El 8 de marzo salimos a las calles de Tegucigalpa, movimiento de mujeres, feministas y disidencias sexuales para luchar en el Día Internacional de la Mujer, un día que no celebramos, sino que plantamos nuestras palabras y propuestas emancipadoras y exigimos nuestros derechos.
En una movilización desde la plaza Cuba hasta la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, interpelamos al Estado y sus instituciones porque es difícil ser mujer en Honduras. Hasta febrero de este año han asesinado a 40 mujeres y cada 21 horas con 55 minutos se reporta un femicidio en el país, según el observatorio del Centro de Derechos de Mujeres y el Observatorio Nacional de la Violencia, respectivamente.
Nos manifestamos en contra de la impunidad, y exigimos se castigue a los feminicidas. Nos indigna que se libere al asesino de Keyla Martínez y exigimos que se judicialicen a todos los responsables de su asesinato que gozan de la inmunidad jurídica que existe en este país para los que matan mujeres, especialmente si son policías y por eso gritamos en las calles: ¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas! La Red Nacional de Defensoras hemos identificado que el 43% de las agresiones han estado en manos de la policía y autoridades públicas, es decir el Estado.
No podemos dejar de mencionar, como lo hacen las compañeras del COPINH, que faltan los Atala, investigar su participación en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Desde su crimen en 2016 hasta 2023 han asesinado a 27 defensoras de derechos humanos en el país, según nuestros registros y documentación. Y reafirmamos en las calles que Berta no se murió, Berta se hizo millones, Berta soy yo, todas las que seguimos su legado.
Hoy más que nunca reiteramos que todos los días las mujeres, por el hecho de serlo, nos enfrentamos a un sistema que nos asesina, nos violenta y decide por encima de nuestros cuerpos. Aquí estamos las que luchamos para decirle a otras mujeres, al pueblo hondureño que son altas nuestras voces, poderosos nuestros sentimientos y larga la memoria colectiva por lo que caminaremos una y otra vez junto a otras por nuestro derecho a vivir y vivir bien.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 8 de marzo de 2024.
El escritor y activista uruguayo, Raúl Zibechi, estuvo con nosotras el domingo 10 de marzo en un conversatorio que se llevó a cabo en el Campamento Feminista Viva Berta en Tegucigalpa. Junto a un grupo de compañeras de La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras provenientes de distintos territorios, y otras personas que se sintieron convocadas, comenzamos la jornada convocando las energías de nuestra compañera Berta Cáceres, ofrendando flores y encendiendo velas para honrar su memoria en el altar instalado en el Campamento.
Posteriormente, en este espacio simbólico de la justicia popular y feminista, platicamos sobre: Movimientos sociales ante la avanzada autoritaria en Abya Yala, procesos y proyectos de mundos posibles. Abya Yala es un término que las organizaciones de los pueblos indígenas han adoptado para referirse al continente americano.
Las compañeras comenzaron aportando sus dudas, inquietudes y proponiendo temas que querían escuchar de Raúl Zibechi, quien ha reflexionado profundamente sobre movimientos sociales latinoamericanos y publicado varios libros sobre la región. Nuestra coordinadora y parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Yessica Trinidad, propuso una conversación dirigida a debatir sobre el desánimo, la desmovilización y la limitación de los movimientos sociales por la influencia de los partidos políticos que hay en los últimos tiempos.
En esto coincidieron diversas compañeras quiénes manifestaron su preocupación por el desinterés dentro de los mismos movimientos sociales, la decepción de un Gobierno que prometió legislar en favor del pueblo y no lo ha cumplido, y el enrolamiento de personas con pensamiento crítico que lucharon en las calles para recuperar la democracia en el país durante el Golpe de Estado, hoy convertidos en funcionarios y funcionarias.
«Lo que cuentan no solo pasa en Honduras, pasa en toda Latinoamérica», responde Zibechi a las inquietudes de las compañeras. Hay que distinguir entre movilización y colectivos organizados, cuando hay una “llamarada” o se organizan muchas personas en una movilización inevitablemente se reducirá por distintas razones: «la gente se cansa, no podés estar todo el día en la calle, no se ven horizontes o posibilidades de cambios porque el poder es muy fuerte y logra desmoralizar a la gente. Hay partidos políticos que ofrecen un cambio en el poder y ahí entran muchas cosas: conveniencias personales, cargos públicos, viajes, beneficios económicos, hoteles lujosos, la gente se entusiasma con esas cosas y el dinero que reciben y eso es un poder del capitalismo», explica.
De acuerdo a sus palabras, el capitalismo además de influenciar a las personas a consumir cada vez más, también las ha acostumbrado a obtener soluciones rápidas y sin sacrificio alguno y solo los pueblos que han mantenido sus tradiciones, cultura y espiritualidad podrán resistir a las tentaciones del capitalismo. «En toda América Latina hoy quienes están resistiendo a este modelo de muerte son los pueblos indígenas y pueblos negros y a veces son pocas familias», apuntó.
Los movimientos sociales ante tres planos: la inestabilidad global, los gobiernos progresistas y el propio plano
Acerca del desánimo o el “bajón” que hay en los movimientos sociales, Zibechi destacó que hay cosas buenas dentro de ello: las personas que realmente están son las que siguen, las que se necesitan y trabajan en las luchas. Sin embargo, es necesario trabajar sobre nosotras y nosotros mismos, colectiva e individualmente para ser mejores, más críticas y más comprometidas ya que la inestabilidad global apunta a que ningún gobierno ─ni de derecha, ni de izquierda─ en América Latina sea estable y esto se debe a la pelea de poder entre Estados Unidos y China, donde el primero está en crisis y el segundo está tomando fuerza.
En segundo plano, hay un debate dentro de los mismos movimientos sociales sobre cómo nos paramos frente a las ayudas que se reciben del Gobierno; recibirlas no constituye subordinación porque, en realidad, es lo que nos corresponde. «El problema no son los bonos (ayudas), el problema es cuando la gente decide que es el mejor gobierno y ya no protesta», argumenta Zibechi.
En el tercer plano, los movimientos tienen dos dinámicas: resistir, poner un límite al sistema y crear algo nuevo, lo que el sistema no nos da: salud, educación, alimentos, vivienda. De acuerdo a Zibechi, las organizaciones deben crear desde sus espacios y territorios lo que el sistema no les da. «Tenemos que resolverlo, porque el sistema no lo va a resolver, aunque esté la mejor persona en el gobierno, ya no hay capacidad del sistema para resolverlo», dice.
¿Cómo podemos construir poder popular los movimientos sociales?
Es necesario que los movimientos sociales y las organizaciones podamos construir nuestras formas de poder y nuestras formas de autodefensa, particularmente las mujeres que somos fuertemente atacadas por un sistema patriarcal, machista, violento y racista. Es por ello que hay que aprender a defendernos en colectividad y tener grupos de autodefensa en muchos sentidos y formas.
Esto también va de la mano con tener un sistema propio para resolver los conflictos dentro de los colectivos, una justicia propia que nos permita solucionar los malentendidos, los desacuerdos, determinar las faltas de las compañeras y compañeros y cómo abordarlas o erradicarlas. Asimismo, es importante la formación de los movimientos sociales, entender lo qué pasa, los contextos, por qué pasan, discutir y formarse en temas políticos, sociales, económicos y culturales.
La conversación continuó con un amplio debate y discusión de distintos temas que las compañeras iban retroalimentando durante la jornada y que podría durar horas por la gran cantidad de ámbitos y problemáticas que constituyen los movimientos sociales. Karla Lara, cantautora y defensora de derechos humanos, expresó que era importante construir dentro de los movimientos sociales pero que había una expectativa en el “gobierno refundacional” luego de 12 años de lucha, de movilizaciones, de muertes en un Estado totalmente represivo con los movimientos sociales. Asimismo, nuestra compañera, Melissa Cardoza, sobre la construcción y formación dentro de los movimientos sociales argumentó que las organizaciones desde hace mucho tiempo son capaces de sostenerse, de construir aquello que el sistema nunca les ha dado o solucionado, por ejemplo, enfrentar la violencia contra las mujeres, sostener la educación y la salud comunitaria, por lo que sí es necesario hacer reclamos al gobierno. Por su parte, la periodista Sandra Maribel Sánchez expresó su preocupación por la injerencia de la cooperación internacional en las agendas de las organizaciones del país.
La conversación continuó problematizando estos temas y se expresó la necesidad de hacerlo en los movimientos sociales, colectivos, organizaciones. En nuestras redes sociales hemos transmitido en vivo y grabado este conversatorio, por lo que les invitamos a seguir este debate y agradecemos a quienes nos acompañan en estos procesos de aprendizaje y discusión.
El 7 de marzo de 2024 presentamos el informe de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras 2023, publicación que da cuenta de las agresiones a defensoras, sus características, quiénes las ejecutan y en qué contexto. Con la presencia de un número nutrido de Defensoras de diversas zonas del país un equipo de presentación del Informe compartió datos, reflexiones, vivencias y expresiones de fuerza colectiva.
La presentación inició con un acto de memoria por las 46 mujeres asesinadas en la cárcel de Támara, y el crimen contra Keyla Martínez, ocurrido en una celda policial de La Esperanza, ambos actos responsabilidad directa del Estado de Honduras. Se nombró igualmente a las 3 Defensoras que en el 2023 fueron asesinadas: Juana Martínez, Soraya Álvarez y Mónica Alondra Santos y se les rindió un homenaje.
El informe dice que en el año 2023 se registró 2687 agresiones que frente al 2022 significó un 125% de incremento, situación que alerta a quienes luchan en este país, por las múltiples causas que incluyen la defensa de la tierra, del cuerpo, de los bienes comunes, de los medios para vivir, expresar y amar en libertad.
Los elementos que han detonado este pico de agresiones tienen que ver con políticas lesivas a los derechos humanos: la remilitarización de la sociedad mediante las políticas de seguridad que se centran en el estado de excepción; y los desalojos legalizados por el gobierno realizados contra campesinas y pueblos originarios por defender el territorio donde viven, crecen y producen.
El 76% de las agresiones son contra las que luchan por la tierra y el territorio y en su mayoría son mujeres garífunas, indígenas y campesinas, ellas también guardan los ríos, bosques y ancestralidades. Otros porcentajes menores nos hablan de Defensoras de la educación reprimidas por la policía en las universidades públicas, y otras agredidas por su labor de comunicación y sus críticas a políticas del gobierno, igualmente se agrede a la comunidad LGTBIQ+ al grado que dos de las defensoras asesinadas pertenecen a la comunidad trans.
Esta madrugada del 19 de septiembre, entre dos y cuatro de la mañana, al menos cuatro hombres armados con fusiles de asalto fueron detectados merodeando la casa de la coordinadora nacional de OFRANEH, Miriam Miranda en la comunidad de Faya, Vallecito en el departamentode Colón.
Los elementos militares que vigilan la casa de Miriam, solicitados por la organización, pudieron escuchar a estos hombres moviéndose cerca de la casa y les exigieron se identificaran, lo cual evidentemente no hicieron y escaparon del lugar. Sin embargo pudieron mirarlos, identificar que no son garífunas y notar el calibre de sus armas, además escucharon que expresaron que la próxima vez vendrían a lo seguro.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras hemos estado denunciando y alertando del alto riesgo que corren las diligencias de la OFRANEH y las comunidades puesto que los incidentes de agresión a su organización crecen de manera vertiginosa.
Miriam Miranda es miembra de nuestra organización y una mujer reconocida por su lucha y pensamiento que ha desafiado a los.poderes racistas y patriarcales que atentan contra su Pueblo Garífuna y el movimiento social hondureño.
Hacemos una exigencia pública al Mecanismo Nacional de Protección para que su vida y la de su pueblo sea salvaguardada garantizando las medidas necesarias para proteger su integridad fisica y emocional. Exigimos que quienes le amenazan, acechan e intentan dañarla sean alejados, investigados y castigados por sus intentos criminales.
Alertamos al pueblo hondureño y a la opinión internacional la situación de riesgo en la que se encuentran las defensoras de la vida y la justicia en Honduras, y hoy en especial Miriam Miranda quien desde hace años ha sufrido agresiones y persecución por defender lo que le corresponde como pueblo ancestral.
Ante la Corte Suprema de Justicia se presentaron el día de hoy, lunes 14 de agosto, dos conferencias de prensa para denunciar la continuidad en el despojo, criminalización, judicialización y persecución de personas que defienden la vida luchando por la tierra en este país, cuyas políticas públicas se las niega sistemáticamente.
La mesa de Tierra y Territorio de la Coalición contra la Impunidad acompañó a personas miembras de la mesa de acompañamiento a la Causa de Zacate Grande, quienes el martes 15 de agosto se harán presentes en una audiencia para solicitar se asegure la justicia a los defensores Abel Antonio Pérez y Santos Hernández Ortiz quienes se encuentran en prisión. La solicitud que presentarán las abogadas de la Red de Abogadas de Derechos Humanos es que el decreto de amnistía conocido como Decreto 04-2022 restituya la libertad de los compañeros presos y su derecho a la tierra.
Es conocido que la península de Zacate Grande ha estado en disputa desigual de sus pobladoras y pobladores ante los dueños de inmensas tierras y bienes de la zona que usan su poder para expulsar y perseguir a quienes han residido por años en esa parte del sur de Honduras. Esperamos que el día de mañana se haga justicia y los compañeros sean puestos en libertad.
Igualmente, ante este la prensa nacional se presentó un nutrido grupo de compañeras y compañeros lencas productores de maíz y café, de la comunidad de Río Bonito, en Taulabé, Comayagua, para presentar un recurso de amparo ante la Corte por el desalojo ilegal y violento que han estado viviendo sus pobladoras y pobladores desde el año 2012. Las compañeras María Ninfa, 70 años, nos relató cómo llegaron policías acompañando a Marcio Salgado, quien pistola al cinto les ha amenazado y finalmente les despojó de la tierra en cuestión en dos horas con el apoyo del juzgado de la zona. La señora fue detenida por once días en la cárcel de Marcala, y cuenta que el terrateniente mencionado les prohibía vender su café a cualquiera que no fuera su empresa Inversiones Cafetaleras S.A. Además de la señora Ninfa, detuvieron a dos mujeres más, una de ellas con una fractura en la pierna. Doña Ninfa cuenta que los policías les decían que ellas eran unas roba tierras.
En este momento, toda la comunidad se encuentra fuera del territorio, viviendo en cualquier parte, sin trabajo y con los niños y niñas sin acceso a la escuela. El Bufete Justicia para los Pueblos está siguiendo el proceso judicial que por supuesto está plagado de ilegalidad, de agresión y racismo.
La Red Nacional de Defensoras nos sumamos a la indignación y a la lucha para que ambos casos se resuelvan a favor de las defensoras y defensores y sus comunidades; y nos sentimos preocupadas por la manera en que estos casos se van multiplicando en el país bajo un gobierno de corte, supuestamente, popular.
En el foro de este día 8 de agosto del 2023, convocado por JASS a propósito de establecer diálogos entre mujeres de los procesos de educación feminista que la organización ha desarrollado, y otras invitadas, se arremolinaron a pensar y sentir juntas un nutrido número de activistas de territorios diversos, en el ahora privatizado territorio de la UNAH.
El despliegue de conocimientos, reflexiones, sentimientos y pistas para darle continuidad a los caminos fue deslumbrante. Como dijo la moderadora de la primera mesa, Zoila Madrid, aquí vemos la capacidad de las mujeres de reimaginar y reinventar los procesos porque es de los movimientos que tales propuestas deben salir, teniendo la claridad de que la vida siempre estará en el centro.
Creer y crear expresó Lilian Borjas, actual coordinadora de la CNTC, verbos poderosos experimentados por una mujer que ha luchado por la tierra desde los quince años, y que ahora entiende que el poder de las mujeres es lo que la ha mantenido firme aunque tenga obstáculos de todo tipo para ejercer su liderazgo en organizaciones que hemos llamado mixtas, pero que Zoila precisamente nombró como patriarcales por que en ellas se ha invisibilizado a las mujeres de manera sistemática.
Juana Zúniga abundó en la expresión de la violencia que se manifiesta de tantas formas cuando las mujeres se suman a las luchas por liberar los ríos, las montañas, los territorios; y denunció, desde su experiencia y análisis, la manera en que los liderazgos patriarcales intentan por todos los medios que las mujeres no tomen el sitio de las decisiones aunque sí el de las que ponen el cuerpo en las acciones; el abuso del poder y la masculinidad violenta para someterlas hace daño no sólo a las activistas sino a los movimientos, pero es constante como ella lo señaló.
La Red Nacional de Defensoras planteó información extraída de la base de datos que visibilizan el nivel de riesgo y las características del mismo en las defensoras así como la manera particular en que se expresan las agresiones vinculadas al género y la racialidad, igualmente quiénes son los enemigos de las mujeres, que en síntesis son mayoritariamente agentes del estado, desconocidos, y hombres del movimiento social. Según los datos, la costa norte es en el último semestre el territorio donde más se registran incidentes contra las que defienden derechos; y las defensoras de territorio y bienes comunes las más agredidas.
El panel hizo conclusiones importantes sobre lo que significa enfrentar un modelo patriarcal y depredador de bienes comunes y de vidas. El público, todas compañeras, abundó en análisis, las voces profundas de las mujeres hicieron aún más énfasis en la situación actual del país, el desencanto ante un gobierno conducido por una mujer, y aún así, la importancia histórica de que esta persona esté en el ejecutivo. Las palabras también abordaron anhelos como la necesidad de cuidar la vida propia de las luchadoras tanto como las luchas; la necesidad de escuchar el cuerpo territorio; la fuerza de la colectividad de las mujeres para enfrentarse a todos los adversarios de la vida digna; la certeza de que se puede transformar radicalmente la realidad.
En el segundo panel en el que se propuso debatir sobre las narrativas, se partió de la escucha de los poderosos conocimientos y propuestas de la OFRANEH, en voz de Eydi Blanco, que narró la problemática de su comunidad, de su familia y la propuesta de la organización y sus ancestralidades para, no sólo continuar recuperando los territorios sino haciendo posible la vida cotidiana en un proceso histórico y colectivo. Por su parte Selvin, del COPINH, hizo una historia de la organización, los discursos que desde el poder se han hecho en contra de ellas y ellos y la manera en que han hecho no sólo resistencia, sino construido sus sueños. Relató hitos históricos muy importantes que dignificaron la existencia de los pueblos indígenas y celebró que en esos caminos han estado junto a la OFRANEH haciendo procesos emancipatorios, y también disputando el poder al Estado.
Daysi Flores, quien moderaba el panel mencionó la fuerza que ha existido de las mujeres y organizaciones para construir narrativas de justicia, aunque como ella dijo ni siquiera se les llame así; apuntó la importancia de la esperanza y sus múltiples posibilidades en los territorios, pensamientos y sentires. Finalmente, Mercy Ayala, de Radio Progreso, hizo una exposición partiendo de los datos interesantes de la encuesta de opinión del ERIC y su relación con la realidad del país, el discurso colonial hegemónico y las apuestas narrativas y transformadoras de los movimientos sociales que siempre encuentran rutas para todas y todos.
El foro duró lo que la necesidad de intercambio de palabras y sentimientos así lo definió, el encuentro entre activistas de tantos departamentos y luchas fue gratificante y como dijo Sofía de APOMUH, las presentes aquí son seres de luz, y eso irradian. Así, con la luz de Iris Matute, recién fallecida y miembra de este proceso, también hicimos la alquimia de estar presentes con la palabra, la reflexión y el sentimiento para transformar la realidad violenta en alegrías, agua limpia y tierra libre para todas, todos, todes.
Mientras en los calendarios de la juventud, febrero señala fechas relacionadas con la amistad, el amor y los deseos de felicidad, para Keyla Martínez y sus amigas, compañeras y familiares es un mes de indignación y tristeza. El 7 de febrero del 2021 fue asesinada en una posta policial, acusada ella misma, siendo la víctima, de suicida; y con un despliegue policial cómplice para ocultar a los responsables de su femicidio.
Nosotras, no olvidamos su sonrisa esperanzada, nosotras no perdonamos a quienes le quitaron la vida, sueños y deseos a esta joven enfermera hondureña. Sabemos que hay miles de casos y cada uno nos provoca la misma urgencia de luchar, denunciar y hacer memoria de sus vidas; así como la de nombrar a sus asesinos.
El día de hoy 22 de septiembre del 2022 nos convocamos en la ciudad de Siguatepeque, ante los juzgados, para estar presentes y exigir que se investigue la cadena de mando por el asesinato de Keyla, que se vuelva a tipificar el delito como un femicidio, que se termine con la impunidad policial. Hoy, un policía será juzgado, sin embargo, el comisionado que esa noche era responsable de la posta policial Melvin Alvarenga Deras se encuentra fuera de la investigación.
Sabemos que el poder de la policía es grande, pero el nuestro también lo es y hay que ponerles un alto porque al igual que con Keyla hay cientos de incidentes en que su lema de servir se ha convertido en la de humillar, oprimir y matar, especialmente a la juventud.
Las defensoras de los cuerpos, los territorios, las sabidurías, pueblos y utopías de la gente de este país nos manifestamos con la ternura que nos hace saber que cada día nacen niñas para llenar el mundo de amor y anhelos y que somos responsable de cuidarlas. Nos expresamos con las imágenes de Keyla Martínez, la muchacha de la Esperanza, para que no se termine la rabia que con dignidad nos hace pararnos aquí y exigir que sus asesinos sean castigados y que se detenga la violencia contra las mujeres de una vez y para siempre.
Después de varios días de lucha por la liberación de las seis personas defensoras de la #OFRANEH, la líder garífuna Miriam Miranda volvía de Punta Gorda en un vehículo que fue detenido por la policía nacional, a la altura del puente Danto en La Ceiba. Después de mostrar la documentación correspondiente, la policía de manera hostil y racista, insistió en registrar a los acompañantes de Miriam, e intentaron obligarla a bajar del carro, a lo cual no accedió pues no había ninguna razón ni argumento jurídico para ello. La defensora intento comunicarse con autoridades policiales quienes no respondieron.
Denunciamos la reiterada hostilidad, el racismo y la persecución contra el pueblo garífuna, especialmente contra la OFRANEH y su lideresa Miriam Miranda. De igual manera hacemos responsable al Estado de Honduras por la integridad de la defensora y sus acompañantes.
Alertamos, que bajo la nueva política de Estados de excepción bajo control policial, se pueden incrementar los abusos contra las luchadoras por los derechos humanos en Honduras.
Informe preliminar del proceso judicial de las defensoras y los defensores Garífunas de Punta Gorda en Honduras.
Expediente Judicial 124-2022
Dorotea Eliza Arzú López
Melisa Fabiola Martínez Reyes
Agusto Moises Dolmo Hill
Keyder Tichando Gonzalez
Abat Efrayn Sánchez Gómez
Richard Armando Marinez Valerio
Antecedentes
El 7 de noviembre de 2022, tres defensoras y tres defensores Garífunas fueron detenidas durante el violento e ilegal desalojo de tierras ancestrales recuperadas en Punta Gorda, departamento de Roatán, en las Islas de la Bahía de Honduras. Punta Gorda tiene un significado espiritual y cultural para el Pueblo Garífuna, ya que fue el primer lugar en el que aterrizo como Pueblo en Centroamérica tras su desplazamiento forzado desde la isla de San Vicente en 1769, y forma parte del patrimonio del Pueblo.
El Juez de Letras de Roatán, Allan Urbina García, ordenó el desalojo preventivo, figura creada en las reformas al código penal y procesal penal en 2021, al momento que la Fiscalía presento un requerimiento fiscal contra Geovany Francisco Guevara Benedict y otros por usurpación en perjuicio de Ritzy Wanda Norman Jones, quien presentó una denuncia el 10 de septiembre de 2022.
Durante su audiencia de imputados el 8 de noviembre, los y las defensoras fueron acusadas por el delito de usurpación agravada (6 a 9 años) y uno, Richard Armando Marinez Valerio, también fue acusado por atentado (6 a 9 años). El mismo juez Allan Urbina García presidio la audiencia y al concluirla, les otorgo medios distintos a prisión preventiva, y señaló el 23 de noviembre para la audiencia inicial.
Audiencia Inicial: 23 y 24 de noviembre de 2022, Juzgado de Letras de Roatán
La audiencia inicial fue convocada para el 23 de noviembre de 2022 en el Juzgado de Letras de Roatán ante el Juez de Letras Allan Urbina García, mismo que ordenó el violento desalojo del 7 de noviembre. Al llegar al Juzgado, se notó una fuerte presencia policial, las puertas afuera del juzgado cerrado con llave y una actitud agresiva de parte de la seguridad del Poder Judicial. Solo con el acompañamiento del equipo de defensa legal, pudieron entrar las personas defensoras y tres asesores (dos personas expertas Garífunas y una abogada Maya K’iche experta en derecho de los Pueblos Indígenas).
Entraron a la audiencia tres personas delegadas de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH Honduras), dos observadoras de la oficina de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), una observadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, una observadora del Bufete Justicia para los Pueblos y dos periodistas nacionales e internacionales. No hubo publicidad mediante (transmisión virtual) a pesar de que organizaciones y la defensa legal la solicitaron.
Las personas imputadas fueron representadas por un equipo de defensa técnica que contaba con la participación del abogado de la Organización Fraterna Negra de Honduras (OFRANEH) y tres abogados y una abogada del Bufete Justicia para los Pueblos.
Etapa de incidentes
Al iniciar la audiencia, el Ministerio Publico leyó la acusación contra las personas defensoras Garífunas imputadas. En seguimiento, la defensa técnica presentó dos excepciones y una nulidad.
Excepción por falta de acción por no existir el delito
A base de la acusación del Ministerio Publico que afirma que las seis personas fueron detenidas por la policía mientras realizaban una manifestación en una vía pública, la defensa publica plantea una nulidad argumentando que no se cometió un delito el 7 de noviembre de 2022, si no, que el Pueblo Garífuna se estaba ejerciendo su derecho constitucional.
Excepción por falta de competencia del órgano jurisdiccional
Argumentando las siguientes razones:
El 2 de agosto de 1996, Honduras declara Patrimonio Nacional el lugar de Punta Gorda (Decreto 68-96), por ser el punto de arribo de los Garífunas el día 12 de abril de 1797 y manda a construir un monumento conmemorativo.
Este decreto es Declarativo y no Constitutivo, lo que significa que el estado reconoce la existencia de la comunidad y la ancestralidad del territorio desde 1797 (no la fecha de la adopción del decreto en 1996).
Dado que existe este reconocimiento esta comunidad debe recibir la aplicación de leyes y convenios orientados a tratar su condición particular de Pueblo Indígena. De acuerdo con los principios del derecho, debe ser aplicados primeramente los convenios internacionales, como, por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT.
El Convenio 169 de la OIT en su Artículo 14 # 3 manda a que deberán de instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema judicial nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los Pueblos interesados
En ese sentido, que el Articulo 102 de la Ley de Propiedad en el Capítulo del Procedimiento de Regularización de la Propiedad Inmueble para Pueblos Indígenas establece que todo conflicto que se suscite entre estos Pueblos y terceros respecto a tierras comunales se someterá al procedimiento especial
Es más, en 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió sentencia condenatoria contra el Estado por violar los derechos colectivos de las comunidades garífunas de Punta Piedra en Colón y Triunfo de la Cruz en Atlántida. La Corte reconoce y establece que existe una estrecha relación entre los Garífunas y la tierra; considera la madre.
Una nulidad contra la ampliación del requerimiento fiscal de parte del Ministerio Publico dado que la Fiscal que lo emitió no tenía competencia para estar en el desalojo el 7 de noviembre de 2022 para ordenar una captura, por lo cual la defensa considera que la detención de los imputados es una detención ilegal y que todo el proceso es viciado y nulo.
El juez Allan Urbina García resolvió que va a pronunciarse sobre las impugnaciones presentadas al terminar la audiencia inicial.
Etapa de presentación de pruebas
El ente acusador propuso varios documentos, entre ellos recibos de pago de impuestos de la municipalidad local, supuestamente para demostrar que las personas imputadas no son del lugar, demostrando la falta de investigación seria en el caso, que hubiera demostrado claramente que Punta Gorda es un lugar profundamente sagrado para todo el Pueblo Garífuna y su recuperación es importante para todo el Pueblo. También presento copia del tratado Wyke-Cruz de 1860, realizado entre el Reino Británico y Honduras, donde Inglaterra cedió a Honduras el dominio territorial de las Islas de la Bahía y La Mosquitia, con la condición de garantizar el territorio y la cultura de los Pueblos Indígenas que habitaban la región.
Incorporación de prueba ilícita
El juez resolvió admitir toda la prueba propuesta por el Ministerio Publico y la defensa técnica, aunque se presentó varias objeciones a lo mismo por ser medios de prueba ilegales, quebrantando el derecho al debido proceso de las y los
defensores y demostrando que no hay un control de legitimidad sobre las ilegalidades en medios de pruebas incompletos que resultan no confiables.
Dentro de los medios de prueba incluye 5 USBs de información audio visual que no fueron recaudadas por el Ministerio Publico de acuerdo con el procedimiento correspondiente.
Se incorporo un álbum fotográfico que sin firmado por la persona que supuestamente realizo el documento
Etapa de evacuación de prueba
En el segundo día de la audiencia, se evacuo las declaraciones de 8 testigos del Ministerio Publico.
Entre ellas, se encuentra la declaración de la jueza ejecutora del desalojo:
La abogada Sandra Salgado Bonilla admitió que nunca verificó los puntos georreferenciados del terreno supuestamente usurpado, lo cual se le ordenó en la orden judicial de desalojo antes de iniciar el acto de desalojo. Como consecuencia, no pudo constatar que las personas agredidas y detenidas por la policía estuvieron en un terreno usurpado. Dijo que fue acompañada por la acusación particular y que le informó de dónde se encontraba la propiedad usurpada.
La jueza constato que la policía que acompañaba el desalojo estuvo armada.
La jueza afirmo que “debería haber” un protocolo para efectuar un desalojo pero que desconocía su existencia. También dijo que, aunque había estado en varios desalojos, era su primer desalojo de un Pueblo Indígena y que no tenía formación sobre cómo llevar a cabo un desalojo (ni en general ni en cuanto un desalojo de un Pueblo Indígena). Esto es importante destacarlo porque el Secretario de Seguridad de Honduras, afirmó en medios de comunicación que el desalojo se había realizado de acuerdo con el protocolo vigente, y con respeto a los derechos humanos.
La abogada admitió que la Fiscal Reyna Yescenia Funes Canizales estuvo presente en el desalojo y la coordinó de forma efectiva a pesar de no tener competencias para estar allí.
Admitió haber hecho anotaciones falsas en su informe sobre el desalojo, poniendo en duda todo su contenido.
Constató que la Acusación Privada gestiono la participación de las fuerzas navales en el desalojo, alarmando sobre la injerencia de intereses privados en las fuerzas armadas de Honduras. Documentos del Ministerio Publico consta que la Fiscal Reyna Yescenia Funes Canizales también pidió de forma ilegal la participación de las fuerzas armadas en el desalojo.
Durante la evacuación de los medios de prueba audio visuales, en vez de solo reproducir los videos, el juez volvió parte, expresando sus valoraciones subjetivas sobre el contenido de lo mismo.
Racismo Institucional
A lo largo de la audiencia, los funcionarios del Estado han dejado claro su racismo, odio, desprecio y estigma contra el Pueblo Garífuna, por ejemplo, degradando los rituales y prácticas ceremoniales e incluso refiriéndose a ellos como brujería y burlando del concepto de “tierra ancestral”. En este mismo sentido, a lo largo de juez hizo referencia repetitivamente a las ollas ceremoniales ancestrales donde se quema sahumerio y plantas
medicinales como “botes de humo”.
Los agentes policiales afuera del Juzgado se burlaban y reían constantemente durante las ceremonias, principalmente cuando se tocaban los tambores y amenazaron a botar el fuego ceremonial.
Se ha constatado que un agente fiscal, un agente de policía y una funcionaria del poder judicial desconocen las normativas que deben aplicarse en relación con la actuación de quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y los Pueblos Indígenas, además señalando la falta de entendimiento del contexto en lo cual se dio el desalojo. El agente de investigación dijo que no debe haber un tratamiento diferenciado, ya que, para él, todos son iguales. Estas personas también afirmaron que no hubo un plan para efectuar el desalojo y que no hay un protocolo diferenciado para desalojos de comunidades Indígenas
El agente investigador constató que realizó una investigación durante una semana del inmueble supuestamente usurpado, pero nunca entrevisto alguien del Pueblo Garífuna para conocer el fondo del caso
Incidentes de seguridad
Al terminar el segundo día de audiencia, Miriam Miranda, Coordinadora General de la OFRANEH denuncio públicamente que entraron personas desconocidas encapuchados que llegaron en un vehículo sin placas para intimidar a las personas acompañando la audiencia.
Agente de policía tomo fotos y videos con su celular personal de miembros del equipo de defensa legal y de las defensoras y defensores garífunas y defensoras de la Red Nacional de Defensoras que se encontraban afuera del Juzgado.
El frecuente hostigamiento policial afuera del Juzgado también ha implicado la fuerte presencia de la policía con actitud corporal bastante agresiva e intimidante al golpear constantemente sus toletes en el suelo, y un incidente de intimidación contra una defensora garífuna hostigándola y presionándola para que saliera de su vehículo y lo moviera, incluso abriendo de forma agresiva la puerta del mismo.
Durante las audiencia los dos fiscales del MP constantemente se referían a las defensoras y defensores judicializados como “usurpadores” diciéndolo con un tono de voz más fuerte.
Conclusiones
Durante la audiencia inicial de los y las defensoras Garífunas de Punta Gorda, que comenzó el 23 de noviembre y continúa hasta el 25 de noviembre, el tema del territorio ancestral se ha plantado con firmeza, descartando la posibilidad de una usurpación en Punta Gorda. Es interesante, la nieta del supuesto propietario original del terreno en cuestión, que luego vendió a la familia que hoy ha denunciado la usurpación, y que admitió la supuesta dueña en la audiencia que nunca había estado en el terreno en cuestión, dijo que su abuelo tituló originalmente el terreno de forma privado por estaba ahí y “no tenía uso” señalando cómo la tierra fue robada originalmente al Pueblo Garífuna como colectivo. Sobre el delito de atentado, no se ha demostrado un mínimo índice que se haya cometido este delito. Está previsto que la audiencia se reanude el viernes 25 de noviembre con el testigo de la defensa que hablará sobre el significado cultural de Punta Gorda para el Pueblo Garífuna. A continuación, las partes presentarán sus conclusiones y el juez resolverá si desestima o no los cargos o continúa con el proceso judicial.
