
Comunicado de Prensa – Coalición Contra la Impunidad – Postulados Junta Nominadora


Después de varios días de lucha por la liberación de las seis personas defensoras de la #OFRANEH, la líder garífuna Miriam Miranda volvía de Punta Gorda en un vehículo que fue detenido por la policía nacional, a la altura del puente Danto en La Ceiba. Después de mostrar la documentación correspondiente, la policía de manera hostil y racista, insistió en registrar a los acompañantes de Miriam, e intentaron obligarla a bajar del carro, a lo cual no accedió pues no había ninguna razón ni argumento jurídico para ello. La defensora intento comunicarse con autoridades policiales quienes no respondieron.
Denunciamos la reiterada hostilidad, el racismo y la persecución contra el pueblo garífuna, especialmente contra la OFRANEH y su lideresa Miriam Miranda. De igual manera hacemos responsable al Estado de Honduras por la integridad de la defensora y sus acompañantes.
Alertamos, que bajo la nueva política de Estados de excepción bajo control policial, se pueden incrementar los abusos contra las luchadoras por los derechos humanos en Honduras.
26 de noviembre del 2022
Informe preliminar del proceso judicial de las defensoras y los defensores Garífunas de Punta Gorda en Honduras.
Expediente Judicial 124-2022
Dorotea Eliza Arzú López
Melisa Fabiola Martínez Reyes
Agusto Moises Dolmo Hill
Keyder Tichando Gonzalez
Abat Efrayn Sánchez Gómez
Richard Armando Marinez Valerio

El 7 de noviembre de 2022, tres defensoras y tres defensores Garífunas fueron detenidas durante el violento e ilegal desalojo de tierras ancestrales recuperadas en Punta Gorda, departamento de Roatán, en las Islas de la Bahía de Honduras. Punta Gorda tiene un significado espiritual y cultural para el Pueblo Garífuna, ya que fue el primer lugar en el que aterrizo como Pueblo en Centroamérica tras su desplazamiento forzado desde la isla de San Vicente en 1769, y forma parte del patrimonio del Pueblo.
El Juez de Letras de Roatán, Allan Urbina García, ordenó el desalojo preventivo, figura creada en las reformas al código penal y procesal penal en 2021, al momento que la Fiscalía presento un requerimiento fiscal contra Geovany Francisco Guevara Benedict y otros por usurpación en perjuicio de Ritzy Wanda Norman Jones, quien presentó una denuncia el 10 de septiembre de 2022.
Durante su audiencia de imputados el 8 de noviembre, los y las defensoras fueron acusadas por el delito de usurpación agravada (6 a 9 años) y uno, Richard Armando Marinez Valerio, también fue acusado por atentado (6 a 9 años). El mismo juez Allan Urbina García presidio la audiencia y al concluirla, les otorgo medios distintos a prisión preventiva, y señaló el 23 de noviembre para la audiencia inicial.

La audiencia inicial fue convocada para el 23 de noviembre de 2022 en el Juzgado de Letras de Roatán ante el Juez de Letras Allan Urbina García, mismo que ordenó el violento desalojo del 7 de noviembre. Al llegar al Juzgado, se notó una fuerte presencia policial, las puertas afuera del juzgado cerrado con llave y una actitud agresiva de parte de la seguridad del Poder Judicial. Solo con el acompañamiento del equipo de defensa legal, pudieron entrar las personas defensoras y tres asesores (dos personas expertas Garífunas y una abogada Maya K’iche experta en derecho de los Pueblos Indígenas).
Entraron a la audiencia tres personas delegadas de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH Honduras), dos observadoras de la oficina de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), una observadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, una observadora del Bufete Justicia para los Pueblos y dos periodistas nacionales e internacionales. No hubo publicidad mediante (transmisión virtual) a pesar de que organizaciones y la defensa legal la solicitaron.
Las personas imputadas fueron representadas por un equipo de defensa técnica que contaba con la participación del abogado de la Organización Fraterna Negra de Honduras (OFRANEH) y tres abogados y una abogada del Bufete Justicia para los Pueblos.
Al iniciar la audiencia, el Ministerio Publico leyó la acusación contra las personas defensoras Garífunas imputadas. En seguimiento, la defensa técnica presentó dos excepciones y una nulidad.
El juez Allan Urbina García resolvió que va a pronunciarse sobre las impugnaciones presentadas al terminar la audiencia inicial.
El ente acusador propuso varios documentos, entre ellos recibos de pago de impuestos de la municipalidad local, supuestamente para demostrar que las personas imputadas no son del lugar, demostrando la falta de investigación seria en el caso, que hubiera demostrado claramente que Punta Gorda es un lugar profundamente sagrado para todo el Pueblo Garífuna y su recuperación es importante para todo el Pueblo. También presento copia del tratado Wyke-Cruz de 1860, realizado entre el Reino Británico y Honduras, donde Inglaterra cedió a Honduras el dominio territorial de las Islas de la Bahía y La Mosquitia, con la condición de garantizar el territorio y la cultura de los Pueblos Indígenas que habitaban la región.
El juez resolvió admitir toda la prueba propuesta por el Ministerio Publico y la defensa técnica, aunque se presentó varias objeciones a lo mismo por ser medios de prueba ilegales, quebrantando el derecho al debido proceso de las y los
defensores y demostrando que no hay un control de legitimidad sobre las ilegalidades en medios de pruebas incompletos que resultan no confiables.
En el segundo día de la audiencia, se evacuo las declaraciones de 8 testigos del Ministerio Publico.
medicinales como “botes de humo”.

Durante la audiencia inicial de los y las defensoras Garífunas de Punta Gorda, que comenzó el 23 de noviembre y continúa hasta el 25 de noviembre, el tema del territorio ancestral se ha plantado con firmeza, descartando la posibilidad de una usurpación en Punta Gorda. Es interesante, la nieta del supuesto propietario original del terreno en cuestión, que luego vendió a la familia que hoy ha denunciado la usurpación, y que admitió la supuesta dueña en la audiencia que nunca había estado en el terreno en cuestión, dijo que su abuelo tituló originalmente el terreno de forma privado por estaba ahí y “no tenía uso” señalando cómo la tierra fue robada originalmente al Pueblo Garífuna como colectivo. Sobre el delito de atentado, no se ha demostrado un mínimo índice que se haya cometido este delito. Está previsto que la audiencia se reanude el viernes 25 de noviembre con el testigo de la defensa que hablará sobre el significado cultural de Punta Gorda para el Pueblo Garífuna. A continuación, las partes presentarán sus conclusiones y el juez resolverá si desestima o no los cargos o continúa con el proceso judicial.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, nos sumamos a la denuncia que ha hecho la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), con respecto al racismo institucionalizado contra defensoras y defensores de la tierra ancestral de Punta Gorda.
Afirmaciones de parte de funcionarios jurídicos y policiales sobre que nuestras compañeras son invasoras en su propia tierra, se suman a lo manifestado hoy en juicio público, donde policías declaran que las y los compañeros usaron brujería para dañarlos «pero como andamos con la protección de Dios no nos pasó nada».
La campaña de odio, desprecio y estigma contra el pueblo garífuna se manifiesta en todas sus formas.
Llamamos al pueblo de Honduras, a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a que acuerpemos el derecho ancestral del pueblo garífuna a su territorio más antiguo y a sus prácticas espirituales.
Responsabilizamos al gobierno por todas las agresiones y daños en contra de la OFRANEH y sus integrantes que enfrentan este en proceso racista en la comunidad de Punta Gorda.
Exigimos libertad absoluta para las y los defensores. Respeto a la tierra y territorio y demás derechos establecidos en el convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas.
24 de noviembre de 2022
Desde hace 10 años la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras junto a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras y desde nuestra propuesta política de Protección Integral Feminista; imaginamos la instalación de casas que permitan a las mujeres que defienden la vida, poder hacer una pausa para abrir caminos donde se pueda respirar, reflexionar y construir formas distintas de hacer la lucha por la defensa de los derechos humanos y planetarios.
La idea de construir un espacio de sanación, autocuidado y cuidado colectivo surge después del golpe de estado cuando nos damos cuenta que hay un acumulado de dolor debido a la violencia que enfrentamos por la instauración de un régimen fascista, racista, militarista y patriarcal.
Es por eso que la RNDDH desde hace mucho ha soñado con un lugar, una casa mujer que nos permita estar juntas, conversar, reflexionar, emocionarnos, soñar acompañadas y seguras. Y por eso nace La Siguata una casa de autocuidado, cuidado colectivo y sanación donde nos hemos propuesto “Aura Buni, Amürü Nuni” es decir; yo para ti, tú para mí, o como dicen otras maestras del camino, lo que te cura a vos, me cura a mí.
Tenemos la convicción que La Siguata ha sido y es un lugar de cobijo y abrazo colectivo para volver a comenzar de nuevo, y continuar a ratos juntas, a ratos solas, con la confianza que sentimos, pensamos, vivimos y nos posicionamos desde un lugar distinto, resignificando la historia, teniendo presente la memoria; lo que nos permite recuperar el sentido de la vida, la legitimidad del derecho al placer, la alegría y el disfrute.
Los caminos de autocuidado, cuidado colectivo y sanación se construyen pensando en la creación de espacios colectivos y también individuales donde transitamos por distintos momentos; iniciando por sentirnos y escuchar nuestra voz interior, poco a poco vamos expandiendo la consciencia para conectar con el buentrato y bienestar para recuperar nuestro espacio, nuestra fuente de poder.
Como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, continuamos reafirmando que el autocuidado, cuidado colectivo y sanación; nos lleva a la construcción de la política como expresión de vida, colectivizamos nuestros sueños y deseos para que todas las mujeres que defienden y luchan gocen de La Siguata como un espacio de justicia y reparación feminista para todas. Seguiremos creyendo en que las posibilidades las creamos juntas, que nuestra creatividad colectiva nos fortalece y que nuestras luchas van mucho más allá del dolor.
En un concentrado cabildo abierto, habitantes del Municipio de Marcala, La Paz, rechazaron proyectos municipales inconsultos como es el caso del manejo de los residuos sólidos, por parte de una empresa privada, así como la tala ilegal y la instalación de contadores de agua potable en las viviendas que privatizaría el consumo del vital líquido.
Con la asistencia de 390 habitantes de Marcala, miembras y miembros de la «Comisión Lenca para la Defensa de los Bienes Comunes de Marcala», manifestaron su rechazo total ante la instalación de proyectos inconsultos, tal y como la puesta en marcha de un proyecto de residuos sólidos por parte de la empresa privada “Landfill Solutions” de origen español, proyecto aprobado por la municipalidad sin haber realizado la Consulta Previa Libre e informada a las comunidades.
La Comisión llamó a los funcionarios municipales a realizar una revisión de la “Ley de Contratación, Licitación y Adquisición del Estado y su Reglamentación”, puesto que consideran que todos los procesos para el manejo de los residuos sólidos en ese municipio han fracasado por la falta de rendición de cuentas de dichos proyectos.
“Como documento legal (el proyecto), está bien estructurado, aquí el problema es que nuestros representantes municipales en ningún momento nos llamaron para sociabilizar esto”, señaló Jorge Zelaya, miembro de la Comisión Lenca para la Defensa de los Bienes Comunes de Marcala.
Al mismo tiempo, las comunidades denunciaron la tala ilegal de los bosques, la minería a cielo abierto y la instalación de contadores de agua residenciales, mismos que continúan siendo uno de los factores principales que pone en riesgo los bienes comunes y precariza la vida de las personas que habitan en las comunidades.
“Le solicitamos a la Corporación Municipal de Marcala, que le solicite al ICF la cancelación inmediata y definitiva de los planes de manejo del Borbollón y de Tierra Prieta, y solicitarles, que respeten los 18 acuerdos dados el 15 de febrero del 2020, por un mismo cabildo abierto ambiental, y solicitamos a la UMA y a la Corporación que toda actividad que realicen, tomen en cuenta a la comisión de ambiente y que sea en coordinación”, exigió Adalinda Gutiérrez, defensora y miembra de la Comisión Lenca para la Defensa de los Bienes Comunes de Marcala
Así mismo, la defensora de la tierra y el territorio, manifestó que la Comisión y el pueblo de Marcala le dicen un rotundo NO a la tala masiva de los bosques, y que, a pesar de la persecución, criminalización y asesinato hacia quienes defienden los bienes comunes, desean un cambio para las futuras generaciones, así como el respeto al Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas.
“Solicitarle a la Corporación que no sea por última vez, y, sino que aprendan del convenio 169 (…) Que nunca hacen la consulta previa libre e informada, que eso dice el Convenio 169 que nos protege a los Pueblos Indígenas, y Marcala es toda Indígena Lenca, no debemos ignorarlo (…) No pasa esa propuesta, sino han consultado, no pasa”, declaró Adalinda Gutiérrez.
Los puntos de agenda aprobados por la población en el Cabildo Abierto se desarrollaron de la siguiente manera:
Los principales acuerdos del Cabildo Abierto están centrados principalemente en asuntos de índole ambiental, entre los que se encuentran:






En el marco de la celebración de nuestro 12 aniversario, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, realizamos una jornada cargada de actividades para abrazarnos y festejar estos 12 años de sueños cumplidos junto a las defensoras de la tierra, los territorios, los bienes comunes, los derechos laborales y de las mujeres.
Entre nuestras actividades de aniversario se desarrolló: Foro: «12 años de sueños cumplidos», «Exposición fotográfica», Tarde artística: «celebremos juntas nuestros sueños» y presentación de la obra teatral «monólogos de la vagina, estas actividades se llevaron a cabo entre el 27 y 29 de octubre de 2022.
Durante el desarrollo del Foro «12 años de sueños cumplidos, contamos con la asistencia de al menos 100 defensoras de los territorios, comunidades, barrios y colonias, además de la participación de 5 destacadas compañeras defensoras (Lorena Zelaya, Denia Castillo, Katherin Cruz, Adalinda Gutiérrez y Bertha Zúniga), y la moderación de la periodista Sandra Maribel Sánchez, quienes compartieron los sueños cumplidos, reflexiones e historias marcadas por las múltiples luchas y rebeldías en este camino de la defensa junto a la Red Nacional de Defensoras.


Continuamos nuestra celebración al plasmar a través de una exposición fotográfica, momentos importantes de nuestro caminar, momentos en lo que juntas hemos luchado, acuerpado y defendido la vida digna y la justicia que sólo los pueblos sabemos hacer. Las defensoras recordaron con alegría las juntadas, los plantones, las luchas y los procesos de sanación que la madre tierra nos ha permitido compartir durante estos 12 largos años de sueños cumplidos.


Nuestra celebración continuó con un delicioso almuerzo que nos revitalizó para juntarnos, bailar y cantar al ritmo de la música y la alegría. Tiempo después, con esa misma fuerza y energía continuamos festejando durante la tarde artística «celebremos juntas nuestros sueños», en donde un grupo de brillantes artistas nos honraron con su talento en teatro, poesía, danza, performance, música y canto, con quienes cerramos un día cargado de ternura y rebeldía feminista.


El 28 y 29 de octubre seguimos compartiendo y celebrando nuestros 12 años de sueños cumplidos, pero esta vez lo festejamos con la puesta en escena de la obra «Monólogos de la Vagina», a cargo del grupo «Teatro Memorias», en donde durante 2 horas compartimos momentos de arte, alegría y complicidad feminista.

Ya son 12 años de sueños cumplidos, un tiempo importante en el que hemos construido y compartido un grandioso proyecto político que ha colocado en el centro la protección y el bienestar de las defensoras hondureñas. Nos juntamos para celebrar que seguimos enredando nuestras memorias, rebeldías y utopías, para abrazarnos y unidas seguir tejiendo esas redes de solidaridad que siguen sosteniendo y fortaleciendo nuestros sueños y esperanzas de un mundo con dignidad, respeto y justicia para todas las defensoras.
La Policía Nacional junto a autoridades del Ministerio Público se hicieron presentes con una supuesta orden de desalojo para la recuperación territorial garífuna en Punta Gorda quienes desde hace varios meses decidieron recuperar esa parte de sus tierras.
La Policía Nacional junto a miembros del ejercito con armas de alto calibre y el Ministerio Público llegaron al campamento con una actitud intimidante, y no han mostrado claramente la orden de desalojo.
Mientras unos policías decían con actitud intimidante «les damos una hora», un policía pateó intencionalmente la olla de sahumerio, instrumento de espiritualidad garífuna utilizado para pedir protección en el territorio.
Hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos sociales a estar pendiente de la situación y sumarse a la denuncia pública de esta situación que enfrentan nuestras compañeras y compañeros de la OFRANEH en Punta Gorda.
Responsabilizamos al Estado de Honduras por poner en riesgo la integridad y la vida de las defensoras y defensores.
Lunes 7 de noviembre de 2022
En horas de la noche del 6 de noviembre, defensoras y defensores parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña fueron informadas que existía una orden de desalojo para la recuperación en Punta Gorda, Roatán.
El desalojo está planificado para hoy lunes 7 de noviembre a las 6:00 am por parte de la policía nacional.
Punta Gorda es la primera comunidad Garífuna, fundada hace 225 años, comunidad que decidió recuperar esas tierras desde hace varios meses y han sostenido un campamento como acción de control y cuidado de su territorio.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos sumamos a la denuncia de la sistemática persecución contra el pueblo garífuna, quienes ejercen su legítimo derecho a estar en su territorio.
Hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos sociales a estar pendiente de la situación y sumarse a la denuncia pública de esta nueva amenaza.
Lunes 7 de noviembre de 2022
Keyla Martínez fue asesinada en una celda policial de la Esperanza, Intibucá a manos de miembros de la Policía Nacional de Honduras el 7 de febrero del año 2022, desde entonces, su familia, amistades y organizaciones feministas y de los derechos humanos hemos exigido una investigación que castigue a los responsables de su femicidio.

Hasta ahora, sólo ha sido llevado a juicio el policía de rango menor, Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, acción que ha protegido descaradamente a los demás agentes que estaban en la posta policial esa misma noche que Keyla fue asesinada.
Este 17 de octubre de 2022 se desarrollaron las conclusiones sobre el juicio contra el policía Jarold Rolando Perdomo. Estas conclusiones recabaron puntos centrales sobre los 6 días de juicio que se llevaron a cabo del 22 al 29 de septiembre de 2022.
La defensa del policía imputado persistió en la versión nefasta de que Keyla habría cometido suicidio, aún y cuando la autopsia médico forense dio como resultado que el motivo de muerte de Keyla fue por asfixia mecánica.
Además, los argumentos que manejó la defensa del policía para sostener la versión del suicidio fueron que Keyla Martínez «era una muchacha que tenía un trauma, ya que el papá la había abandonado porque era alcohólico», argumento que el padre de Keyla desmintió contundentemente y que lo único que generó fue una revictimización hacia la familia de Keyla.
Por otra parte, tanto la defensa de Keyla como el Ministerio Público, insistieron en que la resolución del amparo recalifique el delito de homicidio simple a femicidio agravado. De no cambiar la tipificación del delito el policía enjuiciado recibiría una condena menor y el Estado hondureño se libraría de ir a una corte internacional por asesinar mujeres bajo su custodia.
Las defensoras de diversos territorios continuaremos aquí, alzando nuestras voces todas las veces que sean necesarias, exigiendo justicia para todas las mujeres víctimas de este Estado feminicida, exigiendo justicia para Keyla Martínez y cárcel para los policías que la asesinaron.
