ricardo Cálix y su familia, unos 40 agentes armados llegaron en 4 patrullas de la policía nacional, y una de la DPI con la amenaza de realizar un desalojo ilegal e ilegítimo. El vocero de nombre Marvin Hernandez, quien daba órdenes y al parecer dirigía el operativo alegaba que ese terreno era propiedad privada; y cuando la gente de la organización les señalaba las sentencias ante la CIDH, les exigía mostrarlas. Igualmente el policía utilizó los términos de usurpación y amenazó con detención a las defensoras y defensores del territorio.
Al llamado de donde estaba la orden de desalojo el vocero expresaba que habían escrituras de este terreno a nombre de dueños privados y que podían ir a informarse al Instituto de la Propiedad porque la información era pública, en un acto burlista a la inteligencia de las compañeras y compañeros presentes; al mismo tiempo, usando un tono condescendiente con el que se dirigen los racistas a las personas garífunas les decía que por qué se enojaban, que él estaba tranquilo y que no llegaba a pelear con nadie, mientras había dicho a los demás policías que había que proceder con el desalojo. Mientras tanto varios agentes, incluyendo uno que traía una cámara profesional estuvieron tomando fotos y videos de las personas organizadas en la toma.
Como es sabido la comunidad de San Juan ha obtenido una sentencia favorable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tanto todas las acciones de supuestos dueños son ilegales. Queremos denunciar el lamentable papel de los organismos policiales para defender ajenos a los derechos de los pueblos garífunas, y sus territorios.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos alertamos que cualquier acción lesiva contra la comunidad y su lucha por la tierra viola los convenios, leyes y sentencias que han sido justamente ganadas por la OFRANEH y las comunidades garífunas en litigio internacional. Denunciamos los tratos racistas de los cuerpos policiales y su labor a favor de terceros y no de las comunidades y pueblos que debieran cuidar y proteger.
El martes 23 de julio de 2024, se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de La Ceiba sala tercera, la Audiencia de Proposición de Medios de Prueba para el caso de Nolvia Albertina Obando Turcios, defensora de la tierra y territorio, criminalizada y judicializada injustamente por el delito de usurpación.
El Ministerio Público, representando al Estado, presentó ante el Tribunal, seis pruebas testificales entre las que se incluye al terrateniente y el capataz del terreno “supuestamente usurpado”, tres agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), la jefa de Catastro de la municipalidad de Jutiapa, Atlántida y dos agentes policiales que actuaron como jueces ejecutores en dos desalojos en la aldea La Bomba, Atlántida.
Ante esto, la defensa legal de nuestra compañera, objetó que las pruebas testificales propuestas eran desproporcionales, puesto que testificarán sobre los mismos hechos y eso es una estrategia para sorprender al juzgado. Por su parte, la acusadora privada, presentó sus medios de manera oral, no llevaba documentos ni los entregó a la secretaria de la Sala, como es el procedimiento; aun así, declaró pruebas testificales de tres agentes de la DPI que estuvieron presentes en un desalojo, y en la detención y captura violenta de Nolvia Obando. A pesar de las objeciones ante estos despropósitos, por parte de la abogada defensora Kenia Oliva, el Tribunal admitió todas las pruebas testificales y documentales del Ministerio Público y de la acusadora privada.
El Ministerio Público demostró un ánimo entusiasta representando al denunciante, la funcionaria en algunos momentos de la audiencia relata los hechos como si estuvo presente; especialmente al referir supuestas acciones violentas, actuando de una manera abiertamente parcializada. Durante esta audiencia, presenciamos el uso de las diligencias investigativas y declaraciones testificales de la Policía Nacional para perseguir, acusar y criminalizar a una persona por el delito de usurpación, específicamente a una mujer campesina defensora de la tierra y el territorio, práctica que como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos hemos denunciado en múltiples ocasiones.
Es importante recordar que la Corte Suprema de Justicia continua sin resolver el Recurso de Amparo interpuesto, hace más de un año, a favor de Nolvia Albertina Obando Turcios, por considerarse que la Corte Primera de Apelaciones Segunda de la Ceiba violó las garantías procesales de la defensora. Esta falta de respuesta hace que se vuelva difícil la reparación de los derechos de nuestra compañera.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que “el uso de tipos penales como incitación a la violencia, usurpación, injurias y calumnias son los más empleados para criminalizar a personas defensoras de los derechos humanos, en especial a quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio”, de acuerdo a su Informe Situación de Derechos Humanos en Honduras, 2024.
Asimismo, recalcó que “la criminalización a través del uso indebido del sistema penal continúa siendo una práctica recurrente de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Honduras” por lo que recomendó al Estado de Honduras revisar y ajustar estas figuras penales comprendidas en el Código Penal Vigente.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, reiteramos a la institucionalidad pública y a los entes judiciales que Nolvia Obando y el Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, no son criminales ni usurpadoras, son mujeres campesinas que defienden su derecho a la tierra y alimentación y que las acuerpamos de manera contundente.
La crisis alimentaria en el país y el nulo acceso a la tierra, llevaron a Nolvia y el grupo Las Galileas a ingresar a un predio abandonado que creían que era parte de un decreto de expropiación del año 2012, es decir, que eran propiedad del Estado en el marco de la Ley de Reforma Agraria; el Instituto Nacional Agrario debió delimitar de forma clara y precisa dicho terreno expropiado.
El juicio oral y público se programó para el lunes 12 de agosto de 2024 a las 9:00 a.m. El Ministerio Público debe investigar los hechos, actuar con objetividad y velar por la justa aplicación de la ley y no actuar como defensa de los intereses privados.
Continuamos exigiendo libertad total para Nolvia y justicia para Las Galileas.
Nolvia Obando no debe ir a juicio porque es inocente y siempre ha sido inocente.
