Declaración Nacional de Emergencia en el Bajo Aguán
Etiqueta: tierra y territorio
#AlertaUrgente | Ataque armado contra el asentamiento campesino Tranvío y Camarones en el Aguán, Tocoa, Colón.
Esta madrugada del 27 de enero de 2025, un grupo armado acompañado con guardias de seguridad privada han entrado a la comunidad y disparan contra la integridad física de más de 123 familias; 453 personas, entre ellas niños y niñas.
De acuerdo a información del medio Radio Progreso y de nuestras compañeras que residen en la zona, este ataque es presuntamente perpetrado por el grupo criminal «Los Cachos».
Según la denuncia de las y los defensores, la Policía Nacional llegó a la comunidad, sin embargo, no ingresaron a la comunidad para detener este violento ataque.
Hasta las 8 a.m. del 27 de enero, ya se reporta una persona herida y las comunidades continúan siendo atacados con armas de fuego.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos y repudiamos esta agresión violenta que atenta contra la vida de 123 familias en el Aguán.
Alertamos a las organizaciones del movimiento social y feminista a estar pendientes de la situación de los y las compañeras defensoras que están en riesgo en el Aguán.
Exigimos al Estado que responda con celeridad para detener de forma efectiva y urgente una matanza en las comunidades.
Esta situación de riesgo y violencia es casi permanente en el Aguán, el Estado es responsable de intervenir y proteger a las comunidades que se enfrentan a terribles agresiones por defender la tierra y el territorio.
¡Ya Basta de asedio, persecución y violencia contra las y los defensores del Aguán!
#AlertaDefensoras | Retienen a la defensora garífuna Mabel Robledo y cuatro defensores en retén policial en Tocoa, Colón.
Hoy, 23 de enero de 2025, desde las 2:30 p.m. la Policía Nacional ha detenido a la defensora Mabel Robledo y a cuatro defensores, miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña(OFRANEH), cuando regresaban a su comunidad en Nueva Armenia, Atlántida.
Luego de asistir a una reunión en el Centro de Saberes Ancestrales Garífunas Hachari Wayunagu en Trujillo, Colón, un retén policial detuvo a la defensora y sus compañeros para pedirles su documentación.
Cuando el conductor presentó su licencia, en el momento de la detención, el policía le preguntó si él había «comprado esa licencia» e insistió que la y los defensores venían de la Moskitia. Además, se acercó a la ventana del conductor para quiénes más iban en el vehículo y después les dijo que haría un registro.
Ante esto, la defensora preguntó cuál era el motivo del registro, a lo que el oficial no brindó ningún argumento y dijo que llamaría a un fiscal, mientras tomaba fotografías de la defensora y sus compañeros. Posteriormente les advirtió que iban en camino técnicos del Área de Inspecciones de la Dirección Policial de Investigación (DPI) para hacerles el registro.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos este acto arbitrario y el abuso de poder de la Policía Nacional contra la defensora Mabel Robledo y cuatro defensores garífunas.
Exigimos su liberación inmediata y la garantía de su seguridad, el respeto a sus vidas e integridad física y un alto al hostigamiento contra defensoras y defensores de la OFRANEH a través de retenes policiales y militares.
Demandamos al Estado de Honduras que actúe con urgencia y garantice la seguridad de las y los defensores garífunas de Nueva Armenia que desde octubre de 2024 enfrentan serias violaciones a sus derechos humanos por defender su territorio ancestral.
#AlertaUrgente | Policía Nacional y empleados de la empresa Azunosa desalojan a campesinos del Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra en la comunidad Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro
Hoy, 22 de enero de 2025, la Policía Nacional en contubernio con la empresa Azucarera del Norte (Azunosa) desalojó un terreno en proceso de recuperación por el Movimiento Independiente de Hombres y Mujeres sin Tierras en la comunidad Agua Blanca Sur, de El Progreso Yoro, provocando la perdida de más de 300 manzanas de cultivos y dejando sin hogar y sustento a más de 250 familias.
Aproximadamente a las 3:00 a.m., más de 100 agentes policiales se apersonaron en el lugar para desarrollar el desalojo sin presentar una orden judicial. Asimismo, empleados de Azunosa, a vista y resguardo de la Policía Nacional, agredieron y amenazaron a campesinas y campesinos de la comunidad y utilizaron maquinaria pesada para destruir sus cultivos de maíz, frijoles y yuca.
La Red Nacional de Defensoras denunciamos la constante situación de riesgo y amenaza a la que se enfrentan las organizaciones y comunidades campesinas frente a la política de despojo y persecución por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Exigimos al Estado un alto a los desalojos violentos y arbitrarios y una pronta resolución a las exigencias de las y los campesinos.
Ecos de resistencia: latidos de una lucha en contra del extractivismo
Hoy, 29 de noviembre de 2024, día internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, desde nuestra estrategia de Registro y documentación presentamos el artículo: Ecos de resistencia, latidos de una lucha contra el extractivismo.
Ante los recientes sucesos de violencia y crueldad en contra de nuestros y nuestras compañeras y compañeros defensores del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y los sectores de Guapinol y el Río San Pedro contextualizamos la problemática que atraviesan en la lucha por defender los bienes comunes y la vida ante el extractivismo.
Reconocemos, nombramos, acompañamos y acuerpamos a nuestras compañeras y sus organizaciones en este camino de lucha.
Descargue el artículo aquí:
#AlertaUrgente | Campaña de desprestigio y difamación en contra de la OFRANEH por reocupación de territorio ancestral en Trujillo, Colón.
El 19 de noviembre de 2024, a través de un medio de noticias nacional, se emitieron falsas declaraciones contra la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), acusándoles de «violencia, saqueo e intimidación» contra extranjeros canandienses entre Trujillo y Santa Fé, Colón.
La acusación fue hecha por tres extranjeras canadienses, quienes aseguran tener títulos en Trujillo y Santa Fé, Colón y que hay más de 400 inversores extranjeros con propiedades en proyectos extractivistas como: Njoi, Campavista, Corozalta y Altavista.
En abril de 2024, el Ministerio Público, inacutó 233 bienes inmuebles, usurpados por los canadienses Randy Roy Jorgensen, Malik Zoharan y Darren Wade Weeks, denunciados por otros canandienses por estafa continuada y lavado de activos.
De acuerdo al Ministerio Público, desde el 2008 estos canadienses suscribieron contratos de compra venta de lotes de terreno para lotificación en Trujillo y Santa Fé, Colón, violentando el derecho al territorio ancestral de los legítimos hijos e hijas de las comunidades garífunas en Trujillo y Santa Fé, Colón.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos repudiamos y denunciamos estas acusaciones hechas contra la OFRANEH y los y las defensoras garífunas del territorio ancestral, exponiendo su vida e integridad física en sus territorios.
Exigimos al Estado de Honduras acelerar el cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH ganadas por el pueblo garífuna en sus territorios ancestrales, así como garantizar la no repetición de los hechos en otras comunidades.
¡Ya basta de persecución, racismo y odio contra el pueblo garífuna!
#AlertaUrgente | Continúan hostigamientos y amenazas contra las y los miembros de la comunidad garífuna de Nueva Armenia.
Civiles con armas de alto calibre y encapuchados ingresan con empleados de la empresa Palma de Atlántida para intimidar a la comunidad, exigiendo sacar el fruto de la palma africana.
Ayer, 11 de octubre de 2024, a medianoche hombres armados permanecieron hostigando en la comunidad manteniéndoles en zozobra. Incluso frente a la Policía Nacional, la cual no actúa frente a estas amenazas.
Estas acciones se suman a las agresiones sistemáticas a las que la comunidad Nueva Armenia se ha enfrentado desde el 6 de octubre de 2024 donde dos miembros de la comunidad fueron heridos de gravedad en un ataque armado por la Policía Nacional. Desde entonces, los hostigamientos, amenazas y persecución contra la comunidad no han cesado.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos un alto a la violencia contra la comunidad garífuna de Nueva Armenia.
Demandamos al Estado de Honduras que actúe con urgencia y garantice la seguridad de las y los defensores garífunas de Nueva Armenia.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feministas y de derechos humanos a denunciar estas acciones y exigir un alto a la política de exterminio contra el pueblo garífuna. Asimismo mantenerse alerta ante la situación de peligro que enfrenta la comunidad Nueva Armenia.
#AlertaUrgente | Amenaza de desalojo en la comunidad garífuna Nueva Armenia.
Hoy, domingo 6 de octubre, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) se movilizaron en al menos 10 vehículos para desalojar la comunidad Nueva Armenia, territorio ancestral garífuna.
Los agentes de la DPI una vez más se ponen al servicio de los intereses privados, esta vez para favorecer a la empresa Palmas de Atlántida que viene usurpando y explotando ese territorio, despojando al pueblo garífuna que es el legítimo custodio de ese territorio.
Asimismo, estos agentes policiales han tomado fotografías y videos de las personas de la comunidad como una forma de intimidación y amenaza.
Alertamos a las organizaciones del movimiento social y de derechos humanos sobre las sistemáticas violaciones de los derechos ancestrales del pueblo garífuna organizado en la OFRANEH.
Exigimos un alto a los desalojos y a la confabulación de las instituciones del Estado con las empresas privadas.
El Estado es responsable de garantizar la protección y los derechos ancestrales del pueblo garífuna.
#AlertaUrgente | Corte de Apelaciones resuelve continuar la criminalización de defensores y defensoras de Guapinol, incluyendo al defensor Juan López, recientemente asesinado.
El día de hoy, 19 de septiembre de 2024, a la 1:00 p.m. la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, ordenó reabrir el proceso legal en contra de Juan López, Reynaldo Domínguez, Leonel George, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo y alrededor de 10 defensoras y defensores de Guapinol y San Pedro, criminalizados desde 2019 por los delitos de incendio agravado, privación injusta de libertad, robo y asociación ilícita. Incluyendo al defensor Juan López, asesinado el pasado 14 de septiembre de 2024.
Por unanimidad de votos, las magistradas Viany Cruz Recarte, Dilian Irasema Guillen Sanchez, Roxana Ninoska Calix Zuniga, suspendieron el sobreseimiento definitivo, a favor de los defensores, mediante un Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público. Esto implica que el sistema de justicia seguirá protegiendo los intereses privados de la empresa Pinares Ecotek y Grupo Emco, en lugar de detener la criminalización de los defensores y las defensoras de los bienes naturales en Tocoa, Colón.
Repudiamos que instituciones del Estado formen parte de alianzas criminales para perseguir y judicializar a las y los defensores de Guapinol en contubernio con empresas mineras y extractivas que tanto daño y dolor han provocado en las comunidades de Colón.
Denunciamos la clara intencionalidad de mantener en una sistemática zozobra y hostigamiento en contra de los y las defensoras que defienden el agua de Guapinol y San Pedro y los bienes naturales de la Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras.
El Estado es responsable de la muerte de Juan López, el Estado debe garantizar la seguridad de las y los defensores de Guapinol.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social para acuerpar a nuestros compañeros y compañeras, debemos actuar de manera organizada y articulada frente a este embate de impunidad.
#AlertaDefensoras | Policía Nacional y miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI) llegan a la comunidad de Agalteca para detener al padre de la defensora, Fátima Martínez.
Hoy, 17 de septiembre de 2024, a las 02:15 p.m., miembros de la Policía Nacional y Dirección Policial de Investigación (DPI) llegaron a la comunidad de Agalteca para darle detención al padre, de 86 años, de la defensora, Fátima Martínez, coordinadora del Consejo de Tribu Tolupán de Agalteca. De igual forma, los agentes pretenden detener a la defensora de la tierra y el territorio.
Los agentes policiales no presentaron orden de captura y cuando se les solicitó justificaron que con » el nuevo PCM, no era necesario presentarla, que les daba facultad para entrar donde ellos quisieran». Además tomaron fotografías y vídeos de las defensoras que están en el lugar apoyando a Fátima Martínez.
La defensora, está siendo criminalizada y judicializada por una acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de explotación ilegal de los recursos naturales. Hoy sería la audiencia de declaración de imputados en los Juzgados de Letras de Olanchito, Yoro, sin embargo la PGR no se presentó y la audiencia fue reprogramada.
Estas acciones son un claro ataque sistemático de persecución y hostigamiento contra la defensora Fátima Martínez, por su labor en defensa de la autonomía y el territorio del pueblo Tolupán.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos un alto a la criminalización y persecución contra las defensoras de la tierra y el territorio. Demandamos al Estado de Honduras garantizar a los pueblos indígenas el derecho a la autodeterminación, autonomía y respeto de los territorios ancestrales.
Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, del movimiento feminista y social a estar alerta de la situación en la comunidad de Agalteca y sumarse a la denuncia y acuerpamiento de la defensora, Fátima Martínez.