Hoy, 12 de marzo de 2025, a las 6:00 a.m. se presentaron 5 patrullas de la Policía Nacional y militares encapuchados en la empresa campesina 17 de junio de la CNTC-El Progreso, ubicada en aldea Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa.
Según la orden desalojo, la empresa campesina tiene 15 días para desalojar el predio reclamado por supuestos herederos y la compañía Agrícola Los Olivos S.A.; sin embargo, las y los defensores que tuvieron acceso a esta orden denuncian que presenta varias inconsistencias: el juez no está debidamente identificado, el membrete no coincide con otras ordenes de desalojo emitidas por el Poder Judicial y tampoco cuenta con un sello oficial, por lo que intuyen que podría tratarse de una orden extrajudicial. Además, en el lugar, el juez ejecutor no quiso identificarse y portaba una mascarilla que cubría su rostro.
En esta tierra recuperada, trabajan más de 30 compañeros y compañeras campesinas, quienes a través de la cosecha mantienen a sus familias. De acuerdo a su denuncia, esta tierra se mantuvo ociosa después del huracán Mitch y hay más de 50 escrituras que el Instituto Nacional Agrario (INA) debe investigar, sin embargo no hay celeridad en el proceso.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras repudiamos y denunciamos estas acciones que ponen en situación de riesgo a los y las defensoras campesinas que luchan por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Condenamos estos hechos de utilizar la Policía Nacional y los entes judiciales para favorecer a terratenientes y empresas extractivas sin agotar las investigaciones pertinentes para salvaguardar la vida e integridad de los y las campesinas en su legítimo derecho a la tierra.
Exigimos al Estado un alto a los desalojos violentos y una pronta resolución de las exigencias de los y las campesinas.
Hoy, 5 de marzo de 2025, a eso de las 3:00 p.m. la Policía Nacional ha retenido de forma arbitraria a la coordinadora y defensora garífuna de la OFRANEH, Miriam Miranda, en retén policial de Olanchito, municipio de Yoro.
De acuerdo a la denuncia de la defensora, la Policía Nacional la retuvo porque debe portar un carnet de identificación. Esto a pesar de que la defensora, Miriam Miranda, cuenta con medidas cautelares otorgadas desde el 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Policía Nacional mantuvo retenida a Miriam Miranda y a sus compañerxs de organización por más de 50 minutos en la carretera de Olanchito. Indagaron sobre una carga de comida que trasladaban, intimidando y sospechando como si se tratara de una «carga ilícita». Además, en el lugar se presentaron dos agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), amenazaron con decomisarles el vehículo y trasladar a la defensora a la Fiscalía.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos el abuso de poder y la arbitrariedad de la Policía Nacional en las retenciones sistemáticas de nuestra compañera, Miriam Miranda, quien enfrenta alto riesgo por su trabajo en defensa de los derechos del pueblo garífuna y eventos como estos ponen en mayor peligro su vida al detener su movilización en zonas de alto riesgo, exponerla a bajar del vehículo que por seguridad le ha sido asignado, para cumplir con requerimientos rutinarios de la Policía Nacional.
Exigimos al Estado garantizar la seguridad integral de nuestra compañera, Miriam Miranda, lxs defensorxs que la acompañan y de los y las defensoras garífunas que desde sus territorios luchan por la defensa de su vida y sus derechos ancestrales.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales, internacionales, feministas y del movimiento social a estar alertas de la situación de Miriam Miranda y exigir un alto a la violencia, racismo y despojo en contra del pueblo garífuna.
Hoy, 4 de marzo de 2025, a partir de las 9:00 a.m. guardias de seguridad privada armados y con resguardo de la Policía Nacional llegaron con la intención de cercar el Cerro Triunfo de la Cruz, territorio garífuna en Tela y que cuenta con una sentencia otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo a la denuncia de los y las defensoras garífunas, organizados en la OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), estos guardias fueron enviados por la familia Maloff, quienes violentando los derechos territoriales indígenas del pueblo garífuna pretenden adueñarse del cerro de Triunfo de la Cruz.
En el lugar, se encuentran defensoras y defensores de las comunidades de Triunfo de la Cruz y la Ensenada y han explicado a los guardias de seguridad privada que el predio cuenta con una sentencia otorgada por la CIDH que reconoce su propiedad territorial ancestral.
Sin embargo, los guardias, a resguardo de la Policía Nacional han amenazado con disparar y llamar a la Procuraduría General de la República (PGR) para desalojar el predio.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos estas acciones que violentan los derechos de las comunidades garífunas en territorio ancestral.
Exigimos al Estado garantizar la seguridad de los y las compañeras defensoras que permanecen en el lugar resguardando su territorio.
Alertamos a las organizaciones de derechos humanos, del movimiento social y feminista a estar pendientes de la situación de las y los defensores garífunas de Triunfo de la Cruz.
En conferencia de prensa, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, exigió al Ministerio Público y al fiscal general, Johel Zelaya, la investigación y procesamiento de la estructura criminal detrás del asesinato del compañero y ambientalista, Juan López y la instalación irregular del megaproyecto minero-energético Pinares Ecotek.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, junto a organizaciones y personas convocadas por la causa, acuerpamos a nuestras compañeras y compañeros del Comité exigiendo justicia para Juan y una investigación pronta y diligente de los delitos, actos de corrupción y abusos de poder que permitieron y facilitaron la instalación de este megaproyecto extractivista que ha provocado graves daños ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía y fundado violencia y agresiones en contra de las comunidades que defienden los bienes naturales.
Para hoy, estaba programada una audiencia contra ex empleados de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Tocoa, concerniente a la explotación ilegal y daños ambientales causados por Pinares-Ecotek en perjuicio del Parque Nacional Montaña de Botaderos, los Ríos Guapinol y San Pedro y otros cuerpos de agua vinculados a la zona protegida. Sin embargo, esta audiencia fue reprogramada para el 20 de marzo de 2025, por causas que no son del movimiento.
Esta audiencia responde a un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público a 10 días del asesinato de Juan López, en el que hay trece imputados relacionados a la UMA de Tocoa, el Instituto de Conservación Forestal de Gualaco, municipio de Olancho y cuatro imputados de Pinares Ecotek que continúan prófugos de la justicia, entre ellos Lenir Pérez, propietario de Inversiones Los Pinares.
Además, para el 27 de febrero estaba programada la audiencia contra Norma Agripina García, actual secretaria de la municipalidad de Tocoa, acusada de falsificar acta de cabildo abierto de 2016 para incluir información falsa sobre la aprobación de proyectos mineros a favor de Inversiones Los Pinares, pero fue pospuesta. Asimismo, el 4 de marzo se desarrollaría la audiencia preliminar contra tres de los presuntos asesinos materiales de nuestro compañero, Juan López. Su asesinato ocurre en un contexto de oposición contra la minería y denuncias hacia una institucionalidad estatal/municipal que actúa en favor de intereses privados y capitalistas.
De acuerdo al Comité, estos casos de corrupción y delitos están estrechamente relacionados y muestran como los funcionarios municipales de Tocoa han sido clave para garantizar el avance del megaproyecto de Pinares/Ecotek a pesar del rechazo de las comunidades afectadas. Además, las personas judicializadas no responden a intereses individuales sino a una estructura criminal en la que se ha señalado al actual alcalde de Tocoa, Adán Funez.
Recientemente, Adán Funez, quien lleva más de 20 años en la municipalidad de Tocoa, negó en un foro televisivo que él hubiera aprobado concesiones o permisos ambientales a Inversiones Los Pinares, que existiera contaminación y daño ambiental en los Ríos Guapinol y San Pedro y que no tenía responsabilidad en el asesinato del defensor, Juan López. Esto a pesar de que el medio internacional Infobae, lo vinculó directamente al sicario que le arrebató la vida a Juan, según pruebas testimoniales; Fúnez, además se atrevió a señalar a los compañeros de lucha de Juan como posibles asesinos del mismo, al quien, como precisó le hicieron una emboscada.
Para la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Comité Municipal de defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa, las organizaciones y personas que acompañamos y acuerpamos la lucha en contra de los megaproyectos extractivistas y capitalistas, es indignante que el Ministerio Público y el Estado no demuestre una intención para desmantelar, investigar y enjuiciar a la estructura criminal y todos los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Juan López, los crímenes contra los y las defensoras de Guapinol y San Pedro y los delitos vinculados al proyecto destructor de Pinares/Ecotek, y sólo hagan declaraciones o acciones de muy poca importancia ante tal hecho.
El Estado debe desarrollar una investigación integral y no de forma aislada de los crímenes contra defensoras y defensores de Tocoa. Además, debe garantizar el cumplimiento del decreto 18-2024 que declara las áreas naturales protegidas del país libres de minería a cielo abierto y recupera y protege la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, un logro de la lucha de los y las defensoras que defienden la vida, y debe cerrar la empresa por ilegal.
Nutrida estuvo la conferencia de prensa y posterior acción en la calle frente a la Casa Presidencial en la que, como ya es tradición, la presidenta no recibe a ninguna delegación, comisión o representación popular. Se busca, se busca, se busca presidenta que al pueblo atienda, se gritó ante los portones cerrados y custodiados por policía y la guardia presidencial.
La convocatoria de más de setenta organizaciones que respaldamos la urgencia para detener el nivel de violencia brutal que cada día destruye la vida en el Bajo Aguán se hizo presente en el centro de las oficinas del famoso centro cívico gubernamental en donde, para empezar no permitieron ingresar sonido, sino había una autorización; o sea lo de siempre con cualquier gobierno. La conferencia fue importante para denunciar una vez más y con datos y palabras de las mujeres que han perdido a sus familiares lo que cada día sucede, el terror del asesinato a mansalva contra la gente que pelea la tierra. La exigencia que se cumplan los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas, que hace tres años están paralizados, fue una de las demandas centrales, así como que se acompañe el regreso de las familias desplazadas y se detenga la agresión armada. La tierra no se vende, se cuida y se defiende.
En el Aguán, a partir de diciembre del 2024, los niveles de agresión de grupos armados ha aumentado no sólo en disparos y vandalismo contra las empresas Camarones, El Tranvío y El Chile, sino que estos perpetradores se publicitan en redes sociales, usan sus nombres en los medios que les son afines, y se refugian en comunidades donde otros civiles se ven envueltos en esta trama criminal; donde tienen el apoyo de grupos que se denominan defensores de derechos humanos, y que hacen la labor civil de esas acciones armadas. La situación ha llegado al grado de que toda la zona es de alto riesgo, el tránsito es peligroso, las clases se han parado en los centros educativos y la vida de cada campesina y campesino está en un hilo. Y eso ya ha sucedido con otros pueblos y luchas, pero el nivel que ha tomado en el Aguán es más que alarmante y sospechamos puede convertirse en una práctica generalizada en otros territorios, aunque hay experiencias similares. Hay que agregar que en esa zona se ha desplegado policía con equipos de defensa, pero cuya intervención es extrañamente lenta y peligrosamente ineficaz.
Esta mañana soleada de febrero, en Tegucigalpa, la delegación de al menos sesenta personas caminamos hasta la Casa donde se supone se encuentra la presidenta, pero quien salió a recibirnos fue un señor llamado Mario Roberto, de asuntos sociales, que se llevó la carta llevada por la delegación con las exigencias y demandas; y dijo que la haría llegar. Lo importante de este hecho fue, precisamente, que una vez más el movimiento social que, aun cuando puede tener militancia o afectos con el partido en el poder, encuentra de nuevo su lugar y recuerda que su propósito es cuestionar al gobierno y obligarlo a responder al pueblo que lo llevó a esas oficinas frescas y limpias.
El señor Roberto dijo que él subiría la carta y que dejaba su nombre y teléfono, por cualquier cosa, firmando de recibido en una fotocopia. Nunca mejor el comentario del señor: arriba está el poder, lejos e indiferente a lo que pasa aquí abajo.
El Aguán, y toda esa hermosa tierra costeña ha sido, por décadas, lugar de agresiones a la lucha de los pueblos garífunas, indígenas, campesinos y el motivo, por supuesto, siempre es la tierra y el territorio. Las empresas agroindustriales y mineras, los terratenientes, ganaderos en su insaciable avaricia arrebatando lo que no les corresponde, esquilmando al estado, depredando la naturaleza y engordando sus cuentas bancarias frente a miles de personas despojadas que necesitan cultivar, tener agua limpia y alimentar a la sociedad entera.
Nunca fue tan importante en este país reconocer la necesidad de poner encima de la politiquería, las válidas y autónomas propuestas de mundo de los pueblos indígenas y garífunas, para todas y todos los que somos pueblo. Nunca fue tan necesario recampesinizar el país, darle la importancia ineludible a la lucha campesina y su trabajo que sostiene la vida, o qué se supone que vamos a comer en el tiempo venidero.
En Honduras todo lo que está por la vida común, recibe golpes, balas, y cárcel, así matan a las mujeres, a las líderes ambientalistas, a los hombres de bien que quieren a las montañas. Y es por eso que una vez más nos toca a todas, todos y todes poner el hombro con el resto del cuerpo a las acciones que buscan la justicia que anhelamos en el campo y las comunidades que luchan. Su lucha es nuestra.
Esta madrugada del 27 de enero de 2025, un grupo armado acompañado con guardias de seguridad privada han entrado a la comunidad y disparan contra la integridad física de más de 123 familias; 453 personas, entre ellas niños y niñas.
De acuerdo a información del medio Radio Progreso y de nuestras compañeras que residen en la zona, este ataque es presuntamente perpetrado por el grupo criminal «Los Cachos».
Según la denuncia de las y los defensores, la Policía Nacional llegó a la comunidad, sin embargo, no ingresaron a la comunidad para detener este violento ataque.
Hasta las 8 a.m. del 27 de enero, ya se reporta una persona herida y las comunidades continúan siendo atacados con armas de fuego.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos y repudiamos esta agresión violenta que atenta contra la vida de 123 familias en el Aguán.
Alertamos a las organizaciones del movimiento social y feminista a estar pendientes de la situación de los y las compañeras defensoras que están en riesgo en el Aguán.
Exigimos al Estado que responda con celeridad para detener de forma efectiva y urgente una matanza en las comunidades.
Esta situación de riesgo y violencia es casi permanente en el Aguán, el Estado es responsable de intervenir y proteger a las comunidades que se enfrentan a terribles agresiones por defender la tierra y el territorio.
¡Ya Basta de asedio, persecución y violencia contra las y los defensores del Aguán!
Hoy, 23 de enero de 2025, desde las 2:30 p.m. la Policía Nacional ha detenido a la defensora Mabel Robledo y a cuatro defensores, miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña(OFRANEH), cuando regresaban a su comunidad en Nueva Armenia, Atlántida.
Luego de asistir a una reunión en el Centro de Saberes Ancestrales Garífunas Hachari Wayunagu en Trujillo, Colón, un retén policial detuvo a la defensora y sus compañeros para pedirles su documentación.
Cuando el conductor presentó su licencia, en el momento de la detención, el policía le preguntó si él había «comprado esa licencia» e insistió que la y los defensores venían de la Moskitia. Además, se acercó a la ventana del conductor para quiénes más iban en el vehículo y después les dijo que haría un registro.
Ante esto, la defensora preguntó cuál era el motivo del registro, a lo que el oficial no brindó ningún argumento y dijo que llamaría a un fiscal, mientras tomaba fotografías de la defensora y sus compañeros. Posteriormente les advirtió que iban en camino técnicos del Área de Inspecciones de la Dirección Policial de Investigación (DPI) para hacerles el registro.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos este acto arbitrario y el abuso de poder de la Policía Nacional contra la defensora Mabel Robledo y cuatro defensores garífunas.
Exigimos su liberación inmediata y la garantía de su seguridad, el respeto a sus vidas e integridad física y un alto al hostigamiento contra defensoras y defensores de la OFRANEH a través de retenes policiales y militares.
Demandamos al Estado de Honduras que actúe con urgencia y garantice la seguridad de las y los defensores garífunas de Nueva Armenia que desde octubre de 2024 enfrentan serias violaciones a sus derechos humanos por defender su territorio ancestral.
Hoy, 22 de enero de 2025, la Policía Nacional en contubernio con la empresa Azucarera del Norte (Azunosa) desalojó un terreno en proceso de recuperación por el Movimiento Independiente de Hombres y Mujeres sin Tierras en la comunidad Agua Blanca Sur, de El Progreso Yoro, provocando la perdida de más de 300 manzanas de cultivos y dejando sin hogar y sustento a más de 250 familias.
Aproximadamente a las 3:00 a.m., más de 100 agentes policiales se apersonaron en el lugar para desarrollar el desalojo sin presentar una orden judicial. Asimismo, empleados de Azunosa, a vista y resguardo de la Policía Nacional, agredieron y amenazaron a campesinas y campesinos de la comunidad y utilizaron maquinaria pesada para destruir sus cultivos de maíz, frijoles y yuca.
La Red Nacional de Defensoras denunciamos la constante situación de riesgo y amenaza a la que se enfrentan las organizaciones y comunidades campesinas frente a la política de despojo y persecución por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Exigimos al Estado un alto a los desalojos violentos y arbitrarios y una pronta resolución a las exigencias de las y los campesinos.
