#AlertaUrgente | Fundación Cayos Cochinos y el Ministerio Público no cesan persecución contra defensoras y defensores del Pueblo Garífuna organizado en la OFRANEH.

El 13 de noviembre de 2026, las compañeras Mabel Robledo, Carolina Castillo, y los compañeros Jimmy Javier Arzú, Kelvin Adony Flores, José Luis Lalin, José William Arzú, José Francisco González, Oscar Rolando López, Jorge Luis Lalin, Jorge Manuel Lalin y Nelson Arzú recibieron un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público por una denuncia de la Fundación Cayos Cochinos y la empresa Sociedad de Inversiones Ecológicas (SIEC), S.A. de Ricardo Salinas Pliego.

Por años, la Fundación Cayos Cochinos dirigida por Enrique Morales y Vicente Carrión, con apoyo de esta empresa, ha mantenido una falsa narrativa de conservación porque han permitido que realities extranjeros, como Supervivientes, intervengan en el archipiélago. Asimismo, han negando al Pueblo Garífuna su derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio ancestral y marítimo.

Rechazamos que el Estado de Honduras, a través del Ministerio Público se preste a abrir casos de criminalización contra las defensoras y defensores de la tierra y el territorio. Condenamos que persista el uso de estas figuras de delito para acusar a quienes defienden derechos, sobre todo con los antecedentes que tiene el Congreso Nacional de modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para crear ambigüedades con el Decreto 84-2026 sobre lo que ellos puedan catalogar como «asociaciones terroristas».

Es necesario recordar que la comunidad garífuna de Cayos Cochinos cuenta con una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del derecho de la comunidad a la consulta previa, libre e informada, su derecho a la alimentación culturalmente adecuada y por que el Estado elabora planes de manejo en nombre de la conservación ambiental del archipiélago sin respetar la autonomía y autodeterminación del Pueblo Garífuna. Así como otros derechos.

Exigimos el cierre de este nuevo proceso de criminalización en contra del Pueblo Garífuna. El genocidio cultural de parte de el Estado de Honduras debe terminar.