#AlertarUrgente │ Hombres armados irrumpen en comunidad garífuna de Nueva Armenia, Jutiapa, Atlántida

Hoy, 17 de marzo de 2026, a las 3:30 p.m., al menos unos 5 hombres armados irrumpieron en la comunidad garífuna de Nueva Armenia, Jutiapa, Atlántida, intimidando y amenazando a los y las defensoras que se encontraban en el lugar.

Estos hombres se trasladaban en una camioneta marca Kia, color rojo vino y sin placas. De acuerdo a la declaración de estos hombres, supuestamente fueron enviados por un abogado de nombre Víctor Maradiaga.

Por el momento, los cinco hombres armados se encuentran retenidos por la policía militar que permanece en el lugar por las medidas de protección con las que cuenta la comunidad después de varios ataques armados en 2025.

Esto se suma a un incidente ocurrido ayer 16 de marzo, en horas de la mañana, donde alguien hizo disparos con una pistola de balín contra el vehículo en el que se moviliza la defensora garífuna, Mabel Robledo, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Recientemente, el 4 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos vs. Honduras, en la que declaró al Estado culpable por graves violaciones a los derechos de la comunidad, así como de las comunidades hermanas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras alertamos sobre estos atentados contra la vida y seguridad de los y las defensoras que se encuentran en la comunidad garífuna de Nueva Armenia.

Exigimos que se investigue a los responsables de estos ataques y se asegure la vida e integridad de los y las compañeras.

Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a mantenerse alerta ante estos hechos violentos.

#AlertaDefensoras | Retienen a la defensora garífuna Mabel Robledo y cuatro defensores en retén policial en Tocoa, Colón.

Hoy, 23 de enero de 2025, desde las 2:30 p.m. la Policía Nacional ha detenido a la defensora Mabel Robledo y a cuatro defensores, miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña(OFRANEH), cuando regresaban a su comunidad en Nueva Armenia, Atlántida.

Luego de asistir a una reunión en el Centro de Saberes Ancestrales Garífunas Hachari Wayunagu en Trujillo, Colón, un retén policial detuvo a la defensora y sus compañeros para pedirles su documentación.

Cuando el conductor presentó su licencia, en el momento de la detención, el policía le preguntó si él había «comprado esa licencia» e insistió que la y los defensores venían de la Moskitia. Además, se acercó a la ventana del conductor para quiénes más iban en el vehículo y después les dijo que haría un registro.

Ante esto, la defensora preguntó cuál era el motivo del registro, a lo que el oficial no brindó ningún argumento y dijo que llamaría a un fiscal, mientras tomaba fotografías de la defensora y sus compañeros. Posteriormente les advirtió que iban en camino técnicos del Área de Inspecciones de la Dirección Policial de Investigación (DPI) para hacerles el registro.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos este acto arbitrario y el abuso de poder de la Policía Nacional contra la defensora Mabel Robledo y cuatro defensores garífunas.

Exigimos su liberación inmediata y la garantía de su seguridad, el respeto a sus vidas e integridad física y un alto al hostigamiento contra defensoras y defensores de la OFRANEH a través de retenes policiales y militares.

Demandamos al Estado de Honduras que actúe con urgencia y garantice la seguridad de las y los defensores garífunas de Nueva Armenia que desde octubre de 2024 enfrentan serias violaciones a sus derechos humanos por defender su territorio ancestral.

#AlertaUrgente | Continúan hostigamientos y amenazas contra las y los miembros de la comunidad garífuna de Nueva Armenia.

Civiles con armas de alto calibre y encapuchados ingresan con empleados de la empresa Palma de Atlántida para intimidar a la comunidad, exigiendo sacar el fruto de la palma africana.

Ayer, 11 de octubre de 2024, a medianoche hombres armados permanecieron hostigando en la comunidad manteniéndoles en zozobra. Incluso frente a la Policía Nacional, la cual no actúa frente a estas amenazas.

Estas acciones se suman a las agresiones sistemáticas a las que la comunidad Nueva Armenia se ha enfrentado desde el 6 de octubre de 2024 donde dos miembros de la comunidad fueron heridos de gravedad en un ataque armado por la Policía Nacional. Desde entonces, los hostigamientos, amenazas y persecución contra la comunidad no han cesado.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos un alto a la violencia contra la comunidad garífuna de Nueva Armenia.

Demandamos al Estado de Honduras que actúe con urgencia y garantice la seguridad de las y los defensores garífunas de Nueva Armenia.

Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feministas y de derechos humanos a denunciar estas acciones y exigir un alto a la política de exterminio contra el pueblo garífuna. Asimismo mantenerse alerta ante la situación de peligro que enfrenta la comunidad Nueva Armenia.

#AlertaUrgente | Amenaza de desalojo en la comunidad garífuna Nueva Armenia.

Hoy, domingo 6 de octubre, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) se movilizaron en al menos 10 vehículos para desalojar la comunidad Nueva Armenia, territorio ancestral garífuna.

Los agentes de la DPI una vez más se ponen al servicio de los intereses privados, esta vez para favorecer a la empresa Palmas de Atlántida que viene usurpando y explotando ese territorio, despojando al pueblo garífuna que es el legítimo custodio de ese territorio.

Asimismo, estos agentes policiales han tomado fotografías y videos de las personas de la comunidad como una forma de intimidación y amenaza. 

Alertamos a las organizaciones del movimiento social y de derechos humanos sobre las sistemáticas violaciones de los derechos ancestrales del pueblo garífuna organizado en la OFRANEH.

Exigimos  un alto a los desalojos y a la confabulación de las instituciones del Estado con las empresas privadas.

El Estado es responsable de garantizar la protección y los derechos ancestrales del pueblo garífuna.