Hoy, 05 de junio del 2024, desde las 6 a.m. miembros de la Policía Nacional haciendo uso de 5 camiones y 100 patrullas, se hicieron presentes en los predios de Agua Blanca Sur, Yoro, ejerciendo violencia contra las familias campesinas para ejecutar un desalojo, la demolición de sus pertenencias y destrucción de cultivos para la alimentación.
Defensoras y defensores, entre ellos menores de edad, del grupo campesino, fueron víctimas de violencia física por parte de la Policía Nacional, quienes por medio del abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza golpearon y rociaron gas pimienta durante el desalojo.
Estas acciones violentas fueron realizadas bajo una orden de desalojo emitida en noviembre de 2023, por el Juzgados de Letras de El Progreso, Yoro, favoreciendo los intereses de la Empresa Azucarera (AZUNOSA), quienes también movilizaron maquinaria para la ejecución del desalojo.
Las 150 familias campesinas agredidas durante el desalojo, están asociadas al Movimiento Campesino Sin Tierra de Yoro, quienes desde noviembre de 2023 son perseguidos judicialmente, habiendo hasta la fecha un aproximado de 30 defensoras y defensores criminalizados.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) denunciamos la grave situación que enfrentan las comunidades campesinas en el país, frente a la política de despojo, estigmatización, persecución judicial y precarización de la vida.
Exigimos al Estado que detenga los desalojos, criminalización y hostigamiento contra quienes luchan por el acceso a la tierra. Y hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos para dar seguimiento a la situación de las defensoras y defensores campesinos.
En 2021, defensoras y defensores de la comunidad garífuna Nueva Armenia de Jutiapa, Atlántida interpusieron una denuncia en contra de los empleados de la Fundación Cayos Cochinos, el biólogo Marcio Rafael Aronne, los guarda recursos Elías Aguilar y Luis Beltrán, por suponerlos responsables de provocar un incendio en el que se perdió 1.31 hectáreas de bosque en la Isla Cayo Menor.
Recientemente, el 20 de mayo, el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía dictó un sobreseimiento provisional a favor de los imputados. Ante esto, la Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural interpuso un recurso de apelación en contra de esta resolución. Asimismo, el Ministerio Público determinó que esta resolución presenta varias incongruencias puesto que da por sentado que existe un daño, pero “no es significativo por la cantidad de hectáreas que abarca en el lugar”.
El archipiélago Cayos Cochinos fue declarado área protegida con el nombre de Monumento Natural Marino del Archipiélago de Cayos Cochinos (MNMACC) y desde el 30 de julio de 2003 mediante Acuerdo Presidencial, es administrado por la Fundación Cayos Cochinos quien tiene la responsabilidad y obligación de proteger la flora y fauna de la zona.
Esta medida fue ejecutada sin consulta previa y le dio libertad al Estado para imponer vigilancia militar y restricciones a la pesca tradicional afectando la subsistencia de las comunidades garífunas. Por esta razón, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) presentó ante la Corte IDH una demanda contra el Estado hondureño por «violar el derecho a la libre determinación al no garantizar consulta previa, afectar la posesión pacífica de tierras y recursos, y no adoptar legislación conforme a estándares internacionales».
Las comunidades garífunas Nueva Armenia y Chachahuate han denunciado que la Fundación Cayos Cochinos a través de las Fuerzas Navales violenta los derechos ancestrales de las hijas e hijos de la comunidad, además de realizar actos de intimidación, campañas de desprestigio y amenazas contra las defensoras y defensores y realizar acciones que favorecen a las empresas turísticas y extractivas.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos el manto de impunidad que cubre a la Fundación Cayos Cochinos. Exigimos a las autoridades públicas garantizar la justicia, seguridad e integridad de las comunidades garífunas y sus territorios.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales para que se sumen a la denuncia pública frente a la impunidad en la Isla Cayo Menor.
El 30 de mayo se denunció que en Triunfo de la Cruz, la municipalidad de Tela en alianza con terceros y empresarios, montaron un patronato paralelo en la comunidad. El 31 de mayo, en horas de la mañana, defensoras y defensores de la comunidad Travesía en Puerto Cortés, denunciaron que está ocurriendo lo mismo.
El 13 de mayo la comunidad Travesía desarrolló una asamblea en la que decidieron que el presidente del patronato continuara en su cargo, es decir, una reelección por dos años más. Para el 31 de mayo, estaba convocada una asamblea para presentar y ratificar a los y las integrantes de la junta directiva del patronato. Sin embargo, violentando la autonomía de las comunidades garífunas de elegir sus autoridades, la municipalidad de Puerto Cortés envió un carro parlante para anunciar que la asamblea se pospuso para el domingo 2 de junio, esto con el objetivo de tergiversar la información, manipular y confundir a la comunidad.
Según la denuncia de los y las defensoras de la Comunidad Travesía, hace 25 años ocurrió lo mismo; la municipalidad impuso un patronato que le dio la libertad al ex alcalde, Marlón Lara, para extender el casco urbano de la municipalidad, violentando el derecho de los pueblos indígenas a las tierras comunales y ancestrales. Ante esto, la comunidad garífuna Travesía presentó una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y desde entonces se enfrentan a una violencia sistemática por parte de autoridades públicas y personas desconocidas.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos preocupa que esta situación se esté repitiendo en las comunidades garífunas, y que sean persistentes las acciones que buscan excluir y deteriorar los liderazgos comunitarios.
Alertamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internaciones sobre la agudización del riesgo y actos violentos que están enfrentando las comunidades garífunas.
Denunciamos y exigimos un cese a la violencia en contra de los y las defensoras de los territorios y derechos ancestrales del pueblo garífuna.
El 28 de mayo de 2024, en horas de la tarde, un grupo de terceros en alianza con funcionarios públicos de la municipalidad de Tela y Arizona, empresarios de Inversiones Turísticas Rosa Negra, llegaron a la comunidad de Triunfo de la Cruz con el objetivo de imponer un patronato paralelo con el que se busca favorecer intereses contrarios al bienestar de hijos e hijas de la comunidad.
Este grupo de personas, liderados por Tulio y Antonio Martínez, quienes fungían cargos en el anterior patronato, llegaron resguardados por miembros policiales y personas ajenas a la comunidad de los sectores del Boquete, Las Palmas y Kilómetro 7 y 17 y tomaron de forma violenta las instalaciones del Centro Comunal de Triunfo de la Cruz.
Con esta reunión pretenden imponer de forma ilegal, ilegítima y arbitraria decisiones con el objetivo de impedir el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando continuidad a la violencia sistemática a la que se enfrentan las y los defensores de la comunidad.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras alertamos sobre la agudización del riesgo y actos violentos contra defensoras y defensores del territorio de la comunidad de Triunfo de la Cruz.
Responsabilizamos al Estado de Honduras por el incumplimiento de los acuerdos establecidos en la CIANSI y por ser parte de estos actos que favorecen a empresarios que sistemáticamente buscan despojar al pueblo garífuna de su territorio.
El pasado 15 y 26 de mayo del 2023, enfrentaron atentados en contra de la comunidad haciendo uso del fuego. Previo al desarrollo de estos incidentes, miembros de la comunidad captaron a dos hombres desconocidos que posteriormente fueron identificados como integrantes de la familia Norman.
La familia Norman, son actores que se han mantenido en constante ataque en contra de los ejercicios de defensa del territorio que sostienen las defensoras y defensores de la OFRANEH, reconocidos en primer lugar por intentar despojar a la comunidad garífuna de sus territorios ancestrales y cometer una serie de agresiones que van desde campañas de desprestigio en el ámbito televisivo, hasta ataques que atentan su integridad y seguridad física de las defensoras y defensores.
Punta Gorda es la primera comunidad garífuna en el país, en la cual se sostienen ejercicios de recuperación de tierras ancestrales como parte de su proyecto emancipatorio desde hace más de 200 años, por el reconocimiento a sus derechos como pueblo indígena.
Recordamos el desalojo efectuado el 9 de noviembre de 2022, en el que se puso en peligro la vida de miembras y miembros defensores de la comunidad y sus familias por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional y el proceso de criminalización y estigmatización que el Poder Judicial propició contra los mismos.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denuncia la sistemática persecución contra defensoras y defensores del pueblo garífuna en Wageira, Punta Gorda quienes ejercen su legítimo derecho a la tierra y el territorio.
Exigimos el cese a las amenazas y persecución contra el pueblo garífuna y hacemos un llamado a organismos nacionales e internacionales a estar alertas ante esta situación de riesgo que enfrentan quienes defienden los territorios y derechos ancestrales del pueblo garífuna.
A ver si ahora que el humo nos llega hasta dentro de las casas, los pulmones y el miedo, nos paramos a reflexionar qué hacemos para cuidar la vida toda que es la vida de todas, todos, todes. El país está envuelto en humo, y no basta tener una aplicación para ver el mapa porque no hay ninguna aplicación disponible para hacer que llueva o que el viento sople a nuestro favor. Ya no llueve en mayo, y es triste. La naturaleza parece estar tomando en sus manos la necesidad del equilibrio y ojalá lo logre porque los seres humanos hacemos lo contrario. El costo de ese equilibrio puede ser alto en vidas y bienes, pero habrá que aprender a ser humildes y a realmente construir más comunidad en los hechos y no sólo en las palabras.
Aquí en La Siguata hacemos también parte de lo que nos corresponde, compartimos saberes y haceres, y con el trabajo de defensoras hacemos crecer el verde de las plantas y el de la esperanza. En una jornada de trabajo voluntario, justamente en este tiempo de humo de mayo, las compañeras Adalinda Gutiérrez y Sara Hernández, dirigentas de sus comunidades y grandes luchadoras han dejado sus labores y vienen a darle fuerza al territorio de La Siguata. Sus frescas voces y carcajadas traen la luz del campo que siempre nos ha dado de comer, son parte de un colectivo que se va enredando y las especies que han cultivado junto a otras personas ya van creciendo, florean las matas y los colibríes aprovechan a chupar la miel morada de una lavanda; y por ahí una marita de árboles de caoba se ha vuelto adolescente, con lo que además vamos a poder compartir con quienes creen que vale el esfuerzo mirar la vida a través de las ramas, y se llevan a sembrar y cuidar de ellas. No todo se pegó y analizan los qué y como es que suceden y cuanto hay en este oficio de la agricultura que no podemos controlar, sino bien intencionar.
Mientras andemos por acá habrá que hacer todo el esfuerzo por sostener a la madre naturaleza que nos brinda la vida; sembrar y cuidar lo que se siembra es una de las tareas; cuidar el agua y no desperdiciarla; dejar de llenar de plástico el mundo y de darle nuestro dinero y salud a quienes nos llenan de refrescos dulces y cancerígenos, dejar de comprar ese montón de ropa que ni alcanzamos a ponernos, o atesorar objetos sin sentido con que se alimentan las montañas de basura. Necesitamos más y más coherencia, ya no hay tiempo.
Y, por supuesto, hay que echar a los madereros, mineros, ganaderos, empresarios avaros que aún llenos de humo no hacen más que pensar en cuanto más pisto pueden tener en sus cuentas de banco.
Ya no hay tiempo dijo Berta, hace ya casi diez años, y era cierto. Mucha tarea y reflexión hay pendiente; quienes hemos estado contra el orden depredador del capitalismo extractivista sabemos que este tiempo llegaría, parece más rápido de lo esperado. Es urgente que el gobierno de Honduras elimine por completo todo su plan extractivo porque ningún mineral raro o común, ni el mal llamado progreso va a cambiar la ruta del agua que se termina, sino es que la cuidamos y dejamos de darla para lavar broza, hierro o monocultivos.
Aquí en La Siguata seguimos compartiendo y aprendiendo de los modos de hacer y entendiendo que los activismos también deben cambiar, sembrar colectivamente, reconociendo nuestros conocimientos es uno de ellos, que defensoras de diferentes comunidades compartamos las maneras diversas de cuidar la naturaleza y mientras tocamos la tierra hablamos de nuestras fuerzas y penas es un proyecto vital.
Aura Buni, Amuru Nuni, Yo para vos y vos para mí, La Siguata invita a las defensoras para que seamos comunidad en movimiento.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 22 de mayo de 2024
El sábado 18 de mayo de 2024, entre las 12:00 m y las 3:00 p.m., fueron vulneradas las instalaciones de Barracón Digital en la Esperanza, Intibucá.
Según la denuncia de las compañeras, forzaron las puertas principales de las oficinas y robaron todo el equipo tecnológico: cámaras fotográficas, computadoras, celulares, equipo de grabación, herramientas de trabajo utilizadas para el ejercicio de los derechos digitales en el territorio y para las organizaciones que brindan acompañamiento.
Al momento de interponer la denuncia ante la Dirección Policial de Investigación, las defensoras se encontraron con serias deficiencias de atención, entre ellas la dilatación injustificada para dar seguimiento a la denuncia y la falta de personal para atender la misma.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos este ataque contra nuestras compañeras. Exigimos a la Policía Nacional y a las autoridades del Ministerio Público que se investigue y de captura inmediata de los implicados en este ataque.
Nos mantenemos alerta ante cualquier situación y hacemos un llamado a organizaciones de derechos humanos y feministas a estar pendientes de nuestras compañeras de Barracón Digital.
Llegamos a Santa Bárbara para nuestro tercer encuentro grupal, el entusiasmo por encontrarnos se confirmó con las sandias, mamones, naranjas, los mangos, ayotes, maíz, frijoles de distintas variedades y colores. Abundante ofrenda que las compañeras trajeron de los territorios para el centro energético de esta colectividad que nos conecta para compartir lo intimo de las historias personales y políticas.
Celebramos la vida de varias compañeras que estaban de cumpleaños y también de aquellas que son madres y de las que decidimos con plena consciencia no serlo, sabemos que en nuestro país decidir sobre la maternidad es un privilegio y de esto también hablamos. En este espacio dialogamos con nuestros cuerpos y palabras sobre lo que significa ser mujeres, sobre los mandatos que nos oprimen y que hemos naturalizado; el cuidado cuando es una imposición exclusiva para nosotras sobrecargando nuestras vidas cotidianas, las labores domésticas que siempre van a la par de nuestro rol de defensoras, aunque no se divulgue en lo público de su vitalidad e importancia. También hablamos de lo fuertes que hemos tenido que ser para sostener nuestras luchas y defender nuestros derechos y “Estar alerta frente a tanta grosería que vivimos las mujeres” Para algunas es agotador tener que ser fuertes todo el tiempo pues es real que las organizaciones se sostienen con nuestros cuerpos, pensamientos y acciones.
Como el taller se va moviendo según se van poniendo en diálogo nuestras experiencias y emociones, hablamos de que en el feminismo hay muchas contradicciones, que nosotras mismas hemos reproducido o vivido, pues a veces siendo feministas replicamos la violencia, lo hacemos con nuestros hijos, hijas e hijes, lo hacemos cuando borramos de la historia y omitimos los aportes de compañeras a un proceso colectivo.
Expresarnos con libertad no siempre es fácil con los muchos mandatos que hemos internalizado, la autoridad, el enojo es algo que se nos han prohibido a las mujeres, por eso cuando gritamos también nos estamos liberando de cosas acumuladas que tenemos dentro y que esta mal visto que lo hagamos las defensoras pero que en los defensores se valora positivamente. Como, por ejemplo; gritar, hablar claramente, y hasta decir que no.
En este taller nos expresamos de acuerdo con lo que hemos vivido. En nuestras experiencias dijimos que llega un momento en el que podemos cambiar la mirada para no ocuparnos de los espacios domésticos y que los compañeros de las organizaciones también los asuman. Podemos vernos a nosotras mismas con el reconocimiento que es interno, que es de nosotras y no de cómo nos ven o no nos ven o quieren ver las demás personas. Vernos más allá de la victimización. Así vamos aprendido a ser libres porque no es para la libertad que nos educaron, por eso hablar entre nosotras de nuestras historias es una pedagogía de la libertad en la que nos vamos dando cuenta que nos cansamos de ser débiles, siempre buenas o siempre fuertes y a veces las circunstancias, los contextos nos obligan a sacar la fuerza que necesitamos, pero es haciendo amistades entre nosotras como defensoras que vamos viendo crecer nuestra libertad.
Liana Funes. Compilación de las reflexiones colectivas de este tercer taller del proceso “Sanar Nuestra Historia, Caminando Juntas Hacía Una Pedagogía del Cuidado”. Facilitadora: Esperanza Mejía.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH), 15 de mayo de 2024
La lucha de las comunidades que defienden el río Guapinol y San Pedro, logró la aprobación del Decreto 18-2024 que recupera y protege la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”. Este Decreto fue aprobado por el Congreso Nacional el 21 de febrero de 2024 y entró en vigencia el 6 de mayo de este mismo año, es decir, más de dos meses tarde.
Un día después de la sanción y publicación del Decreto en La Gaceta, se realizó un plantón frente a Casa Presidencial, para exigir el cumplimiento inmediato de la ley, la inminente restauración y recuperación del Parque Nacional Carlos Escaleras y la pronta anulación de las actividades mineras a cielo abierto que no solo han provocado devastación del medio ambiente, sino que también impactan, principalmente, en la vida de las defensoras y defensores de los bienes naturales en esa zona del Bajo Aguán.
La movilización fue convocada por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la Plataforma Agraria del Aguán, la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y otras organizaciones que se hicieron presentes en Casa Presidencial en Tegucigalpa, donde no les atendieron. Al contrario, fueron recibidos con una gran cantidad de agentes policiales que son los mismos que reprimen, amenazan y actúan a favor de la minera en las comunidades de Colón. Durante el plantón, la seguridad de casa de gobierno negó el acceso a energía eléctrica para conectar los parlantes y escuchar las demandas de la movilización.
Nosotras, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras también estuvimos presentes, acuerpando la lucha como lo hemos hecho desde años atrás, y denunciando la indiferencia del gobierno y los abusos de la Policía Nacional que se dedicaron a hacer fotos y videos de las personas presentes. Nosotras reconocemos que la aprobación del Decreto 18-2024 es un logro de las comunidades, de nuestras hermanas y compañeras defensoras de Guapinol, del sector San Pedro, e igualmente de Tocoa, quienes poderosas y valientes se han enfrentado a múltiples formas de violencia por la defensa de los bienes naturales, los ríos San Pedro, Aguán y Guapinol y el derecho a un medio ambiente limpio y libre de minerías.
¿Qué pasa con el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía?
El parque nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” está ubicado entre los departamentos de Colón, Yoro y Olancho. En 2012, se declaró área protegida (Decreto Legislativo 127-2012). En 2013, el Congreso Nacional de forma fraudulenta, redujo 217.34 hectáreas de la zona núcleo del parque nacional (Decreto 252-2013). El siguiente año, el Estado otorgó dos concesiones mineras de 200 hectáreas a la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek y en 2016, adquiere el nombre de Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” en conmemoración al ambientalista y defensor de derechos humanos que fue asesinado por su lucha contra el extractivismo en Tocoa, Colón; irónicamente, en ese mismo decreto, se vuelve a reducir los límites de la zona núcleo del parque (Decreto 93-2016). Todos estos años ha habido una lucha tenaz para defender los ríos y las montañas contra la minera instalada ilegítima e ilegalmente por Inversiones Los Pinares, y que ha costado el encarcelamiento y asesinato de varias personas luchadoras.
Finalmente, en 2024 la lucha de las comunidades logró la aprobación del Decreto 18-2024 que deroga el Decreto No. 252-2013 y el Decreto No. 93-2016 que reducían la zona núcleo del parque nacional. Y se reforma el Decreto No.127-2012 que en adelante se leerá: “Créase el PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE BOTADEROS, con la denominación de “PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE BOTADEROS, CARLOS ESCALERAS MEJÍA” (…) como parte integral e incorporado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH)”, de acuerdo a la publicación en La Gaceta del 6 de mayo de 2024.
El impacto de la minería en la vida de los y las defensoras
Las concesiones mineras en el parque nacional Carlos Escaleras provocaron grandes devastaciones a las comunidades en la zona que van desde daños ambientales graves hasta asesinatos, criminalización, hostigamientos, amenazas, campañas de desprestigio y desalojos en contra de personas, comunidades y los y las defensoras de derechos humanos que se oponen a los megaproyectos extractivos en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
No es una coincidencia que el 66% de los territorios donde hay agresiones hacia defensoras están en la costa norte de Honduras, territorio de disputa de la tierra, los bienes comunes como el agua, los espacios para el turismo y los megaproyectos, según nuestro informe anual de agresiones de 2023.
De acuerdo a nuestros datos de registro y documentación, desde 2018 a 2023 hemos registrado 6873 agresiones dirigidas a defensoras, sus colectividades u organizaciones, de las cuales el 22% de agresiones ocurrieron en Colón, el 12% en Tocoa.
En estos años, además de registrar las agresiones contra nuestras compañeras defensoras; en 2019 organizamos la Misión de Solidaridad Feminista «El Abrazo» en la que visitamos el Río Guapinol en Tocoa, desde donde nos solidarizamos, acuerpamos la lucha, difundimos información y denunciamos las agresiones contra nuestras compañeras defensoras de Guapinol.
Asimismo, acompañamos la lucha por la defensa de los bienes comunes de Tocoa participando como observadoras en el Cabildo Abierto para declarar Tocoa libre de minas y proyectos extractivos. Hemos participado en las reuniones presenciales y virtuales sobre el Caso Guapinol, aportando a la definición de la estrategia política y legal de acompañamiento. Estuvimos en los procesos de interposición de denuncias, conferencias de prensa, reuniones con embajadas y diferentes instancias nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Nos organizamos en el Campamento Feminista Viva Berta ─instalado frente a la Corte Suprema de Justicia─ para exigir libertad y justicia para los 8 presos políticos de la comunidad de Guapinol, encarcelados por defender los ríos San Pedro, Guapinol y el parque nacional Carlos Escaleras.
La Red Nacional de Defensoras, hemos atestiguado y participado en la lucha que las comunidades han hecho para proteger los recursos naturales del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, por ello, nos alegra que se haya logrado la aprobación del Decreto 18-2024 que protege el parque nacional.
Sin embargo, sabemos que la lucha no se termina con la publicación de la ley; por ello, acuerpamos las demandas de las comunidades de Tocoa que exigen acciones penales contra los responsables de los daños irreparables en contra de las comunidades, los y las defensoras y el ambiente, perpetrados por la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecotek en Tocoa, Colón. Es necesario que el Estado de Honduras, revoque inmediatamente las licencias ambientales otorgadas a los proyectos ASP Y ASP2, que cancele todas las concesiones del megaproyecto Pinares Ecotek, la planta peletizadora y la planta termoeléctrica Ecotek que destruyen la zona núcleo del parque nacional Carlos Escaleras y contaminan los ríos San Pedro, Gran Río Aguán y Guapinol.
Con la aprobación del Decreto 18-2024, esperamos que se haga justicia para las comunidades de Tocoa, Colón y sea un precedente para que la justicia se expanda en todo el país, que se cancelen todos los proyectos extractivos que dañan nuestro ambiente, nuestra vida. Mientras eso sucede continuaremos gritando en las calles: ¡Sí a la Vida, No a la Minería!
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 13 de mayo de 2024
El jueves 2 de mayo de 2024, a las 8:45 p.m. fue detenida arbitrariamente por la Policía Nacional, la defensora Karla Lara y llevada a la posta policial Cuarta Estación del Zonal Belén.
Ella se encontraba en un establecimiento del Barrio La Bolsa cuando miembros de la Policía Nacional se acercaron a ella y a su acompañante para advertiles que tenían «5 minutos para irse». Posteriormente fue llevada a la posta.
La RNDDH denunciamos el abuso policial contra nuestra compañera Karla. Alertamos a las feministas y organizaciones de derechos humanos a exigir su liberación inmediata. Exigimos que nuestra compañera sea asisitida con garantía en sus derechos humanos básicos. EXIGIMOS QUE LIBEREN A KARLA LARA ¡YA!
