La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, presentamos la novela gráfica «Hasta Abrazarnos» la historia de nuestra compañera Mary Elizabeth Martínez Castro, mujer y buscadora hondureña organizada hace 11 años en la Asociación Hondureña de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe (AFAHMIDEAF), que se atrevió a expresar los dolores, deseos y recuerdos que, desde La Siguata, casa de sanación de la RNDDH, acompañamos.
«Hasta abrazarnos» es el resultado de uno de los procesos desarrollados en nuestra casa de sanación La Siguata, que promueve la sanación a través de la palabra y la escritura donde se honra la verdad y la historia de Mary; es la tercera publicación de la colección literaria «Palabras Vivas» como una forma de reivindicar nuestro ejercicio y derecho político de sanar.
La presentación se dio en la casa cultural La Ilimitada, centro de Tegucigalpa, con la familia, amistades y compañeras de Mary que mediante el arte, la palabra, la música y el amor honramos su historia y vida, reconociendo la fuerza, pasos, caminos y energías en la búsqueda de su hijo Toño.
En conferencia de prensa, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, exigió al Ministerio Público y al fiscal general, Johel Zelaya, la investigación y procesamiento de la estructura criminal detrás del asesinato del compañero y ambientalista, Juan López y la instalación irregular del megaproyecto minero-energético Pinares Ecotek.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, junto a organizaciones y personas convocadas por la causa, acuerpamos a nuestras compañeras y compañeros del Comité exigiendo justicia para Juan y una investigación pronta y diligente de los delitos, actos de corrupción y abusos de poder que permitieron y facilitaron la instalación de este megaproyecto extractivista que ha provocado graves daños ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía y fundado violencia y agresiones en contra de las comunidades que defienden los bienes naturales.
Para hoy, estaba programada una audiencia contra ex empleados de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Tocoa, concerniente a la explotación ilegal y daños ambientales causados por Pinares-Ecotek en perjuicio del Parque Nacional Montaña de Botaderos, los Ríos Guapinol y San Pedro y otros cuerpos de agua vinculados a la zona protegida. Sin embargo, esta audiencia fue reprogramada para el 20 de marzo de 2025, por causas que no son del movimiento.
Esta audiencia responde a un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público a 10 días del asesinato de Juan López, en el que hay trece imputados relacionados a la UMA de Tocoa, el Instituto de Conservación Forestal de Gualaco, municipio de Olancho y cuatro imputados de Pinares Ecotek que continúan prófugos de la justicia, entre ellos Lenir Pérez, propietario de Inversiones Los Pinares.
Además, para el 27 de febrero estaba programada la audiencia contra Norma Agripina García, actual secretaria de la municipalidad de Tocoa, acusada de falsificar acta de cabildo abierto de 2016 para incluir información falsa sobre la aprobación de proyectos mineros a favor de Inversiones Los Pinares, pero fue pospuesta. Asimismo, el 4 de marzo se desarrollaría la audiencia preliminar contra tres de los presuntos asesinos materiales de nuestro compañero, Juan López. Su asesinato ocurre en un contexto de oposición contra la minería y denuncias hacia una institucionalidad estatal/municipal que actúa en favor de intereses privados y capitalistas.
De acuerdo al Comité, estos casos de corrupción y delitos están estrechamente relacionados y muestran como los funcionarios municipales de Tocoa han sido clave para garantizar el avance del megaproyecto de Pinares/Ecotek a pesar del rechazo de las comunidades afectadas. Además, las personas judicializadas no responden a intereses individuales sino a una estructura criminal en la que se ha señalado al actual alcalde de Tocoa, Adán Funez.
Recientemente, Adán Funez, quien lleva más de 20 años en la municipalidad de Tocoa, negó en un foro televisivo que él hubiera aprobado concesiones o permisos ambientales a Inversiones Los Pinares, que existiera contaminación y daño ambiental en los Ríos Guapinol y San Pedro y que no tenía responsabilidad en el asesinato del defensor, Juan López. Esto a pesar de que el medio internacional Infobae, lo vinculó directamente al sicario que le arrebató la vida a Juan, según pruebas testimoniales; Fúnez, además se atrevió a señalar a los compañeros de lucha de Juan como posibles asesinos del mismo, al quien, como precisó le hicieron una emboscada.
Para la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Comité Municipal de defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa, las organizaciones y personas que acompañamos y acuerpamos la lucha en contra de los megaproyectos extractivistas y capitalistas, es indignante que el Ministerio Público y el Estado no demuestre una intención para desmantelar, investigar y enjuiciar a la estructura criminal y todos los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Juan López, los crímenes contra los y las defensoras de Guapinol y San Pedro y los delitos vinculados al proyecto destructor de Pinares/Ecotek, y sólo hagan declaraciones o acciones de muy poca importancia ante tal hecho.
El Estado debe desarrollar una investigación integral y no de forma aislada de los crímenes contra defensoras y defensores de Tocoa. Además, debe garantizar el cumplimiento del decreto 18-2024 que declara las áreas naturales protegidas del país libres de minería a cielo abierto y recupera y protege la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, un logro de la lucha de los y las defensoras que defienden la vida, y debe cerrar la empresa por ilegal.
El pasado 7 de febrero, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto a organizaciones feministas, acompañamos y acuerpamos a familiares de Keyla Martínez y a su madre Norma Rodríguez, en un plantón organizado frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia y castigo para los responsables del feminicidio de Keyla.
Ese día se cumplieron 4 años desde el asesinato de Keyla Martínez, una joven enfermera llena de sueños y anhelos, a quién un agente policial le arrebató la vida en la posta policial #10 de la Esperanza, Intibucá, durante el estado de excepción declarado con el pretexto de la pandemia por Covid-19. Además, fue acusada de quitarse la vida ella misma y un despliegue policial fue cómplice para encubrir a los responsables de su feminicidio.
El único agente policial, enjuiciado y encontrado, culpable, Jarol Perdomo Sarmiento, fue liberado en 2024 debido a la recalificación del delito de feminicidio a homicidio, lo que implicó una disminución de la pena. Además, nunca se investigó la cadena de mando de la Policía Nacional que permitió y ocultó el feminicidio de Keyla.
En ese sentido, Norma Rodríguez, familiares y organizaciones que acompañamos en la demanda de justicia por el feminicidio agravado de Keyla Martínez, exigimos frente a la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa que se admita el recurso de casación que implica una repetición del juicio en contra de los implicados de forma directa e indirecta en el crimen, asignación de jueces con la preparación y experiencia en crímenes contra la vida de mujeres y violencia de género y la sanción contra jueces que cambiaron la tipificación del delito de feminicidio agravado a homicidio imprudente.
De acuerdo a declaraciones de Norma Rodríguez, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no han mostrado interés en volver a repetir el juicio, al contrario “ponen trabas o alargan el proceso para seguir protegiendo a la Policía Nacional porque no les conviene que Honduras sea castigado con una multa o sanción por haber violentado los derechos fundamentales de Keyla” en una institución estatal durante un estado de excepción. Asimismo, mencionó su intención de presentar el caso de Keyla ante organismos internacionales de derechos humanos si no había una respuesta pronta que garantice la justicia para Keyla.
En 2024, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM, registró 266 delitos contra la vida de los cuales 231 son muertes violentas de mujeres y niñas y 35 intentos de femicidios. Según este Observatorio, 34% de las mujeres asesinadas de forma violenta fueron jóvenes de edades entre 20 a 39 años y en 5 casos de muertes violentas los perpetradores fueron exmilitares, policías o personas con indumentaria militar.
Hasta el día de hoy, Honduras se mantiene bajo un Estado de Excepción como una política de seguridad nacional en manos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin resultados y con graves abusos de poder, agresiones, desapariciones forzadas y asesinatos.
Ante esto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras continuaremos exigiendo justicia por todas las asesinadas, desaparecidas y víctimas de la violencia machista, patriarcal y un Estado feminicida. Hoy y siempre recordamos a Keyla y seguiremos reafirmando que está presente ahora y siempre y que los feminicidas van a caer.
Nutrida estuvo la conferencia de prensa y posterior acción en la calle frente a la Casa Presidencial en la que, como ya es tradición, la presidenta no recibe a ninguna delegación, comisión o representación popular. Se busca, se busca, se busca presidenta que al pueblo atienda, se gritó ante los portones cerrados y custodiados por policía y la guardia presidencial.
La convocatoria de más de setenta organizaciones que respaldamos la urgencia para detener el nivel de violencia brutal que cada día destruye la vida en el Bajo Aguán se hizo presente en el centro de las oficinas del famoso centro cívico gubernamental en donde, para empezar no permitieron ingresar sonido, sino había una autorización; o sea lo de siempre con cualquier gobierno. La conferencia fue importante para denunciar una vez más y con datos y palabras de las mujeres que han perdido a sus familiares lo que cada día sucede, el terror del asesinato a mansalva contra la gente que pelea la tierra. La exigencia que se cumplan los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas, que hace tres años están paralizados, fue una de las demandas centrales, así como que se acompañe el regreso de las familias desplazadas y se detenga la agresión armada. La tierra no se vende, se cuida y se defiende.
En el Aguán, a partir de diciembre del 2024, los niveles de agresión de grupos armados ha aumentado no sólo en disparos y vandalismo contra las empresas Camarones, El Tranvío y El Chile, sino que estos perpetradores se publicitan en redes sociales, usan sus nombres en los medios que les son afines, y se refugian en comunidades donde otros civiles se ven envueltos en esta trama criminal; donde tienen el apoyo de grupos que se denominan defensores de derechos humanos, y que hacen la labor civil de esas acciones armadas. La situación ha llegado al grado de que toda la zona es de alto riesgo, el tránsito es peligroso, las clases se han parado en los centros educativos y la vida de cada campesina y campesino está en un hilo. Y eso ya ha sucedido con otros pueblos y luchas, pero el nivel que ha tomado en el Aguán es más que alarmante y sospechamos puede convertirse en una práctica generalizada en otros territorios, aunque hay experiencias similares. Hay que agregar que en esa zona se ha desplegado policía con equipos de defensa, pero cuya intervención es extrañamente lenta y peligrosamente ineficaz.
Esta mañana soleada de febrero, en Tegucigalpa, la delegación de al menos sesenta personas caminamos hasta la Casa donde se supone se encuentra la presidenta, pero quien salió a recibirnos fue un señor llamado Mario Roberto, de asuntos sociales, que se llevó la carta llevada por la delegación con las exigencias y demandas; y dijo que la haría llegar. Lo importante de este hecho fue, precisamente, que una vez más el movimiento social que, aun cuando puede tener militancia o afectos con el partido en el poder, encuentra de nuevo su lugar y recuerda que su propósito es cuestionar al gobierno y obligarlo a responder al pueblo que lo llevó a esas oficinas frescas y limpias.
El señor Roberto dijo que él subiría la carta y que dejaba su nombre y teléfono, por cualquier cosa, firmando de recibido en una fotocopia. Nunca mejor el comentario del señor: arriba está el poder, lejos e indiferente a lo que pasa aquí abajo.
El Aguán, y toda esa hermosa tierra costeña ha sido, por décadas, lugar de agresiones a la lucha de los pueblos garífunas, indígenas, campesinos y el motivo, por supuesto, siempre es la tierra y el territorio. Las empresas agroindustriales y mineras, los terratenientes, ganaderos en su insaciable avaricia arrebatando lo que no les corresponde, esquilmando al estado, depredando la naturaleza y engordando sus cuentas bancarias frente a miles de personas despojadas que necesitan cultivar, tener agua limpia y alimentar a la sociedad entera.
Nunca fue tan importante en este país reconocer la necesidad de poner encima de la politiquería, las válidas y autónomas propuestas de mundo de los pueblos indígenas y garífunas, para todas y todos los que somos pueblo. Nunca fue tan necesario recampesinizar el país, darle la importancia ineludible a la lucha campesina y su trabajo que sostiene la vida, o qué se supone que vamos a comer en el tiempo venidero.
En Honduras todo lo que está por la vida común, recibe golpes, balas, y cárcel, así matan a las mujeres, a las líderes ambientalistas, a los hombres de bien que quieren a las montañas. Y es por eso que una vez más nos toca a todas, todos y todes poner el hombro con el resto del cuerpo a las acciones que buscan la justicia que anhelamos en el campo y las comunidades que luchan. Su lucha es nuestra.
Hoy, 22 de enero de 2025, la Policía Nacional en contubernio con la empresa Azucarera del Norte (Azunosa) desalojó un terreno en proceso de recuperación por el Movimiento Independiente de Hombres y Mujeres sin Tierras en la comunidad Agua Blanca Sur, de El Progreso Yoro, provocando la perdida de más de 300 manzanas de cultivos y dejando sin hogar y sustento a más de 250 familias.
Aproximadamente a las 3:00 a.m., más de 100 agentes policiales se apersonaron en el lugar para desarrollar el desalojo sin presentar una orden judicial. Asimismo, empleados de Azunosa, a vista y resguardo de la Policía Nacional, agredieron y amenazaron a campesinas y campesinos de la comunidad y utilizaron maquinaria pesada para destruir sus cultivos de maíz, frijoles y yuca.
La Red Nacional de Defensoras denunciamos la constante situación de riesgo y amenaza a la que se enfrentan las organizaciones y comunidades campesinas frente a la política de despojo y persecución por defender su derecho a la tierra y alimentación.
Exigimos al Estado un alto a los desalojos violentos y arbitrarios y una pronta resolución a las exigencias de las y los campesinos.
Hoy, 29 de noviembre de 2024, día internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, desde nuestra estrategia de Registro y documentación presentamos el artículo: Ecos de resistencia, latidos de una lucha contra el extractivismo.
Ante los recientes sucesos de violencia y crueldad en contra de nuestros y nuestras compañeras y compañeros defensores del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y los sectores de Guapinol y el Río San Pedro contextualizamos la problemática que atraviesan en la lucha por defender los bienes comunes y la vida ante el extractivismo.
Reconocemos, nombramos, acompañamos y acuerpamos a nuestras compañeras y sus organizaciones en este camino de lucha.
Hoy, 30 de octubre de 2024, a las 9:50 a.m. la Policía Nacional ha detenido arbitrariamente a nuestra compañera y defensora, Melissa Martínez, miembra de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Luego de participar en el Encuentro Nacional de Defensoras en el Centro de Saberes Ancestrales Garífunas Hachari Wayunagu en Trujillo, la defensora se dirigía a su comunidad cuando en el retén policial de La Ceiba, Atlántida detuvieron su transporte para registrar las maletas sin la presencia de los pasajeros y pasajeras.
Ante esto, la defensora se opuso y exigió estar presente mientras revisaban sus pertenencias, por lo que fue detenida y le quitaron su teléfono. Asimismo, amenazaron a su compañero de organización con detenerlo si intentaba ingresar a la posta.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, denunciamos este acto arbitrario y el abuso de poder de la Policía Nacional contra la defensora Melissa Martínez.
Exigimos su liberación inmediata y la garantía de su seguridad y el respeto a su vida.
El día de hoy, 19 de septiembre de 2024, a la 1:00 p.m. la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, ordenó reabrir el proceso legal en contra de Juan López, Reynaldo Domínguez, Leonel George, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo y alrededor de 10 defensoras y defensores de Guapinol y San Pedro, criminalizados desde 2019 por los delitos de incendio agravado, privación injusta de libertad, robo y asociación ilícita. Incluyendo al defensor Juan López, asesinado el pasado 14 de septiembre de 2024.
Por unanimidad de votos, las magistradas Viany Cruz Recarte, Dilian Irasema Guillen Sanchez, Roxana Ninoska Calix Zuniga, suspendieron el sobreseimiento definitivo, a favor de los defensores, mediante un Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público. Esto implica que el sistema de justicia seguirá protegiendo los intereses privados de la empresa Pinares Ecotek y Grupo Emco, en lugar de detener la criminalización de los defensores y las defensoras de los bienes naturales en Tocoa, Colón.
Repudiamos que instituciones del Estado formen parte de alianzas criminales para perseguir y judicializar a las y los defensores de Guapinol en contubernio con empresas mineras y extractivas que tanto daño y dolor han provocado en las comunidades de Colón.
Denunciamos la clara intencionalidad de mantener en una sistemática zozobra y hostigamiento en contra de los y las defensoras que defienden el agua de Guapinol y San Pedro y los bienes naturales de la Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras.
El Estado es responsable de la muerte de Juan López, el Estado debe garantizar la seguridad de las y los defensores de Guapinol.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social para acuerpar a nuestros compañeros y compañeras, debemos actuar de manera organizada y articulada frente a este embate de impunidad.
Durante la tarde del 25 de agosto, la defensora Hedme Castro, coordinadora de la organización de Derechos Humanos ACI Participa, fue atacada cerca de su residencia por dos hombres. Estas agresiones continuaron hoy.
El día 25, la defensora se encontraba acompañando a su esposo en el hospital, cuando salió rumbo a su casa de habitación, a recoger documentos importantes referentes a la salud de su cónyuge.
Alrededor de las 13:47 h, la defensora llegó a inmediaciones de su casa, cuando salieron a su encuentro dos hombres, que obstruyeron el paso con un vehículo y la agredieron verbalmente con expresiones misóginas en contra de su labor como defensora. Estas expresiones de odio iban desde “las defensoras de derechos humanos son delincuentes”, “son unas viejas locas”, hasta “las defensoras son basura”. Al mismo tiempo, uno de los sujetos tomaba fotografías de la defensora, de las características y placas de su carro.Estas agresiones continuaron el día de hoy, 30 de agosto. La defensora salía de su casa temprano en la mañana, cuando notó que uno de los sujetos que le había agredido anteriormente estaba vigilándola y tomando videos de ella y su carro. La defensora teme por la seguridad e integridad de ella y su familia, por las agresiones sistemáticas y violentas que sufre constantemente, puesto que ella identificó que estos sujetos no son residentes de su zona.
Como RNDDH hemos denunciado la continua vigilancia y las agresiones que ha sufrido la defensora por parte de desconocidos tanto a su integridad como a la de su familia. Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y el movimiento social para dar seguimiento a la situación de la defensora.
Exigimos a los entes competentes del Estado garantizar la seguridad e integridad física de la defensora.
Hoy 28 de agosto, en el Juzgado de Letras de La Ceiba, se desarrolla el juicio oral y público contra la defensora Nolvia Obando, criminalizada injustamente por el delito de usurpación.
La Policía Nacional y guardia del juzgado ha negado la entrada de las defensoras del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, quienes se movilizaron hasta los juzgados en apoyo a su compañera, Nolvia.
Las defensoras denunciaron que la policía las corrió de las instalaciones argumentando que era prohibido estar en la entrada, que no podían estar tantas personas afuera y que si estaban en las gradas obstaculizan el paso y que podían irse al parqueo o a la orilla de la calle. Exponiendo la integridad física de las defensoras.
Estas acciones se repitieron el pasado 12 de agosto en el plantón organizado para acuerpar a Nolvia, donde la Policia Nacional obstaculizó el paso, tomó fotografías y pidió información de las defensoras y sus comunidades.
Estos actos demuestran las múltiples violaciones por parte del sistema de justicia en el caso de la defensora y campesina, Nolvia Obando.
Las Defensoras de Derechos Humanos estamos en nuestro legítimo derecho de levantar nuestra voz colectiva contra aquellos que violentan e intentan arrebatar nuestro derecho a la tierra y la vida.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos que abran los portones de este recinto público para poder hacer veeduría en el juicio injusto contra Nolvia Obando.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales feministas y del movimiento social para estar alertas de la situación de la defensora, Nolvia Obando.
