El 12 de agosto de 2025, un fuerte contingente de Policía Nacional y antimotines se ha apostado frente a los juzgados de Trujillo, Colón, donde hoy se desarrollarán las resoluciones de audiencia inicial contra los cinco compañeros y compañeras criminalizados por defender su territorio ancestral.
El pueblo garífuna, organizado en la OFRANEH, mantuvieron el 11 de agosto, una toma en la calle en solidaridad con sus compañeros de organización y también hubo presencia de policías y militares.
El 12 de agosto, integrantes de la OFRANEH, denunciaron que policías se han acercado a los sahumerios y han tirado agua para apagarlos. Los sahumerios son parte de la espiritualidad y cultura ancestral del pueblo garífuna.
Repudiamos el racismo sistemático del Estado y despliegue de las fuerzas policiales frente al juzgado de Trujillo ya que son evidencia de un sistema de justicia parcializado y a favor de quienes pretenden despojar al pueblo garifuna de sus territorios ancestrales.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos mantenemos alertas ante esta situación de hostigamiento constante contra el pueblo garífuna.
Nos solidarizamos con los cinco compañeros y compañeras que se enfrentan a un sistema judicial hostil y racista. Exigimos que la resolución sea un sobreseimiento definitivo y que cese la persecución y política de despojo contra el pueblo garífuna.
El 19 de julio de 2025 a las 11 de la mañana, la Policía Nacional detuvo de forma arbitraria a la defensora garífuna, Cecia Guillén en la comunidad de San Antonio, Colón.
La defensora se dedica a la venta de productos elaborados a base de coco para sostener a su familia. Ese día se encontraba vendiendo casabe en su comunidad cuando la policía llegó a detenerla sin presentar una orden de captura o clarificar el motivo de su detención.
Posteriormente, la defensora fue trasladada a la posta policial de Trujillo, Colón. Afuera de la misma se encontraban al menos tres patrullas y un fuerte contingente policial para ejecutar una detención arbitraria y desproporcional.
En el lugar también llegaron defensoras y defensores de la OFRANEH para exigir la liberación inmediata de la defensora Cecia Guillén, sin embargo, fueron fuertemente reprimidos con gas lacrimógeno.
La Red Nacional de Defensoras denunciamos el abuso de poder de la Policía Nacional contra la defensora Cecia Guillén y las defensoras y defensores de la OFRANEH que exigían la liberación inmediata de su compañera de organización.
Repudiamos la criminalización y encarcelamiento contra quienes defienden la vida, la tierra y el territorio, mientras los responsables del despojo y persecución contra el pueblo garífuna no son detenidos ni son investigados con celeridad.
Exigimos un alto a la persecución y política de exterminio contra el pueblo garífuna y su organización la OFRANEH.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, de derechos humanos y feminista a estar alerta de la situación de la defensora y sumarse al acuerpamiento de la OFRANEH en las exigencias de sus derechos al territorio ancestral.
El 21 de julio de 2025, más de 200 personas pobladoras del Valle de Quimistán se tomaron la carretera CA-4 en rechazo a la construcción de la represa hidroeléctrica El Tablón.
En el lugar se apersonaron más de 300 agentes armados de la Policía Nacional quienes lanzaron toletazos y gas lacrimógeno contra las personas defensoras que se encontraban en la protesta pacífica.
De acuerdo a información de medios de comunicación, se reportó que al menos 8 personas fueron heridas de gravedad y atendidas en el hospital de Quimistán.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos y repudiamos el abuso excesivo de la fuerza que la Policía Nacional utiliza para agredir y reprimir una protesta pacífica en exigencia de los derechos de las comunidades afectadas por este proyecto extractivo.
Exigimos que se respeten las exigencias y el derecho a la libre manifestación y expresión de las defensoras y defensores que defienden el agua y la vida en el Valle de Quimistán.
Hacemos un llamado a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a mantenerse alertas ante la situación de violencia y represión contra las comunidades del Valle de Quimistán.
El sábado 21 de junio de 2025, la defensora garífuna de la comunidad de Armenia, Mabel Robledo envió un audio de extrema urgencia a la OFRANEH:
“Soy Mabel Robledo, estoy detenida, la policía me pegó, me disparó, y me golpearon en la cara”.
Después de varias horas sin comunicación, se conoce que está detenida en la posta de Jutiapa, Atlántida y que ha sido visiblemente agredida.
Alertamos con carácter de urgencia a los organismos del movimiento social y de derechos humanos que se movilicen para salvaguardar la vida de Mabel Robledo, defensora de la tierra y el territorio garífuna. Recientemente ella fue testigo clave en la audiencia de la Corte IDH para la protección del territorio de Cayos Cochinos.
La Red Nacional de Defensoras consideramos que esta situación es gravísima y la integridad de la defensora se encuentra en un riesgo mortal.
El Estado de Honduras es responsable de las agresiones contra miembros de la OFRANEH y las comunidades por su falta de cumplimiento de las sentencias ganadas por el pueblo garifuna Exigimos que pare la persecución y agresión contra la OFRANEH.
10 al 16 de agosto de 2025 | La Ceiba – Trujillo – Vallecito – Tegucigalpa
Frente a las graves amenazas que enfrentan quienes defienden la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos, la Red-DESC se moviliza en solidaridad con la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el pueblo garífuna de Honduras.
Del 10 al 16 de agosto, una delegación internacional conformada por movimientos sociales y personas defensoras de derechos humanos de América Latina, el Caribe y Europa visitará Honduras para acompañar a OFRANEH, organización que enfrenta una alarmante escalada de criminalización y violencia por su labor en defensa del territorio, la cultura y la autonomía garífuna. Esta acción busca fortalecer la solidaridad entre movimientos, visibilizar la lucha del pueblo garífuna frente a la criminalización, y llevar sus demandas ante autoridades nacionales e internacionales.
Un contexto de violencia estructural e impunidad
En la Bahía de Trujillo, las comunidades garífunas enfrentan una situación crítica marcada por el avance de megaproyectos turísticos e inmobiliarios, desalojos violentos, desapariciones forzadas de líderes comunitarios y una sistemática negación de su derecho a la tierra ancestral. La región ha sido epicentro de múltiples conflictos que evidencian una alianza entre intereses económicos, crimen organizado e impunidad estatal.
Ante este panorama, OFRANEH ha liderado procesos de denuncia internacional, acciones legales y organización comunitaria para defender el territorio, la vida y el derecho a vivir sin miedo. Desde hace más de dos décadas, impulsa estrategias de recuperación territorial, comunicación popular, protección comunitaria y articulación regional, resistiendo una fuerte represión estatal y criminal.
El 18 de julio de 2020, en Triunfo de la Cruz, fueron desaparecidos Alberth Snider Centeno Tomas, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez y Junior Rafael Juárez Mejía, tras ser sacados de sus casas por hombres armados que vestían chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Horacio Lorca / Criterio.hn
La desaparición forzada de cuatro jóvenes garífunas en Triunfo de la Cruz en 2020 —entre ellos líderes comunitarios— continúa impune y simboliza la violencia estructural que enfrentan los pueblos afrodescendientes en Honduras.
A pesar de cuatro sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —Punta Piedra (2015), Triunfo de la Cruz (2015), San Juan (2023) y el caso en trámite de Cayos Cochinos (2024)— el Estado hondureño sigue sin cumplir las órdenes de restitución de tierras, reparación integral y garantías de no repetición.
Recientemente, líderes de OFRANEH han sido víctimas de amenazas de muerte. En 2024, la comunidad denunció al empresario canadiense Randy Roy Jorgensen por el saqueo y tráfico ilegal de más de 3.500 piezas arqueológicas garífunas, extraídas de cementerios ancestrales en Campo del Mar.
La delegación
La delegación estará conformada por organizaciones provenientes de diversos territorios, comprometidas con la justicia social, los derechos humanos y la autonomía de los pueblos. Desde Honduras participarán la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), anfitriona de la visita y referente en la defensa del territorio garífuna; el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), con una histórica trayectoria en la resistencia indígena lenca; y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, que articula a mujeres defensoras desde distintos territorios y sectores. Desde América Latina y el Caribe, se sumarán el Consejo de Pueblos Wuxhtaj, de Guatemala, que trabaja por la autodeterminación y los derechos de los pueblos mayas; La Colectiva Feminista en Construcción, de Puerto Rico, una organización antirracista, feminista y anticolonial que impulsa la justicia transformadora; y Cimarrón, de Colombia, un movimiento afrocolombiano que lucha contra el racismo estructural y por la reparación histórica de los pueblos afrodescendientes.
A nivel internacional, la delegación contará con la participación de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), que promueve la protección integral de defensoras en la región mesoamericana; Front Line Defenders, con sede en Irlanda y dedicada a la protección de personas defensoras en riesgo a nivel global; la organización Entrepueblos, que enlaza luchas entre América Latina y España; el Calan Institute for Transterritorial Justice (CATRA), con presencia en Estados Unidos y Honduras; y el Secretariado Internacional de la Red-DESC, que impulsó y coordinó esta acción de articulación y solidaridad internacional.
Acciones públicas
Durante siete días, la delegación visitará comunidades de la Bahía de Trujillo, sostendrá intercambios en Vallecito —territorio emblemático de resistencia— y culminará con acciones de incidencia en Tegucigalpa.
El viernes 15 de agosto a las 10:00 a.m realizaremos un plantón frente al Ministerio Público, acompañado de una rueda de prensa con la delegación internacional de defensoras y defensores.
Invitamos a todas las organizaciones en Honduras a sumarse a esta acción por el pueblo garífuna. Para más información sobre cómo sumarme a estas acciones, escríbenos al correo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras: comunicacion@redefensorashn.red También hacemos un llamado a todas las organizaciones internacionales interesadas a que se sumen a esta acción colectiva. Esta acción reafirma el compromiso de la Red-DESC con la centralidad de los movimientos sociales, la solidaridad interregional y la defensa de quienes defienden la vida. Las organizaciones interesadas pueden escribirnos a communicaciones@escr-net.orgEs momento de escuchar, acompañar y amplificar las voces del pueblo garífuna en su legítima lucha por el territorio, la memoria y la autodeterminación.
Hoy, 18 de junio de 2025, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras acompañamos al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y comisiones de las comunidades de Guapinol y Sector San Pedro, en la interposición de un Recurso de Amparo contra omisiones y actos de la administración pública central y municipal de Tocoa, Colón.
Las defensoras y defensores presentaron este Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa por la violación de derechos fundamentales como el debido proceso legal, la participación ciudadana, el derecho humano al agua, un medio ambiente sano, la dignidad y salud humana que han sido violentados a través de acciones y graves acontecimientos que la Alcaldía Municipal de Tocoa y funcionarios del Estado han perpetrado para favorecer al megaproyecto minero Pinares-Ecotek.
Entre esos graves acontecimientos, el Instituto hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) ha violentado el derecho a la participación de las comunidades al avalar el contrato de la concesión minera del proyecto “La Ceibita” operado por la empresa Ecotek y a la que las comunidades se opusieron en cabildo abierto del 29 de noviembre de 2019.
Además, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) ha permitido que se avance el megaproyecto minero incluso cuando no tiene licenciamiento ambiental y causando graves daños en el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, protegido por el Decreto 18-2024 que prohíbe las concesiones mineras en el área protegida.
Asimismo, el 27 de enero de 2025, la Alcaldía de Tocoa a través del alcalde Adán Funez, otorgó permisos de operación a Inversiones Los Pinares/Ecotek, a pesar de la rotunda oposición que las comunidades han demostrado contra estos megaproyectos y las múltiples denuncias que se han presentado por los daños lesivos que han provocado en las comunidades, así como las pérdidas irreparables de vidas de defensoras y defensores, como el caso de Juan López, vilmente asesinado por la estructura criminal que pretende imponer estos proyectos depredadores de la vida.
Desde la Red Nacional de Defensoras acuerpamos al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y las comunidades de Guapinol y Sector San Pedro, en su lucha por la defensa de los bienes naturales y por la vida libre de minería. Nos sumamos a la exigencia de que se respete el derecho a la participación ciudadana y comunitaria en la que los pueblos decidimos oponernos a un sistema capitalista y de despojo que depreda nuestros ríos y montañas.
El 16 de junio de 2025, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) alertó sobre la divulgación de información confidencial sobre las medidas de protección de la organización y familiares de Berta Cáceres.
El pasado 6 de mayo de 2025, se publicó a través de un medio de comunicación información malintencionada sobre los vehículos de protección asignados a la familia de Berta, poniendo en riesgo la vida y seguridad de la misma.
Posteriormente, en redes sociales, se han divulgado mensajes falsos y difamatorios, se han compartido imágenes que contienen información detallada sobre un vehículo de protección asignado por el Mecanismo de Protección y detalles del expediente de las medidas cautelares del Copinh y la familia Cáceres.
Tal como lo ha denunciado el Copinh, la filtración de estos datos es una acción premeditada y demuestra que hay un monitoreo directo de la organización, acceso interno a expedientes protegidos y un plan de persecución para detener la lucha por la búsqueda de justicia para nuestra compañera, Berta Cáceres.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos sumamos a la exigencia de que se investigue de manera inmediata la filtración institucional que permitió la vulneración de información de seguridad.
Repudiamos estas acciones sistemáticas de odio, persecución y amenazas contra el Copinh y la familia de Berta.
Responsabilizamos al estado de Honduras por la vulneración de la seguridad de nuestras compañeras y compañeros del COPINH y familia de nuestra hermana Berta Cáceres, y exigimos se garantice una protección real y efectiva.
El Estado hondureño es responsable de detener el manto de impunidad con el que gozan los asesinos intelectuales de Berta. No olvidamos que faltan los Atala.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a estar alertas ante esta situación de riesgo.
Hoy, 10 de junio de 2025 a las 9:00 a.m. el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida ha citado a una audiencia a Miriam Miranda, defensora y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Esta citación responde a una demanda interpuesta por la empresa Inversiones y Servicios Monarca S.A. propiedad de la familia Maloff.
Es importante señalar que esta familia ha perpetrado varios actos de agresión contra el pueblo garífuna, específicamente en la comunidad Triunfo de la Cruz de Tela, Atlántida.
En marzo de 2025, alertamos por una denuncia de la comunidad garífuna, que la familia Maloff envió guardias de seguridad privada para cercar el cerro de Triunfo de la Cruz, violentando el derecho al territorio ancestral y amenazando la vida de las y los defensores.
La comunidad Triunfo de la Cruz cuenta con una sentencia internacional otorgada por la Corte IDH que condena al Estado hondureño y reconoce el derecho al territorio ancestral del pueblo garífuna y garantiza la no repetición de los hechos.
El incumplimiento de esta sentencia genera violencia, impunidad, represión, criminalización, persecución, desapariciones forzadas y un sin número de agresiones contra el pueblo garífuna.
Sabemos que la criminalización y persecución judicial son las formas más comunes que utiliza el poder para detener y desmovilizar la lucha de los pueblos. Repudiamos estas acciones y el respaldo que el mismo Estado otorga a los perpetradores para ejecutarlas.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos al Estado de Honduras detener la criminalización y persecución contra nuestra compañera y hermana, Miriam Miranda, la OFRANEH y todxs sus líderes y lideresas garífunas.
Nos mantenemos alerta de la situación y hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a exigir un alto a la persecución judicial contra el pueblo garífuna y pronunciarse contra estas acciones de criminalización.
Hoy, 26 de mayo de 2025, desde las 11 de la mañana los guardias de seguridad privada apostados en la entrada del Centro Cívico Gubernamental no han permitido el ingreso de defensoras y defensores de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
Los y las defensoras se han presentado hoy a este edificio gubernamental para protestar de forma pacífica exigiendo el informe y avances de la regularización predial de la península de Zacate Grande.
Más de 30 defensoras y defensores de las comunidades de Zacate Grande se les ha negado la entrada porque según los guardias de seguridad privada las defensoras y defensores «venían al plantón». Impidiendo su derecho a la libre protesta y violando artículos constitucionales de libertad de expresión y de uso del espacio público consignados en la Constitución de la República.
La Red Nacional de Defensoras denunciamos este abuso de autoridad en contra de las defensoras y defensores de Zacate Grande y exigimos que les den paso para ejercer su derecho a la libre protesta pacífica.
Exigimos al gobierno que honren los compromisos contraídos con las comunidades desde marzo del 2024, que se encuentran en constante amenaza de despojo.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a estar alerta de la situación de los y las compañeras de Zacate Grande.
Hoy 17 de mayo de 2025 La reocupación del pueblo garifuna Centro de Saberes Ancestrales “Hachari Wayúnagu” enfrenta un nuevo ataque. Sujetos en una lancha se acercaron al lugar e hicieron disparos al aire.
Esto sucede dos dias después del intento de desalojo, donde hombres con indumentaria de la OABI miembros de la empresa de seguridad privada Fenix se presentaran con un sujeto de origen canadiense para intentar expulsar de manera forzosa a las personas que viven en esa tierra ancestral llevando armas de alto calibre. La comunidad ha recuperado además de su territorio una valiosa colección de piezas ancestrales de diversos pueblos indígenas y negros en posesión ilegal por parte de Randy Jorgensen.
Hacemos un llamado urgente a denunciar y levantar la voz ante el gobierno de Honduras debido a la creciente violencia en contra de esta reocupación de la OFRANEH. Responsabilizamos al Estado de Honduras, por no dar protección y seguridad a las comunidades que custodian y protegen los saberes ancestrales. Las mujeres, niñez y hombres que viven en esa reocupación están viviendo ataques armados y el peligro letal es inminente. La responsabilidad de los efectos de estos ataques es del gobierno actual.
A las organizaciones hermanas de la OFRANEH, organizaciones de derechos humanos nos convocamos a estar vigilantes frente a esta alarmante situación, movilizarnos en respaldo y solidaridad activa con quienes cuidan los bienes comunes del pueblo hondureño.
