#AlertaUrgente | Hostigamiento, intimidación y amenaza de desalojo para el Consejo Indígena Lenca de Las Crucitas, Santa María (CILCRUSAMA)

El 12 de agosto de 2026 a las 10:30 am, el CILCRUSAMA fue alertado de que había una visita en curso por parte de la DPI y auxiliares comunitarios de la alcaldía al territorio.

Esta comitiva se hizo presente para realizar diligencias relacionadas con un posible desalojo formal a la comunidad. Estas personas se movilizaban en un vehículo sin distintivos, ni placas. Al momento de preguntarles quienes eran, si tenían identificaciones o si portaban alguna documentación respecto al caso su respuesta fue: «Andamos una indicación del Ministerio Público, solamente».

Mientras estas personas estuvieron en el territorio, su actuación fue verbalmente agresiva y discriminatoria hacia las defensoras lencas que estaban en el lugar. Incluso tomaron fotografías y videos de una de las compañeras que les preguntó qué hacían ahí. Más tarde, algunas compañeras reportaron ver un carro con identificación del Poder Judicial en la zona.

Asimismo, los y las defensoras de CILCRUSAMA han sido alertadas de las intenciones del alcalde de Santa María, La Paz de ordenar un desalojo para el Control Territorial, a pesar de que la tierra está dentro del título comunitario.

A la Red Nacional de Defensoras nos preocupa la situación de hostigamiento e intimidación que están viviendo el pueblo lenca organizado en el Consejo Indígena Lenca de Las Crucitas, Santa María. Repudiamos los desalojos en contra de los pueblos indígenas

Exigimos al Ministerio Público que respete el derecho del CILCRUSAMA al territorio y que aclaren si existen expedientes o investigaciones relacionadas con el Consejo, así como que se identifique a las y los operadores de esta instancia del Estado.

Nos mantenemos alertas ante la situación de las compañeras y compañeros del CILCRUSAMA. Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista, campesino, indígena y negro a estar alertas ante estos actos de intimidación.

#AlertaUrgente | Dictan sentencia condenatoria contra cuatro defensoras y defensores del Consejo Indígena Lenca del Cacao.

Ayer, 3 de junio de 2026, la jueza Mary Elizabeth Mazzoni del Tribunal de Sentencia de lo Penal de San Pedro Sula, dictó una sentencia condenatoria contra cuatro defensoras y defensores: Berta Izaguirre, Yadira Flores, José Ismael López y Tomás Díaz, integrantes del Consejo Indígena Lenca del Cacao.

Las compañeras y compañeros están siendo criminalizados injustamente a través del delito de usurpación debido a la defensa de su territorio ancestral.

La defensa legal del Consejo ha denunciado que el juicio y la sentencia condenatoria es ilegal y racista. Durante la sentencia la jueza instó al Ministerio Público a investigar por qué se les emitió un título de propiedad y se les dio personería jurídica como Consejo Indígena Lenca.

Es importante mencionar que este Consejo tiene más de 70 años de existencia, luchando por el reconocimiento de su territorio ancestral ubicado en Santa Cruz de Yojoa.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras consideramos repudiable el papel del Tribunal de Sentencia de lo Penal de San Pedro Sula por cuestionar la autodeterminación de los pueblos indígenas y su derecho al territorio ancestral.

Mientras tanto, las leyes en Honduras se encaminan a proteger y vender el territorio hondureño a empresarios, terratenientes y grandes transnacionales a las que no se les solicita comprobación de su nacionalidad hondureña y se les concesiona el territorio ancestral.

Nuevamente repudiamos el uso de la figura penal de la usurpación por parte del Ministerio Público y los juzgados para criminalizar y judicializar a defensoras y defensores que luchan por su legítimo derecho al territorio ancestral.

Exigimos libertad absoluta y el cierre de este proceso ilegal y racista contra las defensoras y defensores del Consejo Indígena Lenca del Cacao. Nadie debería ir a la cárcel por luchar por la tierra de donde se sostienen los pueblos indígenas.

Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, del movimiento social, feministas a denunciar esta sentencia y mantenernos alertas ante esta situación que implica un grave riesgo para las compañeras y compañeros y su comunidad.