Ante la Corte Suprema de Justicia se presentaron el día de hoy, lunes 14 de agosto, dos conferencias de prensa para denunciar la continuidad en el despojo, criminalización, judicialización y persecución de personas que defienden la vida luchando por la tierra en este país, cuyas políticas públicas se las niega sistemáticamente.
La mesa de Tierra y Territorio de la Coalición contra la Impunidad acompañó a personas miembras de la mesa de acompañamiento a la Causa de Zacate Grande, quienes el martes 15 de agosto se harán presentes en una audiencia para solicitar se asegure la justicia a los defensores Abel Antonio Pérez y Santos Hernández Ortiz quienes se encuentran en prisión. La solicitud que presentarán las abogadas de la Red de Abogadas de Derechos Humanos es que el decreto de amnistía conocido como Decreto 04-2022 restituya la libertad de los compañeros presos y su derecho a la tierra.
Es conocido que la península de Zacate Grande ha estado en disputa desigual de sus pobladoras y pobladores ante los dueños de inmensas tierras y bienes de la zona que usan su poder para expulsar y perseguir a quienes han residido por años en esa parte del sur de Honduras. Esperamos que el día de mañana se haga justicia y los compañeros sean puestos en libertad.
Igualmente, ante este la prensa nacional se presentó un nutrido grupo de compañeras y compañeros lencas productores de maíz y café, de la comunidad de Río Bonito, en Taulabé, Comayagua, para presentar un recurso de amparo ante la Corte por el desalojo ilegal y violento que han estado viviendo sus pobladoras y pobladores desde el año 2012. Las compañeras María Ninfa, 70 años, nos relató cómo llegaron policías acompañando a Marcio Salgado, quien pistola al cinto les ha amenazado y finalmente les despojó de la tierra en cuestión en dos horas con el apoyo del juzgado de la zona. La señora fue detenida por once días en la cárcel de Marcala, y cuenta que el terrateniente mencionado les prohibía vender su café a cualquiera que no fuera su empresa Inversiones Cafetaleras S.A. Además de la señora Ninfa, detuvieron a dos mujeres más, una de ellas con una fractura en la pierna. Doña Ninfa cuenta que los policías les decían que ellas eran unas roba tierras.
En este momento, toda la comunidad se encuentra fuera del territorio, viviendo en cualquier parte, sin trabajo y con los niños y niñas sin acceso a la escuela. El Bufete Justicia para los Pueblos está siguiendo el proceso judicial que por supuesto está plagado de ilegalidad, de agresión y racismo.
La Red Nacional de Defensoras nos sumamos a la indignación y a la lucha para que ambos casos se resuelvan a favor de las defensoras y defensores y sus comunidades; y nos sentimos preocupadas por la manera en que estos casos se van multiplicando en el país bajo un gobierno de corte, supuestamente, popular.
