Autor: RedDefensoras

Hoy, 31 de julio de 2024, desde la 9:00 a.m. agentes de la Policía Nacional ejecutan un desalojo en la comunidad indígena Nueva Esperanza, El Edén, mediante una orden emitida por el Juzgado y la Fiscalía del departamento de Comayagua.

En el lugar residen aproximadamente 5 familias, a quienes se les desalojó destruyendo sus casas y cultivos utilizando maquinaria pesada, a solicitud de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG).

En 2022, al menos 20 familias, ocuparon esta propiedad ante la necesidad de tierra para trabajar y vivir. Anteriormente, el Instituto Nacional Agrario (INA), con promesas de reubicación, les hizo salir de otra propiedad donde la comunidad estuvo asentada de forma pacífica; sin embargo, la comunidad fue engañada y en febrero de 2023 fueron víctimas de otro desalojo.

El 24 de julio de 2024, las comunidades lencas organizadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), mediante una masiva movilización en las instalaciones del INA, lograron firmar un acta de entendimiento para la titulación y saneamiento de 12 comunidades Lencas, entre ellas la comunidad de Nueva Esperanza, Comayagua. Sin embargo, continúa siendo amenazada y hostigada por la Policía Nacional.

Al momento de que las y los miembros de la comunidad indicaron a las autoridades judiciales que existía un documento del acuerdo firmado con el INA para la titulación de sus tierras, estas respondieron que “no valía, ni tenía efecto jurídico” sin la presencia del INA como evidencia de la negociación.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos sumamos a la denuncia del COPINH y el repudio de actos ejecutados por la Policía Nacional contra las comunidades indígenas que luchan por su derecho a la tierra y alimentación.

Exigimos al Estado de Honduras y al Instituto Nacional Agrario la celeridad en el cumplimiento de los acuerdos que reconocen y otorgan títulos de propiedad sobre los territorios ancestrales de las comunidades indígenas y un alto a la criminalización y hostigamiento contra quienes luchan por el acceso a la tierra.

Hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos a estar alerta ante estos actos que suceden en un ambiente de violencia agravada contra las comunidades indígenas y las defensoras de la tierra y el territorio.

Esta tarde del 27 de julio del 2024 han detenido a una defensora y tres defensores de la OFRANEH en Trujillo: Carmen Isabel Alvarez, Leonard Edy Brown, Kallton Douglas Reyes, Charlie Alvarez. 

Tal como ha sucedido en múltiples ocasiones se hacen estas detenciones alegando causas que ya han sido sobreseídas, como en el caso de Carmen Alvarez quien al parecer está obligada a  pasar la noche en la posta de Trujillo, al igual que los demás,  porque el juez no está presente. Es importante decir que la defensora y defensores, hoy detenidos, llegaron  a dicho lugar en solidaridad con Leonard Brown, quien fue detenido en la recuperación de Wabato, también de manera ilegal, pues él está cumpliendo con sus medidas y eso fue comprobado ante las autoridades. 

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras hacemos una pública y enérgica denuncia por la arbitrariedad e ilegalidad de la policía contra lo que ya se considera una campaña de asedio en contra de la OFRANEH que esta mañana denunció un hecho similar en la comunidad de San Juan, Tela.

Mientras las comunidades y la OFRANEH hacen un trabajo arduo para hacer cumplir las sentencias ganadas en la Corte IDH a favor del reconocimiento ancestral de territorio garífuna, entes del Estado que se ponen de lado de terceros usurpadores insisten en perseguir, criminalizar, judicializar a las defensoras y defensores de la tierra y territorio. 

Llamamos a mantener alerta ante la continuidad y sistematicidad de estos hecho, y exigimos la libertad inmediata de todos los compañeros detenidos quienes no tiene ningún pendiente con la ley.

Hoy, 27 de julio del 2024, mientras los dueños ancestrales de la comunidad de San Juan, Tela reocupaban un predio de la comunidad que ha sido despojada por terceros, vinculados al alcalde Ricardo Cálix y su familia, unos 40 agentes armados llegaron en 4 patrullas de la policía nacional, y una de la DPI con la amenaza de realizar un desalojo ilegal e ilegítimo. El vocero de nombre Marvin Hernandez, quien daba órdenes y al parecer dirigía el operativo alegaba que ese terreno era propiedad privada; y cuando la gente de la organización les señalaba las sentencias ante la CIDH, les exigía mostrarlas. Igualmente el policía utilizó los términos de usurpación y amenazó con detención a las defensoras y defensores del territorio.

Al llamado de donde estaba la orden de desalojo el vocero expresaba que habían escrituras de este terreno a nombre de dueños privados y que podían ir a informarse al Instituto de la Propiedad porque la información era pública, en un acto burlista a la inteligencia de las compañeras y compañeros presentes; al mismo tiempo, usando un tono condescendiente con el que se dirigen los racistas a las personas garífunas les decía que por qué se enojaban, que él estaba tranquilo y que no llegaba a pelear con nadie, mientras había dicho a los demás policías que había que proceder con el desalojo. Mientras tanto varios agentes, incluyendo uno que traía una cámara profesional estuvieron tomando fotos y videos de las personas organizadas en la toma.

Como es sabido la comunidad de San Juan ha obtenido una sentencia favorable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tanto todas las acciones de supuestos dueños son ilegales. Queremos denunciar el lamentable papel de los organismos policiales para defender ajenos a los derechos de los pueblos garífunas, y sus territorios.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos alertamos que cualquier acción lesiva contra la comunidad y su lucha por la tierra viola los convenios, leyes y sentencias que han sido justamente ganadas por la OFRANEH y las comunidades garífunas en litigio internacional. Denunciamos los tratos racistas de los cuerpos policiales y su labor a favor de terceros y no de las comunidades y pueblos que debieran cuidar y proteger.